Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan la nueva Ley de Bienestar Animal que busca acabar con el abandono y el maltrato a los animales y que enfrenta a Podemos (partidario de incluir en la protección a los perros de caza, la mayoría de los que se abandonan en España), con el PSOE, PP y VOX (que maniobran conjuntamente para excluir de la Ley a esos animales, como pide el lobby de los cazadores). ¿Cuáles son las verdades y las mentiras sobre esta Ley? ¿Los animales pueden tener derechos, o solo las personas? ¿Cuál es la situación de maltrato y abandono de animales en España? ¿Qué piensa la población sobre esto, según las encuestas? ¿Hay leyes animalistas parecidas en otros países? Con la participación del Director General de Derechos de los Animales del Gobierno de España, Sergio García Torres.
Día: 6 de febrero de 2023
El correísmo se impone en las municipales de Ecuador
El movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa, ha recuperado municipios y prefecturas en los comicios del domingo en Ecuador.
La fuerza progresista ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas del país suramericano, así como las prefecturas de Pichincha y Guayas.
En un escrutinio al 97,88 %, el candidato correísta Pabel Muñoz es el virtual ganador, al imponerse ante los otros 11 aspirantes que buscaban liderar el municipio de Quito (la capital) .
Entretanto, en Guayaquil, el candidato del RC, Aquiles Álvarez, venció a otros 10 contendientes, logrando una victoria histórica, puesto que rompe con 30 años de gobierno del Partido Social Cristiano (PSC) en ese municipio.
Además de las alcaldías de Quito y Guayaquil, la RC ganó las prefecturas de las provincias de Pichincha y Guayas, que juntas concentran más de 40 % de la población nacional.
En los comicios seccionales de Ecuador se eligieron a los prefectos y viceprefectos de 23 de las 24 provincias del país, 221 alcaldes municipales, 1307 concejales urbanos y rurales, y 4109 vocales de juntas parroquiales.
En la jornada también se llevó a cabo un referéndum, impulsado por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, con el cual se busca realizar enmiendas a la Constitución en temas sobre extradición de ecuatorianos, autonomía de la Fiscalía General del Estado, reducción del número de asambleístas, entre otros.
Los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) arrojaban un triunfo del ‘no’ en las ocho preguntas que se plantearon; lo que significa un revés para el Ejecutivo de Guillermo Lasso.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que en este proceso electoral se registró una participación ciudadana del 80,74 %.
Estos comicios han pasado factura al devenido Gobierno de Lasso que no cuenta con apoyo popular y enfrenta cuestionamientos por el alto número de asesinatos, secuestros exprés, crisis carcelaria, el desempleo, crisis de inseguridad, etc.
Asesinan a un candidato a alcalde en Ecuador en vísperas de las elecciones locales. (El fascismo de EEUU)
El candidato afín a Revolución Ciudadana para la ciudad de Puerto López, Omar Menéndez, ha sido asesinado en un mitin electoral antes de las elecciones seccionales que se celebran este domingo.
Una mujer camina junto a carteles que piden el voto negativo en el referéndum. — Rodrigo Buendia / AFP
El candidato a alcalde por la ciudad de Puerto López, en la provincia costera de Manabí, fue asesinado este sábado en la víspera de un proceso electoral en Ecuador que incluye la designación de autoridades seccionales.
El movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, y al que pertenecía el candidato Omar Menéndez, informó en sus redes sociales del asesinato ocurrido la noche de este sábado. «Denunciamos el hecho y exigimos a las autoridades la respectiva investigación y sanción. Inaudito que el país siga desangrándose. ¡Basta!», escribió en su cuenta de Twitter sin más detalles.
De su lado, Rafael Correa escribió: «Acaban de asesinar a nuestro candidato ganador a la Alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez. La Patria se nos desgrana. Un abrazo a su familia y a todos los compañeros de Manabí».
El asesinato de Menéndez se suma al ocurrido el pasado 21 de enero, de Julio César Farachio, candidato a la alcaldía de la ciudad ecuatoriana de Salinas, fue asesinado mientras realizaba un mitin de su campaña electoral, con miras a los comicios del 5 de febrero.
El crimen ocurrió mientras desarrollaba actividades políticas en plena zona céntrica de la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón Salinas. Un día después, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó de la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Farachio.
Un total de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para participar en las elecciones seccionales, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referéndum, este último convocado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
En los comicios se designarán a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS. A la vez, se votará el referéndum que consta de ocho preguntas y que es impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia y medio ambiente.
La Audiencia libra a las grandes constructoras de la sanción que les impedía tener 30.000 millones en contratos públicos
El tribunal comienza, en plena tramitación de los fondos de recuperación de la UE (Next Generation), a levantar las prohibiciones de contratar con las administraciones a las principales empresas españolas del ladrillo, sancionadas por la CNMC hace unos meses por amañar licitaciones con la Administración durante años.
Las contratas de obras públicas de las administraciones superan los 30.000 millones de euros anuales en España. — PxHere (CCO)
La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
Eso abre la puerta a que puedan de nuevo presentar ofertas en las licitaciones de obra pública, cuyo volumen supera los 30.000 millones de euros al cabo del año, una tarta de la que precisamente las empresas sancionadas se llevan las principales tajadas, y optar a participar en los programas de los Fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la UE.
«Todas las grandes constructoras han estado implicadas en casos de corrupción en los últimos años», recuerda Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en temas de transparencia, que llama la atención sobre cómo «es evidente que hay una colusión» en el funcionamiento de los concursos públicos.
«Hay que investigar qué ocurre», señala Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional, en relación con el «llamativo» porcentaje de sanciones de la CNMC que quedan en el aire en los tribunales o que, al considerar que no se daban todos los requisitos o circunstancias para aplicarlas, son anuladas o reducidas por estos.
La CNMC impuso a principios de julio del año pasado multas por un importe total de 203,6 millones a seis de las principales constructoras españolas, además de la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Es decir, las seis principales del sector, del que controlan una cuota conjunta del 85%.
Esa misma situación se ha dado con las sanciones por valor de 61 millones de euros y el veto para contratar que la CNMC impuso a finales de agosto de 2021 a doce empresas que se habían llevado 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento en conservación de carreteras entre 2014 y 2018. Según su investigación, «participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado».
El procedimiento sancionador de la CNMC concluyó que algunas de esas firmas presentaban propuestas instrumentales a la baja cuya finalidad consistía en eliminar de las pujas económicas a otras ofertas más elevadas o ajustadas a los trabajos en concurso para aumentar así las posibilidades de que otras empresas del grupo supuestamente concertado pudiera hacerse con la contrata.
Las empresas eran matrices y/o filiales de los grandes grupos Acciona, ACS, Ohla, Ferrovial, FCC, Sacyr, Elecnor y Copcisa, es decir, las seis principales del sector, y otras dos, las últimas, de menor entidad.
También ha sucedido con algunas de las compañías a las que la Comisión impuso sanciones por valor de 118 millones de euros por actuar como cartel en concursos de infraestructuras del AVE por valor de 837 millones de euros.
Las sanciones económicas, millonarias aunque al mismo tiempo de impacto leve en las cuentas de empresas cuyo volumen de negocio global superó el año pasado los 200.000 millones de euros, el grueso de ellos en contratos públicos, iban acompañadas de la prohibición de contratar.
Las empresas sancionadas recurrieron las multas y los vetos para contratar ante la Audiencia Nacional, que en las últimas semanas ha ido suspendiendo el pago de las primeras y la aplicación de los segundos de manera cautelar.
Esa era la medida más dura de la sanción, ya que afectaba al núcleo del modelo de negocio de las empresas afectadas, aunque su duración y alcance debía determinarlo, a instancias de la CNMC, la Junta de Contratación del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
«La pena más grave que se puede aplicar en estos casos es la prohibición a las empresas de contratar con las administraciones», explica Bacigalupo, que llama la atención acerca de otro aspecto: «Prácticamente no hay casos de los que se dé traslado a la jurisdicción penal por su gravedad para que sean investigados como delitos contra el mercado y la competencia».
Por el contrario, al tratarse de procedimientos administrativos sobre derecho de competencia esas sanciones se aplican únicamente a las empresas, ya que no es posible exigir responsabilidades a sus responsables en la vía administrativa.
Esas decisiones judiciales, que en todos los casos tienen carácter cautelar a la espera de que esos mismos tribunales se pronuncien sobre el fondo de los asuntos, es decir, sobre si las empresas sancionadas actuaron o no como cárteles y se compincharon para repartirse adjudicaciones como concluyen las resoluciones de la CNMC, mantienen abiertas para esas compañías dos magras vías de negocio.
Una es la de los contratos de infraestructuras de las administraciones públicas, cuya valoración ya supera los 30.000 millones de euros anuales entre los tres escalones (estatal, autonómica y local), según las estimaciones de Seopan, y la otra la progresiva activación de los fondos Next Generation, en las que esas empresas optan a participar en programas inicialmente presupuestados en otros 33.000 millones.
Villoria muestra su preocupación por este segundo bloque de contratos financiados con los fondos comunitarios extraordinarios, para cuyo desarrollo «la ley obliga a establecer controles y sistemas de integridad, que es algo muy necesario».
Sin embargo, añade, empresas que optan a esa financiación «están presionando para no cumplir con los requisitos que está poniendo el Gobierno para cumplir con la UE en materia de transparencia», algo que sitúa al Estado español ante «el riesgo de que Europa nos llame la atención y de que por ese motivo se puedan perder o retirar fondos del programa Next Generation», un volumen de dinero «sustancial» con el que «han visto la luz» unos emporios de los que «está claro que tienen capacidad para presionar a las administraciones».
Hasta octubre, y según una investigación de Newtral, una treintena de empresas sancionadas por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia han accedido a más de 800 millones de euros de los Fondos Next Generation.
Varapalo judicial a la Fiscalía y a la Policía por espiar a dos periodistas para frenar la investigación del ‘caso Cursach’
La anulación como prueba de la información obtenida mediante el rastreo de llamadas y la incautación de los móviles a dos periodistas de Mallorca deja en evidencia las extralimitaciones que se cometieron para inculpar al juez Penalva y al fiscal Subirán.
El juez Manuel Penalva (con gafas de sol) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (con sombrero), a su llegada a la Audiencia de Palma de Mallorca para declarar como investigados por presuntas irregularidades en el ‘caso Cursach’, el 6 de febrero de 2020. — Isaac Buj / EUROPA PRESS
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) acaba de anular cuatro autos dictados por el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, entre septiembre y diciembre de 2018, por los que se interceptaron las conversaciones telefónicas de dos periodistas; y no sólo eso: se llegó a incautar los móviles y los ordenadores de ambos informadores. La resolución judicial es especialmente dura con Anticorrupción y con la Policía, que solicitaron la medida, calificada en la resolución como una «injerencia huérfana de motivos» que afectó a varios derechos fundamentales de los periodistas.
El objetivo de la medida judicial anulada fue localizar las fuentes de los periodistas e «identificar el origen de las filtraciones a la prensa» desde ese mismo juzgado, que había investigado hasta hacia unos meses el caso Cursach, sobre la trama policial vinculada a los negocios del magnate Bartolomé Cursach. Pero no se menciona ni una sola vez en los autos anulados el secreto profesional que ampara a los periodistas, como reprocha claramente el tribunal.
Es precisamente en el marco del rocambolesco caso Cursach [cuyo juicio acabó con la absolución de los policías implicados, el magnate de la noche y sus hombres], donde se ha producido semejante vulneración del Derecho a la Información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, sacrificando el secreto profesional de los periodistas en aras de una prospectiva investigación solicitada por la Policía y secundada por la Fiscalía Anticorrupción para hallar a los presuntos responsables de las filtraciones a la prensa y con ello desarmar la instrucción que del caso Cursach y sus derivadas habían efectuado el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, apoyados por varios inspectores de la Unidad de Blanqueo de la Policía.
El origen del espionaje a periodistas
Por auto del 13 de septiembre de 2018, el juez Miguel Florit (ya jubilado, que ocupó el Juzgado de Instrucción 12 de Palma cuando Penalva fue apartado) ordenó el rastreo de llamadas de los periodistas Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press Baleares, así como las recibidas y efectuadas por la propia agencia. Un mes después, el 17 de octubre, se volvió a dictar otro auto por el que se ampliaba el periodo de rastreo, desde octubre de 2017, y se pedía lo mismo para una periodista de la Agencia Efe en Mallorca y para la redacción de la agencia. Asimismo, se ordenaba la entrega por parte de Efe de un informe económico sobre los negocios del Grupo Cursach sobre el que había informado.
Todo ello, decía el juez Florit, se hacía necesario «en orden a identificar a los autores de las sucesivas filtraciones que posibilitaban la publicación en prensa de datos y actuaciones declaradas secretas». Admitía así la petición de la Policía, apoyada por el fiscal de Anticorrupción Juan Carrau.
En base seguramente a que los investigadores no encontraban nada de lo que buscaban, se emitió un tercer auto (28 de noviembre de 2018) ampliando el periodo de rastreo de las llamadas, desde enero de 2016. Y, por último, el auto judicial que levantó una auténtica polvareda en todo el país: el 11 de diciembre de 2018 el juez autorizó la entrada y el registro en Diario de Mallorca y Europa Press, en Palma, «a fin de requerir la entrega voluntaria, y en su defecto la intervención del ordenador y del móvil» de Mestre y Pou, «y de todos los documentos policiales y judiciales del caso Cursach o las memorias externas, con el fin de proceder a su volcado y estudio de los correos electrónicos, WhatsApp y redes sociales».
Fuentes relacionadas con el caso aseguran a este diario que realmente no se produjo la filtración interesada desde el juzgado de Penalva, como sostiene la Fiscalía, y por lo que tanto él como el fiscal Subirán van a ser procesados, junto a cuatro miembros de la Unidad de Blanqueo de la Policía que participaron en la investigación de Cursach, por relevación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la Justicia. Un rosario de presuntos delitos por lo que el Ministerio Fiscal solicita un total de 576 años para los seis.
El chat que desmanteló el ‘caso Cursach’
Los policías terminaron por identificar alguna llamada entre los periodistas y los policías de Blanqueo y el fiscal. Nada fuera de lo normal en el periodismo de tribunales y de investigación. Pero el hallazgo sirvió para detener a uno de aquellos agentes, al que se le incautó su propio móvil y a raíz de ahí los policías localizaron un chat de WhatsApp donde los agentes de Blanqueo comentaban cuestiones del caso con el fiscal y el juez.
El tono en dicho grupo muchas veces era grosero para con los investigados, o incluso «bravucón», cuentan fuentes conocedores del caso, pero, al fin y al cabo, se trataba de un chat privado hasta que los dos agentes de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía apodados como Los Juanes lo localizaron y lo remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Balears, que abrió una investigación, apartando del caso a Subirán y Penalva.
Esa investigación, a la que se adhirieron como partes acusadoras un buen número de los investigados en el caso Cursach, que culparon entonces al juez y al fiscal de haber presionado a los testigos para que declararan contra ellos, ha tenido sus vaivenes, llegando a ser archivada con el único cargo de revelación de secretos por las filtraciones a la prensa. Pero finalmente, tras ser reabierta por orden del TSJIB, ha quedado lista para enjuiciarse con el rosario de cargos antes mencionado para Subirán y Penalva. Las absoluciones masivas en el caso Cursach provienen de esta tesis de la propia Fiscalía Anticorrupción sobre las irregularidades en la instrucción de la causa.
El chat podría anularse como prueba
Sin embargo, el auto del TSJIB que acaba de anular la incautación de los móviles de los periodistas puede tener un efecto determinante para el futuro juicio, que posiblemente arrancará a mitad del presente año.
Al quedar sin efecto la información obtenida a través del registro de llamadas y la incautación posterior de los móviles de los dos informadores, todo lo que se hubiera avanzado en la investigación como consecuencia de esa acción debe quedar anulado también, según informan fuentes jurídicas a este medio. Es lo que en Derecho se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. No se hubiera llegado al citado chat sin la injerencia en la actividad periodística.
Pero el tribunal ha indicado que la nulidad de todo el procedimiento, como pidieron Subirán, Penalva y los agentes de Blanqueo en su adhesión a los recursos de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pau por el caso Móviles, debe ser planteada al comienzo del juicio.
El TC se pronunció, pero el fiscal justifica el espionaje
Los periodistas espiados recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) la negativa de la Audiencia Provincial de Palma de no permitirles recurrir los autos sobre la incautación de sus móviles y el registro de sus llamadas porque no eran parte del procedimiento y no estaban, pues, legitimados. En marzo de 2022, el TC se pronunció y dijo que debió permitírseles ser parte del proceso porque, al fin y al cabo, se había lesionado su derecho a la libertad de información y al secreto profesional, así como a la tutela judicial efectiva.
En base a la sentencia del Constitucional, ponencia de María Luisa Balaguer, el TSJIB se ha pronunciado ahora, anulando las órdenes judiciales. Dice el tribunal que los periodistas no eran sospechosos de ningún ilícito como para que fuera posible la orden de interceptación de sus comunicaciones. «Quienes aparecían como sospechosos de las filtraciones eran los funcionarios de Policía [del grupo de Blanqueo], quienes -a diferencia de los periodistas- estaban sujetos a la obligación de guardar el secreto de las actuaciones así expresamente declaradas».
El Ministerio Fiscal impugnó los recursos de los periodistas, entre otras cosas, porque, además de creer la medida contra los informadores «poco invasiva», considera que el derecho de los periodistas al secreto profesional no es un derecho absoluto: «Pretender su protección no quiere decir, en modo alguno, que deba crearse una zona de no derecho inmune a cualquier responsabilidad del periodista», dijo el fiscal Tomás Herranz, el mismo que casi no pudo reprimir las lágrimas en su alegato final en el juicio del caso Cursach cuando clamó por la inocencia de todos los encausados.
Además, Herranz alegó que «se carece de una regulación específica del secreto profesional, y que no existe doctrina legal del TC ni jurisprudencia del Supremo que sirva para interpretar su contenido de una manera pacífica y asentada».
Pero el tribunal le ha corregido: «En el artículo 20.1.d de la Constitución Española se consagra el derecho al secreto profesional de los periodistas en conexión directa con el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Y enumera varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resaltan «la importancia que reviste la protección de las fuentes periodísticas para la libertad de prensa en una sociedad democrática».
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Cuando tenía 5 años, Asha Ismail (53 años), se convirtió en víctima de la mutilación genital femenina. Acompañada de su madre y de su abuela en Kenya, una mujer le mutiló los genitales y se los selló con una especie de pegamento casero. «Ya la vida no es lo mismo, te han hecho un daño permanente e irreversible», denuncia. Años más tarde, creó la oenegé Save a Girl Save a Generation para luchar contra diferentes formas de violencia de género. Tras 15 años de trabajo, ha ayudado a centenares de niñas