Según datos de Naciones Unidas, más de 476 millones de pueblos indígenas viven en 90 países de todo el orbe, lo cual representa el 6,2 por ciento de la población mundial.

Esas poblaciones se distinguen por poseer una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos, además, por la relación especial con sus tierras y entorno.

La pandemia de la Covid-19 los golpeó con especial fuerza, según informes de la ONU, y exacerbó muchas desigualdades ya existentes.

Ante tal escenario, el secretario general del organismo multilateral, António Guterres, abogó por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, lo cual resulta un componente clave para lograr la reconciliación entre esos grupos y los Estados.

Pero, ¿qué garantías o legislaciones a nivel internacional existen para hacer valer el ejercicio de esos derechos fundamentales?

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Convenio 169 de la OIT

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales es actualmente el marco internacional que emplean algunos países para impulsar recursos de protección de esas comunidades.

Así explicó a Escáner la miembro experta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Irma Pineda.

Pero, lamentablemente, ese Convenio es usado en ocasiones a conveniencia de los Estados. En el caso de México, por ejemplo, cuando se trata de megaproyectos como los de minería o la apropiación del agua, resulta que no hay un derecho de consulta para las comunidades originarias, precisó.

Entonces, cuando se debate sobre educación para los pueblos indígenas, las autoridades alegan que se viola el derecho a la consulta, como está indicado en el convenio 169, es decir, se emplea a conveniencia, recalcó Pineda, quien pertenece a la comunidad Binnizá (zapoteca del istmo de Tehuantepec) de Juchitán, Oaxaca.

De manera general, destacó la también activista mexicana, se ha avanzado bien poco en materia de legislación internacional referida a las comunidades originarias.

Adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989, el Convenio número 169 de la OIT solo fue ratificado por 22 de los 193 países miembros de la ONU.

Este tratado tiene dos postulados básicos: uno es el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias; y el otro se refiere al derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Hasta la fecha, resulta el más importante instrumento internacional para garantizar los derechos indígenas y obliga a consultar con esas poblaciones las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos directamente, con el fin de llegar a un consenso.

Muchos países latinoamericanos ratificaron ese Convenio (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) y también Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, Países Bajos y República Centroafricana.

En setiembre de 2007, el Convenio número 169 resultó reforzado mediante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General.

Con esta adopción, culminó un proceso de más de dos décadas encabezado y promovido por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Pero aún queda mucho por hacer en el mundo para hacer velar los derechos de las comunidades originarias, históricamente marginadas y excluidas de las políticas a nivel nacional e internacional.

Velar por la protección

Según destacó Pineda, una cuestión importante que corresponde a todas las personas es trabajar más por la difusión de estos derechos, conocer qué leyes existen en los países, en las diferentes regiones y también a nivel internacional.

¿A qué recursos legales podemos recurrir, bajo qué leyes nos podemos amparar para defender los derechos de los pueblos indígenas y proteger los recursos naturales de sus territorios?, expresó.

Los miembros de las comunidades originarias, en especial, debemos estar pendientes y en continua vigilancia de todo lo referido a legislación y protección para nuestros pueblos y corroborar que se estén aplicando, recalcó.

Eso no va a ocurrir, en primer lugar, si no conocemos los recursos legales con los cuales contamos, precisó.

También los medios de comunicación tienen un papel muy importante al acompañarnos en estos procesos, al dar voz a los pueblos indígenas para mostrar sus inconformidades y denunciar cuando ocurren violaciones, agregó.

“El papel de los medios es fundamental para visibilizar esas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y también para ampliar su voz”.

Desafortunadamente, observó, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas no es una instancia que tenga mayor peso más allá de las recomendaciones que ofrece.

Esto ocurre también con otros muchos mecanismos de la ONU, que proponen políticas, pero es responsabilidad de cada Estado miembro aplicarlo o no, indicó Pineda.

Por eso, continuó, es fundamental discutir en el foro los temas que generan una violación a los derechos de los pueblos indígenas o a algún miembro de esas comunidades.

Cuando logramos llamar la atención sobre estos asuntos en el Foro para las Cuestiones Indígenas y se logra el consenso con los otros representantes de las diversas regiones del mundo, entonces es posible darle seguimiento y acompañamiento, expuso.

Además, detalló, esa cuestión puede considerarse como un punto a tratar por la Asamblea General de la ONU y en ese sentido, el organismo emite recomendaciones al Estado miembro que corresponda porque allí se están cometiendo violaciones.

Esta es la parte donde más podemos avanzar para seguir presionando y dialogando con los países, señaló la activista, para que se tomen en cuenta estas voces de denuncias y se proponga, al interior de cada nación, el establecimiento de leyes, regulaciones, reglamentos y medidas de protección de los derechos de esas comunidades.

Mayor participación PARA los pueblos ORIGINARIOS

Para Tarcila Rivera, representante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, uno de los mayores retos en estos momentos es que los Estados tomen en cuenta a los miembros de las comunidades originarias como seres humanos con conocimientos y mucho que aportar.

Asimismo, es urgente que se respete el territorio indígena y los recursos naturales que hay en estas tierras, pues la política económica de un país y sus legislaciones no pueden construirse dañando los derechos de una población, aunque sea minoritaria.

Nuestros pueblos pueden aportar mucho en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero debemos contar con más espacios para la participación y que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones, subrayó la activista indígena peruana, descendiente de la civilización Inca.

Cada 9 de agosto, la ONU conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para destacar las contribuciones de esas comunidades en todo el mundo. La fecha de este año subrayó la necesidad de establecer un nuevo contrato social que respete las formas de vida y gobernanza de esas poblaciones.

arb/ifb

*Este trabajo contó con la colaboración de PLTV, la editora Amelia Roque, el jefe de la Redacción Centro-Suramérica Alain Valdés, y la webmaster Wendy Ugarte.