Antonio Ángel Avilés García, edil del PP en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), compatibiliza sus funciones como concejal de Desarrollo Local de esta próspera localidad al norte de Madrid, donde tiene un sueldo público de 2.574 euros netos mensuales, con su actividad privada en un bufete que desde su creación en 2013 hasta 2017 ha facturado 863.326 euros y ha logrado beneficios de 129.010 euros, según datos del Registro Mercantil.

El despacho en cuestión, Estudio Jurídico Lex Quantur, tiene como administrador único a Avilés y desde 2014 ha facturado una media cercana a los 200.000 euros anuales. En 2017, su cifra de negocios fue de 203.705,97 euros, similar a la de 2016, y registró un beneficio neto de 31.350 euros, un 44{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} más, según las cuentas anuales que acaba de depositar.

La firma, con un empleado (un hombre), domicilio en la capital de España y una oficina en la Plaza de Cristo Rey de Madrid, se constituyó el 29 de julio de 2013. Su objeto social es «la prestación de servicios jurídicos, propio de la abogacía, incluida la actuación ante Tribunales y Árbitros, por medio de abogados que tengan la condición de socios o presten servicios profesionales para la sociedad».

Avilés subraya a eldiario.es que su actividad privada es completamente legal, dado que el régimen de incompatibilidades de los ediles es mucho más laxo que el de los altos cargos de la Administración del Estado. En su caso, tiene reconocida la compatibilidad para ejercer actividades privadas con una dedicación del 95{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} al consistorio, donde es el responsable de las áreas de Comercio, Economía y Empleo. Tres Cantos, con 46.000 habitantes y un presupuesto que supera los 44 millones de euros, está gobernada por el PP desde 2007.

«No tengo ninguna sensación de que esté haciendo nada inmoral ni amoral, cumplo todas mis funciones aquí con unos resultados bastante aceptables. Yo creo que la política no se debe vivir de ella», señala Avilés, que defiende que «con muchos sacrificios», alternar la actividad política con una profesión liberal le permite «ser más libre».

En conversación telefónica, explica que la «importante» cifra de negocios de su despacho se explica porque «hasta este año» contaba con un cliente que «desafortunadamente» ha perdido, las empresas de servicios de seguridad Casesa y Ombuds, recientemente fusionadas. Su bufete tenía un contrato firmado con ellas por el que Avilés cobraba una «iguala» a cambio de prestar servicios de asistencia jurídica en determinados pleitos. Cuando estos se producían fuera de Madrid, «la mayoría» de los casos, subcontrataba el servicio a otros abogados con los correspondientes gastos.

De ahí que en estos cuatro años y medio el resultado neto de su bufete se haya quedado en algo menos de 130.000 euros. «El beneficio no es tan abultado», subraya el concejal y abogado, que dice que este año la facturación «ha caído de manera brutal», tras perder a su mejor cliente, Casesa.

Según contó Vozpópuli, esta es la empresa que tenía las cintas de Cristina Cifuentes robando cremas en un Eroski que, tras salir a la luz en abril, precipitaron su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras destapar eldiario.es el escándalo de su máster.

Afiliado al PP desde 1984, Avilés lleva desde 2007 como concejal en el Ayuntamiento tricantino, al que se incorporó como director Técnico Jurídico y de Recursos Humanos en 2005. Concejales de la oposición destacan que su figura en el consistorio perdió peso tras la marcha a la presidencia de Red Eléctrica del que fue alcalde entre 2007 y 2012, José Folgado. Con el exsecretario de Estado de José María Aznar en la alcaldía, en 2011 Avilés llegó a  firmar licitaciones como alcalde «accidental» de la localidad.

Zasca Legal

Ahora, el edil tiene en la cabeza otros proyectos profesionales alejados de la política y también relacionados con la abogacía. Recientemente ha dado de alta una nueva empresa denominada Zasca Legal SL, dedicada a «servicios de asesoramiento legal y fiscal», y el pasado 16 de julio solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el  registro de esa denominación comercial.

«Me pareció un nombre con bastante pegada desde el punto de vista de la imagen», explica Avilés, que dice que le hace «mucha ilusión tener registrado un nombre tan llamativo», aunque aclara que ese nuevo bufete no tiene todavía actividad. Zasca Legal está concebido, dice, teniendo en cuenta que «la abogacía tiende a sistemas mucho más anglosajones» y que la nueva normativa europea permite publicitar este tipo de firmas. «La profesión de la abogacía nunca va a pasar de moda y la política sí es algo pasajero», remata.