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Día: 10 de enero de 2023
Un afectado por las obras de Metro Madrid en San Fernando saca los colores al secretario general del PP de Ayuso: «Solo saben mentir, no les hagan caso»
Imagen de un tuit de Eduardo Rubiño. — Twitter
Un joven afectado por las obras de la línea 7B de Metro Madrid ha sacado los colores al secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. Lo ha hecho en medio de una emisión de Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide.
El nombre del afectado es Víctor Yangüez y ha reconocido que los que están por debajo de Isabel Díaz Ayuso sí han hablado con los afectados, pero «solo saben mentir». Ha señalado al PP de San Fernando de Henares, la localidad madrileña en la que se encuentran las viviendas, y al PP de Coslada. «A esta gente que va a salir en la televisión no les hagan caso», ha clamado en directo.
El joven también ha manifestado con rotundidad: «No somos rojos, no somos comunistas, no estamos afiliados, somos afectados de Metro y queremos una solución porque no tenemos casa y nos vamos a tener que ir a vivir debajo de un puente por culpa de este señor que vais a ver en la televisión».
Serrano ha tratado de responder a las protestas de los vecinos y se ha limitado, como no es de extrañar, a pasear el fantasma de la politización y de que hay partidos tras las demandas. También ha dicho que hay un plan integral para acometer el problema de la línea 7B. Bien, Yangüez ha respondido: «No dice la verdad».
Las reivindicaciones de los vecinos de las casas dañadas llevan desde 2008 sufriendo los daños estructurales por este antojo electoral del Gobierno de Esperanza Aguirre. Y el Ejecutivo de Ayuso aún no ha propuesto una solución tangible para estos ciudadanos. Algo que ha llevado a muchos a concentrarse para parar las obras. Temen que haya riesgo de derrumbe y que tengan que abandonar sus hogares de un día para otro.
Las Urgencias de La Paz siguen desbordadas con casi un centenar de pacientes a la espera de una cama
Este martes había 168 enfermos, muchos de ellos hacinados en los pasillos, de los cuales 89 esperaban para pasar a planta. Algunos llevan más de 36 horas. Los trabajadores denuncian que la dirección del hospital no hace nada.
Pacientes hacinados en los pasillos del hospital de La Paz de Madrid. — TRABAJADORES DE LA URGENCIA DE LA PAZ
El colapso del servicio de Urgencias del Hospital de La Paz de Madrid parece no tener fin: hacinados en los pasillos, cerca de un centenar de pacientes esperan una cama. En una escena que se repite de forma recurrente desde principios del pasado mes de diciembre, este martes las Urgencias de uno de los principales centros sanitarios de la ciudad de Madrid amanecieron de nuevo desbordadas: 168 pacientes, de los cuales 89 estaban pendientes de ingreso. Sin embargo, hay otro dato aún más descorazonador: 39 enfermos llevan más de 36 horas esperando una cama y pasar a planta. La saturación es de tal calibre, que La Paz ha empezado a derivar pacientes a otros centros.
La situación es tan grave que este pasado lunes el Sindicato social de la sanidad de Madrid (MATS) presentó una denuncia en los juzgados. De acuerdo con esta denuncia, adelantada por El Salto, este pasado lunes había 28 pacientes atendidos por dos enfermeras y dos auxiliares para 12 camas en la sala 1. En la sala 2 la situación no era mejor: 15 pacientes atendidos por tres enfermeras y en la sala 3, la más concurrida, había 58 enfermos para 31 camas atendidos por cinco enfermeras y cinco auxiliares.
Las cifras son elocuentes, pero lo son aún más los testimonios del personal que trabaja en este servicio. Guillén del Barrio, enfermero de urgencias del Hospital La Paz y delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad, no se cansa de denunciar la caótica situación que se repite un día tras otro: «Es muy grave. Seguimos teniendo pacientes en los pasillos. Casi 50 de ellos llevan aquí más de un día y medio, cuando la propia Comunidad de Madrid establece que no puedes estar más de 24 horas en Urgencias».
El personal ha pedido en reiteradas ocasiones medidas concretas para aliviar algo el colapso, pero los gestores del hospital de La Paz miran para otro lado, explica Del Barrio. «Aquí tenemos un problema muy concreto: aquí no se toma ninguna medida y necesitamos más personal, más ambulancias y más camas», sostiene el representante sindical.
Sin embargo, la dirección del hospital de La Paz señaló el lunes por la tarde a Europa Press que este colapso de las Urgencias es puntual. Los gestores del centro señalan que el 70% de las urgencias de estos días están relacionadas con infecciones respiratorias en pacientes de avanzada edad, algo habitual en esta época del año, matizan. Pese a ese mensaje de tranquilidad, la dirección del hospital de La Paz reconoce que el pasado domingo hubo 520 pacientes en Urgencias, una cifra nunca vista.
Sin embargo, los sindicatos ven otras causas en el profundo deterioro del servicio. Del Barrio lo resume así: «La razón es clarísima: el deterioro de la Atención Primaria, que sirve entre otras cosas para que la gente no enferme y las enfermedades crónicas no vayan a más, y el destrozo que ha provocado el Gobierno de Madrid en las Urgencias de Atención Primaria».
Una solución que podría aliviar de manera inmediata la situación en La Paz sería maximizar el uso del hospital Zendal, afirma Del Barrio. «Tenemos un hospital que se supone maravilloso en el que iban a caber 1.000 pacientes, según la Comunidad de Madrid, y ahora tiene 50. Este problema tiene solución, pero por alguna razón no se quiere arreglar. Parece que interesa que las Urgencias sean un sitio insufrible», enfatiza el enfermero.
Todo esto lleva a Guillén del Barrio a sospechar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene una estrategia deliberada para destruir la sanidad pública y que «la gente se haga una póliza privada».
Así funcionó en Galicia el modelo laboral de Feijóo: menos empleo, más precariedad y más desigualdad
Desde 2009 se han destruido más de 65.000 empleos y la población activa ha caído en más de 80.000 personas.
Feijóo en una imagen de archivo en una visita a una fábrica en Santiago. — Xunta de Galicia.
Cuando fue elegido presidente del Partido Popular en mayo pasado, Alberto Núñez Feijóo dijo que su proyecto político estaba dirigido a construir una España «líder en crecimiento, creación de empleo y competitiva, con menos deuda y déficit y más trabajo y bienestar«. Un ambicioso decálogo que, sin embargo, no sólo no cumplió durante el tiempo en el que él gobernó en Galicia -por poner un ejemplo, triplicó la deuda pública de la comunidad, que supera hoy los 11.700 millones de euros-. En el caso del mercado laboral, su gestión incluso derivó en todo lo contrario al ideario que ahora plantea
Las políticas de empleo aplicadas por el PP en Galicia durante los 13 años de mandato de Feijóo y los ocho meses de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, han conducido a un mercado laboral más frágil, precario y desigual. Así se desprende de las estadísticas de empleo en la comunidad desde abril de 2009, cuando el hoy líder del PP tomó posesión como presidente del Ejecutivo autonómico tras ganar su primera mayoría absoluta en la comunidad.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde entonces se han destruido 66.500 empleos. Es decir que hay 66.500 personas menos cotizando a la Seguridad Social, cuando en todo el Estado el número de afiliados se incrementó en el mismo período en más de 1,26 millones de trabajadores y trabajadoras.
La población activa cayó un 6,2% en Galicia durante los gobiernos de Feijóo
Es cierto que con los gobiernos del PP la tasa de paro se redujo en Galicia en 1,3 puntos en los últimos 13 años -en el total estatal fueron 4,6 puntos en el mismo período-. Pero ese descenso se debe en buena medida a que el número de personas en edad de trabajar y que tienen un empleo o lo buscan activamente también se contrajo un 6,2%. Cuando Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta había en Galicia 1,33 millones de personas con trabajo o buscando trabajo. Hoy son 82.700 menos. En el total español, por el contrario, la población activa creció desde 2009 en más de 223.000 personas.
Precariedad
En cuanto a las condiciones laborales, las estadísticas también registran un empeoramiento. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), por cada trabajador gallego con un contrato indefinido en 2009 había 16,7 con contrato temporal. 13 años después, son 18,7 contrataciones temporales por cada una indefinida. Y eso que la reforma laboral aprobada hace un año en el Congreso con los votos en contra –salvo uno, por error– del PP acabó con buena parte de las modalidades de contratación temporal.
Además, en los últimos 13 años ha aumentado el número de personas con un empleo a tiempo parcial y disminuido el de quienes trabajan a jornada completa. Según el IGE, los primeros representaban menos del 12% de las personas ocupadas en Galicia en 2010. En 2021 ya eran casi el 15%.
El sueldo medio en Galicia está 1.166 euros por debajo de la media estatal
Los salarios de la comunidad siguen entre los más bajos del Estado. El sueldo medio bruto es de 22.834,66 euros al año, es decir unos 1.300 euros netos mensuales en catorce pagas. Lo que significa que un trabajador gallego medio cobra al año casi una paga menos que un trabajador en España, cuyo sueldo bruto anual supera por poco los 24.000 euros.
La tasa de paro entre los menores de 25 años ha aumentado desde el 28,6% que registró la EPA del primer trimestre de 2009 hasta el 32,4% de la del tercer trimestre de este año. Y la tasa de empleo en ese grupo de edad, es decir el cociente entre jóvenes con trabajo sobre el total de población menor de 25, ha caído casi 12 puntos: desde el 32,2% de 2009 al 20,8% actual. Y eso que la emigración -entre 2009 y 2021 42.300 jóvenes de entre 16 y 25 años dejaron Galicia- y la crisis demográfica han provocado que Galicia cuente hoy con 38.000 personas de esas edades menos de las que había en 2009, y de que la tasa de actividad entre las 223.000 que quedan, es decir el cociente entre ese número y el de los que trabajan o quieren hacerlo, se ha desplomado casi 15 puntos: era del 45,1% en el 2009 y es del 30,7% en 2022.
Desigualdad
El mercado laboral gallego que deja Feijóo también se caracteriza por la desigualdad de género, que en algunos conceptos incluso ha empeorado. En 2009, la diferencia entre la tasa de paro de los hombres y las mujeres era de 1,8 puntos. Hoy es de 2 puntos. Hay 22.000 mujeres más que hombres con contrato temporal; y 85.000 mujeres con empleos a tiempo parcial más que hombres en la misma circunstancia.
En los puestos de gerencia y alta dirección del sector público y privado de Galicia hay el doble hombres que de mujeres. En las profesiones y oficios mejor pagados, ellas sólo son mayoría entre los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, en relación de 1,6 a 1. Una proporción que se dispara en los puestos de trabajo con menor retribución: empleos de oficina (2,3 a 1), restauración, comercio y cuidados (2,5 a 1) y lo que el IGE denomina «ocupaciones elementales» (1,7 mujeres por cada varón).
La pensión contributiva media de una pensionista gallega son 280 euros menos que la de un trabajador varón
La desigualdad también afecta a quienes no trabajan. Más del 80% de quienes declaran que no lo hacen por tener responsabilidades familiares o estar al cuidado de hijos, discapacitados o parientes mayores, son mujeres. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en Galicia había a 1 de noviembre de este año 681.097 personas cobrando una pensión contributiva. Más de la mitad, el 50,5%, son mujeres, que cobran una media de 911,39 euros. Es decir un 25% menos que los 1.201,72 euros de pensión media de un pensionista gallego varón.
La destrucción de empleo durante los mandatos de Feijóo y Rueda afecta a la Seguridad Social porque hay menos trabajadores cotizando y el número de pensionistas no deja de crecer. Cuando Feijóo llegó al poder había 468.000 jubilados y 99.700 personas inactivas recibiendo una pensión distinta a la de jubilación. Hoy son 527.200 y 134.800, respectivamente, es decir un 12,6% y un 26% más.
En 2009, por cada 100 trabajadores cotizando había en Galicia 102 pensionistas. Hoy en día, por cada 100 personas ocupadas son 110 las inactivas que cobran una prestación de jubilación. El déficit de la Seguridad Social en Galicia, es decir la diferencia entre lo que recauda en cotizaciones sociales y lo que paga en pensiones ascendió a 3.965 millones el año pasado. En octubre de este ejercicio, el déficit desde enero superaba ya los 3.239 millones.
Identifican a militares retirados entre los asaltantes a las instituciones de Brasil
Flávio Dino, el ministro de Justicia de Brasil, ha anunciado que los atacantes a las sedes de los tres poderes del Estado se exponen a sanciones penales y también civiles. Actualmente hay tres líneas de investigación.
Policías enfrentan a seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que invaden el Palacio de Planalto en Brasilia (Brasil). — ANDRE BORGES / EFE
La investigación sobre los ataques del neofascismo en Brasilia empieza a arrojar luz sobre lo que les ha llevado a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a asaltar los tres poderes del Estado de Brasil y las consecuencias judiciales que alcanzarán a sus ejecutores y ciertos cómplices de uniforme. Unos 1.500 golpistas han sido detenidos, sus campamentos cuarteleros desmontados y las pesquisas se extienden ahora a sus financieros y sostenes políticos.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha anunciado que los bolsonaristas arrestados se exponen a sanciones penales y también civiles por los delitos que cometieron en las sedes de los tres poderes del Estado. Entre quienes invadieron o acompañaron el ingreso violento al Congreso, el Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF) había militares retirados de alta jerarquía.
Uno de ellos es el exdirector de Logística del ministerio de Salud, general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes. Fue funcionario durante la gestión del negacionista Eduardo Pazuello entre julio de 2021 y el último día del gobierno del expresidente Bolsonaro. Otro es el coronel Adriano Camargo Testoni, quien según el diario O Globo «se graduó de la Academia Militar de Agulhas Negras, y actualmente trabaja en el Hospital de las Fuerzas Armadas como asesor de la División de Coordinación Administrativa y Financiera».
Los integrantes del Ejército no han sido los únicos que se han involucrado en los hechos. También un oficial de la marina de guerra, el capitán retirado, Vilmar José Fortuna, exasesor de la cartera de Defensa desde 2013 y en la que ya no trabajaba. Se fotografió el domingo en el lugar de los hechos con el desparpajo de un sedicioso que se siente impune. «Tenemos el delito de golpe de estado, así se denomina en el Código Penal; el intento de abolición violenta del estado democrático de derecho; el delito de daño calificado; la asociación delictiva; lesiones corporales, incluso en relación con los profesionales de la prensa» ha informado Dino en una conferencia en la que ultima varios detalles de la investigación.
Correo para enviar información
Su ministerio dio a conocer un correo (denuncia@mj.gov.br) para que la gente envíe informaciones sobre los hechos del 8 de enero. Hasta ahora se habían recibido unos 13.000 mensajes que están analizando empleados de la cartera de Justicia. Para Dino, exgobernador del estado de Maranhão y aliado del actual presidente de Brasil, Lula da Silva, desde que formaba parte del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), esos emails permitirán «que lleguemos a los financistas y organizadores».
El ministro ha expresado que, en uno de los vehículos utilizado por los golpistas, se ha encontrado un arma de fuego y eso «lamentablemente muestra una preparación para cometer actos de violencia«. Al menos cuarenta ómnibus fueron incautados por la Policía Federal de Carreteras, en varios de los cuales se movilizaron los bolsonaristas a Brasilia. El pasado sábado, 7 de enero, por la noche, un centenar de estos autobuses que llevaron a unos 4.000 ultraderechistas llegaron a la capital. Así pudieron sumarse al campamento frente al cuartel general del Ejército en el Distrito Federal.
Acompañando a la turba estaba Camargo Testoni, un irascible coronel que se dejó filmar gritando e insultando, totalmente fuera de sí, al generalato. «Manada de hijos de puta. Todos se van a cagar. Vanguardias de mierda. Cobardes. Mira lo que nos pasa. Nuestro ejército es una mierda», vociferaba contra la cúpula militar mientras se lo veía afectado por los gases lacrimógenos y acompañado por su esposa en el ataque al centro del poder político.
Dino ha adelantado que las pericias dimensionando los daños y perjuicios «serán enviadas al Ministerio Público para cubrir los indemnización de daños materiales perpetuos, algunos irreparables en relación con las edificaciones y el patrimonio histórico que allí se albergan». Un repaso a las imágenes que circularon en las redes sociales desde el pasado domingo, permitió comprobar escenas escatológicas.
Los asaltantes se han dedicado a destrozar algunos bienes de las instituciones
En un video se ve como un hombre usa como baño una sala del STJ para defecar y orinar en público. Otros neofascistas se dedican a destrozar cuadros de la pinacoteca del Planalto, el palacio presidencial o utilizaron la mesa de trabajo del expresidente Juscelino Kubitscheck como barricada. Los actos violentos dejaron un saldo cuantioso. Solo el cuadro vandalizado del célebre pintor Di Cavalcanti As Mulatas vale más de 1,4 millones de euros (1,5 millones de dólares).
El papel de las redes
La agencia de noticias Terra Brasil ha informado que se siguen tres caminos en la investigación sobre el intento de golpe en Brasilia: «La identificación masiva de invasores, el rastreo de la red de financiación de estos grupos y las posibles connivencias de agentes públicos». Las redes sociales bolsonaristas son la radiografía perfecta de cómo se preparó la convocatoria para converger sobre la capital y derrocar al gobierno de Lula con el esperado respaldo de las fuerzas armadas que no se produjo, al menos desde el plano institucional.
«Todos los gastos pagados. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Acamparán en el Planalto», prometía un mensaje en Telegram enviado por los golpistas nostálgicos del expresidente y de la extensa dictadura brasileña (1964-1985). Para terminar con ese tipo de convocatorias, la empresa Meta ha anunciado que bloqueará «contenido pro-invasión en Brasilia de las redes sociales».
Con la situación medianamente controlada, el ministro Dino ha lanzado un mensaje aleccionador 24 horas después de los ataques: «Cualquiera que financie el crimen es un delincuente. Ya hemos recogido todos los buses, de dónde vinieron, quién ha pagado. Tenemos la lista de pasajeros y vamos a pedir a la Policía Judicial, a la Federal y a la Civil que se tomen las medidas apropiadas».
Una caricatura de lo que en apariencia fue, desprestigiado y en franco declive, el exministro de Justicia de Bolsonaro, el senador y exjuez Sergio Moro, ha declarado algo que delata delata el sentimiento golpista. Ha criticado al presidente Lula, su condenado sin pruebas, por «reprimir» lo que llamó «protestas».
Maya Abbot
hace 1 hora