Los consumidores y los trabajadores están soportando el elevado precio de las energías o de los alimentos.
Christine Lagarde durante una rueda de prensa tras una de las reunidos del BCE, en Fráncfort, a 2 de febrero de 2023. —Kai Pfaffenbach/REUTERS
Desde sus despachos, los responsables del Banco Central Europeo (BCE) han reconocido que las grandes empresas son las que más se están viendo beneficiadas por la escalada inflacionaria que experimenta actualmente la Eurozona. Los trabajadores y los consumidores, por el contrario, son los que están «pagando la factura», según informa Reuters.
En los últimos nueve meses, la explicación macroeconómica dada desde el BCE señalaba que los elevados precios (coste de energías, alimentos, chips informáticos…) estaban afectando a las empresas de los 20 países de la zona euro. Los beneficios empresariales, precisamente, son los que están alimentando la ola inflacionaria. Al contrario de lo que ocurre en EEUU, en Europa la demanda no está saturado la economía.
Madis Müller, jefe del banco central de Estonia, prevé que la subida de tipos de interés del BCE del 16 de marzo no vaya a ser la última. «También es muy posible que los tipos de interés deban mantenerse altos durante bastante tiempo, para que podamos estar seguros de que la inflación volverá y se mantendrá cerca del 2%«, ha aclarado Müller.
En febrero, la inflación general se redujo ligeramente al 8,5%, debido al descenso en el coste de la energía. No obstante, los precios de la mayoría de los demás artículos han vuelto a subir. El incremento de la inflación subyacente al 5,6% invita al BCE a endurecer sus medidas en política monetaria. Los mercados auguran otra subida de 50 puntos básicos para el 4 de mayo.
UP pide soluciones para paliar el precio de los alimentos
En España, Unidas Podemos ha pedido a sus socios de Gobierno que tomen medidas para intervenir el precio de los alimentos. En diciembre, el PSOE sacó adelante una medida para rebajar el IVA de algunos alimentos. No obstante, dicha iniciativa parece que no ha surtido gran efecto, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
El ministro de Agricultura, Luis Planas aseguró que la escalada de inflación ya ha alcanzado su techo, por lo que debería empezar a notarse en el resto de la industria alimentaria. UP, sin embargo, ha puesto sobre la mesa tres medidas para ayudar al consumo de las familias.
Por un lado, limitar los precios para devolverlos a niveles de febrero de 2022, previo a la guerra en Ucrania. También fijar el precio de algunos productos básicos a través de la Ley de Comercio Minorista. Y, por otro lado, otorgar una bonificación del 14% de la cesta de la compra de las familias.
¿A ti también te han dicho que si te vas un fin de semana de tu casa, cuando vuelvas, puedes encontrarte a una familia ‘okupando’ tu sofá, las camas de tus hijos y la caseta del perro? ¿Eres de los o las que escuchan permanentemente en televisión, en la publicidad de empresas de seguridad, por la radio o lees en la prensa que no se puede dejar una casa sola en España porque te la ‘okupa’ enseguida gente que se lleva la vida bajo el brazo para instalarse en casas ajenas y después no hay quien la eche?
Yo sí, yo soy de las que escucha a diario que la población española se divide en dos tipos: los dueños de casas y los ‘okupas’ de las mismas. Así que esto que te voy a contar, te interesará, porque esta semana he comprobado que hay una información muy interesante que ha pasado desapercibida; y las mismas teles, publicidades, empresas de seguridad o medios que te han metido el miedo en el cuerpo para que te ates al sillón o a la cama, no te la han contado.
La semana pasada conocimos por el Ministerio del Interior, mediante la contabilidad de delitos de este tipo que hacen las fuerzas y cuerpos de Seguridad nacionales, autonómicas y locales, que esa ‘okupación’ que te quita la casa y el sueño se ha frenado por primera vez en siete años. ¿A que no lo sabías y, lo que es peor, el dato no ha salido más que en cuatro periódicos rojos y satánicos que defienden el derecho constitucional a la vivienda digna?
Pues hay más: la ocupación de viviendas, en realidad, llevaba subiendo desde 2016, aunque nadie te lo dijo entonces, y lo hizo con gobiernos de PP y PSOE, hasta 2022, que ha empezado a frenarse, con un 3,2% de casos menos, concretamente, 16.726 ocupaciones. Y tampoco te lo dicen. De estos cerca de 17.000 casos, además, ha habido usurpaciones, la inmensa mayoría, y allanamientos de morada, que son cifras marginales y aquellas con las que te aporrean la publicidad y el amarillismo.
Las usurpaciones son las entradas en pisos vacíos, abandonados en manos de bancos y fondos buitre y que muchas veces, es cierto, las aprovechan las mafias para hacer negocios
criminales, sea narcotráfico, subarriendos ilegales o trata de mujeres. Los macro-propietarios se desentienden de esas usurpaciones y también se desentienden de los problemas que puedan causar a su alrededor por razones obvias.
Los allanamientos, por su parte, son las ocupaciones residuales en viviendas habituales o segundas viviendas, mientras la publicidad y el amarillismo, insisto, te aporrean con ellas, ya sabes: “¡No bajes a comprar el pan, que te ‘okupan’ la casa y te quedas en la puta calle!”.
Se trata, y es un clásico de la manipulación política, de meterte el miedo en el cuerpo y que criminalices a quienes necesitan una vivienda, por migrantes o por pobres, da igual, y de paso,
criminalices a quienes defienden su derecho a ella, los demócratas. Acuérdate de esto cuando asomen la patita los alarmistas.
El Hospital Isabel Zendal fue la gran obra de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero sus resultados, como era de prever, no están siendo los prometidos. Lo cierto es que se ha convertido en una gran estructura que apenas sirve para lo que fue construido y casi no alberga pacientes.
El presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Daniel Bernabéu, intervino en Todo es Mentira para criticar los recursos que se han destinado para crear un hospital que no cumple su función y que obliga a cambiar la normativa de todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid porque no la cumple.
El presidente de Amyts ha criticado que el Zendal fuese construido después de la peor parte de la pandemia y se le otorguen méritos que deberían ser atribuidos a las zonas habilitadas en Ifema para paliar la covid.
Además, ha criticado que es una infraestructura limitada que obliga a cambiar la normativa sobre hospitales para cumplir el «casi capricho» de su construcción, cuando había otros centros que podían ser mejorados o rehabilitados.
«Si se quiere aprovechar es un almacén de oficinas, para logística. Se puede alquilar a Amazon. Es un edificio interesante que responde a ese patrón», ha criticado Bernabéu.
El comentario del presidente de Amyts se ha llevado la ovación tuitera, que han visto sus dotes de agente inmobiliario y secundan su propuesta de darle un uso verdaderamente útil al Zendal, dadas las circunstancias.
La orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su atención a medios en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a 20 de enero de 2023. —Álex Cámara/EUROPA PRESS
«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación«, reza la orden elaborada por el Gobierno andaluz que abre la veda a la privatización de la sanidad pública.
Su publicación este jueves supone un antes y un después en la historia de la sanidad andaluza, ya que permitirá los conciertos con la empresa privada en atención primaria, estableciendo una serie de tarifas –que asumiría el Servicio Andaluz de Salud– por disponer de sus servicios.
En concreto, la orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
La orden, cuyo borrador ha generado en las últimas semanas críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario, incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas, en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
‘Público’ ha accedido a los documentos oficiales que demuestran cómo un jovencísimo Villarejo, que ya era subinspector de Policía en 1975, cobró un premio en metálico de 25.000 pesetas por participar en una operación que acabó con el fusilamiento de tres detenidos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en un montaje con los documentos sobre la recompensa y condecoración que ganó en la operación policial contra el FRAP, en el verano de 1975. —Público
En el verano de 1975, el dictador Franco agonizaba pero el régimen daba señales de fortaleza aumentando la represión. Mano dura, endurecimiento de la ley antiterrorista y cargas policiales para reprimir las manifestaciones ilegales. En la Dirección General de Seguridad (DGS), en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, tenían mucho trabajo. Los agentes recién llegados a la Brigada Regional de Investigación Social aprendían con mucha rapidez de los veteranos el único método de investigación que tenía la policía política: las torturas.
Entre los más veteranos, Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño‘, conocido por su violencia hacia los detenidos. Y entre los alevines, José Manuel Villarejo, el alemán, como le llamaban los militantes antifranquistas por ser rubio y de tez sonrosada. Hoy se le conoce por los presuntos delitos que cometió para enriquecerse a través de las ‘cloacas del Estado’, pero en 1975, con 24 años, Villarejo era uno más entre los temibles agentes de la BIC (Brigada Central de Información Social), dirigida por el siniestro comisario Roberto Conesa, uno de los maestros de los policías torturadores del franquismo.
Propuesta de la Dirección General de Seguridad para una medalla al mérito policial para Villarejo. — Público
Precisamente, en el expediente de Conesa, al que ha podido acceder Público, constan los premios, las felicitaciones y condecoraciones de aquella primera época como policía de Villarejo, que ingresó en la Academia en 1972. Según esos documentos internos policiales, en el verano de 1975 era ya subinspector y por su participación en la operación de desarticulación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, una organización de lucha antifranquista, le dieron una recompensa de 25.000 pesetas en metálico y recibió una felicitación pública. La Dirección General de Seguridad le propuso para la cruz al mérito policial con distintivo blanco.
Junto con Villarejo, otros 36 inspectores y subinspectores, cuatro secretarias y 10 policías armados (los llamados grises) recibieron su recompensa por aquella operación contra el FRAP desarrollada en julio y agosto de 1975 y que llevó al paredón de fusilamiento a José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanzel 27 de septiembre de 1975.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
Un verano para olvidar
Julio Pacheco Yepes (Madrid, 1955) tenía cuatro años menos que Villarejo en el verano de 1975. «Enseguida le pusimos nombre al alemán, en cuanto comenzó a hablarse de sus escándalos y de sus grabaciones. Resulta que era el famoso comisario Villarejo», dice Pacheco a Público. Hace unos días ha interpuesto en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella contra cuatro agentes de la BIC, entre ellos Villarejo, por crímenes de lesa humanidad en concurso real con delito de torturas. «He esperado a que saliera adelante la nueva ley de memoria democrática; podría haber una oportunidad de investigarse todo esto, aunque no soy muy optimista», confiesa.
Han pasado casi 48 años desde que Julio fue detenido, el 24 de agosto de 1975 a las 11 de la noche, y conducido a la Dirección General de Seguridad (DGS), donde durante siete días le molieron a palos, según su denuncia, esos cuatro policías y alguno más que no ha podido identificar. Por entonces estudiaba Biológicas en la Universidad Complutense y estaba afiliado a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que formaba parte del FRAP. Hacía poco que se había afiliado al Partido Comunista Español Marxista Leninista y su tarea era repartir propaganda, poner carteles y hacer murales sobre la situación política. Tenía 19 años y una compañera que compartía sus inquietudes para traer la democracia a España.
Nada más llegar a la DGS, «viví momentos de terror, pero me mentalicé de que tenía que aguantar, no hablar, no delatar a nadie, que la cadena de detenciones se parara en mí», recuerda. Para hacerle hablar y que confesara que él era el «jefe de un comando», a Julio le llevaron a donde estaban torturando a su compañera, para que se quebrara. «La vi, tan pequeñita, de rodillas, mientras un policía gigantesco le daba golpes con la porra en las plantas de los pies».
Aquello le dio más fuerza, reconoce. «Hay que aguantar, ser más fuertes que ellos, no gritar, no quejarme delante de ellos». Durante los tres primeros días permaneció en el piso de arriba de la DGS, en los despachos, esposado a un radiador. «No tengo noción de haber comido, ni bebido nada durante ese tiempo», dice.
Después le bajaron a los calabozos y le hicieron la ficha, y comenzó el periplo de verdad. «Estás en sus manos, pueden hacer lo que quieran contigo. Me daban golpes en las plantas de los pies, que es muy doloroso. Los tuve hinchados después casi un mes. Y me hacían la rueda, que es una técnica en la que el detenido gira como una peonza en el suelo y, uno a uno, los policías, en círculo, le van dando golpes: uno te da una patada, otro con la porra, etc. Uno de los de las ruedas era Villarejo —indica Julio Pacheco—. Él no me llegó a interrogar, era un policía mayor que no he podido identificar».
Pasados los siete días, llegó una comitiva militar y le leyó los cargos en su contra: terrorismo. Le trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde permaneció tres meses, hasta que el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con otros cargos más laxos, asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar el juicio contra Julio Pacheco.
Una denuncia por malos tratos archivada
Uno de los 36 detenidos durante la operación contra el FRAP aquel verano denunció malos tratos recibidos en la DGS; entonces, en el contexto de la dictadura, esto era una falta y no un delito ni mucho menos un crimen de lesa humanidad. Público ha podido localizar de esa denuncia en el expediente de Conesa, contra quien iba dirigida además de otros funcionarios policiales: Carlos Domínguez, Álvaro Valdemoro de Lara y Pedro Polo García. La denuncia era por los mismos hechos denunciados ahora por Julio Pacheco Yepes, aunque contra otros agentes —el único que coincide es Valdemoro de Lara—.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
«En mi caso fueron cinco a seis policías los que me torturaron. He podido identificar a algunos gracias a la denuncia que este compañero puso en su día y que se archivó. Y también gracias al libro La secreta de Franco, de Pablo Alcántara, donde expone muchísimos nombres de los policías políticos», cuenta Pacheco. En su caso, los denunciados son además de Villarejo y Álvaro Valdemoro de Lara, José María González Reglero y José Luis Montero Muñoz.
Respecto a la recompensa que recibieron los agentes que le torturaron, Julio Pacheco asegura que le da «asco». «Mi padre, que trabajaba en una fábrica, cobraba 8.000 pesetas al mes en 1975. Imagina lo que suponían las 25.000 pesetas que se llevó Villarejo. Esta gente eran mercenarios». De hecho, en el expediente del comisario Conesa constan multitud de recompensas por operaciones policiales y medallas desde que en 1939 ingresó en la Brigada Político Social, tras participar en varios juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a los procesados por ser adeptos a la II República, hasta su jubilación en 1979.
La asesora del secretario del Departamento de Defensa de EE.UU. para Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wallander.
Una alta funcionaria del Pentágono afirma que Ucrania debe empezar a pagar por su cuenta las armas que le ha suministrado Washington desde el inicio del conflicto.
“Ahora mismo no disponen [los ucranianos] de un presupuesto de esa magnitud (…), pero tenemos que conseguir que [los ucranianos] inicien su propia planificación del gasto de defensa”, afirmó el martes la asesora del secretario del Departamento de Defensa de EE.UU. para Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wallander.
Hablando en una audiencia en el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, Wallander señaló que Washington no entregó a Kiev todas las armas solicitadas, al tiempo que las autoridades ucranianas “no han hecho ninguna compra importante a empresas estadounidenses”.
En este sentido, el congresista republicano por el estado de California, Mike García, declaró que la idea de que Ucrania adquiera armas en lugar de pedirlas gratis caería bien entre los contribuyentes estadounidenses, aunque admitió que Kiev está enfrentando dificultades económicas.
Las declaraciones de Wallander se producen luego que el interés por la transparencia de los fondos estadounidenses gastados en Ucrania siguiera cobrando fuerza.
El 22 de febrero, el Comité de Control y de Rendición de Cuentas exigió al Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que presentaran informes sobre los gastos de ayuda a Kiev, para asegurarse de que esos fondos están “protegidos del despilfarro, el fraude y el abuso”.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer había dicho anteriormente que los legisladores estadounidenses aprobaron 113 mil millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria para Ucrania el año pasado.
Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, los países occidentales, encabezados por EE.UU. han brindado abierto respaldo al gobierno de Volodimir Zelenski en el sector militar, lo que, según Moscú, agrava la situación entre las dos partes del conflicto y pone a Ucrania al borde de un colapso.
Multitud de vehículos de palestinos calcinados tras los ataques de colonos en Huwara, Cisjordania ocupada, 27 de febrero de 2023.
El Departamento de Estado de EE.UU. acusa al régimen de Israel de no evitar los ataques mortales de los colonos contra civiles palestinos en Cisjordania ocupada.
“El personal de seguridad israelí a menudo no impidió los ataques de los colonos y rara vez detuvo o acusó a los perpetradores de la violencia de los colonos”, se lee en un informe sobre terrorismo 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Congreso publicado el martes.
Conforme al reporte, los colonos israelíes que viven en Cisjordania han cometido una variedad de ataques físicos, daños a la propiedad y crímenes “nacionalistas” contra el pueblo palestino.
De igual modo, ha subrayado que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) israelíes han denunciado que durante algunos ataques los militares israelíes estaban presentes en la escena.
Las cifras registradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones de Derechos Humanos israelíes, así como medios de comunicación, muestran que las arremetidas de los colonos durante el último año aumentaron en gravedad y escala. En el mismo contexto, cifraron en 496 los ataques de colonos israelíes contra palestinos, en comparación con los 358 documentados en 2020.
Asimismo, las embestidas han sido más destructivas y se han expandido a otras partes de Cisjordania ocupada. “Tales incidentes han generado una gran preocupación entre partes del establecimiento de seguridad israelí y una serie de condenas públicas de funcionarios gubernamentales”, reza el informe.
El régimen de Israel ha intensificado sus atrocidades contra palestinos. En el último caso, colonos de la extrema derecha israelíes, apoyados por las fuerzas de ocupación, atacaron el domingo a los palestinos en los pueblos al sur de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, sobre todo la localidad de Huwara, que han dejado hasta ahora al menos un palestino muerto y más de 350 heridos, así como viviendas y vehículos quemados.
El ataque se produjo días después de la redada violenta del ejército israelí en Nablus, considerada como la más letal desde 2005, que dejó el 22 de febrero 11 muertos, entre ellos un comandante de la Yihad Islámica Palestina, un menor de 16 años y tres hombres de 61, 66 y 72 años, además de decenas de heridos.
Según los últimos balances, el número de palestinos asesinados en los territorios ocupados por las fuerzas israelíes desde principios de 2023 ha aumentado a 61, incluidos 13 niños.
El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, ha anunciado que el partido morado está estudiando con su equipo jurídico acciones legales tras publicarse audios de conversaciones entre el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras con el excomisario José Manuel Villarejo en las que duda de la veracidad de una información sobre supuestos pagos a Iglesias desde una cuenta en un paraíso fiscal de la que esa cadena se había hecho eco en 2016. “Toda esa información falsa tenía como intención destrozarnos”, ha dicho en La Hora de la 1, y cree que la intención era también “condicionar” las elecciones generales de 2016, puesto que la noticia, que publicó inicialmente Ok Diario, se dio un mes antes: “Es una manera moderna de adulterar el resultado de las elecciones”. A su juicio, Ferreras “tenía todos los elementos para saber que esa información era falsa” porque ya había hablado con el propio Iglesias.
Eso es así Rubén lo que pasa es que la ignorancia siempre llega a través de estos medios que mienten y crean tramas con bulos , por eso hay que ser más inteligente que ellos y no hacer caso a medios días cuando hay días enteros ya sé les ha visto el plumero , espero que la gente se de cuenta de una vez por todas.
A algunos se le les llena la boca hablando de la «normalidad democrática» en España, pasando por alto hechos que la ponen en riesgo como la financiación ilegal de partidos, el espionaje a políticos o los múltiples casos de corrupción.
Esta idea es la que ha desarrollado Pablo Iglesias en Hora 25, cuando ha reflexionado sobre la «normalidad democrática» y ha presentado todos aquellos hechos que ponen en duda el funcionamiento de la democracia española.
Para Iglesias, que partidos políticos, ministros, empresarios, policías y miembros de la Inteligencia sean juzgados e incluso hayan ido a prisión durante los años de democracia es síntoma de la corrupción sistemática en España.
«Hablar de corrupción sistemática y hablar de corrupción como forma de Gobierno, por mucho que no se lo merezcan un montón de concejales honrados, es revelar la historia de este país», ha señalado el exvicepresidente del Gobierno.
Iglesias ha puesto como ejemplo casos como la financiación ilegal del Partido Popular, el caso Villarejo o el paso por prisión de exministros como José Barrionuevo o Rafael Vera.
Por ello, la «corrupción sistemática» de la que habla Iglesias es lo que merma la democracia española. Ya que considera que en un país donde la corrupción es sistemática no se puede hablar de «normalidad democrática».
La reflexión de Pablo Iglesias se ha llevado unos cuantos aplausos tuiteros y ha recibido comentarios de los usuarios compartiendo sus opiniones al respecto. Ya sea sobre las palabras del propio exvicepresidente, para aportar sus puntos de vista o añadir información.
Lino Lopez
hace 2 horas