El Ministerio Público estudia remitir al Supremo las diligencias, abiertas tras recibir una denuncia, para esclarecer si la intervención de un abogado como defensor del consistorio en varios pleitos supone un episodio de enchufismo por parte del edil José Manuel Aranda, hermano de su esposa, o responde a una contratación municipal en regla.
Sería, de confirmarse los hechos que plantea la denuncia, un caso de lo que el diccionario define coloquialmente como «enchufar»: «colocar a alguien en un cargo o destino u otorgarle un beneficio o prebenda arbitrariamente, por amistad o por influencias».
El Ministerio Público ha abierto las diligencias tras recibir una denuncia que señala a Aranda como eventual responsable de un delito de prevaricación, por haber presuntamente dictado «una resolución arbitraria» que derivaría en la intervención de su cuñado como letrado del Ayuntamiento, y a R. G. M. como posible autor de otro de tráfico de influencias por, supuestamente, influir en el político «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico».
La primera de esas infracciones está castigada, según establece el artículo 404 del Código Penal, con entre nueve y quince años de inhabilitación y la segunda, según marca el 429, con hasta dos años de prisión y diez de veto para contratar con las administraciones en caso de que la culpabilidad de los encausados resulte probada en un juicio.
La investigación para esclarecer lo sucedido ya está abierta en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza, según ha podido confirmar Público, aunque las diligencias serán remitidas en fechas próximas al Tribunal Supremo dada la condición de aforado estatal de Aranda como senador electo del PP por la provincia de Zaragoza.
Más de 16.000 euros en pleitos por la Relación de Puestos de Trabajo
El Ministerio Público deberá decidir antes si las remite con valor de denuncia, con lo que irían directamente a la mesa de uno de los magistrados de la Sala Segunda, que se encargaría de la instrucción, o si las traspasa a la Fiscalía del Supremo, uno de cuyos integrantes se haría cargo de la investigación.
La denuncia indica que Aranda efectuó a «su cuñado» una «encomienda personal y directa» de «distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Calatayud, sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022″, extremos que, en todo caso, deberá acreditar o descartar la investigación.
También sostiene que la encomienda de esos trabajos a R.G.M. se produjo «amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno». Las diligencias incluyen algunas resoluciones judiciales en las que se constata la intervención del abogado como defensor del consistorio, así como un informe de los Servicios Técnicos municipales que cifra en 16.552,80 euros la cantidad pagada por el ayuntamiento en concepto de honorarios de abogado por los pleitos suscitados a raíz de la reciente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la corporación.
El Ayuntamiento pagó unos 16.552,80 euros en abogados
«El denunciante está en condiciones de afirmar que la precitada cantidad ha sido percibida por un único letrado, que no es otro que el reiterado cuñado del señor alcalde«, señala la denuncia, que añade que «aun siendo importante la cantidad enunciada, se refiere únicamente a la intervención en procedimientos judiciales relativos a la Relación de Puestos de Trabajo; por lo que las cantidades percibidas finalmente por el letrado habrán sido superiores».
El equipo de gobierno bilbilitano rehúsa dar explicaciones
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, una coalición PP-Cs, ha optado por guardar silencio sobre las circunstancias en las que se produjo la intervención del cuñado del alcalde como abogado en defensa de sus intereses.
La respuesta de su Gabinete de Prensa a las siguientes cuestiones planteadas por Público consistió en remitir al Registro municipal o a su sede electrónica, un silencio que resulta, cuando menos, llamativo al no cuestionar que los trabajos del letrado existieron.
Las cuestiones que el consistorio declinó aclarar son las siguientes: ¿A qué responde la elección de R. G. M. como abogado para representar al Ayuntamiento de Calatayud en varios pleitos? ¿Cuál fue el criterio para elegirlo? ¿Cuál fue el procedimiento de contratación: contrata temporal o de tarea, decreto de alcaldía para cada asunto, acuerdos orales, otros? ¿Qué cargo municipal es el responsable de su contratación? ¿Durante qué periodo se ha encargado de la defensa del Ayuntamiento de Calatayud en pleitos?
La respuesta a esas preguntas, formuladas por escrito para evitar malentendidos, resolvería el núcleo de las dudas que pretende aclarar la investigación abierta por Fiscalía: ¿En qué condiciones y por qué motivo se produjo esa encomienda?
El abogado del nieto del dictador Franco
La intervención como defensor del Ayuntamiento bilbilitano de R. G. M., que gestiona un despacho local de cierta relevancia a nivel provincial y en el que ha tenido como cliente a Francis Franco, nieto del dictador, y a las empresas que posee en la zona, lleva tiempo llamando la atención en medios jurídicos aragoneses por su vínculo familiar con el alcalde de Calatayud.
La denuncia que investiga la Fiscalía incluye un segundo asunto referente a A. M. M., el abogado que desde finales de octubre del año pasado ocupa como interino el puesto de letrado municipal en Calatayud y que, presuntamente sin disponer de una autorización de compatibilidad para ejercer su profesión de manera privada, habría defendido a Aranda en un demanda dirigida contra él como particular y no como alcalde.
«Una vez tomada posesión de la plaza, el letrado asesor interino ha venido ejerciendo la profesión privada de abogado sin solicitar la oportuna compatibilidad, con pleno conocimiento y consentimiento del máximo responsable municipal, el señor alcalde», señala la denuncia, que recuerda cómo poco después de su incorporación el Ayuntamiento convocó la cobertura de la plaza. A. M. M. es uno de los nueve aspirantes que han pasado a la segunda fase.
El Ayuntamiento de Calatayud ha sido noticia en esta legislatura por la resistencia de Aranda y sus concejales a retirar la medalla de oro de la ciudad concedida a Franco en la posguerra, y por la contratación de la empresa en la que trabaja el concejal de Movilidad, Héctor Sarría, en ese mismo departamento, en al menos una ocasión tras recibir una invitación para participar en una licitación que acabó llevándose al presentar la mejor oferta económica.
