Hace casi nueve años que Felipe VI accedió al trono y, sobre todo, a la Jefatura del Estado. Pero es todavía ahora cuando acaba de presentar el grueso de su plan de transparencia. Este objetivo fue su principal compromiso nada más coronarse como rey, en junio de 2014, y jubilar a su padre, el exiliado Juan Carlos I, rey emérito, rey por tanto, aunque su hijo no lo quiere en España por razones de sobra conocidas.
La Casa Real envió el plan de transparencia a las seis de la tarde del pasado miércoles, que es una hora fantástica para que, o no te presten mucha atención -como así ha sido, salvo honrosas excepciones-, o simplemente, te ignoren. Pero vale, podía haber sido peor y podía haber presentado su proyecto de rey transparente el viernes por la tarde.
Vayamos al plan: si se analiza superficialmente es un avance, pues el monarca asume en general la ley de contratos del sector público y la ley general presupuestaria. Como el resto de instituciones del Estado, vamos.
El problema está en la parte que la Zarzuela considera no pública, es decir, que considera privada, pero que también se financia con presupuesto público, cosa que no ocurre con los responsables políticos del resto de instituciones: una ministra, el presidente del Gobierno, el del Senado, el del Tribunal Constitucional … sí tienen una vida privada y no está costeada toda por el Estado, salvo por el salario que reciben (ojo) por su trabajo de un tiempo tras un proceso de elección democrática.
El rey ha decidido, y así lo recoge su proyecto que ustedes pueden consultar íntegro en la web de la Casa Real, que lo de su vida privada no se toca, es decir, y cito literal: quedan “excluidos” del proceso de transparencia los contratos de compras, servicios o trabajadores para tareas «del régimen interior de sus residencias»; también de protocolo que necesiten «los miembros de la familia real». Tampoco se publicitarán “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, exceptuados los que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o de servicios». Tampoco se conocerán «los contratos relativos a servicios financieros» ni «los contratos sujetos a la legislación laboral».
Como verán, la excepción es amplia y puede llevar a pensar (y a mí se me ocurren muchos supuestos) que ahí cabe de todo lo no ejemplar y que estamos como siempre: la Familia Real tiene un presupuesto bajo control en la ley general que aprueba el Gobierno todos los años y después tiene una vida privada que gestiona como le sale del trono y sin rendir cuentas.
Puede ser que lo haga como su padre, con una vidorra a lo grande protegida (pagada) por el Estado en pleno, o puede que no, como nos dicen que hace como si no tuviera posibilidad alguna de hacer lo que le diera la gana sin que se haga público.
Tengo que reconocer que el plan que se ha montado la Casa Real es ap