El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana plantea beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio del alquiler como fórmula para moderar los precios, desmarcándose así de la regulación comprometida en el pacto de Gobierno y en el posterior acuerdo de los PGE, según fuentes cercanas a la negociación.
Aunque no es exactamente igual, la medida recuerda al Programa de Arrendamiento Accesible de Portugal, una plan que concede ventajas fiscales a propietarios que ofrezcan rentas por debajo del 20% del mercado. Este programa es de adhesión voluntaria para propietarios y solo se pueden acoger a él inquilinos que no superen los 35.000 euros de renta anual (45.000 familiar). Fuentes del partido socialista ya avanzaron a EFE esta medida en enero, pero desde el departamento que dirige Ábalos prefieren no hacer más comentarios.
No es una propuesta nueva: es una idea que el PSOE tiene desde hace tiempo y que llegó a registrar como proposición de ley en el Congreso en 2018. Los socialistas ya hablaban entonces de la creación de un índice público de precios de referencia del alquiler. Con él, los propietarios que no superaran el importe máximo podrían acogerse a una deducción del 60% en el IRPF; de hasta el 100% si el inquilino fuera joven y con pocos ingresos. Todos los arrendadores disfrutan actualmente de una bonificación del 60% de los rendimientos que les dan sus viviendas. Con esta fórmula, según la redacción de 2018, solo se beneficiaría a quienes respetaran los límites del índice.
Este índice se elaboró y publicó el año pasado, cuando el Gobierno de coalición ya estaba formado. En teoría, iba a ser una herramienta para poder intervenir el mercado en zonas tensionadas. Pero de momento solo se ha previsto su uso para calcular las compensaciones a grandes propietarios que no puedan desahuciar.
Los beneficios fiscales que plantea ahora la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, dirigida por David Lucas, sustituirían a la potencial intervención del mercado. El acuerdo de Gobierno dice que «se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos» a declarar zonas tensionadas y a regular, una fórmula similar a la aprobada en Catalunya. Pero los incentivos son otra historia. La lógica detrás de estas bonificaciones es la de promover que más gente ponga su vivienda en alquiler y premiar al que no se pase con el precio, lo que a la postre contribuiría a relajar el mercado.
Así, si una persona cobra 500 euros por su vivienda no tributará lo mismo que una que cobra 800: el sistema beneficiará al primero y «penalizará» al segundo. «Es un sistema de privilegios fiscales para quienes viven de las rentas», resumen, preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinos. «Si se hiciera una vía fiscal para penalizar precios abusivos, sí que se dispararía el mercado negro».
Las negociaciones empiezan la semana que viene
La Ley de Vivienda en la que irán incluidas las medidas para moderar el alquiler debería haber pasado ya por el Consejo de Ministros, según el acuerdo de los Presupuestos que firmaron Unidas Podemos y el PSOE. Pero va con retraso. Los socios de Gobierno aún no comparten ni un borrador. Tampoco los sindicatos de vivienda ni los fondos inmobiliarios, otros de los grandes interesados en que la ley responda a sus peticiones, tienen ningún documento de trabajo.
Está previsto que los equipos de Vicepresidencia Social y Transportes se reúnan después de las elecciones catalanas. De hecho, desde el entorno de Podemos han acusado al PSOE de retrasar la negociación hasta después de los comicios autonómicos para no perjudicar a su candidato, el ex-ministro de Sanidad Salvador Illa. En Catalunya el movimiento por la vivienda es muy fuerte y a Illa le podría perjudicar que se filtrara un borrador descafeinado.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que no aceptarán que la regulación del alquiler, tal y como estaba planteada en el acuerdo de Gobierno, no vaya en la ley de vivienda. Es lo que está firmado (y dos veces) por el PSOE, insisten, así que no hay marcha atrás. Cuando en el partido supieron que los socialistas planteaban esta alternativa «a la portuguesa», el equipo de Vicepresidencia preparó un análisis económico en el que analizaba la experiencia de Portugal con su Programa de Arrendamiento Accesible y concluía había sido un fracaso.
«Durante el primer año se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. El motivo principal del fracaso es que, para los propietarios, los beneficios fiscales que incluye la iniciativa no resultan atractivos», explica el documento. «Señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los de mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa».