Organizaciones en defensa de la infancia envían a la Asamblea de Madrid un manifiesto sobre las «vulneraciones» que sufren las familias a las que el Gobierno regional retira la custodia de sus hijos e hijas: opacidad, indefensión, falta de ayuda económica y de planes para recuperar la tutela, mientras las empresas adjudicatarias de los centros de menores se enriquecen.
Los trabajadores de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid gestionados por la empresa Grupo 5 –tres de los doce centros que hay en Madrid–, perteneciente al fondo de inversión Corpfin, llevan tres semanas de huelga indefinida para reclamar unos salarios «dignos». Aprovechando la coyuntura, ahora, una veintena de asociaciones de familia, feministas y de defensa de la infancia ponen el foco en el otro lado del «problema»: los menores tutelados y sus familias, a las que la Comunidad de Madrid ha retirado la custodia de sus hijos e hijas, que acaban ingresando en los CAI.
Entre los motivos velados de las declaraciones de desamparo que dicta la Administración y que supone la retirada de los menores de sus hogares figura la pobreza, la vulnerabilidad de las familias, la mayor parte, madres en solitario. «Este motivo no lo reconocen como tal, pero la realidad es que muchas familias, sobre todo, madres solas que piden ayudas sociales acaban perdiendo la custodia de sus hijos bajo la acusación de que los menores no están bien atendidos», explica María Castro, portavoz del colectivo Madres y Maestras.
Esta asociación dedicada a visibilizar «los abusos que se cometen en los centros educativos ante las tutelas abusivas que comienzan en la escuela», es una de las 17 que suscriben el manifiesto ‘Irregularidades y vulneraciones contra las familias y niños por los Servicios de Protección del Menor en la Comunidad de Madrid’, en cuyo primer punto denuncian que «los fondos europeos que deberían ir destinados a las familias y a los menores no están llegando a los mismos, al pasar primero por la criba y los planes de negocio de las entidades (fundaciones y supuestas ONG) y empresas del Tercer Sector».
Las asociaciones denunciantes advierten de que disponen de evidencia documental sobre todas las irregularidades que plasman en su manifiesto, entre ellas las peticiones de información económica realizadas al Servicio de Protección de Menores de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, dirigida por Concepción Dancausa. «Todas ellas, sin contestar, algo que ya de por sí supone una irregularidad», clama María Castro.
«Tampoco se proporciona información detallada sobre los beneficios, prácticas y deficiencias de las empresas que tienen externalizada la atención a la infancia y a las familias», según estas entidades, que señalan que el coste medio que paga la Administración a las empresas que gestionan los centros de menores alcanza los 5.000 euros mensuales por cada menor. «Un dinero que debería ir a las familias con problemas económicos a las que les separan de sus hijos precisamente por su vulnerabilidad», se queja Castro.
Entre las asociaciones que firman el manifiesto se encuentran Aprodeme (Asociación para la Defensa del Menor); Asociación Familias para la sociedad del siglo XXI; Infancias Robadas Baleares; Asociación de Familias Numerosas de Madrid; Espacio Común 15M; y Movimiento Herejes. Todas ellas exigen un debate parlamentario en Madrid para tratar este tema y han enviado ya el manifiesto a los grupos de la Asamblea de Madrid.
Madres cuestionadas
Según María Castro, maestra de profesión, el modus operandi de los Servicios Sociales para la retirada de los niños y niñas de familias vulnerables arranca cuando los progenitores acuden a la Administración a solicitar ayuda. «Entonces, se les hace un seguimiento; y en la mayor parte de los casos, acaban por denegarles las ayudas. Tenemos casos flagrantes. Y es cuando empieza el hostigamiento, sobre todo si son mujeres: se las cuestiona por no tener habilidades para ganarse la vida; les reprochan que los niños no van limpios o que les falta algún recurso. Y, al final, les quitan la custodia», cuenta la portavoz de Madres y Maestras.
Una vez declarado el desamparo de los menores, estas asociaciones alertan del «calvario» que sufren las familias para recuperar a sus hijos e hijas. «En las entrevistas a familias, los CAI y otros trabajadores sociales de otras empresas u oficinas de Servicios Sociales se prohíbe la toma de acta de la reunión y que las familias vayan acompañadas de abogados; se les requisa el teléfono móvil para que no puedan grabar las entrevistas bajo la amenaza de que son la Administración y pueden proceder como estimen».
«En estas entrevistas se produce maltrato institucional: las familias soportan coacciones, amenazas, chantajes, son obligadas a aceptar calumnias y falsedades como condición para recuperar a sus hijos», consta en otro punto del manifiesto, que también señala que las familias son «psiquiatrizadas por personal de los CAI, que no son profesionales de la salud mental».
«Indefensión de las familias»
Respecto a las condiciones impuestas para que los menores regresen a su hogar, estas entidades denuncian que «no se realizan Planes de Mejora Familiar, necesarios para justificar y trabajar en la vuelta de los hijos arrancados a sus familias. A las familias no se les entregan dichos planes ni la Comisión de Tutela tampoco los exige. Fiscalía de Menores tampoco los exige. Los jueces
tampoco los exigen».
Las familias a las que se retira la custodia de los hijos e hijas sufren una gran «indefensión«, según recoge el manifiesto, que habla de «falsedad en los informes»: «En la redacción de los mismos encontramos subjetividad, falta de
pruebas, fraude, falsos testimonios, intrusismo profesional, prejuicios, falsas acusaciones y calumnias».
Además denuncian que los trabajadores sociales «retienen ilícitamente documentación legal que corresponde a las familias, como informes, carnet de familia numerosa, reconocimientos que les harían disfrutar de prestaciones
sociales, partidas de nacimiento para impedirles demostrar la filiación, incluso las tarjetas de asistencia sanitaria».
Otro de los aspectos destacados en el manifiesto se refiere a las retiradas de menores en los colegios y en los hospitales: «Los docentes describen que llega un coche perteneciente al Servicio de Protección del Menor, de la calle Manuel de Falla, 7 (Madrid). Los técnicos llegan con agentes de seguridad o de la Policía y sacan al niño de clase engañándolo, con permisividad por parte de la Dirección de los centros educativos (…) Pasarán semanas o meses sin que los padres y madres vean a sus hijos».
Respecto a las retiradas de custodia de recién nacidos, «se producen en todos los hospitales públicos de todas las Comunidades. Las propias trabajadoras sociales sanitarias se encargan de ello personalmente. Los directores de hospitales se lavan las manos, así como los responsables de las consejerías de Sanidad».
Revictimización de las mujeres maltratadas
Otra de las reivindicaciones de las asociaciones firmantes del manifiesto hace hincapié en la revictimización de las mujeres que sufren violencia machista. «Frecuentemente los CAI las culpan de no proteger de la violencia a los niños; neutralizan e ignoran sus denuncia; les cuelgan ‘sambenitos’ de obstruccionistas, de inventarse síntomas falsos en la salud de sus hijos para culpar al otro progenitor [Síndrome de Munchaussen] y de falsa alienación parental o SAP«.
«A menudo el personal del CAI se convierte en el brazo institucional que ejerce la violencia vicaria que desea el maltratador. En sus informes condicionan de forma casi irreversible el veredicto del juez, plasmando prejuicios y estigmas
insuficientemente probados», concluye el manifiesto.