Veinte años de la invasión de Irak, la guerra ilegal de EEUU que sembró el caos en Oriente Medio

Se cumplen 20 años de la entrada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados en Irak, donde acabaron con la dictadura de Saddam Hussein y abrieron una brecha de inseguridad y caos en Oriente Medio que perdura en nuestros días.

19/03/2023. Manifestantes en contra de la guerra de Irak, a 18 de enero, en Washington.

Manifestantes en contra de la guerra de Irak, a 18 de enero de 2003, en Washington.  Nicholas Roberts / AFP

La guerra que hace veinte años desató Estados Unidos en Irak no terminó en 2011 con la retirada «oficial» estadounidense de ese país árabe. La invasión, acometida sin el permiso de la ONU, dejó un país dividido, destruyó su infraestructura económica y, en lugar de promover la democracia, sentó las bases de un Estado fallido, promovió la tribalización y dejó un caldo de cultivo perfecto para el islamismo radical.

Al tiempo, la larga guerra despejó la entrada del tradicional enemigo de Irak, el régimen fundamentalista iraní, en la política del país árabe y perpetuó su territorio como un campo de batalla entre suníes y chiíes que repercutirá aún muchas décadas en la seguridad regional, desde el Golfo Pérsico hasta el mar Caspio, desde Siria hasta Afganistán.

El reciente pacto promovido por China entre Irán y Arabia Saudí podría frenar el enfrentamiento entre Teherán y Riad en las arenas iraquíes, pero también abre las puertas a una división de facto de Irak.

Irak, un modelo para Putin

Irak fue otro de los fracasos de la agresiva política exterior estadounidense, manifestada antes en Vietnam, Camboya, Somalia, Serbia, Afganistán y Libia, por citar solo un puñado de ejemplos en los que la guerra fue la consecuencia de la diplomacia del caos. En otros lugares, como Latinoamérica, se optó por los golpes de Estado, las acciones paramilitares más o menos encubiertas, la protección de dictaduras militares afines y la desestabilización económica. El objetivo era el mismo: doblegar cualquier conato de desafío, democrático o no, hacia Washington.

La invasión de Ucrania por Rusia hace poco más de un año repite muchos de los patrones de la invasión de Irak por Estados Unidos y la coalición internacional que se organizó a base de mentiras y desinformación sobre la existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen de Saddam Hussein.

La invasión de Irak respondía sobre todo a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos, Gran Bretaña y algunos de esos aliados en Oriente Medio. Se abría la espita para que regímenes autocráticos, como el del presidente Vladímir Putin, repitieran esa agresión sobre sus vecinos para sustentar con la violencia sus intereses geoestratégicos.

La ocupación, que duró más de ocho años, cambió totalmente el escenario de Oriente Medio

Incluso el uso por EEUU de mercenarios en la invasión y ocupación de Irak, los Blackwater, por ejemplo, ha sido replicado por Rusia en Ucrania con el Grupo Wagner.

Con unas acusaciones falsas sobre la presunta posesión por el régimen de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva (se apuntaba a todo un arsenal de armas químicas), empezaron a entrar en Irak el 20 de marzo de 2003 los 300.000 soldados de la coalición internacional liderada por Estados Unidos con Gran Bretaña como su mano derecha y con países como España cerrando filas entusiasmados por esta desusada cruzada.

La victoria fue rápida y las grandes operaciones bélicas tardaron poco menos de un mes en sentenciar el destino del régimen iraquí. La ocupación, sin embargo, duró más de ocho años y cambió totalmente el escenario de Oriente Medio, dando una preeminencia a las monarquías árabes del Golfo Pérsico, aliadas en su mayor parte de Estados Unidos, que les dejó manos libres en conflictos como el de Yemen.

La guerra de Irak, capítulo central de «la guerra contra el terror»

Si ya el presidente estadounidense George Bush acometió la liberación del Kuwait invadido por Irak con la épica operación Tormenta del Desierto entre agosto de 1990 y febrero de 1991, su hijo George W. Bush, quiso terminar lo que su padre había dejado incompleto (la decapitación del régimen iraquí).

Bush junior ya había puesto en marcha la «guerra contra el terror» que, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense, llevó la ira militar de Washington a Afganistán, Irak, Siria, Libia y Yemen, con más de un millón de muertos, en su mayoría civiles en el recuento de víctimas.

En Irak fallecieron entre 100.000 y 600.000 personas

Solo en Irak las cifras de muertos en la guerra son disparatadas, incluso si se toman los datos más optimistas. Entre 100.000 y 600.000 muertos, a causa de la guerra y de la catástrofe humana causada por ésta.

La operación Libertad para Irak llevó a la caída de Saddam Hussein, quien había gobernado su país con mano de hierro desde 1979, y a su ejecución en 2006. Hussein curiosamente había sido un notable aliado de Estados Unidos al contener al régimen de los ayatolás iraníes en la larga guerra de 1980 a 1988. Sin embargo, su invasión de Kuwait en 1990 le puso en la lista de los malvados. Fue entonces cuando se utilizaron las grandes matanzas antaño ordenadas por Saddam contra disidentes y minorías étnicas como otro de los argumentos para derribarlo.

Se acusó a Saddam de tener esas armas de destrucción masiva en sus arsenales (algo que nunca pudo ser demostrado y por cuya falsedad el primer ministro británico entonces, Tony Blair, pidió después disculpas) y se difundieron las sospechas de que podría haber ayudado a la red terrorista islamista Al Qaeda para lanzar los ataques del 11S, otra acusación para la que tampoco hubo jamás pruebas.

Lo cierto es que fueron la caída de Saddam y la posterior salida en 2011 de las tropas estadounidenses las que llevaron a Irak a las fuerzas radicales del Estado Islámico. Las unidades militares estadounidenses hubieron de retomar en 2014 su lucha contra los yihadistas aliados con el Ejército iraquí y otra coalición internacional, hasta su derrota a fines de 2017.

La herencia de Irak en Ucrania

Aunque hoy día se opta por no hurgar en las cosas del pasado para explicar el presente, los fallos de Estados Unidos en Irak, su fracaso en Afganistán e incluso su derrota indirecta en Siria pueden rastrearse en el revanchismo que ha llevado a Washington a convertir la guerra de Ucrania en una contienda por delegación contra Rusia.

Ciertamente el conflicto ucraniano se puede explicar por el despotismo y megalomanía de Vladímir Putin, las amenazas que Rusia ha sentido con el avance de la OTAN hacia sus fronteras y por el desafío lanzado por un país, Ucrania, que no quiso aceptar lo que el sentido común geopolítico recomendaba antes de producirse la invasión rusa, esto es, asumir un papel de Estado neutral y no avanzar hacia el estatus de brazo armado de Estados Unidos ante la frontera rusa.

Pero no solo. Hace 20 años, Washington intentaba controlar Oriente Medio. Ahora pretende hacer lo mismo con Extremo Oriente a costa de los intereses y seguridad de China, y para ello aprovecha la incertidumbre en Europa, área prioritaria para el comercio chino. Con su invasión, Putin le ha puesto en bandeja a la Casa Blanca las circunstancias para apostar por la política de las cañoneras inaugurada por EEUU en el siglo XIX y que ahora enfila hacia Moscú y Pekín.

Sin embargo, todo indica que Washington no aprendió mucho en Irak. Dejó un país devastado e hizo lo mismo en Afganistán, donde la retirada estadounidense en 2021 y la reocupación de Kabul por el ejército talibán parecen remarcar esa estrategia tan estadounidense de entrar en un sitio, provocar el caos, hacer como si se tratara de reconstruir el lugar y después poner los pies en polvorosa y dejar el sitio empantanado. Ahora se pretende hacer lo mismo en Ucrania.

La Corte Penal Internacional de la Haya acaba de emitir una orden de detención contra Vladímir Putin

Bush junior apostó por quitar a Saddam Hussein y lo logró a costa del caos. El presidente Joe Biden apunta ahora a la cabeza de Putin, pero el error de cálculo puede ser en esta ocasión garrafal.

El Tribunal Penal Internacional de la Haya acaba de emitir una orden de detención contra Vladímir Putin por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra en Ucrania. Pero no fue Putin el primero en desencadenar una guerra injustificada.

Con ocasión del aniversario de la guerra de Irak, se debería recordar que esta contienda la iniciaron, sin el permiso de la ONU, algunos de los países que ahora acusan, con razón, a Rusia de lanzar una invasión ilegal.

Se trató, como en Ucrania, de un uso de la fuerza ilegal para romper el orden establecido y violentar la soberanía de un país. Por tanto, punible por el derecho internacional. Se podría haber incluso sentado en el banquillo a George Bush, al británico Tony Blair o incluso al entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar (los tres de la reunión de las Azores), por dar vía libre a crímenes contra la paz. Por supuesto, esto no ocurrió y nunca sucederá.

Gobiernos del PP regaron la fundación adscrita a su partido con 750.000 euros de dinero público desde 2019

La Fundación Concordia y Libertad ha estado inactiva en los últimos meses y presenta su renovación este 17 de marzo; sin embargo, no ha dejado de recibir subvenciones. Desde 2019 todas las ayudas de Gobiernos autonómicos y locales que ha recibido eran del PP.

Barones PP

Alberto Núñez Feijóo, el pasado 6 de diciembre, junto a los presidentes autonómicos y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.  EFE/ Kiko Huesca

Alberto Núñez Feijóo relanza este viernes la Fundación Concordia y Libertad, el brazo ideológico del Partido Popular que quedó descabezado cuando Adolfo Suárez Illana, su presidente, dejó la política el pasado 29 de noviembre. Desde entonces la fundación ha estado «inoperativa», aseguran en Génova, mientras se construía un nuevo equipo y un nuevo proyecto para relanzarla este 17 de marzo. Aún así, el cobro de subvenciones no cesó. El pasado 12 de diciembre la fundación adscrita al PP recibió 110.000 euros de la Comunidad de Madrid: dos ayudas, por valor de 100.000 y de 10.000 euros, que concedió la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Según consta en el boletín de la comunidad, se otorgaron 100.000 euros a la fundación del PP para un proyecto de cooperación exterior «para apoyar la construcción de comunidades medioambientalmente sostenibles en el departamento de Boyacá (Colombia)». La otra subvención, de 10.000 euros, se concedió para acciones de «fortalecimiento de capacidades locales y construcción de ciudadanía activa para el proceso de localización de la Agenda 2030» en cuatro municipios del norte de Madrid.

La Fundación Concordia y Libertad (renombrada así por el PP de Pablo Casado y a la que previsiblemente Feijóo también cambiará el nombre este viernes) tenía un plazo de 18 meses desde la recepción del dinero para desplegar el primer proyecto y un año para el segundo. Por ahora, han consumido cuatro meses, pero resulta difícil seguir la pista de ambas subvenciones porque la actual dirección del PP, preguntada por Público, se desliga de ellas y asegura que la fundación se reiniciará por completo. Es más, en sus comunicados oficiales se refieren a una «nueva fundación».

La pista de las dos subvenciones otorgadas por Madrid se pierde con el reinicio de la fundación

Este periódico ha tratado de conocer el detalle y el estado de los proyectos subvencionados por la Comunidad de Madrid preguntando tanto al partido como a los responsables de la propia fundación, pero no ha habido respuestaEn su página web, todavía sin renovar, no consta ningún proyecto ni en marcha ni anterior en la región colombiana de Boyacá.

Según la base de datos nacional de subvenciones, la adjudicación de las ayudas se hizo a la Fundación Humanismo y Democracia, que es el nombre con el que se constituyó originariamente en 1977. Cuando Casado la renombró, la operación fue únicamente eso: un cambio de imagen y de nombre. La fundación mantuvo sus estatutos, sus objetivos y su CIF, el código que identifica a las empresas y organizaciones. Esto explica que en algunos documentos siga figurando su antiguo nombre. La operación, en principio, se repetirá de forma idéntica con Feijóo: cambio de nombre y mantenimiento de todo lo demás.

750.233 euros entre 2019 y 2022

Pero las subvenciones otorgadas por el Gobierno de Ayuso no son una excepción. Gobiernos autonómicos y municipales del PP llevan años regando la fundación con ayudas públicas. Entre 2019 y 2022 le han entregado al menos 750.233 euros. Los 110.000 de la Comunidad de Madrid se suman a los 347.300 del Ayuntamiento de Madrid, 175.000 de la Xunta de Galicia y 117.933 de la Junta de Castilla y León.

Este es el dinero público total que esta fundación ha recibido de gobiernos autonómicos y locales desde 2019, según la base de datos de subvenciones. Y todo procede de gobiernos de su propio partido. La Junta de Castilla y León le otorgó la subvención en junio de 2019, la Xunta de Galicia (con Feijóo al frente) en julio del mismo año y el Ayuntamiento de Madrid (ya con José Luis Martínez-Almeida como alcalde) en noviembre. Las dos primeras estaban destinadas a proyectos de cooperación en el exterior.

Además, según publicó eldiario.es en el año 2020, la fundación se encargó de gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid. Esta adjudicación se tradujo en ingresos de 460.000 euros al año para la Fundación Concordia y Libertad entre 2015 y 2020.

El Estado subvenciona las fundaciones de los partidos

La organización está vinculada al Partido Popular de forma oficial desde abril de 2017, unos meses después de que la FAES de Aznar hiciera el camino contrario. Como sucede con gran mayoría de fundaciones de partidos políticos, su principal vía de financiación son las ayudas estatales (del Gobierno central) y no los ingresos procedentes de gobiernos autonómicos y locales. Existen incluso ayudas del Ministerio de Cultura que se dan exclusivamente a las fundaciones y asociaciones de partidos que tienen representación en el Congreso o el Senado.

De hecho, entre 2019 y 2022 la Fundación Concordia y Libertad recibió 1.920.624 euros del Gobierno, entre ayudas del Ministerio de Cultura y del de Asuntos Exteriores. La Fundación Pablo Iglesias, la principal del PSOE, en ese mismo tiempo percibió 1.393.242 euros en subvenciones del Gobierno central y solo 10.387 euros en autonómicas, en este caso, de la Comunidad de Madrid.

La fundación del Partido Popular, eso sí, tiene como uno de sus objetivos «la Cooperación Internacional, especialmente en países en vías de desarrollo», según sus propios estatutos.

Inyecciones de dinero que vienen de lejos

Aunque la base de datos nacional de subvenciones solo permite ver las ayudas concedidas en los últimos cuatro años, las inyecciones de dinero a la fundación del PP a través de las Administraciones regidas por el partido vienen de más lejos. Las últimas cuentas publicadas por la propia fundación, las de 2021, recogen las de Galicia, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid, pero también otra del Gobierno de La Rioja. Esta subvención, destinada a cooperación internacional con un monto de 115.844 euros, se otorgó en 2018 por el anterior ejecutivo autonómico, que presidía José Ignacio Ceniceros, también del Partido Popular.

En diciembre de 2022, el Tribunal de Cuentas emitió un informe de fiscalización de las fundaciones de partidos políticos sobre los ejercicios 2018 y 2019. El informe refleja que entre los dos años la fundación recibió subvenciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad de Murcia, la Xunta de Galicia, el Gobierno de la Rioja y la Junta de Castilla y León. Todas las Administraciones estaban gobernadas por populares salvo el consistorio madrileño, en manos entonces de Manuela Carmena (hasta las elecciones de mayo de 2019).

En 2019 la fundación ingresó más de 2 millones de euros: el 70% por subvenciones

Las cuentas, además, muestran una clara dependencia de los fondos públicos. Según el informe, en 2019 la fundación ingresó 2.216.452 euros: el 70,21% por subvenciones públicas, algo más de 1,5 millones. Las donaciones de particulares, en cambio, fueron solo 18.622 euros.

Los tres pies al gato | ‘Aves de rapiña’, por Ana Pardo de Vera

Esta semana hemos conocido que al menos, tres cargos públicos de la Asamblea de Madrid ha cobrados ayudas sociales para familias vulnerables. El portavoz del Gobierno de Ayuso, Enrique Ossorio, lo ha cobrado porque, pese a tener el patrimonio más abultado y la cartera más llena del Ejecutivo, considera que merece un descuento de la factura entre el 25 y el 65% durante 2023 solo por pertenecer a una familia numerosa. Y si usted tiene envidia de él, tenga familia numerosa, ha dicho el consejero con su habitual empatía. Es un hombre que, sin duda, huele el dinero a distancia, no así la pobreza y desigualdad del territorio que gobierna, que no encuentra por ningún lado pese a los reiterados informes de alerta de Cáritas.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha confesado él mismo que también lo cobra y que el suyo es aún más cuantioso que el de Ossorio, porque cobra el bono destinado a los consumidores vulnerables severos, es decir, que le descuentan un 40% de la factura y hasta un 80% durante 2023 si cumple los requisitos. Sabemos a ciencia cierta que Serrano cobra 82.000 euros. Vulnerable no parece, pero lo de vulnerable severo es un insulto a los y las madrileñas que realmente lo son.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, también ha admitido que ha cobrado el llamado bono térmico, como Ossorio y Serrano. Dice que se enteró cuando salió la noticia y que si supiera lo suyo, no habría pedido la dimisión de Ossorio horas antes. Reconoce el error y dice que tratará de devolver la cuantía recibida. Al menos, Mónica García sí ha rectificado, aunque la suya es una equivocación -si lo es- muy grave: de la derecha que preside Ayuso, a la que le parece bien que su hermano se lucre con dinero de la propia administración madrileña que ella gestiona en plena emergencia sanitaria y social; de la derecha que lidera Ayuso, que considera adecuado que se apruebe un protocolo para encerrar a los y las mayores enfermos de covid para morirse en las residencias … De esa derecha, la de la Púnica o la Gürtel, no se puede esperar nada, ninguna solidaridad, justicia social, … nada. Pero de la izquierda que pide empatía a la derecha, sí, sus votantes, simpatizantes, militantes, no esperan, desde luego, lo que ha hecho Mónica García, tuviera constancia o no.

El bono que han cobrado Ossorio, Serrano y García no siendo vulnerables, llamado bono social térmico, no se obtiene por generación espontánea, que no te engañen: para acceder al bono social térmico, previamente había que haber solicitado otro bono también para vulnerables, el bono social eléctrico, que sí requiere requisitos. Es decir, los tres cargos públicos que han recibido la ayuda social han pedido previamente otra ayuda, siendo conscientes de que ni son vulnerables ni les hacía falta. Siendo conscientes de que los recursos públicos son finitos y alguien que los necesite, algún día, dejará de percibir una ayuda por su culpa.

Informe final: Dina debe ser investigada por delitos de lesa humanidad

Un manifestante herido durante enfrentamientos, en Juliaca, región de Puno, Perú, 9 de febrero de 2023. (Foto: Getty Images)

El Gobierno de Perú debe ser investigado por homicidios, torturas y otras conductas de sus fuerzas armadas y seguridad, dice el informe de un organismo pro DD.HH.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos concluye en su informe revelado este jueves que el Estado peruano es responsable por la grave violación de los derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde diciembre del 2022.

Bajo el título “Violación de los derechos humanos en Perú (diciembre de 2022- febrero de 2023)”, el documento señala que “resulta indubitable la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones constatadas”.

Gran parte de las vulneraciones —constatadas—, por su carácter sistemático y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional”, destaca el organismo después de escuchar testimonios en Lima (capital), Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco sobre la muerte de más de 60 personas en el marco de las protestas y la crisis política.

 

La organización de DD.HH. refirió que el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú “se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales, básicas y elementales”.

Asimismo, denunció la interrupción constitucional en la titularidad del Ejecutivo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo sin atender a los procedimientos exigidos en la Carta Magna.

El documento subraya que el Estado peruano “hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DD. HH.”.

A partir de ello, el texto recalca que el actual gobierno transitorio peruano “debe ser investigado por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares”.

En los últimos meses, tras la asunción de Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido el presidente electo Pedro Castillo, se han incrementado el número de protestas en todo el país con una serie de exigencias, tales como la renuncia de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

En medio de las protestas, más de 60 personas han perdido la vida y otras 1970 han resultado heridas, según datos oficiales divulgados por la Defensoría del Pueblo.

Arranca primer tren de carga directo Pekín-Moscú, rumbo a Europa

Primer tren de carga que cubre ruta Pekín-Moscú.

Un tren de carga partió este jueves desde Pekín rumbo a Moscú, marcando el lanzamiento del primer servicio directo de este tipo de trenes entre China y Europa.

Con 55 contenedores, que contienen mercancías como materiales de construcción, electrodomésticos y ropa, el tren partió del centro logístico del distrito de Pinggu, en el noreste de Pekín (capital de China).

Según la agencia china de noticias Xinhua, se prevé que el tren llegue a Moscú (capital de Rusia) en 18 días, tras recorrer una distancia de unos 9000 kilómetros.

“En el pasado, teníamos que enviar los productos a las provincias (chinas) de Henan o Hebei antes de que fueran enviadas a Europa”, dijo Chu Yixiao, gerente general de Taitong International Transportation Co., Ltd.

 

Con este nuevo servicio ferroviario, destaca Chu, las mercancías ahora pueden ser enviadas directamente desde Pekín hacia Europa, reduciendo los costos logísticos y aumentando la eficiencia del transporte, dando nuevas oportunidades a las empresas.

Este año es el 10.º aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Según Liu Zhenfang, presidente de la junta directiva de China State Railway Group Co., Ltd., los trenes de carga China-Europa conectan 108 ciudades chinas con 208 ciudades en 25 países europeos y registran 65 000 recorridos en las rutas de carga.

Rusia revela por qué EEUU usa incidente de dron para acusarla

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, durante una sesión informativa.

Rusia señala la situación caótica en mercados financieros de EE.UU. y asegura que Washington busca tapar este problema, entre otros, usando el incidente del dron.

“La situación es desastrosa en el ámbito financiero de EE.UU. Ya saben lo que está pasando allí: la inflación, la caída de tres bancos de EE.UU. Si alguien tiene dudas sobre si estos son bancos serios, le puedo asegurar que no son unos fantasmas. Eso significa que es necesario cambiar la narrativa”, dijo el jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en comentarios sobre el incidente con el dron estadounidense sobre el mar Negro.

De hecho, el Comando Europeo de Estados Unidos declaró el martes que dos cazas rusos Su-27 interceptaron un dron MQ-9 Reaper y uno de ellos colisionó con la aeronave, golpeando la hélice del vehículo aéreo no tripulado, por lo que las fuerzas estadounidenses tuvieron que derribar el aparato en aguas internacionales.

Rusia, no obstante, niega que sus fuerzas hayan hecho algún esfuerzo para derribar el dron y, en cambio, sugiere que el avión estadounidense posiblemente se habría estrellado debido a una “maniobra brusca”.

 

En declaraciones hechas durante el programa ‘60 minutos’ del canal Rossiya 1, Zajárova también denunció que hay motivos electorales detrás de las nuevas acusaciones de la Administración estadounidense, pues “había que crear una impresión de participación activa en todos los asuntos mundiales, ¿y qué es más activo que enviar un dron estadounidense?”, cuestionó.

De igual manera, acusó a EE.UU. de aprovechar el incidente para desviar la atención de la situación con las explosiones en los gasoductos Nord Stream, de las que Moscú acusa a Washington.

Efectivamente, la funcionaria rusa dijo que EE.UU. trata de “interrumpir” las investigaciones sobre las explosiones en Nord Stream.

Tras la caída del dron estadounidense sobre el mar Negro, el Ministerio de Defensa ruso advirtió el miércoles que los vuelos de vehículos aéreos no tripulados estratégicos estadounidenses frente a la costa de Crimea son provocativos por naturaleza, “lo que crea las condiciones previas para una escalada de la situación en la zona del mar Negro”.

La Defensa rusa alertó que tomará “proporcionalmente” represalias a todas las futuras provocaciones de EE.UU.

Newsweek: Ya es hora de retirar las tropas estadounidenses de Siria

Soldados estadounidenses se dirigen a una instalación de producción de petróleo en Siria

La intervención de EE.UU. en Siria es parte del statu quo defectuoso de la política exterior norteamericana instigado por belicistas, dice una congresista.

“Si no luchamos contra ellos allí, vendrán aquí”, estoy cansada de esta frase, manifiesta la congresista republicana por Florida Anna Paulina Luna, en un artículo publicado el jueves en la revista estadounidense Newsweek, mientras recuerda las varias iniciativas presentadas en el hemiciclo para retirar las Fuerzas Armadas de EE.UU. de Siria.

Para ella, abandonar el país árabe, es uno de los pasos fundamentales para “redigir” la política exterior de Estados Unidos, hasta ahora fallida, pues, explica, durante más de un cuarto de siglo, Washington ha desperdiciado recursos y derramado sangre de sus soldados en todo el mundo en vano.

“El argumento de que mantener a los estadounidenses en el extranjero es necesario para detener los ataques terroristas es absurdo”, reconoce. A su juicio, la crisis de Siria es un ejemplo del statu quo defectuoso de la política exterior de Estados Unidos, que mantienen vivo los belicistas derecha e izquierda por conveniencia.

La ingenua campaña del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) a favor de una reconfiguración de Asia Occidental fue un “experimento inútil”, sobre todo cuando lanzó la consigna “Al-Asad debe irse”, que solo extendió la guerra y empujó a Rusia a involucrarse por los riesgos que se cernían sobre ella. Peor aún, resultó en una guerra en donde “apareció el terrorista Daesh”.

 

El terrorismo local en países distantes no es una amenaza existencial para Estados Unidos y puede ser manejado de manera efectiva mediante capacidades de larga distancia y estrategias de alianzas prudentes. Y aún si los terroristas reaparecen, con nuevos bríos en la región, esto no exige un despliegue constante de tropas y una guerra sin fin, razona.

La “construcción nacional” de Estados Unidos en Asia Occidental no fue una política prudente. “Tomó miles de millones de nuestros propios ciudadanos y los canalizó a ONG, militares, programas de gobierno fallidos y desperdicio de ayuda exterior, dejando muchas regiones desestabilizadas”, y lo único que detonó fue hostilidad de esas poblaciones hacia los norteamericanos.

“Asia Occidental es una región con antiguas rivalidades tribales y problemas sociales que los estadounidenses no pueden arreglar, ni con sangre ni con dinero”, confiesa.

EEUU debe dejar de meter las narices en Asia Occidental

¿Por qué los miles de millones de dólares gastados en Asia Occidental no se invierten en proteger nuestra propia frontera? ¿Por qué las fuerzas estadounidenses patrullan naciones distantes, pero no la nuestra, que está amenazada? ¿Por qué el equipo que dejamos atrás durante nuestra retirada fallida de Afganistán no se vendió ni se envió a Taiwán?, cuestiona la congresista.

El trabajo de Estados Unidos no es vigilar las calles de Alepo. Es enfocarse en las fronteras estadounidenses y la ley y el orden en las ciudades del país, asegura.

La congresista Luna tiene memoria selectiva

El Ministerio de Petróleo sirio anunció previamente, en un comunicado, que las fuerzas estadounidenses y sus mercenarios están robando alrededor de 66 000 barriles de crudo por día de las áreas ocupadas en el este de Siria, que produce diariamente 80 000.

Después de contrabandear combustible de Siria a Irak, los soldados estadounidenses venden el petróleo de este país en el mercado negro de la región del Kurdistán iraquí y transfieren una parte a sus bases para su propio uso.

 

En diciembre, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio calculó en 111 900 millones de dólares las pérdidas económicas de Siria causadas por las operaciones militares ilegales de Estados Unidos en su territorio.

De acuerdo al comunicado, las pérdidas directas están calculadas en 25 900 millones de dólares: 19 800 millones de dólares por el robo estadounidense de petróleo y gas, 3200 millones de dólares en daños a la infraestructura estatal y 2900 millones de dólares en daños a instalaciones de petróleo y gas.

El Ministerio estimó las pérdidas indirectas en 86 000 millones de dólares.

Reír por no llorar: Ana Rosa apunta a Sánchez tras el descalabro de las bolsas por el Silicon Valley Bank

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En tiempos de desinformación y medias verdades, el contexto lo es todo. Los adalides de la intoxicación lo saben bien y por eso prefieren omitirlo, evitando de este modo que lo real pueda impugnar el relato que quieren imponer.

Sin contexto todo o casi todo tiene visos de ser creíble y/o razonable. Incluso puede uno llegar a pensar que el Gobierno de Sánchez, cuya influencia a nivel macroeconómico –estaremos de acuerdo– es más bien limitada, es capaz de urdir un crack bursátil a escala internacional.

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El rapapolvo de Carla Antonelli a Ana Rosa Quintana tras difundir bulos sobre la ‘ley trans’: «¿No sientes vergüenza?»

Todo es posible sin contexto. Ana Rosa Quintana –una de las más prestigiadas voceras del perrosanchismo informativo– ha tenido a bien abordar del siguiente modo las pérdidas de bancos españoles por el hundimiento del Silicon Valley Bank: «… mientras, la banca española ha perdido 16.700 millones de euros de valor en bolsa en dos días, sin embargo desde el Gobierno siguen defendiendo el milagro económico español…».

Y claro, el personal no ha dudado en señalar la infamia. Y es que la manipulación, en ocasiones, adopta tintes ciertamente escandalosos. Un logro al alcance de muy pocos cuya receta consiste en disolver unas gotitas de irrealidad sobre una base previamente sazonada con su buena dosis de manipulación y su falta de decoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y poco más. Quizá romper una lanza por el contexto. Siempre al servicio de la verdad, siempre necesario a la hora de acotar la realidad y dotarla de sentido, en el caso de que sea eso lo que busquemos…

Los lotes de aceite retirados de 11 marcas incluyen una variedad no apta al consumo

La semana pasada se decretó una alerta sanitaria por fraude por una mezcla de aceites con calidades que no se corresponden con el tipo de aceite que aparece en la etiqueta de los envases. No se ha detectado riesgo para la salud.

Castilla-La Mancha salva la campaña de aceite de oliva, afianzándose como segunda región productora del país

Un hombre sirve un poco de aceite de oliva en un vaso para hacer una cata.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha elevado a la Justicia el presunto fraude detectado en la comercialización de aceite de oliva, de las cuáles ya se han inmovilizado hasta 68.000 litros, al detectar en la primera muestra analizada una mezcla de aceite lampante con aceites refinados, no apto para el consumo humano.

Así se desprende de los resultados obtenidos en el análisis que ha realizado el laboratorio Agroalimentario de Extremadura en una muestra de aceite intervenido, en concreto de la marca Cortijo del Oro. Unos resultados que ha recibido la Dirección General de Salud Pública de los análisis encargados con motivo de la alerta alimentaria por posible fraude en el etiquetado de aceite.

La muestra analizada, según los parámetros estudiados, es mezcla de aceite lampante con aceites refinados, lo cual supone un delito contra la salud pública por lo que se dará traslado a la Justicia, puntualiza la Junta en una nota de prensa.

¿Qué es un aceite lampante?

Según explican desde Facua, lampante es aquel aceite de oliva virgen de peor calidad que otras variedades que no es apto para el consumo y que está destinado a la refinación para su uso industrial. Puede ser lampante por un problema en las aceitunas, porque hayan sido recogidas del suelo o bien, porque se encuentran demasiado maduras.

No obstante, también puede ser un aceite lampante aquel que no es apto para el consumo debido a deficiencias en el proceso de elaboración, por lo que presenta valores de acidez o parámetros que no recomiendan su ingesta.

Otra novedad se refiere a las marcas implicadas en el presunto fraude, pues si inicialmente era nueve (Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz), los veterinarios y farmacéuticos del Servicio Extremeño de Salud han identificado otras dos, La Esmeralda y Vareado, tanto en el Área de Salud de Badajoz como en la de Mérida.

Alerta sanitaria por mal etiquetado

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) fue alertada hace una semana por dos consumidores que habían adquirido el aceite y detectaron características organolépticas alteradas, con lo que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió una alerta sanitaria por fraude.

La alerta ha provocado la inmovilización de hasta 68.000 litros de hasta 11 marcas de aceite

Dicha alerta ha provocado la inmovilización de hasta 68.000 litros de hasta 11 marcas en la región a la espera de los resultados analíticos, que han confirmado la presencia del llamado lampante con refinados al menos en una de ellas, Cortijo de Oro. Y este resultado, según la Junta, supone un delito contra la salud pública, por lo que se dará traslado a la justicia.

El Ejecutivo regional reitera que hasta la fecha no se ha identificado la presencia de un riesgo para la salud derivado del consumo de estos aceites sobre los que pesa la alerta, al tratarse de un «fraude por una mezcla de aceites con calidades que no se corresponden con el tipo de aceite que aparece en la etiqueta de los envases», e incluso, en el caso del aceite analizado con «un aceite no apto para consumo humano».

Planas: «Es una irregularidad penal»

Este jueves, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que aunque es «un caso puntual, no se puede dejar pasar». Según Planas, los hechos no son «ninguna irregularidad administrativa, es una irregularidad penal», y desde el Gobierno se está trabajando conjuntamente con la Junta de Extremadura, la de Andalucía y la Agencia de Seguridad Alimentaria porque «es fraude de consumo, pero es un fraude que va mucho más allá».

Planas: «Es fraude de consumo, pero es un fraude que va mucho más allá»

Por ello, espera que una vez concluidas las investigaciones el ministerio fiscal «sea muy activo con esta causa porque es un tema que no nos podemos permitir». Planas ha recordado que hace dos años se llevó al Consejo de Ministros y se aprobó la primera norma «tremendamente estricta» en materia de trazabilidad y comercialización de los aceites de oliva.

Además, ha puesto de manifiesto que España es país líder en aceite de oliva, el mayor productor del mundo, tanto en calidad como cantidad «y no nos podemos permitir ninguna falla».

La Fiscalía Anticorrupción investigará los contratos de la Comunidad de Madrid en la Cañada Real

El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia presentada por la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, a la que se sumó Más Madrid. 

Una mujer camina cargada con bolsas en la Cañada Real, a 31 de diciembre de 2021, en Madrid, (España).

Una mujer camina cargada con bolsas en la Cañada Real, a 31 de diciembre de 2021, en Madrid, (España).  Ricardo Rubio / EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción investigará las últimas actuaciones que el Gobierno regional del PP ha impulsado en la Cañada Real Galiana. El Ministerio Público abrirá diligencias a raíz de una denuncia presentada por la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, a la que se sumó Más Madrid, en la que se alerta de la posible comisión de varios delitos por parte de la Comunidad de Madrid en la zona.

En concreto, en la denuncia impulsada por Jacinto, advierte de la posible comisión de varios delitos contra el medio ambiente, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y prevaricación administrativa, cohecho y encubrimiento, así como por posibles coacciones inmobiliarias por parte del Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, y la empresa Amaexco (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid).

La denuncia refleja, también con imágenes, la «acumulación de montañas de tierra en zonas colindantes a las viviendas habitadas», algo que «pone en riesgo la integridad física de los vecinos». El motivo es que esos amontonamientos «ni están apuntalados ni se encuentran dentro de ningún espacio habilitado al efecto que supusiera alguna garantía ante posibles desplazamientos», según indica el escrito.

Asimismo, el texto apunta a que dichos vertidos impiden actualmente el acceso de vehículos de emergencia y policiales y obstaculizan el desplazamiento de los vecinos en su vida cotidiana. Además, se atestiguó la presencia de residuos contaminantes perjudiciales para la salud tales como «uralita, materiales con amianto, chatarras, electrodomésticos, etcétera».

«Esos terrenos y sus zonas aledañas están siendo utilizados para depositar tierras que provienen de obras de toda la Comunidad de Madrid mediante los camiones que organiza Amaexco. A diario, más de 500 camiones entran en la zona para depositar tierras traídas de obras de la construcción de todo Madrid. Cada camión paga una tasa irregular a la asociación Amaexco por permitirle verter tierras en la zona sin control ambiental», refleja la denuncia.

Respecto a los posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho y encubrimiento, la Fiscalía Provincial de Madrid ha dictaminado que dará traslado de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, dado que observa indicios de que Amaexco ha seguido vertiendo tierras sin que haya tenido prórroga su contrato, además de derribar viviendas sin que medie contrato público pese a que el Comisionado de la Cañada Real recurrió a Amaexco para «agilizar» el derribo de viviendas sin sujeción a contrato.

«Los vertidos de tierras no cesaron en 2018 como hubiera sido de esperar al concluir el convenio, sino que continuaron y ampliaron su volumen al margen de todo marco normativo habilitante y sin control ambiental alguno», resalta el escrito.

También se investigarán los derribos

Asimismo, en relación a los derribos de vivienda y acoso inmobiliario, la Fiscalía ha dictaminado, dado lo indicios de delito, que esta denuncia se acumule al procedimiento ya abierto que conocimos la semana pasada, un proceso por el que se imputó a Julio César Santos García, jefe de disciplina urbanística del equipo del alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, a raíz de la demolición de la casa de un vecino mientras se encontraba fuera del país el pasado mes de julio.

«Todos estos hechos, tanto el cierre del camino y el aislamiento de las viviendas mediante el vertido de tierras, como los derribos irregulares y las amenazas para que los habitantes abandonen sus viviendas, constituyen un clima coercitivo destinado a impedir el legítimo disfrute de sus viviendas de la población afectada, lo cual está específicamente perseguido y agravado por el artículo 172 CP en su párrafo tercero». «La jurisprudencia ha venido definiendo este mobbing inmobiliario» con conductas reiteradas y hostiles dirigidas a privar a población vulnerable del disfrute legítimo de su vivienda», finaliza la denuncia.