La misma semana en la que han quedado archivados dos señalados casos judiciales dirigidos contra Podemos y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ejemplos de guerra judicial o lawfare contra partidos políticos, el Poder Judicial ha clamado respeto a su independencia. «Déjennos en paz», ha llegado a pedir el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, a los políticos.
La cúpula judicial está indignada por las referencias al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez y que comenzará a materializarse con la celebración de tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, vinculadas de alguna manera con el procés independentista.
El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.
Guerra judicial contra políticas de vivienda social
La jueza de Barcelona que ha archivado la querella contra Ada Colau sí lo ha hecho, al afirmar en su auto que el fondo buitre emprendió acciones penales contra Colau «simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato», puesto que le causaban «perjuicios», que «no justifican la implicación en un proceso penal a políticos, por el mero hecho de estar al frente del Ayuntamiento de Barcelona», sostiene la jueza.
La titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, abronca a Vauras por presentar la querella contra Colau en busca del «efecto mediático que supone involucrar a un partido político», pese a que sabía que Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, no tuvo participación alguna en unas coacciones que no llegaron a producirse.
Ada Colau y los exconcejales Marc Serra y Lucía Martín estaban siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y coacciones tras la querella de la sociedad Vauras Investment por presuntamente haber sido amenazada con no concederle licencias de obras en inmuebles de su propiedad si no ofrecía pisos en alquiler social a las familias desahuciadas del Bloc Llavors, un edificio del fondo buitre en el Poble-Sec, tal y como ordenaba la ley de vivienda catalana.
Colau tuvo que declarar por esta causa dos meses antes de las elecciones municipales del 28 de mayo pasado. Tras conocer el archivo, la exalcaldesa ha manifestado en sus redes sociales que la querella del fondo buitre Vauras es un ejemplo de lawfare y ha planteado si el proceso judicial pudo haber influido en los resultados electorales: «En las últimas elecciones, el actual alcalde del PSC sacó un concejal más con solo 141 votos más. ¿Qué hubiera pasado sin todos los titulares del lawfare y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios?», se pregunta Ada Colau.
Hay que recordar que la jueza Carmen García inadmitió la querella de Vauras en noviembre de 2020 al no apreciar indicios de delito, pero en abril de 2022 la Audiencia de Barcelona admitió el recurso del fondo buitre y ordenó reabrir la causa, aunque rebajando considerablemente el número de delitos investigados.
Bombardeo de querellas contra Colau
De la quincena de denuncias y querellas que ha recibido Colau y su equipo de gobierno de los comuns durante su mandato solo quedan vivas tres, y en dos de ellas permanece investigada la exalcaldesa: una relacionada con la adjudicación de subvenciones y otra sobre la peatonalización de la vía Consell de Cent. Hay otra causa abierta por un caso similar al del fondo Vauras.
El lobby inmobiliario, hoteles, empresas y rivales políticos han llevado a los tribunales su enfado por las políticas de los comuns, desde la vivienda social a la gestión del agua o las zonas de bajas emisiones en la ciudad de Barcelona, como una manera de instrumentalizar el sistema judicial para debilitar a un partido y a una ideología política concreta. Pero ¿qué tipo de responsabilidad tienen los jueces instructores que pese a la carencia de indicios delictivos se embarcan en una investigación abocada al fracaso, que mantiene imputado a un partido o a sus dirigentes?
¿Tienen responsabilidad los jueces?
Es el caso del juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que durante tres largos años ha mantenido imputados a Podemos y a varios de sus responsables en una macrocausa, el caso Neurona, que ha fiscalizado desde las finanzas del partido hasta las relaciones de amistad de la exministra Irene Montero con dos de las trabajadoras de la formación, en la pieza separada caso Niñera.
El juez Escalonilla cerraba la causa esta semana pasada sin atisbo alguno de una reflexión sobre sus motivos para alargar y extender en una decena de piezas separadas una investigación basada en unos endebles indicios: la denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente, en julio de 2020, en una especie de vendetta contra el partido, que fue oportunamente rentabilizada pocos meses después de que Podemos formara gobierno con el PSOE.
Según ha podido saber Público, la formación morada estaría planteándose emprender algún tipo de acción judicial respecto a esta causa que le mantuvo imputado durante toda la pasada legislatura.
Al margen del caso Neurona, hace un mes, Podemos presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra los magistrados Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, y Joaquín Gadea, el juez de refuerzo en dicho juzgado de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y/o omisión del deber de perseguir delitos, en relación a la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Hay que recordar que finalmente la Audiencia Nacional ordenó, en marzo de 2022, al juez García Castellón archivar la causa al entender que se trataba de una investigación «prospectiva» contra Podemos.
Los morados quieren ahora que se estudie la posible responsabilidad de García Castellón y el juez Gadea en la reapertura de la causa, en octubre de 2021, ante los supuestos indicios aportados por el exmilitar venezolano Pollo Carvajal, que trataba de evitar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico a cambio de presunta información sobre la relación entre las finanzas de Podemos y el Gobierno venezolano.
El bloque conservador del CGPJ, en pie de guerra
La continua pugna del bloque de sensibilidad conservadora del CGPJ contra el Gobierno de Pedro Sánchez, recrudecida a raíz del acuerdo para la ley de amnistía, ha provocado no solo una declaración institucional inédita del CGPJ sobre una proposición de ley, incluso antes de que esta fuera presentada y que está denunciada ante el Supremo por Sumar, sino también que el órgano del gobierno de los jueces aborde la legalidad de las comisiones de investigación en el Congreso y el hipotético deber de comparecencia a las mismas de los jueces y magistrados.
Así lo han solicitado al presidente suplente del Consejo todos los vocales designados a propuesta del PP, que esperan que el asunto forme parte del pleno ordinario del próximo 21 de diciembre.
