Más allá

Programa presentado y dirigido por Fernando Jiménez del Oso, centrado en el ámbito de las ciencias ocultas.

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    La astronomía y 1979

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    La Biblia y el futuro (Parte 3)

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    La Biblia y el futuro (Parte 2)

  • MÁS ALLÁ  La Biblia y el futuro (Parte 1)16/07/1978 00:24:05

    La Biblia y el futuro (Parte 1)

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    Ovnis en España (Programa 4)

  • MÁS ALLÁ  Ovnis en España (Programa 3)01/10/1978 00:24:11

    Ovnis en España (Programa 3)

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    Ovnis en España (Programa 2)

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    Ovnis en España (Programa 1)

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    Freixedó 2

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    Cita con los OVNIs (Parte 2)

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    02/08/1981

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    El fraude de la parapsicología (II)

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  • MÁS ALLÁ  San Pantaleón13/09/1981 00:27:00

    Disponible hasta el 24-05-2119

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Congreso de Perú da voto de confianza a gabinete manchado de sangre

El gabinete ministerial presidido por Alberto Otárola solicitó el voto de confianza ante el Congreso, el cual fue aprobado con 73 votos a favor.

La ola de violencia que se vive en el Perú, especialmente en regiones del interior como Puno, no tiene cuando acabar. Tan solo en un día se registraron casi 20 fallecidos, un hecho que el Gobierno peruano justifica responsabilizando a los mismos manifestantes.

El repudio de la población hacia el Gobierno de Dina Boluarte cada día se incrementa más.

En el marco de las manifestaciones en Perú, el gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola fue respaldado con el voto de confianza del Congreso, pese a al alto número de víctimas que se han registrado en las últimas horas. Pero lejos de mostrar algún signo de arrepentimiento, el Gobierno solo insiste con sus irracionales mensajes de paz y responsabiliza a los mismos manifestantes de las muertes ocurridas durante las protestas.

Una vez que el Congreso le otorgó el voto de confianza al Ejecutivo, se llevó a cabo un pacto para desconocer las manifestaciones y continuar con la represión policial y militar.

En los últimos meses, la población peruana ha demostrado su rechazo hacia el Congreso, y tras la toma de mando de Boluarte, ahora tampoco toleran al Ejecutivo, por lo que consideran que su país tiene un Gobierno “ilegítimo”.

Aunque el Ejecutivo declaró duelo nacional por las víctimas de las protestas, jamás reconoció su responsabilidad, e incluso, el primer ministro Otárola enfatizó que no cederán ante las manifestaciones.

Aarón Rodríguez, Lima

Lula promete enjuiciar a bolsonaristas que no respetan democracia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pide castigar a los simpatizantes de Jair Bolsonaro que invadieron las sedes del poder en Brasilia.

Brasil vive días de máxima alerta. Tres días después de que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, asaltaron con violencia las sedes de los tres poderes de la República, este miércoles, circulaba por las redes sociales, nueva convocatoria de una movilización titulada “mega manifestación por la toma del poder”. Las autoridades reforzaron el despliegue en todo el país, y sobre todo en Brasilia, para evitar que se repitan escenarios como los del pasado domingo.

A pesar del refuerzo policial, en el palacio presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, celebraba junto con los indígenas, la toma de posesión de las ministras de los Pueblos Indígenas y de Igualdad Racial. El mandatario promete una respuesta contundente para los manifestantes del domingo, que según dijo, no quieren respetar la democracia.

Aun así, para el mandatario, toda la culpa de los asaltos del domingo recae sobre su predecesor Jair Bolsonaro, que todavía, no quiere reconocer el resultado de las elecciones de octubre. El expresidente difundió un vídeo en el que insiste en que Lula “no ganó las elecciones” y lo eliminó poco después.

A pesar de que las tomas de los poderes del estado recibió la condena internacional, en el interior del país, 1 de cada 5 brasileños, apoya los violetos asaltos, según una encuesta. El presidente Lula, tendrá en su lista de problemas a esta minoría radical. Bolsonaro se fue, pero bolsonarismo quedará por mucho más tiempo.

En seis meses EEUU tiene que elegir: ¡Armarse o armar a Ucrania!

Un militar ucraniano junto a un sistema lanzamisiles múltiple ligero HIMARS en el este de Ucrania, 1 de julio de 2022.

EE.UU. admite que si la industria de defensa no puede impulsar la producción, armar tanto a Ucrania como su propio Ejército podría convertirse en un “desafío”.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, confirmó el miércoles que existen “preocupaciones” sobre el suministro de armas del país mientras la Administración de Joe Biden continúa armando a Ucrania, lo que, a su juicio, podría dejar sin armas a EE.UU. dentro de los próximos seis meses si la industria de fabricación de armas no impulsa la producción.

Hablando en una conferencia de la Asociación Naval de Oficiales de Superficie (Surface Navy Association, en inglés) celebrada en el estado de Virginia, EE.UU., el titular estadounidense ha subrayado que, si el conflicto en Ucrania continúa por otros seis meses o por otro año, ciertamente continúa estresando el suministro, lo que a Washington podría resultarle “difícil” seguir armándo a Kiev.

La Armada podría llegar al punto en que tiene que tomar la decisión de si necesita armarse o armar a Ucrania”, aseguró al respecto.

Sus declaraciones se produjeron después de que el Gobierno de Biden anunciara el 5 de enero que enviaría su mayor paquete de ayuda a Ucrania hasta el momento, incluyendo vehículos blindados de combate, a pesar de que Rusia advirtió previamente sobre las consecuencias de la escalada del conflicto en el este de Europa.

 

Desde el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, en febrero de 2022, los países europeos, y en particular Estados Unidos, han brindado respaldo a Kiev en diversos sectores, entre ellos ayuda económica y militar, lo que, según Moscú, agrava más la situación y pone a Ucrania al borde de un colapso.

Conforme a los datos del Departamento de Estado de EE.UU., publicados el pasado diciembre el valor de la ayuda de Washington a Ucrania ha alcanzado —hasta aquel entonces— los 21,775 mil millones de dólares.

Además, los aviones de carga y militares han realizado 878 vuelos desde EE.UU. a Europa para transportar armas estadounidenses incluyendo sistemas de artillería, diferentes tipos de lanzacohetes, sistemas de morteros, así como ametralladoras y pistolas. Es más, los polémicos escudos antimisiles Patriot también están en camino, arma que Rusia considera blanco legítimo si llega a Ucrania.

La ayuda en material bélico proviene de la autoridad de retiro presidencial, o sea, el Ejército estadounidense extraerá armas de sus propias reservas para enviarlas a Kiev.

En este sentido, las autoridades estadounidenses han advertido en varias ocasiones que EE.UU. al armar a Ucrania, “ha quemado” años de reservas de armas, lo que impide a Washington defenderse en caso de un posible conflicto en el futuro.

Giro de lazos con Israel: Brasil destituye al embajador en Tel Aviv

Exmbajador de Brasil en los territorios ocupados por Israel, el general Gerson Menandro Garcia de Freitas.

El Gobierno del nuevo presidente brasileño en un evidente giro de relaciones con el régimen de Israel decide cesar a su embajador en la Palestina ocupada.

Mediante un comunicado, la Cancillería brasileña destituyó a su embajador ante Israel, el general Gerson Menandro Garcia de Freitas, que había sido nombrado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un estrecho aliado del premier israelí Benjamín Netanyahu.

El nombre del nuevo jefe de la misión diplomática en reemplazo del militar Garcia de Freitas, en el cargo desde 2020 sin tener una carrera diplomática, todavía no ha sido divulgado. Pero se espera que el nuevo jefe del Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, elija a una persona con un perfil acorde con el giro diplomático que dará Brasil en relación con Israel.

Durante su mandato, Bolsonaro se aproximó mucho al régimen sionista y muchas veces le dio respaldo ante organismos internacionales, rompiendo el tradicional equilibrio diplomático de los gobiernos brasileños anteriores que mantenían respecto a Israel y Palestina.

Desde la investidura de Lula, el 1 de enero, el Gobierno brasileño ha emprendido un distanciamiento en sus relaciones con Israel. En esta línea, el canciller Mauro Vieira en su discurso al asumir el cargo el 2 de enero, aseguró que Brasilia volverá a tener una postura más “equilibrada y tradicional” en relación con el conflicto entre el régimen de Tel Aviv y Palestina.

 

También, el 3 de enero, la Cancillería del gigante sudamericano criticó la polémica visita del ministro de seguridad israelí, el extremista Itamar Ben Gvir a la Explanada de las Mezquitas, que alberga la sagrada Mezquita Al-Aqsa, ocurrida ese día.

Es más, la Cartera brasileña se refirió a esa zona con su nombre en árabe, Haram Al-Sharif (o Explanada de las Mezquitas), y recalcó que considera “fundamental” el respeto a los acuerdos de paz de 1994 que establecen que Jordania tiene custodia sobre los lugares santos de Al-Quds (Jordania).

El estatu quo de este recinto, sagrado tanto para Islam como el Judaísmo, establece que la administración les incumbe a los musulmanes, aunque los judíos siempre han rezado sin ser molestados al lado del llamado Muro de los Lamentos, ahora Ben Gvir, un sionista muy extremista, viene desafiando las restricciones judías tradicionales sobre la mezquita, de hecho quiere expandir el control israelí sobre todo el territorio palestino.

¿Por qué israelíes no deben pisar Al-Aqsa? | PoliMedios

Gobierno de Perú decreta toque de queda por tres días en Puno

El Gobierno peruano impuso un toque de queda nocturno durante tres días en la región de Puno para frenar las duras protestas antigubernamentales.

Tras los sanguinarios enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Perú y los partidarios del expresidente, Pedro Castillo, en el sur del país, el Gobierno de Dina Boluarte decretó un toque de queda nocturno en la referida zona, lo que provocó el duro rechazo de los congresistas.

El Gobierno de Perú impuso un toque de queda nocturno durante tres días en la región de Puno para frenar las duras protestas antigubernamentales que dejaron el lunes un saldo de 18 fallecidos en esa localidad.

La decisión fue declarada mientras que el nuevo gabinete acudió al Congreso por un voto de confianza para su investidura.

Las denuncias y las críticas por parte de los congresistas sobre la prohibición de salir no tardaron en llegar. Según un diputado, esta decisión es la muestra de que la Administración de Boluarte ya no niega su responsabilidad en los hechos violentos y la muerte de los civiles.

Por su parte, otra congresista criticó la medida oficial tomada por el Gobierno, lamentando la muerte de los inocentes durante las represiones policiales registradas tras la destitución de Castillo por supuestos delitos de rebelión por ordenar la disolución del Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.

Tras el anuncio de toque de queda por el primer ministro del país, varios legisladores manifestaron ante los miembros del gabinete de Boluarte su rechazo a la medida, además, instaron al Gobierno renunciar de sus cargos acusándole de provocar muertes y crímenes en el país sudamericano.

Con estas nuevas víctimas en el sur del país, ascendió a 47 el número de fallecidos desde el inicio de las protestas en diciembre pasado, cuando Boluarte, quien era la vicepresidenta, juramentó como la nueva mandataria hasta la celebración de elecciones, previstas para abril del 2024.

Petro denuncia “masacre contra la población” por Policía de Perú

Cientos de ciudadanos chocan con policías mientras se reúnen frente al Palacio de Justicia, en Lima, Perú, 10 de enero de 2023. (Foto: Getty Images)

El presidente de Colombia condena la actuación de Policía peruana durante las protestas contra el gobieno de Boluarte y la tacha de “masacre contra la población”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una fuerte crítica contra la actuación policial en Perú en medio de fuertes disturbios durante las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que ha dejado como resultado medio centenar de muertos.

“Lo que se desarrolla en Perú es una masacre contra la población. Es imprescindible una salida política y pacífica. Detener la muerte y sentarse a hablar”, ha declarado el mandatario colombiano en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Twitter.

De igual modo, Petro ha propuesto como solución a la crisis que se instale una mesa de manera urgente para que políticamente y por medio del diálogo se pueda llegar a una solución. También, ha pedido a implementar medidas cautelares que, a su juicio, son “imprescindibles”.

Desde el 7 de diciembre, grupos y organizaciones sociales se manifiestan en distintas regiones de Perú contra el gobierno de Boluarte, por el cese del presidente Pedro Castillo, que fue apartado del poder por el Congreso.

 

Boluarte respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, se han producido enfrentamientos y, en acciones represivas, los uniformados han provocado la muerte de al menos 46 civiles hasta el momento.

Entre ellos, solo, el lunes, 17 personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad y un recién nacido, y otras 68 resultaron heridas en Juliaca, en Puno, por la represión contra los manifestantes.

Eso obligó al Ministerio Público de Perú iniciar una investigación contra la presidenta del país, así como varios ministros, a los que se les estaría investigando por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas.

Las Urgencias de La Paz siguen desbordadas con casi un centenar de pacientes a la espera de una cama

Este martes había 168 enfermos, muchos de ellos hacinados en los pasillos, de los cuales 89 esperaban para pasar a planta. Algunos llevan más de 36 horas. Los trabajadores denuncian que la dirección del hospital no hace nada.

Pacientes hacinados en los pasillos del hospital de La Paz de Madrid.  TRABAJADORES DE LA URGENCIA DE LA PAZ

El colapso del servicio de Urgencias del Hospital de La Paz de Madrid parece no tener fin: hacinados en los pasillos, cerca de un centenar de pacientes esperan una cama. En una escena que se repite de forma recurrente desde principios del pasado mes de diciembre, este martes las Urgencias de uno de los principales centros sanitarios de la ciudad de Madrid amanecieron de nuevo desbordadas: 168 pacientes, de los cuales 89 estaban pendientes de ingreso. Sin embargo, hay otro dato aún más descorazonador: 39 enfermos llevan más de 36 horas esperando una cama y pasar a planta. La saturación es de tal calibre, que La Paz ha empezado a derivar pacientes a otros centros.

La situación es tan grave que este pasado lunes el Sindicato social de la sanidad de Madrid (MATS) presentó una denuncia en los juzgados. De acuerdo con esta denuncia, adelantada por El Salto, este pasado lunes había 28 pacientes atendidos por dos enfermeras y dos auxiliares para 12 camas en la sala 1. En la sala 2 la situación no era mejor: 15 pacientes atendidos por tres enfermeras y en la sala 3, la más concurrida, había 58 enfermos para 31 camas atendidos por cinco enfermeras y cinco auxiliares.

Las cifras son elocuentes, pero lo son aún más los testimonios del personal que trabaja en este servicio. Guillén del Barrio, enfermero de urgencias del Hospital La Paz y delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad, no se cansa de denunciar la caótica situación que se repite un día tras otro: «Es muy grave. Seguimos teniendo pacientes en los pasillos. Casi 50 de ellos llevan aquí más de un día y medio, cuando la propia Comunidad de Madrid establece que no puedes estar más de 24 horas en Urgencias».

El personal ha pedido en reiteradas ocasiones medidas concretas para aliviar algo el colapso, pero los gestores del hospital de La Paz miran para otro lado, explica Del Barrio. «Aquí tenemos un problema muy concreto: aquí no se toma ninguna medida y necesitamos más personal, más ambulancias y más camas», sostiene el representante sindical.

Sin embargo, la dirección del hospital de La Paz señaló el lunes por la tarde a Europa Press que este colapso de las Urgencias es puntual. Los gestores del centro señalan que el 70% de las urgencias de estos días están relacionadas con infecciones respiratorias en pacientes de avanzada edad, algo habitual en esta época del año, matizan. Pese a ese mensaje de tranquilidad, la dirección del hospital de La Paz reconoce que el pasado domingo hubo 520 pacientes en Urgencias, una cifra nunca vista.

Urgencias del hospital de La Paz
Pacientes esperando a pasar a planta en una de las salas de Urgencias del hospital de La Paz.  TRABAJADORES DE LA URGENCIA DE LA PAZ

Sin embargo, los sindicatos ven otras causas en el profundo deterioro del servicio. Del Barrio lo resume así: «La razón es clarísima: el deterioro de la Atención Primaria, que sirve entre otras cosas para que la gente no enferme y las enfermedades crónicas no vayan a más, y el destrozo que ha provocado el Gobierno de Madrid en las Urgencias de Atención Primaria».

Una solución que podría aliviar de manera inmediata la situación en La Paz sería maximizar el uso del hospital Zendal, afirma Del Barrio. «Tenemos un hospital que se supone maravilloso en el que iban a caber 1.000 pacientes, según la Comunidad de Madrid, y ahora tiene 50. Este problema tiene solución, pero por alguna razón no se quiere arreglar. Parece que interesa que las Urgencias sean un sitio insufrible», enfatiza el enfermero.

Todo esto lleva a Guillén del Barrio a sospechar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene una estrategia deliberada para destruir la sanidad pública y que «la gente se haga una póliza privada».

Así funcionó en Galicia el modelo laboral de Feijóo: menos empleo, más precariedad y más desigualdad

Desde 2009 se han destruido más de 65.000 empleos y la población activa ha caído en más de 80.000 personas.

15/12/22 Feijóo en una imagen de archivo en una visita a una fábrica en Santiago.

Feijóo en una imagen de archivo en una visita a una fábrica en Santiago.  Xunta de Galicia.

Cuando fue elegido presidente del Partido Popular en mayo pasado, Alberto Núñez Feijóo dijo que su proyecto político estaba dirigido a construir una España «líder en crecimiento, creación de empleo y competitiva, con menos deuda y déficit y más trabajo y bienestar«. Un ambicioso decálogo que, sin embargo, no sólo no cumplió durante el tiempo en el que él gobernó en Galicia -por poner un ejemplo, triplicó la deuda pública de la comunidad, que supera hoy los 11.700 millones de euros-. En el caso del mercado laboral, su gestión incluso derivó en todo lo contrario al ideario que ahora plantea

Las políticas de empleo aplicadas por el PP en Galicia durante los 13 años de mandato de Feijóo y los ocho meses de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, han conducido a un mercado laboral más frágil, precario y desigual. Así se desprende de las estadísticas de empleo en la comunidad desde abril de 2009, cuando el hoy líder del PP tomó posesión como presidente del Ejecutivo autonómico tras ganar su primera mayoría absoluta en la comunidad.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde entonces se han destruido 66.500 empleos. Es decir que hay 66.500 personas menos cotizando a la Seguridad Social, cuando en todo el Estado el número de afiliados se incrementó en el mismo período en más de 1,26 millones de trabajadores y trabajadoras.

La población activa cayó un 6,2% en Galicia durante los gobiernos de Feijóo

Es cierto que con los gobiernos del PP la tasa de paro se redujo en Galicia en 1,3 puntos en los últimos 13 años -en el total estatal fueron 4,6 puntos en el mismo período-. Pero ese descenso se debe en buena medida a que el número de personas en edad de trabajar y que tienen un empleo o lo buscan activamente también se contrajo un 6,2%. Cuando Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta había en Galicia 1,33 millones de personas con trabajo o buscando trabajo. Hoy son 82.700 menos. En el total español, por el contrario, la población activa creció desde 2009 en más de 223.000 personas.

Precariedad

En cuanto a las condiciones laborales, las estadísticas también registran un empeoramiento. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), por cada trabajador gallego con un contrato indefinido en 2009 había 16,7 con contrato temporal. 13 años después, son 18,7 contrataciones temporales por cada una indefinida. Y eso que la reforma laboral aprobada hace un año en el Congreso con los votos en contra –salvo uno, por error– del PP acabó con buena parte de las modalidades de contratación temporal.

Además, en los últimos 13 años ha aumentado el número de personas con un empleo a tiempo parcial y disminuido el de quienes trabajan a jornada completa. Según el IGE, los primeros representaban menos del 12% de las personas ocupadas en Galicia en 2010. En 2021 ya eran casi el 15%.

El sueldo medio en Galicia está 1.166 euros por debajo de la media estatal

Los salarios de la comunidad siguen entre los más bajos del Estado. El sueldo medio bruto es de 22.834,66 euros al año, es decir unos 1.300 euros netos mensuales en catorce pagas. Lo que significa que un trabajador gallego medio cobra al año casi una paga menos que un trabajador en España, cuyo sueldo bruto anual supera por poco los 24.000 euros.

La tasa de paro entre los menores de 25 años ha aumentado desde el 28,6% que registró la EPA del primer trimestre de 2009 hasta el 32,4% de la del tercer trimestre de este año. Y la tasa de empleo en ese grupo de edad, es decir el cociente entre jóvenes con trabajo sobre el total de población menor de 25, ha caído casi 12 puntos: desde el 32,2% de 2009 al 20,8% actual. Y eso que la emigración -entre 2009 y 2021 42.300 jóvenes de entre 16 y 25 años dejaron Galicia- y la crisis demográfica han provocado que Galicia cuente hoy con 38.000 personas de esas edades menos de las que había en 2009, y de que la tasa de actividad entre las 223.000 que quedan, es decir el cociente entre ese número y el de los que trabajan o quieren hacerlo, se ha desplomado casi 15 puntos: era del 45,1% en el 2009 y es del 30,7% en 2022.

Desigualdad

El mercado laboral gallego que deja Feijóo también se caracteriza por la desigualdad de género, que en algunos conceptos incluso ha empeorado. En 2009, la diferencia entre la tasa de paro de los hombres y las mujeres era de 1,8 puntos. Hoy es de 2 puntos. Hay 22.000 mujeres más que hombres con contrato temporal; y 85.000 mujeres con empleos a tiempo parcial más que hombres en la misma circunstancia.

En los puestos de gerencia y alta dirección del sector público y privado de Galicia hay el doble hombres que de mujeres. En las profesiones y oficios mejor pagados, ellas sólo son mayoría entre los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, en relación de 1,6 a 1. Una proporción que se dispara en los puestos de trabajo con menor retribución: empleos de oficina (2,3 a 1), restauración, comercio y cuidados (2,5 a 1) y lo que el IGE denomina «ocupaciones elementales» (1,7 mujeres por cada varón).

La pensión contributiva media de una pensionista gallega son 280 euros menos que la de un trabajador varón

La desigualdad también afecta a quienes no trabajan. Más del 80% de quienes declaran que no lo hacen por tener responsabilidades familiares o estar al cuidado de hijos, discapacitados o parientes mayores, son mujeres. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en Galicia había a 1 de noviembre de este año 681.097 personas cobrando una pensión contributiva. Más de la mitad, el 50,5%, son mujeres, que cobran una media de 911,39 euros. Es decir un 25% menos que los 1.201,72 euros de pensión media de un pensionista gallego varón.

La destrucción de empleo durante los mandatos de Feijóo y Rueda afecta a la Seguridad Social porque hay menos trabajadores cotizando y el número de pensionistas no deja de crecer. Cuando Feijóo llegó al poder había 468.000 jubilados y 99.700 personas inactivas recibiendo una pensión distinta a la de jubilación. Hoy son 527.200 y 134.800, respectivamente, es decir un 12,6% y un 26% más.

En 2009, por cada 100 trabajadores cotizando había en Galicia 102 pensionistas. Hoy en día, por cada 100 personas ocupadas son 110 las inactivas que cobran una prestación de jubilación. El déficit de la Seguridad Social en Galicia, es decir la diferencia entre lo que recauda en cotizaciones sociales y lo que paga en pensiones ascendió a 3.965 millones el año pasado. En octubre de este ejercicio, el déficit desde enero superaba ya los 3.239 millones.