La vicepresidenta segunda del Gobierno estaría conversando con Podemos, IU, Más País, Compromís y otras formaciones. Entre los debates, cómo conformar una candidatura y definir cuál será el modelo de primarias.
La información sobre la multitudinaria protesta en Santiago contra el uso partidista de la CRTVG a favor del PP se emitió sin declaraciones en una cola al final del informativo de mediodía y apenas ocupó 20 segundos en el de la radio pública.
Imagen de la manifestación contra la manipulación informativa el pasado domingo en Santiago. — César Arxina / EUROPA PRESS
Los servicios informativos de la Televisión de Galicia camuflaron el pasado domingo la noticia de la multitudinaria protesta contra la manipulación informativa de los medios públicos gallegos celebrada en Santiago con un corte de imágenes locutadas de apenas 35 segundos al final del telediario de mediodía, sin dar oportunidad a los convocantes de expresar sus reivindicaciones y mezclándola con otros breves sobre conflictividad laboral.
La manifestación convocada por el comité de empresa de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), a la que asistieron varios miles de personas en la capital gallega según los medios locales, no figuró en los titulares del Telexornal mediodía fin de semana, el informativo de mayor audiencia del día y más de media hora de duración. El tema ocupó el puesto 16 de la escaleta de 22 noticias emitidas el domingo.
El Telexornal abrió con un atropello mortal intencionado en Torrejón de Ardoz (Madrid); unas declaraciones del conselleiro de Sanidade de la Xunta sobre la gripe acompañada de una glosa sobre los buenos datos de vacunación contra esa enfermedad y contra el covid-19 en Galicia; la alerta naranja por olas y viento en el litoral de A Coruña; la detención de tres personas por robo; la desaparición de un renfermo de alzhéimer en un pueblo de Ourense; el caso de un vecino de Betanzos (A Coruña) quien pese a estar vivo consta como muerto en los registros del DNI, y el accidente de un avión de pasajeros en Tanzania.
La noticia de la manifestación contra la manipulación en la CRTVG ocupó en el informativo de la propia casa poco más de medio minuto al final de un grupo de noticias breves o colas relacionadas con las convocatorias de huelga en Renfe, en Vueling y en el sector del transporte, y con una manifestación de las dependientas de Inditex en demanda de condiciones y salarios dignos.
La protesta de los trabajadores de la CRTVG no tenía carácter laboral sino reivindicativo de su «dignidad profesional», pero apareció al final de esos breves, sin que se recogiera el testimonio de ninguno de sus representantes ni de ningún participante para que pudiera dar su versión sobre el acto, del que tampoco se ofreció información sobre el comunicado final, crítico con la dirección de la compañía.
Varios trabajadores de la CRTVG han confirmado a Público que la información de la manifestación «no fue asignada a ningún redactor raso en la escaleta», lo que, a su juicio, quiere decir «que fue cocinada directamente por los reponsables de los informativos».
La dirección de la CRTVG ha negado a Público que haya censurado la cobertura sobre la protesta contra la manipulación, limitándose a enviar un enlace al vídeo del informativo, que puede verse en este link a partir del minuto 29:05, y desde el que también puede accederse a la escaleta completa del Telexornal.
Los representantes de los trabajadores, por el contrario, advierten de que el formato de emisión de la noticia, sin entrevistas ni testimonios ni reacciones, el escaso tiempo que se le dedicó, su «camuflaje» entre informaciones sobre otros conflictos laborales y el hecho de que fuera presumiblemente redactada por la dirección, pretendía minimizar el impacto de la convocatoria. A su juicio, se trata de un ejemplo más de la manipulación y de la intención de confundir e «intoxicar» a la audiencia por parte de la dirección de la CRTVG que la protesta pretendía denunciar.
Esa tesis se apoya también en el hecho de que el locutor del informativo de mediodía de la Radio Galega (RG), que dura 30 minutos, apenas dedicó 20 segundos a la protesta de sus compañeros, leyendo de carrerilla , como puede escucharse en este enlace a partir del minuto 25:05, un texto idéntico al que acompañó al medio minuto de imágenes en la TVG.
Lo que parece evidenciar, afirman los trabajadores, que ambas informaciones, la de la radio y la de la televisión públicas, fueron redactadas por la misma o las mismas personas, a pesar de que los dos medios cuentan con sus propias redacciones, separadas física, orgánica y jerárquicamente en la empresa, y de que cuentan con sus propios jefes y equipos de informativos.
Añaden además que tras esos 20 segundos de lectura «plana», el locutor de la RG dedicó otros 25 segundos a informar, esta vez con las inflexiones y entonación habituales de un profesional de informativos, una noticia beneficiosa para los intereses de la dirección: la CRTVG había recibido el distintivo Ardán, con el que el Consorcio Zona Franca de Vigo distingue a aquellas empresas «que presentan altos valores de igualdad desde una perspectiva de género en el ámbito laboral».
En realidad esa noticia era de dos días antes, tal y como recogió el viernes pasado la web de la CRTVG. Para los trabajadores, su emisión el domingo sólo pretendía, de nuevo, restar impacto a su acto de protesta y «engañar» a los oyentes de la RG.
El comité de empresa de los medios públicos llevaba semanas preparando la protesta bajo el lema «Por una CRTVG al servicio del pueblo, ¡rescatémosla!», e incluso denunciaron represalias y presiones a los delegados sindicales que la promocionaron.
La apoyaban medio centenar de organizaciones de todo tipo encabezadas por Defende a Galega, la plataforma que desde hace cuatro años y medio convoca los «Venres en negros» en defensa de la información veraz y por el cumplimiento de la ley gallega que regula el funcionamiento de los medios públicos.
Se unieron a ella asociaciones feministas, ecologistas, de defensa de la sanidad y la educación públicas, del idioma gallego y de los derechos LGTBI+, además de asociaciones de escritores, artistas, músicos, actores, cineastas y escenógrafos, así como los principales sindicatos y los partidos de la oposición.
En los últimos 17 años, la CRTVG ha perdido alrededor de 400 sentencias por vulneración de derechos laborales y fundamentales. Sólo en el último año, los jueces han fallado en 18 ocasiones en contra de polémicas decisiones de la dirección.
En este tiempo, los tribunales han condenado a la dirección y a la Xunta por vulnerar desde el ejercicio del derecho de huelga al derecho a la conciliación, a la no discriminación por razón de género y a la libre expresión de ideas, e incluso por violar la neutralidad política en plena campaña electoral, entre otras.
La última de ellas fue la condena firme por vulnerar el derecho fundamental a la libertad de expresión del periodista Carlos Jiménez, que fue perseguido, expedientado y sancionado ilegalmente por un tuit en el que se posicionó a favor de Defende a Galega.
La dirección también ha recibido críticas por la emisión de contenidos sexistas, machistas o promotores de la violencia contra las mujeres, y por increpar a concursantes de sus programas por denunciar la manipulación y reclamar unos servicios informativos independientes del poder político.
El director de la CRTVG es Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado por Alberto Núñez Feijóo nada más llegar al poder en el 2009. Se mantiene en el cargo a pesar de que la ley gallega del 2011 establece que su cargo debe ser elegido con el apoyo de al menos dos tercios de los diputados del Parlamento de Galicia, donde el PP nunca ha contado con escaños suficientes para alcanzar esa mayoría.
Los Tratados europeos no permiten enviar material bélico a un país en guerra con presupuesto comunitario, pero en Bruselas han sorteado este obstáculo con el paradójicamente llamado Fondo Europeo para la Paz.
«A veces, luchar o alzar la voz demasiado es un signo de debilidad (…) La UE de la seguridad y la defensa no va sobre militarización, sino sobre combinar el poder duro con la diplomacia, con la prevención de conflictos, con la reconciliación y con la reconstrucción (…) El mundo necesita una fuerza global para la paz que genere confianza, solidez, predictibilidad, valentía y sosiego». Han pasado poco más de cinco años entre estas palabras de Federica Mogherini, ex jefa de la diplomacia a europea, y estas otras pronunciadas esta semana por su sucesor en el cargo Josep Borrell: «Para ganar la paz, primero hay que ganar la guerra (…) Hago una llamada a todos los países europeos que disponen de carros de combate modernos y eficaces, que están acumulando polvo en sus cuarteles y que no sirven para nada, a que los den a Ucrania, y que los den cuanto antes».
La guerra en Ucrania, que entra la próxima semana en su segundo año, representa el cambio geopolítico más importante en Europa desde la caída del muro de Berlín. El regreso de un conflicto a gran escala en el Viejo Continente ha derribado incontables tabúes y líneas rojas en el proyecto europeo. La contienda en Ucrania ha desmantelado el actual sistema energético europeo, ha disparado la inflación a cifras récord y ha girado la balanza de poder europea hacia el Este. Pero también ha impulsado una política europea basada en la militarización del hard power.
Crear una Unión Europea de la Seguridad y la Defensa era ya uno de los grandes sueños de los padres fundadores. Pero con el paso de los años y las resistencias infranqueables de los Estados miembros para ceder competencias en política exterior o de defensa, el proyecto europeo evolucionó hacia un organismo de apuesta por el diálogo y por la paz con el brazo comercial como mayor peso de presión y de disuasión frente a países europeos. Durante los últimos años y, especialmente tras la victoria del huracán Trump, la UE se posicionó como uno de los únicos actores con vías de comunicación abiertas con buena parte de los países del globo jugando un papel crucial en, por ejemplo, cerrar el acuerdo nuclear iraní.
Pero la guerra en Ucrania ha puesto fin a décadas de discurso pacifista. Cuando todavía no resonaban los tambores de guerra, en Bruselas ya se inició el debate –muy poco maduro y factible a día de hoy- para poner en marcha un Ejército europeo. Y se creó, de hecho, el Fondo Europeo para la Paz, destinado a estabilizar regiones como el Sahel, pero que hoy canaliza las armas para Ucrania.
La UE es el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo, pero ha asistido impotente a las crisis que se agolpaban en su vecindad desde Siria a Libia. La capital comunitaria quedó engullida en una ristra de comunicados que solo se limitaban a repetir el «altamente preocupados» y «condenamos en los términos más enérgicos». Y el soft power en un mundo cada vez más volátil, impredecible y caótico comenzó poco a poco a perder su atractivo. Así, se impuso el apetito para hacer de la Unión un actor más asertivo y determinante en el tablero de ajedrez global se ha transformado en un fervor bélico sin precedentes.
«Rusia no puede ni debe ganar esta guerra contra Ucrania», ha afirmado este viernes Emmanuel Macron, presidente francés. Al inicio de la invasión rusa, el mandatario galo era una de las pocas voces que discernían de la postura generalizada, azuzada por los países bálticos y nórdicos, de arrinconar a Vladimir Putin hasta las últimas consecuencias. Macron instaba a evitar la «humillación». Pero un año después, en Bruselas solo se acepta y se apuesta por un escenario: la victoria total de Ucrania. Aunque nadie esgrime cuáles son los términos geográficos sobre los que este triunfo sería aceptable.
«Daremos a Ucrania las mejores armas«, señalaba Borrell la primera semana de guerra. La postura y el tono belicista del español ha sido aplaudido y bienvenido en la mayoría de capitales europeas, pero criticado entre las fuerzas de izquierda. La UE, hasta la fecha, había exportado la noción de que las guerras no se ganan sobre el campo de batalla. Y esto ya ha cambiado. «No soy un war-monger. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. No tengo ningún ardor guerrero. No me gusta la guerra. Claro, prefiero la paz [pero] es de una extraordinaria ingenuidad pedir que se pare la ayuda militar a Ucrania para que la guerra sea más corta y para que se construya más pronto la paz. Y digo ingenuidad, por no utilizar una palabra más fuerte. No, se pueden hacer las dos cosas», se defendía esta semana desde la tribuna del Pleno de Estrasburgo.
Los Tratados europeos protegen el ADN de la UE como proyecto pacifista: no permiten enviar armamento a un país en guerra con presupuesto comunitario. Por ello, la ayuda armamentística a Ucrania se está canalizando a través del paradójicamente llamado Fondo Europeo para la Paz, una herramienta ad hoc que financia la guerra con las partidas que aportan los países.
El mecanismo nació con el propósito de apoyar a los Ejércitos de naciones y regiones desestabilizadas por el terrorismo o por las milicias. Pero la guerra de Ucrania lo ha capitalizado todo. Los europeos han destinado a través de esta herramienta 3.600 millones de euros para trasladar material bélico a las filas de Volodimir Zelenski en tan solo un año. El Fondo Europeo tiene una cuantía total de 7.000 millones para los próximos cuatro años. Pero a este ritmo, se quedaría seco este año. Por ello, los europeos buscan fórmulas «creativas» para continuar engordándolo. Pero el hito ya se ha cumplido: es la primera vez que la UE paga y coordina el envío de armas a un país bajo las bombas.
Europa ha enviado unos 67.000 millones de euros a Ucrania
No obstante, la ayuda militar que la Unión ha destinado hasta la fecha a Kiev es mucho mayor. Si se tiene en cuenta el presupuesto aportado de forma individual por los Gobiernos nacionales, el monto asciende hasta los 12.000 millones de euros. Europa saca pecho y se exhibe como el actor que más ha ayudado financieramente a Ucrania –por delante de Estados Unidos- con un total de 67.000 millones que cubren desde el campo humanitario hasta el económico, humanitario o militar.
Este apoyo a Ucrania ha ido materializándose en paralelo a las sanciones contra Rusia. Los europeos tienen previsto anunciar el próximo 24 de febrero, primer aniversario de la guerra, el décimo paquete de medidas punitivas contra el Kremlin, cuyo impacto cuantifican en 11.000 millones de euros. La maquinaria punitiva más feroz de la historia de la UE no ha tenido el efecto demoledor que se esperaba. La economía rusa no ha colapsado, el rublo mantiene el tipo y la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es más elevada de lo esperado.
En el lado europeo ha ocurrido el escenario inverso. Las sanciones y el desenganche de la energía rusa está sacudiendo los bolsillos de los ciudadanos más de lo previsto. La tasa de inflación escaló en el último trimestre del año por encima del 10% en la Eurozona. Y el precio de la energía se multiplicó por diez. En Bruselas defienden, sin embargo, que la guerra será larga y que su impacto se dejará notar en las arcas rusas en el largo plazo. Lo ven como una carrera de fondo. Moscú vende ya el barril a 40 dólares, la mitad del precio del Brent y el mercado chino está demasiado lejos y no es tan jugoso como el europeo. Pero los europeos también afrontan un desafío brutal para encontrar mercados alternativos que puedan reemplazar los hidrocarburos rusos.
Para Europa, la victoria en Ucrania es ya una victoria personal. Sus implicaciones en la contienda han sido tales que Occidente difícilmente se puede permitir ahora dar pasos más tibios. En Bruselas se impone la idea de que una victoria rusa significaría una amenaza para la seguridad europea, una afrenta a los derechos fundamentales y a la soberanía territorial de los pueblos y una llamada a los líderes autoritarios del mundo para que empleen el uso de la fuerza en sus ambiciones expansionistas.
La guerra cumple su primer año. Y todo hace anticipar que todavía no hemos visto su peor cara. La UE ganó en 2012 el premio Nobel de la Paz. «El arma secreta de la Unión Europea es que cuenta con una forma inigualable de vincular sus intereses tan estrechamente para que la guerra se vuelve materialmente imposible. A través de negociaciones constantes, sobre cada vez más tema y entre cada vez más países. Es la regla de oro de Jean Monnet: ‘Mejor luchar alrededor de una mesa que en un campo de batalla'», señaló Herman van Rompuy, entonces presidente del Consejo Europeo, al recoger el galardón. Pero a día de hoy, la batalla solo gira en torno a la segunda variable de la ecuación.
PUBLICADO EL 17 DE FEBRERO DE 2023
Hace casi nueve años que Felipe VI accedió al trono y, sobre todo, a la Jefatura del Estado. Pero es todavía ahora cuando acaba de presentar el grueso de su plan de transparencia. Este objetivo fue su principal compromiso nada más coronarse como rey, en junio de 2014, y jubilar a su padre, el exiliado Juan Carlos I, rey emérito, rey por tanto, aunque su hijo no lo quiere en España por razones de sobra conocidas.
La Casa Real envió el plan de transparencia a las seis de la tarde del pasado miércoles, que es una hora fantástica para que, o no te presten mucha atención -como así ha sido, salvo honrosas excepciones-, o simplemente, te ignoren. Pero vale, podía haber sido peor y podía haber presentado su proyecto de rey transparente el viernes por la tarde.
Vayamos al plan: si se analiza superficialmente es un avance, pues el monarca asume en general la ley de contratos del sector público y la ley general presupuestaria. Como el resto de instituciones del Estado, vamos.
El problema está en la parte que la Zarzuela considera no pública, es decir, que considera privada, pero que también se financia con presupuesto público, cosa que no ocurre con los responsables políticos del resto de instituciones: una ministra, el presidente del Gobierno, el del Senado, el del Tribunal Constitucional … sí tienen una vida privada y no está costeada toda por el Estado, salvo por el salario que reciben (ojo) por su trabajo de un tiempo tras un proceso de elección democrática.
El rey ha decidido, y así lo recoge su proyecto que ustedes pueden consultar íntegro en la web de la Casa Real, que lo de su vida privada no se toca, es decir, y cito literal: quedan “excluidos” del proceso de transparencia los contratos de compras, servicios o trabajadores para tareas «del régimen interior de sus residencias»; también de protocolo que necesiten «los miembros de la familia real». Tampoco se publicitarán “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, exceptuados los que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o de servicios». Tampoco se conocerán «los contratos relativos a servicios financieros» ni «los contratos sujetos a la legislación laboral».
Como verán, la excepción es amplia y puede llevar a pensar (y a mí se me ocurren muchos supuestos) que ahí cabe de todo lo no ejemplar y que estamos como siempre: la Familia Real tiene un presupuesto bajo control en la ley general que aprueba el Gobierno todos los años y después tiene una vida privada que gestiona como le sale del trono y sin rendir cuentas.
Puede ser que lo haga como su padre, con una vidorra a lo grande protegida (pagada) por el Estado en pleno, o puede que no, como nos dicen que hace como si no tuviera posibilidad alguna de hacer lo que le diera la gana sin que se haga público.
Tengo que reconocer que el plan que se ha montado la Casa Real es ap
«La derecha en España está a la derecha de la derecha»
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Las maniobras, denominadas Mosi-2, tendrán lugar hasta el 27 de febrero entre la ciudad de Durban y Richards Bay.
El Ministerio de Defensa de Sudáfrica comunicó este viernes el inicio de un ejercicio naval conjunto entre su país, Rusia y China en el océano Índico frente a las costas de la provincia de KwaZulu-Natal.
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Las maniobras, que llevan por nombre oficial Mosi-2, tendrán lugar hasta el próximo 27 de febrero entre el área de la ciudad portuaria de Durban, la cual constituye la principal base de la Armada de la nación africana, y Richards Bay.
De acuerdo con las fuerzas armadas sudafricanas, el ejercicio permitirá alinear los sistemas navales operativos de los países involucrados, así como mejorar el comando y control conjuntos.
Al mismo tiempo, la cartera castrense destacó que Mosi-2 constituye una plataforma para que Sudáfrica, Rusia y China realicen intercambios de conocimientos, experiencias y habilidades en el campo.
Por su parte, las fuerzas navales sudafricanas se encuentran representadas por una fragata y dos barcos de apoyo, Rusia por la fragata El Almirante Gorshkov y el buque tanque Kama, China por un destructor, una fragata y un barco de apoyo.
Según dieron a conocer fuentes rusas, el Almirante Gorshkov ejecutará el lanzamiento del misil hipersónico Tsirkon, el cual será el primero en un evento de este tipo, mientras se prevé que alcance un objetivo de superficie a una distancia por encima de los 500 kilómetros.
Este ejercicio resulta el segundo entre Sudáfrica, Rusia y China luego del que tuvo lugar en noviembre del año 2019 frente a la Ciudad del Cabo en el océano Índico al suroeste de la nación africana.
Estados Unidos recalca su rechazo a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.
En línea con la condena expresada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el martes pasado, el portavoz adjunto de esta cartera, Vedant Patel, tachó de “inútil” el texto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que exige al régimen de Israel “el cese inmediato de todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado”.
Según informes, es probable que los 15 miembros del Consejo voten el lunes próximo el texto, redactado por Emiratos Árabes Unidos en coordinación con la Autoridad Palestina, adelantaron los diplomáticos y que fue filtrado el miércoles por la agencia británica Reuters.
El régimen de Tel Aviv ha intensificado sus esfuerzos para expandir los asentamientos ilegales desde fines de diciembre, cuando Benjamín Netanyahu regresó como primer ministro al frente de un gabinete, considerado el más extremista en la historia de este régimen.
Desde la ocupación, el régimen ha establecido más de 250 asentamientos ilegales en Cisjordania que han llegado a albergar a más de medio millón de colonos. El 25 de enero, fuentes de los medios israelíes informaron que el gabinete israelí planeaba aumentar el número de unidades de colonos en 18 000 en los próximos meses.
En el marco de su política de la judaización de las tierras palestinas, el régimen de Tel Aviv aumentó en el último mes un 135 % la demolición de casas y estructuras palestinas respecto a enero de 2022. Esto, a pesar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que todos los asentamientos son ilegales bajo la ley internacional y constituyen un gran obstáculo para la paz.
Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, expuso en su día que los asentamientos son el motor de la ocupación más larga de la era moderna, enfatizando que estos deben considerarse “crímenes de guerra”.
El texto del CSNU también condenó “todos los intentos de anexión, incluidas las decisiones y medidas de Israel con respecto a los asentamientos, incluidos los asentamientos de avanzada” y pidió su revocación inmediata.
El gabinete de Netanyahu autorizó el domingo la instalación de nueve puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada y anunció la construcción masiva de viviendas en asentamientos ya establecidos.
Para los palestinos, estos planes constituyen una amenaza para la seguridad y la paz de la región, que se encuentra en un estado de tensión debido a las políticas y prácticas de persecución, racismo y limpieza étnica aplicadas por el régimen de ocupación contra el pueblo palestino.
El Parlamento ruso revoca de forma unánime 21 tratados del Consejo de Europa, incluida la Carta Social sobre Derechos Humanos.
La Duma de Estado rusa [Cámara Baja] dejó sin efecto el jueves una veintena de tratados del Consejo de Europa, la Carta Social Europea sobre Derechos Humanos incluida, y otros acuerdos. La medida se consensuó de forma unánime.
Entre estos 21 documentos se encuentran las convenciones europeas de lucha contra el terrorismo, la Carta Europea de la Autonomía Local, entre otros.
En enero, el presidente ruso, Vladimir Putin presentó la propuesta, al ver poco factible la continuación de Rusia en estos tratados, tomando en cuenta la casi nula participación del país en el Consejo de Europa desde marzo de 2022 y más cuando dicho organismo suspendió a Rusia como miembro, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania.
Según especulan medios occidentales, este paso se sincroniza con las recientes enmiendas a las leyes rusas sobre el estado de emergencia y la ley marcial, las cuales intentarían sortear las obligaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos.
El jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutski, aseguró la misma jornada que la suspensión de estos tratados “no afectará negativamente a la situación de los Derechos Humanos” en Rusia, como citó la agencia de noticias rusa TASS.
“Durante los 26 años en que Rusia ha formado parte del Consejo de Europa, todas las normas han sido implementadas y se han llevado a cabo reformas legislativas que siguen vigentes y que continuarán estándolo. La Constitución rusa también ofrece estas garantías”, dijo, además de mencionar que la suspensión de los pactos conllevará reformas.
Todo esto se produjo a pocos días de cumplir el primer aniversario, el 24 de febrero, del comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia ha dejado claro, desde un principio, que la operación militar rusa continuará hasta que se logren todos los objetivos del país euroasiático; es decir, la “desmilitarización” y la “desnazificación” total de Ucrania.
Sin embargo, Washington, la UE y otros Estados y organizaciones occidentales le han aplicado varias rondas de sanciones financieras y comerciales a Rusia, que ve estas medidas como “una declaración de guerra”.
Imagen combinada de Javier Ruiz y un fondo repleto de billetes y monedas. Europa Press / Twitter / Tremending
El periodista Javier Ruiz ha explicado de manera clara y concisa que no todo el mundo sufre de la misma forma las crisis económicas. El presentador ha desgranado en televisión cómo, mientras las familias cada vez lo tienen más difícil para llegar a fin de mes, los presidentes de grande aprovechan para subirse el sueldo.
Una explicación que viene al pego tras el movimiento del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que pasa a cobrar un sueldo anual de 400.ooo euros. Ruiz ha calificado este escenario de «austeridad selectiva o desigual».
En cinco años, las nóminas de los empleados se han incrementado un 11%, un porcentaje que dista de las subidas salariales de los ejecutivos, según el periodista. En los consejos de administración, la subida ha sido del 24,45%.
Los consejeros han experimentado un crecimiento del 30,8% mientras que en los consejeros delegados ha sido del 33,94%. Los presidentes de compañía se han subido el sueldo un 43,1% y los del Ibex un 56,2%.
Estos datos han sido recogidos en un momento marcado por la grave situación económica derivada de la inflación, las subidas de precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
