El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia presentada por la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, a la que se sumó Más Madrid.
Una mujer camina cargada con bolsas en la Cañada Real, a 31 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). — Ricardo Rubio / EUROPA PRESS
La Fiscalía Anticorrupción investigará las últimas actuaciones que el Gobierno regional del PP ha impulsado en la Cañada Real Galiana. El Ministerio Público abrirá diligencias a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, a la que se sumó Más Madrid, en la que se alerta de la posible comisión de varios delitos por parte de la Comunidad de Madrid en la zona.
En concreto, en la denuncia impulsada por Jacinto, advierte de la posible comisión de varios delitos contra el medio ambiente, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y prevaricación administrativa, cohecho y encubrimiento, así como por posibles coacciones inmobiliarias por parte del Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, y la empresa Amaexco (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid).
La denuncia refleja, también con imágenes, la «acumulación de montañas de tierra en zonas colindantes a las viviendas habitadas», algo que «pone en riesgo la integridad física de los vecinos». El motivo es que esos amontonamientos «ni están apuntalados ni se encuentran dentro de ningún espacio habilitado al efecto que supusiera alguna garantía ante posibles desplazamientos», según indica el escrito.
Asimismo, el texto apunta a que dichos vertidos impiden actualmente el acceso de vehículos de emergencia y policiales y obstaculizan el desplazamiento de los vecinos en su vida cotidiana. Además, se atestiguó la presencia de residuos contaminantes perjudiciales para la salud tales como «uralita, materiales con amianto, chatarras, electrodomésticos, etcétera».
«Esos terrenos y sus zonas aledañas están siendo utilizados para depositar tierras que provienen de obras de toda la Comunidad de Madrid mediante los camiones que organiza Amaexco. A diario, más de 500 camiones entran en la zona para depositar tierras traídas de obras de la construcción de todo Madrid. Cada camión paga una tasa irregular a la asociación Amaexco por permitirle verter tierras en la zona sin control ambiental», refleja la denuncia.
Respecto a los posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y encubrimiento, la Fiscalía Provincial de Madrid ha dictaminado que dará traslado de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, dado que observa indicios de que Amaexco ha seguido vertiendo tierras sin que haya tenido prórroga su contrato, además de derribar viviendas sin que medie contrato público pese a que el Comisionado de la Cañada Real recurrió a Amaexco para «agilizar» el derribo de viviendas sin sujeción a contrato.
«Los vertidos de tierras no cesaron en 2018 como hubiera sido de esperar al concluir el convenio, sino que continuaron y ampliaron su volumen al margen de todo marco normativo habilitante y sin control ambiental alguno», resalta el escrito.
También se investigarán los derribos
Asimismo, en relación a los derribos de vivienda y acoso inmobiliario, la Fiscalía ha dictaminado, dado lo indicios de delito, que esta denuncia se acumule al procedimiento ya abierto que conocimos la semana pasada, un proceso por el que se imputó a Julio César Santos García, jefe de disciplina urbanística del equipo del alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, a raíz de la demolición de la casa de un vecino mientras se encontraba fuera del país el pasado mes de julio.
«Todos estos hechos, tanto el cierre del camino y el aislamiento de las viviendas mediante el vertido de tierras, como los derribos irregulares y las amenazas para que los habitantes abandonen sus viviendas, constituyen un clima coercitivo destinado a impedir el legítimo disfrute de sus viviendas de la población afectada, lo cual está específicamente perseguido y agravado por el artículo 172 CP en su párrafo tercero». «La jurisprudencia ha venido definiendo este mobbing inmobiliario» con conductas reiteradas y hostiles dirigidas a privar a población vulnerable del disfrute legítimo de su vivienda», finaliza la denuncia.