La Junta de Andalucía ha dado permiso para la transformación de un cortijo de la provincia de Almería en un hotel con una treintena de habitaciones, pero Greenpeace denuncia que ello «supondrá una presión sin precedentes en una de las playas mejor conservadas de Andalucía».
Para la Junta de Andalucía es un proyecto válido desde el punto de vista ambiental, pero para Greenpeace es un claro ejemplo de la vuelta a la eṕoca del «ladrillazo» en la costa. Un hotel de 30 habitaciones y 70 plazas de garaje en pleno Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), a un kilómetro de la playa de Genoveses, «una de las playas mejor conservadas de Andalucía», es lo que acaba de aprobar el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), al otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para transformar el Cortijo Las Chiqueras en un establecimiento hotelero.
La reacción del grupo ecologista ha sido inmediata: no sólo alerta del «peligroso precedente» que se abre al dar permiso para explotar una zona de alto valor ambiental, sino que afirma que «este tipo de proyectos están completamente desalineados con las políticas andaluzas que el propio Juan Manuel Moreno señala como de revolución verde«, ya que, «el proyecto supondría duplicar la capacidad de pernoctación en esta zona del Parque Natural, incrementando la carga de desplazamientos en una carretera que no fue concebida a tal efecto, lo que incidirá negativamente en su conservación».
El proyecto retoma la bandera ambiental de la éṕoca del «ladrillazo» en la costa, donde las autorizaciones ambientales quedan bajo el paraguas de la supuesta declaración de «interés público» de un proyecto, primándose así el desarrollo urbanístico sobre la valoración de los impactos ambientales. Conviene recordar que Vox, PP y Ciudadanos, los partidos que sustentan el Gobierno andaluz, votaron en el Parlamento andaluz en contra de una proposición no de ley (PNL) para pedir a la Junta de Andalucía comprase o permutase los terrenos del hotel y así preservarlos.
Según una nota de la ONG, la propia organización ecologista, junto con Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo, Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, se personó como parte interesada en la tramitación en su día, alegando que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el cortijo está situado en zona C1 del Parque, donde sólo están permitidos los cultivos agrícolas tradicionales, actividades forestales, cinegéticas y actividades e instalaciones de uso público y educación ambiental.
La pelota en el tejado del Ayuntamiento
La Delegación Territorial ha elaborado una propuesta de resolución de dicha AAU, que ha sido remitida al Ayuntamiento de Níjar (Almería), ente local al que da un plazo de diez días para presentar alegaciones a dicho documento, informa a EFE la Consejería. Se trata de un «dictamen provisional, no definitivo» al que aún puede presentar alegaciones el consistorio de la citada localidad.
El Gobierno andaluz ha indicado que la empresa Torres y González Díaz presentó en agosto de 2016 dicha AAU y cómo tras esto la mercantil entregó un expediente para acreditar la compatibilidad urbanística «respecto de rehabilitación arquitectónica funcional para implantación de un uso turístico hotelero», según adelantó El País.
La propia Consejería emitió en 2019 un dictamen que informaba desfavorablemente sobre la construcción de 13 habitaciones en nueva superficie por su incompatibilidad con la normativa ambiental, así como a la ampliación de la zona de estacionamiento, pronunciándose de forma positiva en el resto del proyecto. Todo ello fue subsanado por el promotor, que recolocó las trece unidades de alojamiento eliminadas en las diferentes edificaciones existentes y suprimió tres.
Ahora, la Junta ha acordado otorgar la AAU, pero condicionada a la autorización de la reutilización de aguas depuradas para el riego de jardines y zonas verdes, así como de la declaración del proyecto como de interés público o social.
Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado en una nota de que ya ha presentado, «nuevamente», sus alegaciones a la propuesta, en las que incide en el uso de la carretera que llega al cortijo.
«Doñana no se toca»
Mientras, en el extremo occidental de Andalucía, la ministra de Hacienda y Funcionarial Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que «Doñana no se toca», en relación con la proposición de ley que, de forma conjunta con Ciudadanos (Cs), por un lado, y con Vox, por otro, ha registrado el PP-A en la Cámara andaluza, relativa a la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.
Montero ha subrayado que el Ejecutivo central no va a permitir que con ese espacio natural «ocurra una suerte similar a la que ocurrió con el Mar Menor», en la Región de Murcia, recoge Europa Press.
La ministra ha recordado que «Doñana es un paraje que hay que preservar», y que «no hay que engañar a la gente que está en ese entorno» ni, por tanto, «a los regantes». Montero, que fue en su día consejera andaluza de Hacienda, ha zanjado el asunto al decir que «es imprescindible mantener [el Parque Nacional de] Doñana en los términos que medioambientalmente se exigen». «Y esto significa, insisto, que Doñana no se toca», ha remachado.
