Un informe del Consello de Contas alerta de que la Xunta gestiona más de 1.700 millones de euros a través de entidades opacas, sujetas a menos controles y transparencia en materia de adjudicaciones, personal y límites de endeudamiento.
Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de la fiscalización económica, financiera y contable del la Administración gallega y de la prevención de la corrupción en el sector público autonómico.
El documento fue publicado el pasado viernes 29 de julio, sólo un día antes de que el expresidente de la Xunta y líder del Partido Popular asegurara en una entrevista a el diario El Mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a dejar «un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda».
En Galicia dependen de la Xunta veintinueve fundaciones públicas, diecisiete agencias, quince sociedades mercantiles, once organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. En total, 87 entes de administración paralela que, sin contar a grandes organismos como el Servizo Galego de Saúde, gestionan 1.737 millones de euros. Es decir el 14% del presupuesto del Gobierno autonómico del año 2020. Es un 7,7% más que los 1.568 millones que manejaron en 2019.
Cuando Feijóo accedió a la Presidencia de la Xunta en 2009 prometió acabar con lo que él mismo denominó «chiringuitos». Y aunque es cierto que bajo sus gobiernos el número de esas entidades se redujo en un 15%, el informe del Consello de Contas alerta de que lo relevante no es tanto cuántas son sino el dinero que cuestan, y que las transferencias y subvenciones de la Xunta han seguido creciendo, y, con ellas, el peso relativo de esos organismos en la gestión del dinero público.
«El argumento empleado para justificar la creación de entidades instrumentales fue conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos», dice el documento, que también recoge la tesis de que su proliferación esta ligada «a la huida del derecho administrativo en los procesos de contratación, a la mayor discrecionalidad en las políticas de personal, a la relajación de los controles y a la elusión de los límites al endeudamiento«.
Con respecto a esto último, el informe detalla que la deuda de esos entes alcanzó en 2020 los 557,8 millones de euros. El Consello de Contas matiza que se trata de un nivel bajo de endeudamiento, pero advierte de que las entidades instrumentales gallegas se nutren casi en exclusiva del presupuesto público dada su incapacidad para generar recursos propios y cumplir con sus acreedores, lo que obliga a la Xunta, de nuevo, a inyectarles más capital para amortizar esas deudas cuando no pueden pagarlas.
Los mayores deudores son el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que gestiona la política de vivienda de la Xunta; la sociedad anónima Xestur, promotora inmobiliaria y para la gestión del suelo industrial y en la que participa el IGVS; la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que gestiona los medios públicos de la comunidad, y la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), una empresa pública mixta de gestión medioambiental participada al 51% por la Xunta y al 49% por la eléctrica privada Naturgy.
El informe se muestra crítico con la falta de transparencia y de control financiero y contable del que adolece la administración paralela de la Xunta, con una plantilla que asciende ya a más de 8.000 personas con un coste medio por empleado de más de 37.700 euros al año. En el caso de las fundaciones públicas, el coste por trabajador se eleva a más de 57.200 euros anuales, y a casi 50.000 euros en el caso de las sociedades públicas.
El Consello de Contas cuestiona especialmente la proliferación de agencias, una apuesta de los gobiernos de Feijóo que «se aleja de la línea seguida por la Administración del Estado y otras comunidades autónomas», según el Consello de Contas. Buena parte de las políticas públicas de la Xunta, explica la institución fiscalizadora, se aplican a través de agencias, una figura reservada por ley para la ejecución de programas específicos ligados al cumplimiento de objetivos predeterminados.
En Galicia, sin embargo, esos organismos ejecutan estrategias tan diversas y de carácter tan general como la promoción económica, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, los servicios sociales, el desarrollo rural, las industrias culturales y forestales, las emergencias, la modernización tecnológica, la innovación, el turismo, las donaciones de sangre, órganos y tejidos, la calidad alimentaria, los servicios sociales…
En el caso de las empresas públicas, el Consello subraya que su escaso nivel de generación de ingresos propios hace dudar de que las actividades que desarrollan «sean realmente empresariales o mercantiles». Y en cuanto a las fundaciones, recuerda que su dependencia del Tesoro autonómico es superior al 75%, lo que «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».
Por último, el informe reprocha que la Xunta no haya puesto en marcha el registro de entidades de administración paralela doce años después de la aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público de Galicia, con la que Feijóo dijo en 2010 haber cumplido su promesa de regular los «chiringuitos».
El Consello de Contas advierte de que la carencia de ese registro no sólo «convierte a Galicia en una excepción en España», sino que dificulta además el control de las entidades instrumentales «e introduce un riesgo potencial derivado de la falta de aplicación de sus obligaciones legales».
Público ha preguntado por estas cuestiones a la Consellería de Facenda e Administración Pública, que dirige Miguel Corgos, para obtener una valoración de la Xunta sobre el informe del Consello de Contas de Galicia. Al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.
