Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 1970) es el secretario primero de la Mesa del Congreso y uno de los perfiles más destacados de los comunes a nivel estatal. Desde su puesto en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, es uno de los diseñadores de la estrategia para intentar abrir una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón con Arabia Saudí. PP, PSOE y Vox, amparados en un informe contrario de los letrados, la han rechazado. Pero este doctor en Derecho y profesor titular de Constitucional en la Universidad de Barcelona sostiene que el veto es «jurídicamente aberrante» y que no hace ningún favor a la institución monárquica.

«La crisis que está padeciendo la institución monárquica es irrefrenable», asegura en esta entrevista telemática con eldiario.es. «Solo está sobreviviendo gracias a la falta de transparencia y a la falta de información que hay sobre ella», asegura.

Pisarello defiende la labor del Gobierno de coalición en estos seis primeros meses y subraya la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y asegurar la continuidad del Ejecutivo ante «una derecha muy radicalizada que se ha negado a aceptar el veredicto de las urnas y que ha tenido una posición protogolpista desde el primer momento». El diputado defiende que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común es imprescindible ahora mismo: «Si no se mantiene, podemos ir a salidas primoriveristas«, asegura.

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se acerca a sus primeros seis meses de vida. ¿Qué balance hace de estos primeros meses de mandato?

En una situación de mucha excepcionalidad y teniendo en cuenta que no había un Gobierno de estas características desde la Segunda República, creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener una una mayoría parlamentaria con apoyo de fuerzas progresistas y plurinacionales que nos ha permitido que frente a una emergencia sanitaria tremenda, que se sobreponía a una emergencia social y económica preexistente, se haya minimizado los daños y se haya priorizado intentar que las familias más vulnerables no se vean tan afectadas por la situación.

Creo que la respuesta del Gobierno ha sido una respuesta similar a la que han dado otros países como Portugal e Italia, y en general otras fuerzas progresistas en el resto del mundo, en un contexto muy difícil. Veníamos de décadas de políticas neoliberales muy duras, de una arquitectura internacional que sigue siendo profundamente neoliberal y con una especificidad, digamos, muy española, que es la presencia de una derecha muy radicalizada que se ha negado a aceptar el veredicto de las urnas y que ha tenido una posición protogolpista desde el primer momento.

El Gobierno aprobó nada más llegar la subida al SMI, comenzó el desmontaje de la reforma laboral, se ha aprobado el ingreso mínimo vital. ¿Pensaban que podían avanzar tan rápido en estas cuestiones?

Se han conseguido muchas cosas importantes. Algunas, también ayudadas por el contexto que marcaba que marcaba la pandemia. Después de años de gobiernos del PP marcados por la corrupción, por la práctica descarada de un capitalismo de amiguetes, de pronto se comienza a hablar en España de la necesidad de recuperar la memoria histórica democrática y se pone sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal progresiva. Y, sobre todo, me parece muy importante que es un Gobierno que entiende que con otros gobiernos del sur de Europa, sobre todo con Italia y Portugal, tiene que plantear un cambio de rumbo profundo en la Unión Europea y ejercer toda la presión para que no se salga de esta crisis con unas políticas como las que se le aplicaron a Grecia después de la crisis del 2008.

Tampoco hubiera sido posible sin los apoyos de otras fuerzas, independentistas de izquierdas, fuerzas nacionalistas que han acompañado muchas de esas medidas y que sorprendentemente han sido posibles en un momento en que la propia movilización ciudadana estaba suspendida como consecuencia de la pandemia, lo que podría haber hecho más difícil que se consigan esos cambios.

Ahora el gran reto va a ser poder afianzarlos, que no sean un simple paréntesis durante estos meses de pandemia, que no exista la tentación de pensar que estaba justificado parar desahucios, que estaba justificado impedir despidos abusivos, que estaba justificado crear un escudo social solamente porque estábamos en la pandemia y en la medida en que eso pueda relajarse, pues aparezcan voces que quieran revertirlos.

Más allá de la gestión del coronavirus, que la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado, este Gobierno ya tenía entre sus retos previos y ahora muy probablemente acrecentado, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Hablaba ahora del apoyo de las fuerzas como ERC, como el PNV o Compromís que han ido apoyando al Gobierno. ¿Cree que hay una mayoría estable en el Congreso puede garantizar que se aprueben esos presupuestos?

No diría que se trata de una mayoría estable. Diría que se trata de una mayoría, la de la moción de censura, que debe permanentemente reafirmarse a través del diálogo. Donde hay una diversidad de posiciones, discrepantes en algunos temas. Pero creo que hay una conciencia generalizada de que si esta coalición, en un sentido amplio, no sólo la de gobierno, sino la coalición progresista y plurinacional que permitió echar al Partido Popular no se mantiene, lo que vamos a tener es un retroceso de extrema derecha enormemente peligroso. Con todas las limitaciones que pueda haber, si no se mantiene este gobierno, podemos ir a salidas ‘primoriveristas’, autoritarias, nacionalistas.

¿Es suficiente pegamento el miedo a la derecha? Dos votaciones de prórroga del estado de alarma estuvieron a punto de perderse. El Gobierno optó por negociar por un lado con Bildu y por otro lado con Ciudadanos para amarrar sus apoyos.

No me parece suficiente y por eso insisto en que debe ser revalidada de manera permanente. Una situación de crisis, de emergencia sanitaria, social y económica, no puede ser una excusa para la recentralización, porque las comunidades autónomas y la ciudades necesitan fondos, necesitan recursos y competencias propias también, para poder enfrentar una crisis de estas características.

Un programa de reconstrucción social y económica a la altura del escenario que se va a abrir con una inminente caída de la economía requiere también que haya una parte de la derecha que sea capaz de no moverse al son de la música que marque Vox y los sectores más extremistas. Eso explica, a pesar de las enormes diferencias que uno pueda tener, si ve que en Ciudadanos en lugar de Marcos de Quinto está [Luis] Garicano y defiende el ingreso mínimo vital, pues es lógico que se intente, al menos en esa cuestión del escudo social, llegar a un acuerdo con Ciudadanos. De la misma manera, si Bildu plantea que hay algo que no tenemos que olvidar y es que cuando se relaje la emergencia sanitaria va a ser más necesario que nunca evitar que crezca la precariedad, proteger a la gente trabajadora y, por lo tanto, que el tema de la derogación de la reforma laboral no pase a un segundo plano, pues es importante también que ese acuerdo se busque.

La clave está en que esa geometría variable con esa mayoría progresista y plurinacional y, si fuera posible, con algún sector de la derecha que sea capaz de desengancharse de las políticas golpistas que impulsa Vox y, por momentos, el propio PP, se produzcan sobre una base programática. Si hay acuerdo en que de esta crisis tenemos que salir blindando derechos sociales, blindando servicios públicos, blindando todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, invirtiendo más en ciencia y reorientando la economía en un sentido reindustrializador, verde, con innovación digital, creo que hay que buscar todos los acuerdos.

¿Incluso con Ciudadanos? Su grupo político y Ciudadanos mantienen una actitud opuesta, especialmente en Cataluña.

La incompatibilidad programática con Ciudadanos hasta el momento ha sido absoluta. Pero ya digo, si en Ciudadanos desaparecen [Juan Carlos] Girauta, Marcos de Quinto, Albert Rivera y aparecen algunas voces sensatas, yo creo que la obligación del Gobierno, a partir de unos criterios programáticos muy claros, es sentarse a negociar. Y si eso no funciona, pues reforzar lo que a mi juicio es la coalición de gobernabilidad natural a un Gobierno de izquierdas de estas características, que es el apoyo de estas fuerzas progresistas y plurinacionales, desde el PNV y Bildu hasta ERC, Más País, Compromís, etcétera.

¿Cree que ese giro, ese intento de recuperar una imagen de moderación por parte de Ciudadanos, es real o estético?

Cuando Ciudadanos se suma al trío de Colón y deciden, con el PP, adoptar las mismas políticas que Vox, eso los ha ido conduciendo a la irrelevancia. Yo no sé si hay vuelta atrás de esa irrelevancia o no, pero me consta que hay un sector de la derecha, y de determinados sectores económicos que apoyan a la derecha, que lo que está buscando no es una salida autoritaria, violenta, protogolpista como la que defiende Vox, sino una salida diferente y quiere forzar a esa derecha a abrirse al pacto.

Esa derecha, esos sectores moderados que piden pacto, seguramente no quieren que se produzca la derogación de la reforma laboral y nosotros en eso tenemos que ser absolutamente inflexibles. Pero si nos podemos poner de acuerdo, como ocurrió con la votación del ingreso mínimo vital, aunque en nuestra opinión tendría que llegar más lejos, y hay sectores de esa derecha moderada que entienden que sin ese escudo social mínimo la actividad económica se va a derrumbar, me parece que eso hay que intentarlo. Sin falsas ilusiones, sabiendo lo que es la derecha peninsular y lo que ha sido en estos últimos tiempos.

Dice que parte del empresariado, de las élites económicas, quieren una derecha más moderada. La CEOE y los principales empresarios del país han salido en la última semana a marcar sus prioridades y su agenda de salida de la de la crisis. Han hablado precisamente de mantener la reforma laboral, de no subir impuestos a las rentas altas. ¿Temen que esa presión que hace la CEOE surta efecto en el Gobierno o en los partidos que tienen que apoyar los Presupuestos?

Corremos un riesgo de que el miedo a la caída de la economía acabe, digamos, despertando los peores fantasmas austeritarios de la vieja normalidad y de la nueva normalidad. Ese riesgo está. No solamente en España, sino en Europa. Que se pretenda salir de esta crisis simplemente con el endeudamiento masivo de las familias y las empresas, sin que se hagan grandes cambios ni en la estructura fiscal ni tampoco en la protección laboral, que ya estaba muy deteriorada en estos últimos años.

Nuestra misión como Gobierno va a ser insistir en todo momento para que esos elementos no se pierdan, porque estoy convencido que si fuéramos demasiado moderados y poco audaces a la hora de defender la necesidad de blindar los servicios públicos y los derechos sociales, de tener una fiscalidad más progresiva, no resolveríamos el escenario de caída económica que podemos tener y estaríamos preparando el camino para una salida más conservadora. Ahora, creo que tenemos también la obligación de convencer a una parte de los actores económicos de que eso es así. Si esos sectores van a responder o no, está por verse.

Yo diría que al comienzo de esta pandemia alguien como Antonio Garamendi [presidente de la CEOE] desempeñó el papel de ser la derecha moderada que no eran ni Ciudadanos, ni Vox, ni el PP. Y aceptó, por ejemplo, que se pudiera llegar a acuerdos para mantener los ERTE, que fueron fundamentales durante esta pandemia. En la fase que se abre ahora es importante que ese tipo de clima pueda mantenerse. Comenzamos esta pandemia recordando que había artículos de la Constitución como el 128, que permiten que la riqueza, cualquiera sea su titularidad, está subordinada al interés general. Hay que seguir hablando de eso. Recordando que hay artículos como el 31, que hablan de progresividad fiscal. Y confiando que va a haber una parte de los sectores económicos, sobre todo los que no están vinculados a la economía rentista, de la economía más productiva, con lo que yo creo que es posible llegar a acuerdos.

Hablaba antes de la mayoría de la moción de censura de 2018. Aquel Gobierno se fue al traste después de que JxC y Esquerra Republicana apoyaran una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que decayeron por lo que se convocaran elecciones y entró Vox en el Congreso. ¿Temen que ERC vuelva a tumbar los Presupuestos y, con ello, al Gobierno?

El problema que tenemos ahora es que hay una herida abierta en Cataluña muy grande, una herida política muy grande, que dificulta la gobernabilidad en el conjunto de España. Para que esa herida pueda comenzar a restañarse, es muy importante salir de la excepcionalidad judicial en la que se vive en los últimos años, con personas independentistas presas de manera absolutamente desproporcionada y sin razón de ser.

Y que en Cataluña también pueda haber un gobierno de tipo progresista. Nosotros apostamos porque se produzca ese cambio de ciclo político, que haya un gobierno que entienda que frente a una crisis como la que estamos viviendo es necesario dar respuestas programáticas que sean avanzadas también desde el punto de vista social. Muchas veces hemos compartido ese tipo de preocupaciones con ERC. Pero lo que ERC tiene que hacer es dejar de mirar en el espejo retrovisor a Junts per Catalunya y atreverse a hacer una política realista, republicana y con un contenido social claro. Sin abandonar ninguno de sus otros principios en otros temas.

Hablaba antes del papel de la Unión Europea en la salida de la crisis. Usted forma parte del grupo de trabajo sobre la Unión Europea en la comisión parlamentaria de reconstrucción. Después de un mes de trabajos, ¿qué balance hace de la comisión?

Se han producido algunos debates interesantes, muy fructíferos. Sobre todo cuando han asistido a la comisión expertos y miembros de la sociedad civil, que han hecho aportaciones interesantes sobre algunos de los temas que comentábamos ahora, sobre la necesidad de reformas estructurales que permitan una reindustrialización verde y digital de la economía, la necesidad de proteger a las zonas rurales despobladas, la necesidad de que Europa también asuma una fiscalidad progresiva, por ejemplo, sobre los grandes plataformas digitales y sobre las grandes fortunas. Es decir, que la unión monetaria venga acompañada de una vez por una unidad fiscal.

Al comienzo de la pandemia vimos una respuesta en Europa marcada por los egoísmos nacionales, la poca predisposición para ayuda sanitaria entre países con Alemania negándole ayuda a Italia en material sanitario. Lo que me preocupa es que ahora que en Europa se comienzan a vislumbrar algunas salidas en clave de solidaridad europea, puedan llegar tarde y sean insuficientes. El viernes de la semana pasada Christine Lagarde anunció una línea de liquidez de 1,3 billones de euros a tres años para las entidades bancarias de los países a un -1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de interés. Y esto se parece mucho a la salida del 2008, con ayudas a la banca privada para endeudar de manera masiva a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que hay que evitar por todas las vías.

Es importante precisamente por la envergadura de la crisis que podemos enfrentar, sobre todo en este año 2020, que Europa hable menos y actúe más a la hora de priorizar las transferencias directas y no los créditos a los países que más los necesitan. Y a la hora de entender que si la salida de esta crisis vuelve a ser una salida autoritaria, eso dejaría herido de muerte al proyecto europeo. Hay que aprovechar esta pandemia para hacer los cambios que no se hicieron antes, para reformar la arquitectura institucional y financiera de la UE, para cambiar los estatutos del BCE, para establecer un pacto que no sea simplemente el Pacto de Estabilidad, que ahora está en suspenso, sino un pacto para la inversión en Europa, para la cohesión social en Europa. Me parece que si se llega demasiado tarde a esos cambios, el proyecto europeo puede quedar muy herido.

Acaba de salir una información de última hora. ERC va a votar ‘no’ al decreto de nueva normalidad y critica precisamente que el Gobierno haya buscado el apoyo de Ciudadanos. Le vuelvo a plantear el tema de los apoyos en los Presupuestos.

La historia de Ciudadanos justifica naturalmente todas las desconfianzas que se pueda tener en ellos. Pero si Ciudadanos es capaz de moverse hacia un programa que sea audaz en lo social y que acepte la necesidad de que exista un diálogo en Catalunya y abandone las políticas que han existido en los últimos tiempos, yo creo que hay que hay que escuchar esas propuestas. Ahora, si Ciudadanos no lo hace, me parece que efectivamente ese acuerdo no es posible.

Yo lo que veo últimamente es que en algunos temas Ciudadanos se está moviendo y el Gobierno en ningún momento ha abandonado la idea de que el diálogo en Catalunya tiene que producirse. Que la salida política con Catalunya tiene que producirse.

Dice que la UE tiene que ser valiente en las ayudas a los países que más han sufrido la crisis sanitaria, luego económica y social. Está en duda si esa ayuda va a estar condicionada o no a futuros recortes públicos. Si ocurre, ¿debería aceptar España esa ayuda? ¿Y qué harían Unidas Podemos y En Comú Podem?

Repito que sería un tremendo error que se pretenda actuar en esta crisis con los países de Europa del Sur de la misma manera que se actuó con Grecia para que luego venga el Jean-Claude Juncker de turno a pedir disculpas. No creo que Europa pueda sobrevivir a una respuesta de estas características.

Para mí es una buena noticia que en este contexto, por ejemplo, haya aparecido la idea de las transferencias directas. Europa ha aceptado que no todo se resuelve endeudando a los países receptores de ayuda, sino que tiene que haber transferencias directas por parte de las instituciones europeas. Se ha aceptado en parte eso que ahora se llama el ‘momento hamiltoniano’, que el endeudamiento no lo asuman los Estados, sino que lo pueda asumir Europa como tal. Lo que me preocupa es que sea en la cantidad suficiente y que lleguen a tiempo. Porque el cierre de las empresas, los posibles despidos, se van a producir este año y no estamos en condiciones de postergar mucho esa decisión.

Y, desde luego, dejar claro desde ahora mismo que la única condicionalidad que puede ser aceptable en un momento como el que estamos es la de proteger los servicios sociales, de blindar derechos sociales básicos, la apuesta por proyectos no especulativos, sino con innovación productiva, con valor agregado, etcétera. Pero una condicionalidad que implique recortes y que implique políticas de austeridad sería algo absolutamente suicida a lo que habría que oponerse con rotundidad.

La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó la comisión de investigación que había solicitado desde el grupo confederal sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón tras su abdicación. Han pedido una reconsideración, ¿en qué basan el recurso? ¿Creen que hay margen en la Mesa para que se reconsidere la comisión de investigación?

El rechazo por parte de la Mesa de la petición de comisión de investigación no tenía ningún fundamento jurídico sólido. Nosotros pedíamos que el Congreso pudiera investigar las relaciones comerciales y diplomáticas entre Arabia Saudita y España y las irregularidades que aparentemente han marcado este tipo de relación. Y consideramos que en ese marco era posible que el rey emérito pudiera comparecer en esa comisión simplemente para informar de lo que él sabe. No lo estábamos planteando ningún tipo de control directo sobre la figura del rey emérito, ni exigirle ninguna responsabilidad política, sino que fuera transparente y que informara de todo lo que sabía sobre ese tipo de situaciones.Frente a eso no hay ningún tipo de argumento jurídico. Y la Mesa responde diciendo que el rey es inviolable a perpetuidad y que esa inviolabilidad tiene efectos jurídicos permanentes en el tiempo. Esto es un disparate absoluto desde el punto de vista jurídico.

Es algo que dicen los letrados.

Pero lo asume el acuerdo de la Mesa. Los letrados suelen ser muy profesionales y muy serios en la mayoría de temas que se tratan en la Mesa. Pero es como si existiera un mandato implícito de que cuando se toca el tema de la Monarquía, de actuar como escudo para impedir que eso pueda ocurrir. Es el único tema en la Mesa donde sorprende la actitud de los servicios jurídicos de la casa y la reacción de las fuerzas políticas mayoritarias para dificultar enormemente que se pueda preguntar, que se puedan poner luces y taquígrafos y que se pueda conocer la verdad.

En un contexto como el que estamos me parece que debilita enormemente a la Monarquía, sobre todo porque los ilícitos que están en disputa son ilícitos vinculados a delitos graves de corrupción. Y en un momento en que la situación económica es enormemente precaria para muchísima gente, donde hay muchísima gente que no se puede permitir no pagar impuestos, que no se puede permitir ocultar negocios oscuros, no se entiende bajo ningún punto de vista que esas denuncias sobre corrupción que están saliendo en la prensa internacional, que están dando lugar a la apertura de procesos judiciales en otros países, ni siquiera se pueda discutir en sede parlamentaria.

¿Cree que los letrados ha actuado de forma independiente en este caso?

No creo que sea una cuestión de independencia. Los letrados son muy rigurosos, pero me parece que con el tema de la Monarquía se activa una especie de inercia en virtud de la cual es una institución prácticamente intocable y sobreprotegida, tanto desde el punto de vista penal, como desde el judicial, como desde el punto de vista parlamentario. El tipo de sobreprotección que tiene la Monarquía borbónica en España no existe para la Jefatura de Estado de ninguna república europea ni tampoco de otras monarquías parlamentarias.

Desde el punto de vista penal hay una sobreprotección de la monarquía parlamentaria que ha acabado con tuiteros, con artistas, con cantantes, en prisión. En un caso donde lo que estaba en juego simplemente era la libertad de expresión. Pensemos que desde el punto de vista judicial, la ley de aforamiento ante el Tribunal Supremo con la que cuenta Juan Carlos primero es otra vergüenza que tenía como único objetivo evitar que un nuevo juez Castro, que fue el que investigó a Undargarín, pudiera investigar al rey emérito. Pero un rey emérito que ya no es rey y que por lo tanto no tiene inviolabilidad, no tiene por qué ser aforado. Esa ley, que la pactaron entre Rajoy y Rubalcaba, ni siquiera fue votada por el propio grupo socialista, que se abstuvo.

Y finalmente, desde el punto de vista parlamentario es una cosa muy llamativa, porque en el Congreso se pueden plantear preguntas y se pueden crear comisiones de investigación sobre todos los temas imaginables, menos sobre algo que pueda incidir incluso ya sobre un exrey. Aquí ha habido comisiones de investigación sobre Gürtel, sobre el funcionamiento del Banco de España, ha habido comisiones de investigación en la que se han sentado ministros y exministros. Sin embargo, es imposible que pueda sentarse un miembro de la Casa Real o, lo que es todavía peor, un exrey.

Recordaba ahora que Juan Carlos de Borbón está aforado ante el Tribunal Supremo. Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una una incipiente investigación judicial pidiendo alguna documentación a Suiza, etcétera. ¿No cree que una comisión parlamentaria podría interferir en las actuaciones en esa vía judicial?

Al contrario. Ha habido muchas situaciones en las que se produjeron comisiones de investigación mientras existían abiertos procesos judiciales. El objetivo de una comisión de investigación parlamentaria básicamente es recabar información y garantizar un mínimo de transparencia. Pensamos que Juan Carlos de Borbón podría aportar a una comisión parlamentaria información que podría ser relevante también desde el punto de vista judicial. No hay ningún problema con eso y la propia Fiscalía, al investigar en este caso, ya está admitiendo que el Rey no es inviolable por la vía judicial. Pero por la vía parlamentaria podría aportar información que refuerce los casos judiciales que están abiertos.

A mí me parece que las comisiones de investigación parlamentaria activan también pánicos históricos en las élites. En el año 1923, aproximadamente, Indalecio Prieto, socialista, impulsó una comisión parlamentaria sobre el llamado Expediente Picasso donde, como consecuencia de un desastre militar, se establecía que el máximo responsable podía ser el rey Alfonso XIII, el abuelo de Juan Carlos I. Esa comisión parlamentaria fue bloqueada permanentemente por las fuerzas conservadoras y fue una de las razones de la caída de la Monarquía. La primera Restauración Borbónica acaba con la con la caída del rey producida como consecuencia de la comisión parlamentaria. Y por eso me parece que también hay una una reticencia enorme a que aquel Congreso no pueda investigar este tipo de situaciones.

La consecuencia de eso es inaceptable desde el punto de vista social, que la Monarquía acaba convirtiéndose, a los ojos de la opinión pública, en un freno constante a la democracia, a la transparencia y a la información. Y si eso es así, se podrá impedir que haya una comisión de investigación parlamentaria, pero no se podrá impedir que crezca la condena social. En un caso como éste cada vez hay un porcentaje más alto de la población que entiende que esos delitos de blanqueo de capitales, esos delitos de cuentas no declaradas, esos delitos de fraude que se atribuyen a Juan Carlos I no solamente son reales, sino que incluso pueden salpicar al propio Felipe VI, que ha reconocido que tenía información sobre muchos de esos casos.

Precisamente este fin de semana hemos conocido que la luna de miel de los actuales reyes fue costeada por Juan Carlos de Borbón y que la mitad la pagó un empresario amigo de la familia. ¿Qué les parece?

Es una constatación de que el vínculo entre la Monarquía borbónica y la corrupción es un vínculo bastante estructural, que viene de hace muchísimo tiempo y que no pudo salir a la luz antes porque no se abrieron los casos judiciales que se están abriendo en otros países de Europa. Finalmente se está comenzando a levantar esa esa ley del silencio.

Hay una operación en marcha que querría resolver esto a través del exilio de Juan Carlos de Borbón en República Dominicana e intentando desligar su papel del de Felipe VI. Pero esto es cada vez más complicado porque las revelaciones sobre esta boda demuestran que Felipe VI tenía información sobre muchas de estas cuestiones que estaban ocurriendo. Y la Casa Real emite el primer comunicado sobre estas comisiones y estas cuentas en paraísos fiscales una vez que comienzan las investigaciones internacionales. La pregunta es por qué la Casa Real nunca dio explicaciones antes.

Lo que está ocurriendo ahora muestra ese vínculo de la Monarquía borbónica con la corrupción de la que forma parte una trama de empresas y de actores políticos que también se benefician y que, a nuestro juicio, debe ser investigado porque son posibles casos de corrupción que se producen en las instituciones más altas del Estado, mientras la mayoría de la población padece situaciones de precariedad, mientras las pequeñas y medianas empresas tienen que cerrar mientras siguen pagando impuestos. Esa falta de ejemplaridad resulta intolerable.

Se dice que en una monarquía parlamentaria, que yo creo que la española no lo es, el rey no tiene ‘potestas’ pero tiene ‘auctoritas’. Y la ‘auctoritas’ se pierde como consecuencia de la opacidad respecto de malas prácticas. Me parece que toda la institución entra en una crisis irrefrenable.

A cuenta de esta crisis en la que dice que ha entrado la monarquía española escribía usted hasta hace poco un artículo titulado «Delenda est Monarchia (razones de una consigna)». ¿Cree realmente que pueda haber o que hay en marcha un proceso en el corto o el medio plazo hacia una república?

Sería ingenuo, siendo yo profundamente republicano, decir que veo una salida republicana a la vuelta de la esquina. Pero creo que la crisis que está padeciendo la institución monárquica es irrefrenable que tiene que ver con una crisis histórica de la dinastía borbónica en España. Los Borbones a menudo entraron a la jefatura del Estado como los deseados, como ocurrió con Fernando VII o Isabel II, y luego, precisamente por actuar como una institución conseguidora de negocios, comisionista, etcétera, acabaron en el exilio o repudiados como felones por la mayoría de la población.

En un contexto de crisis tan tremendo en la que, como digo, la precariedad social es tan grande, lo que hasta hace un tiempo parecía una monarquía campechana y una monarquía moderada de pronto aparece como una institución con fuertes vínculos con una corrupción que se niega. Solo está sobreviviendo gracias a la falta de transparencia y a la falta de información que hay sobre ella.

Cuando se produjo esa crisis de la monarquía en el siglo pasado, en la primera Restauración Borbónica, las derechas intentaron una salida dictatorial. Primo de Rivera dio un golpe de Estado utilizando al Rey para apuntalar esa salida autoritaria. ¿Eso podría pasar ahora? Forma parte del imaginario de la extrema derecha, pero creo que otra vez esto hace un flaco favor a la Monarquía porque la conecta con sus orígenes franquistas. Me parece que nos encontramos frente a una situación de bloqueo muy complicada, donde la Monarquía es un tapón para la democratización. En España no va a haber reforma constitucional profunda mientras tengamos la institución monárquica.

Esto no quiere decir que haya una salida republicana a la vuelta de la esquina. Lo que sí veo es que las encuestas que se están haciendo las críticas más duras crecen sobre todo en aquellas zonas de España que tradicionalmente tuvieron esa cultura y esa tradición republicana. A Coruña, partes importantes de Aragón, del País Vasco o de Catalunya. Alcoy, Alicante. Una parte importante de Andalucía y algunos sitios de Castilla. Hay una tradición republicana que puede no estar activada, pero que en un momento de crisis tan profunda podría activarse y expresarse de la manera menos pensable. No nos olvidemos que la II República llegó a través de unas elecciones municipales en las que no estaba en juego el debate sobre monarquía.

El PSOE se ha posicionado históricamente en contra de investigar parlamentariamente al rey. Siempre se acogen a los informes de los letrados, que de momento dicen que esa investigación no tendría cabida en el ordenamiento jurídico español. ¿Se puede generar un conflicto dentro del Gobierno de coalición?

En este tema hay autonomía de posiciones. Por eso hace un momento recordaba el papel de Indalecio Prieto. El PSOE tiene buena parte de sus bases que son republicanas. Estoy seguro que desaprueban lo que está ocurriendo con la Casa Real y que al menos quieren que allí se introduzca transparencia. No me parece que el PSOE esté en este momento en contra de la vía judicial. De hecho, vuelvo a recordar, a pesar de que Rubalcaba y Rajoy pactaron la ley de aforamiento del emérito ante el Tribunal Supremo, el Grupo Socialista en el Congreso se abstuvo en esa votación y la propia Meritxell Batet, que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados, fue crítica por la forma en que se había tomado esa decisión.

Yo creo que hoy el PSOE está de acuerdo que eso se investigue en sede judicial, pero me parece que ahora hace falta que dé otro paso, que es asumir que una comisión de investigación en el Congreso no tendría como objetivo controlar necesariamente al Rey, pero sí aportar información y transparencia, que es lo que estamos defendiendo. Si no se entiende eso, me parece que sería como reconocer una sumisión del principio democrático frente al principio monárquico, que eso significa reconocer que tenemos una democracia de bajísima calidad.

Otro posible asunto que puede provocar fricción en la Mesa del Congreso con el PSOE es la comisión de investigación por las revelaciones de Felipe González en el terrorismo de Estado en los años 80, en la fundación y del GAL, qué nivel de conocimiento tenía, etcétera. Ustedes dijeron al principio que no veían nada nuevo en esos esos papeles de la CIA desclasificados hace ya unos años, pero al final han decidido apoyarla. ¿Por qué han cambiado de criterio?

Lo primero que vimos fue que la supuesta noticia, que no era tal, sobre la desclasificación de los papeles de la CIA venía de La Razón. Nos parecía sospechoso. Pero evidentemente en ningún momento estuvo en duda nuestra posición sobre la necesidad de investigar estos hechos.

Muchas de las cuestiones vinculadas a los GAL no han sido suficientemente investigadas. De 65 asesinatos que se cometieron, solo 24 fueron juzgados. Las víctimas no han sido debidamente reparadas. Sólo por eso ya estaría justificada una comisión de estas características. En segundo lugar porque los GAL son sinónimo de muchas cosas. Me parece que son sinónimos de terrorismo de Estado, son sinónimo de cloacas y son sinónimos de abusos policiales. De cloacas que no solamente existieron desde el momento en que Felipe González, con el visto bueno de Fraga, decide impulsar los GAL, sino que ya existían durante el Franquismo y se mantuvieron durante la Transición. Y son algunas cloacas que incluso existen hoy y que se están utilizando contra el propio Gobierno de coalición, como estamos viendo en muchos movimientos que se están produciendo incluso dentro del ámbito de la seguridad del Estado o del Ministerio del Interior, o como vimos con el caso de Pérez de los Cobos.

Si hubo un elemento de operativo por parte de La Razón o de oportunismo electoral, teniendo en cuenta que hay elecciones en el País Vasco, no es óbice para que sobre estas cuestiones haya que investigar y también, naturalmente, para saber cuál ha sido el papel de Felipe González en todo esto.

¿Cree que el objetivo de esa publicación, que dicen que no entendía muy bien por qué La Razón publicaba esa noticia, era generar una fricción o una ruptura con el PSOE? ¿Han influido las crítica de Pilar Zabala, hermana de una de las víctimas del GAL, en plena precampaña?

No, fueron dos cosas. Advertir de que la información no era nueva. Y ver luego que se pedía una comisión de investigación sobre los GAL cuando sabemos que el tema fundamental de las cloacas sería discutir a fondo una ley de secretos que también viene desde la época del Franquismo. Que esa comisión se presentara ahora, en un momento de elecciones en el País Vasco, y no se hubiera presentado antes, cuando esta noticia, por ejemplo, en 2018 salió publicada en El Salto y otro tipo de medios. Era lógico que no pudiéramos evitar ver que había un elemento de operación política por parte de la derecha que se estaba intentando utilizar también aprovechando las elecciones vascas.

Pero ya digo, no hubo ninguna duda sobre la cuestión de fondo, porque el posicionamiento de Unidas Podemos y de todas las confluencias respecto del terrorismo de Estado, respecto de las cloacas, respecto de la implicación incluso de Felipe González, que ha sido tan denunciada en tantos medios y con tantos documentos diferentes, era un posicionamiento indudable. Escuchar a Pili Zabala fue un argumento más. Yo, en mi caso personal, que soy hijo de víctima del terrorismo de Estado, de la dictadura argentina, obviamente no me podría imaginar en ninguna situación impidiendo que se investigue sobre este tipo de cuestiones.

Hablábamos al principio sobre Catalunya. Quim Torra anunció unas elecciones que todavía no tienen fecha, pero que serán a lo largo de este 2020. ¿Con qué objetivo concurrirán los comunes a esas elecciones? ¿Cree que realmente se podría ir a una ruptura de los bloques que existen ahora mismo en el Parlament de Catalunya.

Sería un elemento que podría efectivamente ayudar a, como digo, restañar la enorme herida que existe en este momento en Catalunya y que no existe creo en los mismos términos en el País Vasco.

Con un programa claramente catalanista, claramente republicano, con un contenido social importante, muy contundente contra contra la corrupción y contra lo que fue el papel tanto de Convergència i Unió en su momento o como en algunos casos de sus herederos, podemos construir una coalición con una vocación federal y confederal.

Nosotros ya hace tiempo que hemos dicho que nos parece que el Gobierno de Catalunya actual es un Gobierno que está agotado. Somos una fuerza que siempre apostamos por las salidas políticas, que hemos criticado la judicialización de la política, que hemos criticado la situación de los presos independentistas, que hemos defendido la necesidad de tender puentes y la necesidad de implicarnos también en muchos cambios que se están produciendo en el conjunto del Estado.

Ada Colau ha cumplido el primer año de su segundo mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Ella lidera el espacio político de Catalunya en Comú y Barcelona en Comú. ¿Qué pasará en 2023? ¿Este debería ser el último mandato de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Se está preparando, buscando o planteando cómo se puede producir ese relevo?

El plan fundamental es reforzar el municipalismo y el papel central que tienen las ciudades como laboratorios de democracia. En el momento en que las últimas elecciones municipales en las que perdió el Gobierno de Madrid, de Coruña, muchos gobiernos municipales progresistas y avanzados, comenzó una especie de retroceso conservador en el que todavía nos estamos moviendo.

A lo largo de la historia de Cataluña y de la historia de España, los grandes cambios democráticos se produjeron cuando avanzó el municipalismo. Y los grandes retrocesos conservadores se produjeron cuando avanzó el caciquismo o cuando avanzó el centralismo que ahogaba al municipalismo. Somos una fuerza municipalista y esa es ahora nuestra principal preocupación, porque no vamos a tener suficiente con tener gobiernos progresistas en el ámbito estatal si el municipalismo no se reactiva desde abajo.

Me consta que es la prioridad de la alcaldesa, que siempre lo ha sido. Nosotros venimos de esos movimientos sociales locales, creo que está en el ADN de los ‘comunes’ y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para mantener vivo ese momento.

¿Y el papel de Ada Colau cuál cree que debería ser en este proceso cuando termine su mandato?

Eso es muy difícil decirlo. Ella es una dirigente carismática que ha demostrado capacidad, en condiciones muy complicadas, de gobernar una gran ciudad como Barcelona. Tiene un gran reconocimiento en Europa y en el mundo. Es una dirigente feminista y a mí personalmente me gustaría que en los ciclos políticos que se vayan abriendo tengamos más mujeres feministas en la primera línea. Eso sería bueno para Barcelona, para Catalunya, para España, para el mundo.

Ada Colau me parece que es un nombre importante dentro de eso. Igual que estamos viendo a Yolanda Díaz, a Irene Montero y a tantísimas mujeres del espacio progresista en primera línea, haciendo un gran papel.