El secretario general de la organización de consumidores española FACUA, Rubén Sánchez, ha anunciado este sábado que denunciará a una persona que, refugiada en el anonimato, le ha amenazado a través de las redes sociales.
Según ha informado Sánchez, que ha podido acceder a los datos personales de esta persona, se trataría de Juan Ignacio B.B., actualmente seguidor del partido de ultraderecha Vox y número dos en la lista del Partido Popular (PP) en el municipio vasco de Azpeitia en las elecciones municipales de 2003, en las que no logró ser concejal.
El secretario general de Facua ha denunciado que este individuo no solo le ha amenazado a él, sino también a otras personalidades públicas relacionadas con el ámbito ideológico de la izquierda, como es el caso del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de la coalición Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, o a la concejal de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife, Elisabeth Merino.
A Iglesias, según las capturas de Twitter realizadas por Sánchez, le dijo: «Márchate o te sacaremos a golpe de palos» o «márchate si no quieres acabar como los del 36», en referencia al golpe de Estado que provocó una guerra civil en el año 1936 y a la posterior represión contra todos los que eran identificados como defensores o partidarios del Gobierno legítimo de la II República o con ideas progresistas.
Lo cierto es que este usuario, pretendidamente anónimo, facilitaba su nombre completo y dos apellidos, además de su número de teléfono, en un tuit público escrito a principios del año pasado.
A principio del mes pasado, el secretario general de FACUA también fue objeto de amenazas por parte de un ultraderechista con un largo historial de detenciones policiales. En esa ocasión, el sujeto se dio de alta en Twitter fingiendo ser miembro de la dirección de la formación política Podemos, desde donde lanzó amenazas de muerte.
Así, no es la primera vez que Sánchez recibe este tipo de intimidaciones. Lo cierto es que sus interacciones sociales en las redes están plagadas en la mayoría de las ocasiones de respuestas que incluyen insultos y amenazas, en las que incluso se ha llegado a desvelar dónde vive o el recorrido que realiza a diario.
“No es aceptable que en EE.UU. a día de hoy los muy ricos se vuelvan mucho más ricos, mientras las familias trabajadoras luchan. No más economía de austeridad. Necesitamos una economía que funcione para todos, no solo para unos pocos”, escribió la noche de domingo Sanders en su cuenta de Twitter.
El legislador demócrata continuó su mensaje refiriéndose a una serie de estadísticas de EE.UU. para sustentar sus consideraciones.
Según estas estadísticas, 140 millones de estadounidenses se consideran de bajos ingresos y 92 millones de personas no pueden costearse una consulta médica de atención primaria.
Las cifras mencionadas por Sanders muestran que unos 50 millones de ciudadanos estadounidenses se encuentran en una situación precaria de sufrir hambruna por no poder comprar alimentos y, al tiempo de que, unos 40 millones corren el riesgo de quedarse sin vivienda por ser incapaces de abonar sus correspondientes cuotas mensuales de hipotecas o alquileres, dependiendo de cada caso.
Por último, el político señala que mientras estas cifras reflejan la cruda realidad al que se enfrentan a diario una gran mayoría de la clase trabajadora estadounidense hay al menos 650 multimillonarios norteamericanos que han podido mejorar sus finanzas enriqueciéndose aún más para convertirse en mil millonarios.
La propagación de la pandemia de nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, en Estados Unidos desde marzo de 2020 ha obligado a muchos negocios a cerrar. El porcentaje de estadounidenses en paro, clasificados como desempleados permanentes, aumentó al 35,6 % en septiembre frente al 11,1 % de abril.
Las pérdidas de empleos permanentes registradas en el mercado laboral estadounidense durante la pandemia han repercutido tanto a nivel económico como social y, es allí donde, Sanders ha estado criticando durante mucho tiempo a la anterior Administración republicana de Donald Trump por su caótica y mala gestión sanitaria que llevo a cabo para controlar y mitigar los estragos del virus entre la población del país, una política heredada por el Gobierno demócrata de Joe Biden, que según parece debe subsanarlo por las advertencias del senador de Vermont.
El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana plantea beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio del alquiler como fórmula para moderar los precios, desmarcándose así de la regulación comprometida en el pacto de Gobierno y en el posterior acuerdo de los PGE, según fuentes cercanas a la negociación.
Aunque no es exactamente igual, la medida recuerda al Programa de Arrendamiento Accesible de Portugal, una plan que concede ventajas fiscales a propietarios que ofrezcan rentas por debajo del 20% del mercado. Este programa es de adhesión voluntaria para propietarios y solo se pueden acoger a él inquilinos que no superen los 35.000 euros de renta anual (45.000 familiar). Fuentes del partido socialista ya avanzaron a EFE esta medida en enero, pero desde el departamento que dirige Ábalos prefieren no hacer más comentarios.
No es una propuesta nueva: es una idea que el PSOE tiene desde hace tiempo y que llegó a registrar como proposición de ley en el Congreso en 2018. Los socialistas ya hablaban entonces de la creación de un índice público de precios de referencia del alquiler. Con él, los propietarios que no superaran el importe máximo podrían acogerse a una deducción del 60% en el IRPF; de hasta el 100% si el inquilino fuera joven y con pocos ingresos. Todos los arrendadores disfrutan actualmente de una bonificación del 60% de los rendimientos que les dan sus viviendas. Con esta fórmula, según la redacción de 2018, solo se beneficiaría a quienes respetaran los límites del índice.
Este índice se elaboró y publicó el año pasado, cuando el Gobierno de coalición ya estaba formado. En teoría, iba a ser una herramienta para poder intervenir el mercado en zonas tensionadas. Pero de momento solo se ha previsto su uso para calcular las compensaciones a grandes propietarios que no puedan desahuciar.
Los beneficios fiscales que plantea ahora la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, dirigida por David Lucas, sustituirían a la potencial intervención del mercado. El acuerdo de Gobierno dice que «se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos» a declarar zonas tensionadas y a regular, una fórmula similar a la aprobada en Catalunya. Pero los incentivos son otra historia. La lógica detrás de estas bonificaciones es la de promover que más gente ponga su vivienda en alquiler y premiar al que no se pase con el precio, lo que a la postre contribuiría a relajar el mercado.
Así, si una persona cobra 500 euros por su vivienda no tributará lo mismo que una que cobra 800: el sistema beneficiará al primero y «penalizará» al segundo. «Es un sistema de privilegios fiscales para quienes viven de las rentas», resumen, preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinos. «Si se hiciera una vía fiscal para penalizar precios abusivos, sí que se dispararía el mercado negro».
La Ley de Vivienda en la que irán incluidas las medidas para moderar el alquiler debería haber pasado ya por el Consejo de Ministros, según el acuerdo de los Presupuestos que firmaron Unidas Podemos y el PSOE. Pero va con retraso. Los socios de Gobierno aún no comparten ni un borrador. Tampoco los sindicatos de vivienda ni los fondos inmobiliarios, otros de los grandes interesados en que la ley responda a sus peticiones, tienen ningún documento de trabajo.
Está previsto que los equipos de Vicepresidencia Social y Transportes se reúnan después de las elecciones catalanas. De hecho, desde el entorno de Podemos han acusado al PSOE de retrasar la negociación hasta después de los comicios autonómicos para no perjudicar a su candidato, el ex-ministro de Sanidad Salvador Illa. En Catalunya el movimiento por la vivienda es muy fuerte y a Illa le podría perjudicar que se filtrara un borrador descafeinado.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que no aceptarán que la regulación del alquiler, tal y como estaba planteada en el acuerdo de Gobierno, no vaya en la ley de vivienda. Es lo que está firmado (y dos veces) por el PSOE, insisten, así que no hay marcha atrás. Cuando en el partido supieron que los socialistas planteaban esta alternativa «a la portuguesa», el equipo de Vicepresidencia preparó un análisis económico en el que analizaba la experiencia de Portugal con su Programa de Arrendamiento Accesible y concluía había sido un fracaso.
«Durante el primer año se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. El motivo principal del fracaso es que, para los propietarios, los beneficios fiscales que incluye la iniciativa no resultan atractivos», explica el documento. «Señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los de mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa».
BARCELONA
ACTUALIZADO:
Jéssica Albiach (Valencia, 1979) afronta sus primeras elecciones como cabeza de lista de En Comú Podem con el objetivo de reforzar al espacio político para convertirlo en un actor clave que haga posible un cambio de gobierno en Catalunya. Ahora mismo, sin embargo, los comuns son la única fuerza que aboga por una alianza a tres con ERC y PSC, que tanto Pere Aragonès como Salvador Illa rechazan frontalmente. Muy crítica con el actual Ejecutivo autonómico, también lamenta el electoralismo del PSOE en cuestiones como la regulación del precio de los alquileres o los indultos a los presos políticos.
Lo que deseo claramente es un gobierno de izquierdas. Hace mucho tiempo que tenemos en Catalunya un gobierno que no está dando respuestas a las necesidades que hay encima de la mesa. Hay debates importantes que se han ido posponiendo, como el modelo productivo del país o que tenemos un sistema económico que es injusto y que está dejando a mucha gente atrás. La principal fractura que tiene Catalunya es la desigualdad y necesitamos darle una salida progresista, por la izquierda, a la crisis que tenemos.
También necesitamos un gobierno que crea en la mesa de diálogo. Hemos conseguido arrastrar al Partido Socialista, pero durante todo este tiempo hemos visto como Junts per Catalunya no creía en ella. Necesitamos que en los dos gobiernos haya fuerzas que crean en el diálogo como la única manera de canalizar la solución al conflicto entre Catalunya y España. Y necesitamos un gobierno que ponga a las personas y a los cuidados en el centro y que entienda que la transición ecológica ya no es para dejar un futuro mejor, sino que es el gran impulso para que la gente no pierda su trabajo en la industria y necesitamos también dar protección a los pequeños y medianos empresarios.
Para nosotros es una mesa que es urgente, porque arrastramos un conflicto desde hace mucho tiempo, que está generando mucho sufrimiento y hay temas por resolver. Obviamente lo primero es la libertad de los presos políticos, la entendemos como una urgencia en términos humanitarios, porque hablamos de la vida de personas; en términos jurídicos, porque retorcieron el código penal para poderlos condenar por sedición; y en términos políticos, porque si queremos que en la mesa de diálogo haya una negociación sincera, necesitamos la libertad de los dirigentes independentistas.
Hasta que consigamos el referéndum no podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso necesitamos un calendario de reuniones, un plan de trabajo y una propuesta, que debe ser acordada por los dos gobiernos y votada por los catalanes. Necesitamos poder avanzar en el autogobierno, el blindaje del catalán y en la reforma del sistema de financiación para poder mantener adecuadamente los servicios públicos, porque es un sistema que es injusto con Catalunya y vemos como hay otros territorios que se están aprovechando de este sistema, mientras en paralelo están haciendo dumping fiscal.
Aquí la alternativa es quedarnos de brazos cruzados hasta que alcancemos el referéndum o batallar por ello y mientras tanto ir dando pasos. Y consideramos que esta es una propuesta que puede llegar a más acuerdos.
Hemos visto como el PSOE en otros momentos de su historia ha defendido el referéndum. Y nosotros insistimos en que si queremos llegar a cumplir nuestro programa, donde aparece el referéndum pactado, necesitamos tener más fuerza. En el Gobierno español tenemos cinco ministros por diecisiete del PSOE.
Es que considero que es la única alternativa al Govern de JxCat y ERC que tenemos ahora. Las relaciones entre ellos dos están rotas. Hace un año el propio presidente Torra dijo que la legislatura no tenía más recorrido, porque no había confianza ni lealtad entre los socios. Y lejos de revertirse, la situación se ha ido agravando. Teniendo claro que tenemos programas bastante diferentes, no entenderíamos la incapacidad de acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para poder sacar adelante al país. Sería una noticia muy mala repetir esta fórmula que vemos que ha fracasado, y que no ha servido para avanzar nacionalmente ni social.
Lo que tenemos claro es que los diputados y diputadas de En Comú Podem estamos trabajando a favor del cambio, en ningún caso servirían para investir a nadie para que las cosas sigan igual y para hacer un Govern que no transforme la realidad.
La renta Covid es una ayuda específica en forma de complemento para las personas que trabajan o están en paro pero no llegan al salario mínimo. Es un complemento para todas las trabajadoras pobres, para que puedan tener unas condiciones dignas de vida. Para financiarla, por un lado, tenemos una reforma fiscal, que no ha terminado de ponerse en marcha. Y esta debe ser la legislatura de la fiscalidad verde, es importante que haya un Govern que se la crea. El impuesto sobre vehículos contaminantes ha quedado parado con la pandemia, pero hay dos más, los de los barcos y grandes empresas contaminantes, que no se han desarrollado.
La parte que tiene más impacto presupuestario es Sucesiones, que JxCat quiere derogar. Por otro lado, tenemos los fondos europeos, también la posibilidad de alcanzar el 2,2% del déficit [autonómico], que son unos 5.000 millones más, y luego estamos trabajando en una reforma del sistema de financiación.
Yo no he dejado de insistirle al vicepresident Aragonès que no es el momento de parar el grifo, sino de hacer políticas expansivas. Hemos visto cómo ha costado mucho que se empezaran a dar las ayudas, como no se ha llegado a acuerdos con los principales sectores afectados … Estos días se están poniendo en marcha nuevas ayudas, independientemente de que estemos en campaña es una buena noticia que se abra el grifo, porque hasta ahora se ha ido mucho con el freno puesto.
Consideramos que el Gobierno siempre tiene que ir a más. Pero cuando se hizo este cómputo no se incluyó la política de los ERTE, que para nosotros fue la gran apuesta. Intermón Oxfam decía que 700.000 personas no han caído en la pobreza gracias a los ERTE. Han permitido que mientras el PIB ha caído tres veces más que en la crisis de 2008, el paro ha caído la mitad [que entonces]. Si se incluyen los ERTE las ayudas se sitúan en poco más del 5%, por encima de lo que han puesto en marcha otros países europeos.
Pero no tenemos que hacer una política triunfalista y ahora mismo estamos trabajando en dos medidas que consideramos prioritarias. La primera es que también se den ayudas directas a los sectores más impactados por la crisis y hay reticencias dentro del Gobierno. Pedro Sánchez debería entender que son necesarias, estaríamos hablando de unos 10.000 millones. Y, por otro lado, está la ley de regulación del precio de los alquileres. Fue aprobada en Catalunya y vimos que el PSC votó en contra, porque decía que por tema de competencias no nos correspondía a nosotros regularlo, y ahora a nivel del Gobierno central nos encontramos como el PSOE tiene congelada la ley hasta que pase la campaña electoral. Es injusto e irresponsable que esté jugando electoralmente con la regulación del precio del alquiler, cuando es una necesidad urgente.
Sí, absolutamente. Hace meses que Jaume Asens está hablando con Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, la vicepresidenta Calvo y cuando lo empezaban a ver claro llega una convocatoria electoral y eso se está retrasando. Asens y otros expertos prepararon el borrador de la reforma y el ministro Campo [Justicia] lo tiene sobre la mesa, o en un cajón. Lo que está claro es que lo están deteniendo. Y lo mismo ocurre con los indultos. Son temas con los que los partidos no deberían estar jugando.
Con las compañeras de CUP coincidimos en el Parlament en muchas votaciones en temas sociales, económicos, de defensa del territorio o en medidas feministas. Pero vemos que cuando llegan determinadas votaciones decisivas, como por ejemplo investir a Torra o a Puigdemont, terminan facilitando la investidura, pero cuando llega el momento de votar para que Pablo Iglesias pueda ser vicepresidente del Estado nos encontramos con una negativa. Y ahora nos volvemos a encontrar con que la CUP no cierra la puerta a investir a Laura Borràs, que habla de derogar el impuesto de Sucesiones.
Fue paradójico, porque nos encontramos que Junts, ERC y la CUP votaron en contra del decreto estatal sobre los fondos europeos con el argumento de que en buena parte iban a grandes empresas, y luego cuando hemos visto el listado de empresas de los proyectos a través de los cuáles la Generalitat quiere invertir nos encontramos a Naturgy o a Suez. Es importante que durante la tramitación del decreto nos pongamos a trabajar para que los fondos deben ir a parar también a las pymes. Debemos pensar también que con las energías renovables no se puede dar un pelotazo y nos preocupa que acaben siendo grandes empresas las que vayan al territorio y elijan directamente. Hay un liderazgo público, que vaya de la mano de los municipios y que de manera democrática y participada podamos escoger para que estas energías renovables no se conviertan en una burbuja.
En la gestión de los fondos también deben participar los ayuntamientos. Hasta ahora creo que la Generalitat no lo ha hecho bien, porque ha funcionado más como una ventanilla única que marcando cuáles debían ser las líneas de los proyectos. Haría falta una mesa con las entidades, los agentes sociales y los agentes económicos para ver cuáles son las necesidades del país, no son las empresas que nos las tienen que decir, sino que es lo público quien ha decir cuál es el país que queremos.
Yo estaba convencida de que dentro de la desgracia de la pandemia se había abierto una ventana para blindar lo público porque se había creado un consenso a nivel social, pero este consenso no llega a trasladarse al ámbito político. Hace unos días en un debate electoral sólo la CUP y nosotros hablábamos de desprivatizar y de deshacer este entramado sociovergente en el que al final no sabes lo que es público, lo que privado, lo que es concierto, lo que está externalizado y donde hay afán de lucro. El resto en ningún caso cerraban el paso al afán de lucro y que haya gente que estuviese haciendo negocio con nuestra vida y nuestra salud. Hay consenso social, pero desgraciadamente veo como algunos partidos quieren continuar con esta colaboración público-privada, que es muy perversa.
Pues mira, sólo este año el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo 2.000 viviendas públicas, mientras el Govern de la Generalitat está haciendo 30. No necesariamente se deben construir más pisos, sino que debemos incorporar pisos de grandes propietarios y de fondos buitres en el parque de vivienda pública, deben tener la obligación de poner parte de los pisos vacíos en alquiler social.
También está el proyecto de hacer una nueva Ley de barrios, que implicaría rehabilitar los barrios que están más degradados y esto genera también empleo, determinar en ellos zonas verdes, fomentar en ellos los huertos urbanos, también incorpora la parte de la Catalunya vaciada, fomentando puntos de venta directo de los productos agrícolas y ganaderos o mejorando el transporte público y la accesibilidad. A diferencia de la ley de barrios del Maragall la financiación sería una parte de la Generalitat, una parte del Estado y una parte de fondos europeos, serían 5.000 millones en cinco años.
¿Recordáis las mentiras que se inventaron sobre las «irregularidades» en las obras de la sede de PODEMOS para que pareciésemos el PP?
HA QUEDADO ARCHIVADA como todas las demás mentiras.
Soy hijo y nieto de represaliados por la dictadura y conozco bien el sufrimiento de las víctimas. El compromiso de Unidas Podemos con la memoria democrática es indudable. Ni media lección de memoria republicana de los aliados de VOX ni de quienes protegen la corrupción de la monarquía.
MADRID
El retiro no está siendo dorado para el coronel Nicolás Murga Mendoza (Badajoz, 1959), tras cuarenta años en el Ejército y diez de ellos al servicio de la Casa Real, como edecán o ayudante de campo del rey Juan Carlos I. Un «honor» al que pueden aspirar los militares llegados al rango de coronel y que en la práctica consiste en ser la sombra del monarca, servirle a todas horas, acompañarle en todo momento… Pero parece que Nicolás Murga, hijo y nieto de militares, se convirtió además en la mano derecha y confidente de Juan Carlos de Borbón, hasta el punto de compartir con él una investigación judicial.
Aunque todavía no pesa sobre ellos cargos de imputación concretos, la Fiscalía del Tribunal Supremo inició a finales de 2019 una investigación sobre los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron el rey emérito y algunos miembros de la familia real con tarjetas black nutridas con dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Los gastos salieron de una cuenta en Ibercaja a nombre de Nicolás Murga Mendoza, que dejó de ser edecán cuando se retiró de la vida castrense, al parecer, a finales de 2017; una fecha sin confirmar por parte del Ministerio de Defensa.
El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) comprobó que se habían realizado pagos desde esa cuenta, entre 2016 y 2018, que superan los 120.000 euros, algo que no cuadraba con la nómina de Murga. Con tarjetas asociadas a la cuenta se sufragaron gastos realizados por el rey emérito y los hijos de la infanta Elena, como compras en grandes almacenes, servicios de Uber y hasta la compra de una yegüa para la nieta del emérito Victoria Federica, por valor de 10.000 euros. Todo ello, empleando un dinero desconocido para Hacienda, un dinero no declarado por ningún concepto.
El coronel Murga declaró ante la Fiscalía que no actuaba como testaferro, sino que esos fondos eran para financiar «atenciones y detalles» que tuvo con Juan Carlos de Borbón. De momento, no ha trascendido su explicación sobre el origen de ese dinero, pero la investigación ha detectado que, al menos, en torno a 100.000 euros no los sufragó Murga con sus ahorros sino que emitió una factura por «servicios de asesoramiento» a una empresa mexicana, presumiblemente vinculada al millonario Sanginés-Krause.
Se da la casualidad de que poco después de que la Fiscalía iniciara esta investigación, Nicolás Murga fue notificado oficialmente como destinatario de una subvención de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, dentro del programa 241M para el fomento del empleo, como incentivo para la contratación indefinida. Según ha podido comprobar Público, la subvención le fue concedida el 12 de diciembre de 2019 y el importe concedido es de 6.000 euros cada tres meses, según anunció el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en junio del año pasado.
Se trata de unas subvenciones directas de la Comunidad de Madrid destinadas a personas residentes en la región y dadas de alta como autónomas, a pymes y a entidades sin ánimo de lucro, y la finalidad de la ayuda es convertir la contratación temporal en contratación indefinida. El coronel Murga se dio de alta como autónomo el 1 de enero de 2018, es decir, muy poco tiempo después de pasar al retiro como militar. El epígrafe elegido para su nueva actividad como trabajador autónomo es Actividades de Apoyo a las Empresas. Su sede laboral es su propia vivienda, en la localidad de Majadahonda: un chalet construido en una parcela de 1.170 metros cuadrados, que figura a su nombre y sobre el que no pesa ninguna carga, al haberse satisfecho una hipoteca de 699.118 euros, constituida en 2012, según consta en el Registro de la Propiedad.
Como destinatario de esa subvención, Murga habrá tenido que convertir en trabajador fijo a un empleado que antes estuviese como temporal, aunque en la información recabada del Registro Mercantil no consta ningún empleado a su cargo, pero puede deberse a falta de actualización.
Poco después de convertirse en autónomo, Nicolás Murga, según la Fiscalía, emitió la factura antes mencionada, por valor de unos 100.000 euros, por unos trabajos de asesoría a una sociedad mexicana. El dinero le fue ingresado en su cuenta de Ibercaja, sumándose así a los fondos que previamente existían presuntamente donados por el empresario mexicano Sanginés-Krause.
El coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza perteneció durante cuarenta años al Ejército del Aire; fue paracaidista, representante español en las Fuerzas de Reserva de la OTAN, jefe de la Oficina de Relaciones Sociales del Ejército de Aire y en 2007 fue nombrado ayudante del campo del rey Juan Carlos, uno de los nueve que tenía como jefe de Estado. Pero tras su abdicación, en 2014, la cifra se redujo a tres: el coronel Ignacio Inza, que había servido también al príncipe de Asturias; el coronel Ángel Ribado y su favorito: el coronel Nicolás Murga. El Ministerio de Defensa no ha hecho pública la fecha en la que pasó a situación de reserva el coronel Murga, si bien su compañero Ribado lo hizo en octubre de 2017. En esa fecha, Murga estaba a punto de cumplir los 58 años. Según la legislación vigente, los oficiales del Ejército pasan al retiro al cumplir los 61 años. En este caso las fechas importan, porque independientemente de los hechos presuntamente delictivos que se le pudieran imputar al coronel Murga, no es lo mismo si los perpetró siendo militar en activo que siendo un ciudadano civil.
Tras la declaración de Nicolás Murga en la Fiscalía se produjo un extraño movimiento en su cuenta de Ibercaja. Semanas después de su interrogatorio, el rey emérito empezó a transferir dinero a esa cuenta, lo que reforzó la teoría del origen irregular de ese dinero. Según fuentes de la investigación del caso, el emérito quería simular que estaba devolviendo el dinero que previamente había adelantado el coronel Murga.
La lealtad parece haber sido una seña de identidad de la saga familiar de Nicolás Murga. Su abuelo paterno, Nicolás Murga Santos fue un destacado falangista y ejerció durante buena parte de su vida de lugarteniente general de la Guardia de Franco, un importante puesto dentro del Movimiento Nacional franquista. Su padre, Armando Murga, fue coronel del Ejército del Aire, muy bien posicionado en la órbita del dictador, hasta el punto de que en 1976 fue nombrado gobernador civil de Girona y jefe provincial del Movimiento, hasta que un año después fue destituido, pasando entonces al Alto Estado de la Defensa.
Por parte materna, Nicolás Murga tiene vínculos con la aristocracia. Su abuelo fue el marqués de la Alameda de Mendoza, título que ahora ostenta una tía suya. De esta rama familiar le viene su origen extremeño. Su familia posee una finca en Olivenza (Badajoz) que explota el propio Murga, en forma de sociedad civil, sin obligación de presentar cuentas, y que recibe subvenciones de la Junta de Extremadura por la producción agrícola y explotación ganadera autóctona.
Es posible que éste sea el primer spot de campaña con políticos rapeando que no da vergüenza ajena.
Varios usuarios han recurrido a Twitter este sábado para compartir imágenes sobre cómo se sintió el sismo de magnitud 7,1 que poco antes sacudió la prefectura de Fukushima y Tokio.
Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), el temblor se localizó a unos 70 kilómetros al noreste de la localidad de Namie, en la prefectura de Fukushima, mientras que su foco se ha ubicado a una profundidad de 50,6 kilómetros.
Las autoridades no han emitido alerta de tsunami. Tampoco se ha informado de víctimas.
Japón se encuentra en el llamado ‘Cinturón’ o ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, que concentra zonas de intensa actividad sísmica y volcánica. En ese territorio, de unos 40.000 kilómetros de longitud, se concentra más del 75 % de los volcanes activos e inactivos del mundo y se registra hasta el 90 % de los grandes terremotos del planeta.
