La Fiscalía pide para el comisario ya jubilado 4 años de prisión por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos ya que considera que Villarejo ordenó la grabación del encuentro entre agentes del CNI y policías de Asuntos Internos que tuvo lugar en octubre de 2014. Pero también le señala como responsable de la posterior difusión de ese audio en medios de comunicación.

Sobre este último punto, hay que subrayar que la instrucción del caso dejó fuera del juicio la pata mediática que colaboró activamente en la publicación y dispersión de la grabación. Se trata de una serie de periodistas y medios que no informaban sobre un acontecimiento de interés público sino que colaboraban activa y conscientemente en la estrategia diseñada por Villarejo.

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PATRICIA LÓPEZ / PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

La coartada de este grupo de apoyo mediático es que son muchos periodistas de varios medios diferentes los que publican contenidos similares sobre la grabación al CNI. Y no es casualidad. Porque esta es precisamente una de las dos estrategias de la defensa de Villarejo.

Tanto los letrados como los testigos que han acudido en apoyo del comisario jubilado, entre los que se encuentran varios miembros de la pata policial que han colaborado habitualmente con Villarejo, han insistido en crear situaciones que abren el abanico de sospechosos de grabar y difundir el audio de la reunión con miembros del CNI más allá de los acusados. Recurren, así, a señalar que son muchos los posibles autores. Se diluye de esta forma la responsabilidad de los acusados.

La otra estrategia de defensa va en conexión con la primera. Se trata de insistir en cuestiones ya zanjadas por la Audiencia Provincial durante la instrucción y que tenían que ver con falsas acusaciones a los investigadores de Asuntos Internos de la Policía (el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén Eladio López). De esta manera, se ha tratado durante el juicio de señalar irregularidades en la investigación y mostrar una supuesta parcialidad manifiesta de los investigadores ya que se insistía una y otra vez en una teórica enemistad entre Villarejo y Martín Blas. Algo que la pata mediática bautizó como «guerra de comisarios» y que ya descartó la Audiencia Provincial.

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PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

Una grabación realizada con la intención de que hubiera varios sospechosos

El primer instructor de este caso, el juez Zamarriego, solicitó a dos organismos técnicos oficiales sendos informes sobre la grabación. Tanto la Policía Científica como el Centro Criptológico Nacional (CCN) concluyeron que la reunión se grabó por conducto telefónico y en remoto.

Por esta razón, el primer punto donde hay que detenerse para saber quién grabó la reunión es el de los teléfonos de los asistentes. Estos aportaron voluntariamente sus terminales para que fueran analizados. Con esa información y la aportada por las compañías telefónicas a petición del juez Zamarriego se puede dibujar lo que ocurrió para que la reunión pudiera ser registrada.

Ninguno de los presentes tenía en sus teléfonos rastro alguno de llamadas entrantes o salientes o grabaciones durante el periodo de la reunión (desde las 17:30 hasta aproximadamente pasadas las 18:00). Es decir, según esta información, esas llamadas o grabaciones no existieron o fueron borradas. Además, todos los presentes en ese encuentro declararon que no sonó ningún teléfono mientras estaban reunidos.

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PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

Sin embargo, las antenas que daban cobertura a las líneas de los asistentes dibujan otra historia. Uno de los presentes recibió una llamada de 13 minutos y 6 segundos. Y esta persona presente era, precisamente, el titular del despacho donde se estaba celebrando la reunión: el jefe de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas. Según el análisis del CCN a este terminal, un ‘malware’ previamente instalado en el teléfono pudo permitir la grabación del audio del encuentro de forma remota y la posterior destrucción de cualquier rastro de esta operación.

El juez Zamarriego solicitó conocer quién era el titular y usuario de la línea que efectúa esa llamada. Gracias a los datos de las antenas se comprueba que esta persona es el periodista Carlos Mier Fernández, en aquel momento empleado en la web ‘Información Sensible’, propiedad de Sensible Code SL, empresa que entonces era propiedad en un 80% del grupo de sociedades del comisario Villarejo y un 20% del periodista Daniel Montero Bejarano. Este último, compaginaba esta posición con la de redactor de la revista Interviú del Grupo Zeta.

Pero no solo se solicitó el titular de la línea, también la posición del teléfono de Carlos Mier durante la celebración de esa reunión. Y se constata que se realiza bajo la antena que cubre la oficina de Villarejo de la calle Mártires, 9, de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, y que es también el lugar de trabajo habitual de Mier en ‘Información Sensible’, a pesar de que la editora, Sensible Code SL tenga su domicilio fiscal en la calle Orense, 12, de Madrid en donde Villarejo posee un piso y un trastero donde guardaba documentación de proyectos. Como Público averiguó en exclusiva, fue también esta misma dirección la que el comisario Juan Antonio González -JAG- usó para constituir una consultora con la que facturar a la Telefónica de Alierta.

Aumentar los sospechosos como defensa

La primera persona a la que se intentó señalar como difusor de la grabación del encuentro fue el comisario Martín Blas. Más allá de ser su terminal el que registra el audio según la información de las antenas, a pesar de que se comprueba que se hizo a través de software malicioso, se diseña un plan para señalarlo sin género de dudas.

Para ello, el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014, Mier llama de nuevo al comisario de Asuntos Internos. La llamada dura segundos y no es atendida. Cabe dentro de lo posible, que esta llamada pudiera ser la vía para borrar en remoto la anterior llamada que se usó para grabar durante la reunión y desinstalar el malware del móvil borrando así todo rastro de la operación de escucha.

En los dos días siguientes, Martín Blas recibe más llamadas de Mier que sí atendió, pero, según declaró el entonces jefe de Asuntos Internos, al identificarse el interlocutor como periodista (Martín Blas asegura que no lo conocía) le colgó, ya que el cauce adecuado para los medios es acudir al departamento de prensa de la Policía.

Esas llamadas no atendidas le sirven luego a Mier para el día 22 y siguientes publicar contenido de la reunión de los policías con el CNI sugiriendo que la fuente es Martín Blas.

Estos artículos de Mier en ‘Información Sensible’ y el reportaje publicado el 31 de octubre por el socio de Villarejo en el accionariado de ese medio, Daniel Montero, que publica en otra revista, Interviú, donde recoge detalles de la reunión, permiten antes de acabar el mes saber que, por un lado, alguien había accedido al contenido de la reunión y, por otro, que son periodistas del entorno de Villarejo los que tienen el primer conocimiento de que se ha producido el encuentro.

Cuando los datos de tráfico telefónico y de posicionamiento empiezan a descartar a Martín Blas como sospechoso, se busca una segunda opción: el policía Miguel Ángel Hidalgo ‘Michel’, que también asistió al encuentro.

Villarejo y sus cómplices a través de la pata mediática que controlan filtran el relato de que Martín Blas atribuye a Hidalgo la autoría y que por eso solicita su cese al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. Sin embargo, el cese, que además se anuló a los pocos días, no fue iniciativa de Martín Blas, sino que fue pensado y decidido exclusivamente por Eugenio Pino, según este acabó por reconocer en el juicio.

Para aumentar la lista de sospechosos, también se pone encima de la mesa, utilizando nuevamente la red mediática, una tercera posibilidad: un agente del CNI que habría asistido telefónicamente a la reunión. Sin embargo, esto ha quedado demostrado con datos y declaraciones que era falso.

Existe otro intento de implicar al CNI en la segunda parte de los hechos que se juzgan, la difusión del audio. El 17 de noviembre de 2014 se organiza una puesta en escena en un parque madrileño con la idea de que se apunte a un agente del CNI como responsable de la entrega de la grabación a Francisco Nicolás Gómez, el Pequeño Nicolás, en aquel momento envuelto en toda la polémica por su detención y el caso de Martínez de la Hidalga. El objetivo era difundirla en prensa a través del joven como paso previo a una solicitud de archivo del caso.

Ese día, Francisco Nicolás se encuentra en el Parque del Canal de Isabel II de Madrid con un amigo suyo, Luis de la Morena, un policía de cierta edad en segunda actividad, quien, según declara, queda con el joven porque detecta en él pensamientos suicidas. Al mismo tiempo que concierta el encuentro con De la Morena, Nicolás cita en el mismo sitio y hora a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Francisco Nicolás pasea dando vueltas con De la Morena mientras los periodistas permanecen a distancia (con «mucho frío» según declaran en el juicio) en una suerte de «notarios» de la escena. Una vez que termina el paseo con De la Morena, el joven se reúne en el bar del parque con los periodistas diciéndoles, según declaran, que paseaba con un agente del CNI. En ese encuentro también les prometió el joven una entrevista en exclusiva a cambio de que los periodistas le entregaran información o material que decían tener que ayudaría al joven a conseguir el archivo del caso que días antes se había abierto contra él.

Cinco días después del sketch del Parque del Canal, el 22 de noviembre de 2014, el periodista Carlos Mier publica en ‘Información Sensible’ una noticia utilizando aquel encuentro como marco: «La venganza del Pequeño Nicolás, el joven denunciará a Asuntos Internos y CNI por fabricar pruebas contra él». En el subtítulo de este texto es cuando se hace referencia por primera vez a la existencia de una grabación de la reunión con el CNI y se apunta a la inteligencia española como responsable de la difusión (e implícitamente del acto de grabación): «Un miembro del CNI ha hecho llegar de manera anónima al entorno de Nicolás un breve extracto de una conversación entre el comisario Marcelino Martín Blas y unos espías».

El 5 de diciembre, Mier vuelve a publicar y relata con más detalles el encuentro en el parque madrileño entre el Pequeño Nicolás y De la Morena, asegurando que este último sería un agente del CNI y que es la persona que le filtra al muchacho la grabación de la reunión.

Una vez se establece mediáticamente esta falsaria entrega de la grabación a Nicolás, el 12 de diciembre se ejecuta otra treta para aumentar el número de tenedores del audio y, por tanto, difusores posibles: los periodistas Inda y Urreiztieta y el inspector de policía José Ángel Fuentes Gago entregan la grabación por triplicado a los responsables de la investigación del caso Nicolás: Gago por mail a Martín Blas, Inda por el mismo sistema a Rubén López y Urreiztieta en mano, en un pendrive, a López.

Esta «jugada» se produce a tan solo cinco días de su difusión del audio (19 de diciembre) en medios. Primero, por la mañana, en el diario digital Infolibre y horas después en el programa de televisión ‘Un tiempo nuevo’, de la productora Mandarina, donde el Pequeño Nicolás ofreció una entrevista.

¿Entregar la grabación para colaborar con la Justicia o para difundir sin responsabilidad penal?

Aunque Inda y Urreiztieta explican que entregan la grabación el 12 de diciembre de 2014 para «colaborar» con las autoridades, en realidad tardaron casi un mes en hacerlo según queda acreditado por el sumario y sus propias declaraciones en el juicio.

Un mail de 17 de noviembre de 2014 de Urreiztieta enviado desde su correo personal a su correo corporativo de El Mundo, es reenviado por el periodista a Inda. Esta sucesión de envíos queda registrada y prueba que este periodista tenía la grabación en su poder desde al menos ese día de noviembre. El mail de Urreiztieta figura en el sumario porque forma parte de la cadena de correos con la que Inda remitió la grabación al inspector López el 12 de diciembre.

Ambos periodistas, pues, tuvieron en su poder durante casi un mes la grabación, a pesar de que sabían que se trataba de la prueba de un delito. Ellos mismos declararon que no publicaron el audio en El Mundo, medio en el que trabajaban, por consejo del abogado del periódico. En lugar de ello, la retuvieron e Inda la rentabilizó usando su contenido (tergiversadamente y para acusar en falso de irregularidades a los investigadores) en las tertulias donde tenía presencia permanente.

¿Y cómo les llegó la grabación a Inda y Urreiztiega? Los datos de posicionamiento de los terminales telefónicos de los periodistas les sitúan la mañana del 17 de noviembre con Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá, en las inmediaciones de Torre Picasso, donde el comisario tenía sus oficinas.

Al día siguiente, 18 noviembre, y tras el encuentro por la tarde noche con Nicolás, el joven acude a casa de Inda en la que este y Urreiztieta le harían la entrevista «exclusiva» que El Mundo publicaría en portada el sábado 22.

Los dos periodistas negaron en el juicio, durante su declaración como testigos, es decir, con obligación de decir verdad, que ofrecieran o dieran nada a Nicolás a cambio de esta exclusiva. Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con lo confesado espontáneamente por el joven al inspector Rubén Eladio, el jefe de grupo de Asuntos Internos. Según este hizo constar en sus informes, el muchacho le declaró que la grabación se la dieron Inda y Urreiztieta el 18 en casa del primero.

También se contradice la versión de los dos periodistas con lo declarado por la también testigo y periodista Patricia López sobre lo que Nicolás le dijo en las horas inmediatamente anteriores al encuentro del Parque. De una parte, el joven le informa de esta cita y, de otra, le dice que no podía darle la entrevista que la periodista le pedía porque se la había prometido a Inda y Urreiztieta a cambio de «algo» que estos le iban a entregar y con lo que lograría archivar el caso que había contra él.

Toda esta estrategia, como ya señaló Público, buscaba no sólo que hubiera muchos sospechosos de tanto la grabación como de la difusión del audio, sino que se archivara el caso gracias a un recurso de nulidad por las «irregularidades» cometidas durante la investigación. Algo que no prosperó.

Entre estas inventadas irregularidades para tratar de lograr la nulidad del caso destaca, por la intensidad con la que fue publicitada, la falacia de que los investigadores sitúan en falso a Villarejo en el Parque del Canal confundiéndole adrede con un paseante. Esta versión aseguraba que esta relación aparecía en el informe que realizan los investigadores después de que el juez solicite las imágenes de las cámaras de la zona.

No solo el informe no lo aseguraba (solo se significaba el parecido) sino que son los propios Villarejo y Fuentes Gago los que a los pocos días del encuentro (3 de diciembre de 2014) comentan entre ellos el gran parecido entre Villarejo y el paseante avistado por las cámaras del recinto.

A todo esto se une que las antenas posicionaron el teléfono de Villarejo durante al menos varios minutos en las inmediaciones y dentro del espacio temporal.

Villarejo y el periodista Daniel Montero se desligan de ‘Información Sensible’

Uno de los puntos clave es la difusión de los primeros detalles de la reunión a través de la web de Villarejo ‘Información Sensible’. El inicio de todo. El comisario de las cloacas ha negado en el juicio tener relación alguna con la grabación de la reunión con agentes del CNI y se ha desmarcado completamente de la gestión financiera, administrativa y de contenidos de ‘Información Sensible’.

Tanto Villarejo como su socio en la empresa editora de esa web, Daniel Montero, han cargado toda responsabilidad en la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y en el periodista Carlos Mier. De hecho, Villarejo ha negado en varias ocasiones conocer a este último o haber hablado con él.

Pero sus propias agendas le desmienten, como ya avanzó Publico. Estos apuntes no solo registran contactos con Mier, sino que señalan un contacto específico el mismo día de la grabación, el 20 de octubre de 2014.

Pero hay más, como Público ha podido saber, gracias al estudio pormenorizado de la guía de audios del comisario (sus famosas agendas), que Villarejo programó una reunión ese día 20 de octubre de 2014 en su oficina de la calle Mártires, 9, de Boadilla. Como se ha señalado antes, este es el lugar de trabajo de Mier y es desde donde se acredita que se realizó la llamada que graba la reunión ese día. Un detalle muy relevante que no ha salido a relucir en el juicio ni durante la instrucción porque las agendas del comisario no fueron solicitadas ni por el fiscal ni por la juez instructora al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Villarejo’.

Como puede verse a continuación, el comisario queda en «ofi de BOA» (la oficina de Boadilla) el lunes 20 de octubre de 2014 a las 9:30 de la mañana con el presidente de Legalitas, Alfonso Carrascosa, cuando lo habitual es que Villarejo trabaje a diario y reciba en su elegante oficina de Torre Picasso.

La documentación incautada dibuja a Carrascosa como socio y/o colaborador en varios «proyectos» del comisario y como persona con amplias y estrechas relaciones dentro de la judicatura y la fiscalía. Motivo por el cual, era una de las personas a las que el comisario recurría en busca de ayuda cuando las cosas se le ponían feas.

Por su parte, Montero se ha desligado de Información Sensible durante el juicio al asegurar que aunque el 20 de octubre de 2014 figuraba en el registro mercantil como socio y administrador de Sensible Code SL, empresa editora de ese medio, en realidad solo era sobre el papel porque, según su versión, se apartó de la dirección de contenidos de la web y de la empresa en junio o julio de 2014 aunque no se hiciera oficial hasta diciembre, y que a partir de esos meses de verano «no sabe» quien dirigía la web y su contenido, si bien remarca que Carlos Mier siguió allí.