Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy, ya disfrutaba de un cargo importante en la multinacional desde noviembre de 2019, con el permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Pedro Morenés, en una imagen de archivo
El grupo Amper, cuyo presidente es Pedro Morenés, exministro de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y exembajador de España en EEUU (aunque no es diplomático de carrera), ha suscrito un contrato con la Dirección General de Armamento y Material del citado Ministerio por un importe superior a 3,2 millones de euros, según ha informado la compañía.
Morenés fichó en noviembre de 2019 como presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, que pertenece al Grupo Amper, con el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, ya que el exministro cumplía el periodo de incompatibilidad justo entonces. Hace apenas tres meses que ostenta la presidencia del grupo con un sueldo anual de 100.000 euros, según informa la propia compañía.
De hecho, la relación de Instalaza y el exministro empezó el 9 de septiembre de 2005: 17 meses después de dejar el puesto de secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Morenés fue nombrado consejero de dicha empresa, informó en su día El Confidencial.
Cabe recordar que el Gobierno de Rajoy intervino en un decisivo proceso para el Grupo Amper en 2014, «garantizando la viabilidad» de la filial Amper Programas de Electrónica y Comunicaciones S.A.
El Consejo de Ministros aprobó entonces una venta estratégica para la empresa, a través de una serie de contratos con Navantia,en una operaciónque estuvo dirigida por el propio Morenés mientras dirigía la cartera de Defensa.
En concreto, tal y como recoge Europa Press, Amper se ha adjudicado un proyecto para el suministro comercial de imágenes de alta resolución para el Sistema Espacial de Observación Terrestre, demandado por el Estado Mayor de Defensa, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
El contrato tiene una duración de seis meses, aunque podría prorrogarse por un máximo de un año. En la ejecución del proyecto, Amper dispondrá de un acuerdo tecnológico con Maxar Technologies, proveedor de servicios en imagen satelital e inteligencia de Estados Unidos.
Maxar Technologies es una empresa de tecnología espacial que dispone de una infraestructura propia de red satelital de servicio en órbita, especializada en observación de la Tierra y comunicaciones.
Según ha explicado Amper, la cartera de imágenes disponibles a través de la infraestructura satelital de Maxar posee diversidad de resolución temporal, espectral y espacial de gran precisión y resolución, a la que accederá en virtud de ese acuerdo con el contratista estadounidense.
El estado de la sanidad pública –y la preocupación por su futuro– en Andalucía, después de años de deterioro, que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, a pesar de haber incrementado los presupuestos y de recibir fondos para ello, no ha logrado frenar en medio de una fortísima presión asistencial por la pandemia, ha provocado que centenares de alcaldes de toda la Comunidad –sobre todo del PSOE y de Unidas Podemos, también independientes– se hayan organizado para reclamar mejoras al Gobierno andaluz y dar voz a los vecinos que les exigen explicaciones en sus localidades.
En las plataformas no hay alcaldes del PP y la presión va dirigida hacia el Ejecutivo, que se sacude la presión como puede, de momento a través de las delegaciones provinciales de la Junta. «Por supuesto, la plataforma está abierta a todos los alcaldes, incluidos los del PP. De hecho, estamos haciendo mucho hincapié en esta cuestión», afirma Modesto González alcalde de Coria (Sevilla, Andaluces Levantaos).
«Hablamos de problemas reales, que los ciudadanos sufren, que no hace falta explicárselos a la gente. Los que no están son ellos: ¿quién hace política aquí?», añade José María Villalobos, alcalde de Utrera (Sevilla, PSOE).
«Nuestra principal reivindicación es la situación de colapso de la atención primaria, que es lo que los vecinos nos hacen llegar con muchísimas quejas. Es una situación generada por los muchos años de dejadez por parte de la Junta de Andalucía«, agrega González.
«Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se alcance un gran acuerdo social y político sobre la sanidad», propone Juanma Valle, alcalde de Los Palacios (Sevilla, IU). «Cuando empezó la plataforma –añade Valle– quedó claro que nacía sin colores políticos, porque alcaldes y alcaldesas representamos a nuestros pueblos. Tenemos claro que la plataforma es plural: del PP no hay porque no han querido. Entendemos que es un error. Esto nace del diálogo y buscamos el diálogo. Bastante tenemos con lo nuestro para enzarzarnos en cosas que no son de nuestra competencia, pero sí estamos preocupados con la atención a nuestra gente. Deberían poner a su pueblo por delante del partido».
En la provincia de Sevilla, una plataforma que agrupa 90 ayuntamientos, entre ellos los que representan estos tres alcaldes con los que ha hablado Público, reclamó la semana pasada un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lanzaron un manifiesto en el que defienden un aumento del gasto. En Jaén, unos 70 alcaldes se concentraron el miércoles ante la delegación de la Junta.
En Huelva, una delegación que representa a la mayoría de los ayuntamientos de la provincia mantuvo la semana pasada un encuentro con la delegada de Salud para buscar soluciones. En Cádiz, 36 alcaldes también protestaron por la situación de la sanidad en sus pueblos. En Granada, la semana pasada un centenar de regidores –estos del PSOE– criticaron la «penosa» situación sanitaria en una concentración. En Almería, lo mismo, también se organizan los regidores. Y en la provincia de Córdoba y de Málaga, igual.
En el año electoral, este movimiento de alcaldes, que recorre toda Andalucía, y que de momento trabaja a nivel provincial, sin coordinación autonómica, según indican a Público representantes de las plataformas, puede ser una extraordinaria fuerza de choque en las elecciones, si pervive y no remite la sensación, predominante en la Comunidad, de que la sanidad pública está hecha unos zorros. Así lo refleja también la última encuesta del centro de estudios andaluces, en la que, tras el paro, un mal ya endémico en Andalucía, la crisis sanitaria se ubica como el mayor problema para la ciudadanía.
Aunque el deterioro de la sanidad viene de lejos y tiene raíces profundas –entre otras, además de la propia actividad de la Junta en los años de gobierno del PSOE, en la austeridad promovida en Europa tras la caída de Lehman–, está a punto de estallarle con fuerza al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los sindicatos, las organizaciones profesionales y ahora también los alcaldes, están hartos. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía está, junto a Murcia y Madrid, a la cola de la financiación por habitante (hasta 300 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas).
De abajo arriba
La situación es compleja para el PP, atrapado hoy entre la espada y la pared después de haber alentado las protestas sanitarias durante los años de Gobierno del PSOE. Según ha podido saber Público, hay alcaldes del PP que creen que detrás de las reivindicaciones, que consideran legítimas y reales, porque esos mismos problemas que denuncian los demás regidores existen en sus pueblos también, lo que hay es la intención de desgastar al Gobierno de Moreno.
La diputada autonómica y secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, no se anduvo con rodeos y hace unos días aseguró que «el PSOE utiliza las instituciones y a los alcaldes de la provincia para confrontar en materia sanitaria». «Se han quitado la careta y han construido un mantra falso con intereses partidistas», manifestó.
«Según la evolución de la pandemia, todo indica que en los próximos días la sexta ola comenzará a remitir, y que, dentro de dos o tres semanas, podrá normalizarse la relación entre médicos y pacientes en atención primaria [la principal preocupación]», dijo este viernes el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
En Andalucía, hay 785 municipios, de los que en torno a dos tercios –unos 520, según los datos de los propios partidos– están gobernados por el PSOE –más de 450 alcaldes, casi 400 con mayoría absoluta– e IU –unos 65 regidores–. De las ocho capitales, la izquierda gobierna en cuatro, Sevilla, Huelva, Jaén y Granada.
Fuentes del PSOE andaluz indicaron a Público que este movimiento había surgido «de abajo arriba» y negaron haberlo impulsado. «Partió de los alcaldes y alcaldesas de Los Palacios, Utrera, Villaverde, Osuna, Bormujos y Peñaflor. Estos son los que están en la coordinadora de la plataforma, en la que también estamos Espartinas y Coria del Río», afirmó a Público el andalucista Modesto González.
«Nadie nos ha llamado. Esto viene de una conversación –asegura Valle, regidor de Los Palacios (IU)– del alcalde de Utrera conmigo, cuando la Junta cambia la adscripción de Utrera del Hospital Virgen del Rocío al Valme. Eso a la gente allí le viene peor por el tren y nosotros pensamos: si le meten 60.000 vecinos más, ¿se colapsará el Valme? Utrera entonces se moviliza. Estuvimos hablando, viendo. Contactamos con varios alcaldes, que también tienen problemas sanitarios. Impulsamos el grupo promotor. Y la respuesta ha sido muy rápida y con muchísima adhesiones, porque la situación es lamentable». «Lo que pensábamos que era un problema nuestro, fuimos descubriendo que era también de los demás», resume Villalobos.
Fuentes de la dirección de Unidas Podemos también aseguran que es el malestar de sus vecinos el que impulsa a los alcaldes. «En Cádiz viene de largo: los alcaldes de IU han convocado marchas desde hace más de un año, ahora se han sumado del PSOE. Córdoba también lleva meses de marchas desde las alcaldías, pero allí el PSOE no ha pisado ninguna. En Málaga funciona una plataforma de alcaldes de IU y PSOE a cuenta del hospital de Antequera desde hace mucho. Por arriba no ha habido que mover nada».
La pandemia
Los problemas son numerosos en los pueblos, donde afecta más el colapso de la atención primaria porque los hospitales están en las ciudades y eso exige desplazamiento. «Nos afecta doblemente, primero porque soy usuario –asegura Valle–. Que te den cita, es practicante imposible. Te puedes aburrir. Como alcalde te llegan cientos de mensajes: no me cogen el mensaje; estoy malo; mi hijo está malo; me tengo que ir a primera hora; me han dado cita para 26 días; yo me voy para el hospital: esa es la realidad. Hay una saturación. No hay manera, no funciona correctamente la atención sanitaria».
«Si conoces –prosigue Valle– a trabajadores, te dicen: cualquier día vamos a tener un altercado. Los trabajadores están al límite y aunque no es competencia de los ayuntamientos, nos preocupa. Llevamos años: los problemas de la sanidad no vienen de ahora. Nos hemos manifestado siempre, es cierto que la situación es mucho más grave y no está relacionado con la sexta ola, yo he mandado no sé cuantos escritos a la delegación en momentos de contagios inexistentes prácticamente. Todos habíamos recuperado la atención presencial menos la salud, y ha sido una mentira. Lo hablamos mucho los alcaldes: hemos sido prudentes y pacientes, somos conscientes de la pandemia, pero cuando los contagios se han venido abajo y la situación no mejora, el problema es otro. Le mandamos cartas a la Junta y no responden. Si, como dicen, hay miles de médicos más que antes, ¿por qué llaman a jubilados y piden horas extraordinarias?».
Combatientes de Hezbolá en un vehículo que porta un misil Fayr 5 durante un desfile militar.
El régimen de Israel es amenazado por un arsenal vasto de hasta 150 000 misiles y cohetes de Hezbolá y sus centros clave están en la mira del movimiento libanés.
“El enemigo más peligroso de Israel en nuestras fronteras es Hezbolá [Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano], que posee un arsenal de 120 000 a 150 000 misiles precisos y cohetes imprecisos, y puede lanzar cientos de misiles y cohetes todos los días contra objetivos civiles y militares” en los territorios ocupados, se lee en un informe publicado el domingo por el diario israelí The Jerusalem Post.
Conforme alerta el reporte, cualquier ataque de Hezbolá podría interrumpir sistemas vitales como los de electricidad, agua y comunicaciones, además de causar daños a aeropuertos civiles y militares y a la población civil.
Por todo, la nota urge al régimen israelí a armarse con una gran cantidad de misiles tierra-tierra precisos, para hacer frente a los misiles “peligrosos” del movimiento libanés.
El autor del texto, por otro lado, plantea su temor a que EE.UU. deje solo a Israel y que el régimen tenga que operar en cuatro o cinco frentes al mismo tiempo, es decir: Irán, Hezbolá, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), la intifada (levantamiento) en Judea y Samaria (nombres bíblicos de la ocupada Cisjordania), y los árabes israelíes.
Por su parte, funcionarios israelíes siguen avisando que la principal amenaza planteada por Hezbolá es su arsenal de misiles, si bien el ejército israelí cree que la próxima guerra será testigo de un intento de llevar la lucha al frente interno, con infiltración en las comunidades israelíes para infligir grandes daños al régimen de Tel Aviv.
De hecho, otro informe publicado a principios de enero por The Jerusalem Post afirma que la “amenaza real” para Israel proviene de la unidad de élite de Hezbolá, que se llama la unidad ‘Radwan’.
Mientras el ministro socialista de Asuntos Exteriores justifica el despliegue militar, miembros de Podemos han entonado el lema de ‘No a la guerra’.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en un desayuno informativo en Madrid, 21 de enero de 2022. Foto: Marta FernáNdez Jara / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
La posición del Gobierno de España con respecto al envío de dos buques al Mar Negro, en el marco de las crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia, ha desvelado diferencias en el seno del Ejecutivo, liderado por el presidente socialista Pedro Sánchez. Mientras el PSOE se ha alineado sin fisuras con la Alianza Atlántica, su socio de gobierno, Unidas Podemos (UP), ha manifestado su rotundo rechazo al despliegue militar.
La mañana de este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha asegurado en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, que «España no se esconde y el Gobierno actúa tal y como quieren los españoles», en referencia a la «situación tan crítica» en torno a Ucrania.
Albares ha añadido que España «es un país que apuesta por el diálogo y la democracia», aunque ha reconocido que la comunidad internacional está «conteniendo la respiración» ante el aumento de las tensiones.
Asimismo, el ministro ha asegurado que apuesta por el diálogo para lograr la desescalada, pero matizando que «diálogo no es negociación». Según Albares, es «inaceptable» volver a la época en la que «un país dictaba a otro qué esquema de seguridad podía tener, quién podía ser miembro de una organización determinada», en referencia a la petición de Rusia para que la Alianza Atlántica detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella.
De forma muy suave, el ministro español también ha mandado un mensaje a Rusia y EE.UU., al sostener que el futuro del continente «no se puede decidir sin nosotros los europeos», según sus palabras, en alusión a los contactos bilaterales que están manteniendo ambas naciones.
España movilizará dos buques y no descarta un despliegue aéreo
Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores llegan después de que España haya anunciado que movilizará dos buques de guerra en el Mar Negro, como parte de sus compromisos con la OTAN.
Así lo confirmó este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, además, señaló que se baraja la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, con el envío de cazas del Ejército del Aire.
A pesar de ello, la ministra manifestó una posición similar a la de su compañero de Gabinete, afirmado que la postura de España es que espera que la «desescalada» se dé de manera «diplomática».
Desencuentro en el Gobierno de coalición
La posición del país íbero ha provocado un desencuentro en el seno del Gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Si los primeros se han alineado con las posiciones de la OTAN, los segundos han entonado un sonoro ‘No a la guerra’.
«Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la Guerra. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto», ha afirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
En la misma línea se ha manifestado el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha sostenido: «No se trata de quién está más cerca de Rusia o más cerca de la OTAN», sino de «quién está más cerca de la paz y quién más cerca de la guerra«.
Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha asegurado: «Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe: subirán el gas, el petróleo, la inflación… Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto EEUU-Rusia, evitar militarizarlo y dar garantías de paz para las partes».
Otros miembros de UP, como el candidato a la presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, han recordado que «España es el país del ‘No a la guerra'», aludiendo las masivas manifestaciones que se dieron en el país como rechazo a la ocupación de Irak por tropas estadounidenses y de sus aliados.
En el mismo sentido, afirman su apoyo a que los países miembros de la Unión Europea preserven su soberanía, incluyendo su política exterior, y no se subordinen a los intereses de EE.UU. y de Rusia.
La medida se debe a la «continua amenaza de las acciones militares rusas», afirmó el Departamento de Estado.
La Embajada de EE.UU. en Kiev, Ucrania Sergiy Palamarchuk / Legion-Media
El Departamento de Estado de EE.UU. ha ordenado este domingo que los familiares de los empleados estadounidenses de la Embajada en Kiev abandonen las instalaciones de la misión diplomática y ha autorizado la «salida voluntaria» de Ucrania del personal estadounidense que fue contratado de forma directa.
La decisión se debe a la «continua amenaza de las acciones militares rusas», explicó el Departamento de Estado, al agregar que «los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania deberían considerar la posibilidad de partir [del país] ahora utilizando las opciones de transporte comerciales o privadas que estén disponibles».
«Las condiciones de seguridad, especialmente a lo largo de las fronteras de Ucrania, en la Crimea ocupada por Rusia y en el este de Ucrania controlado por Rusia, son impredecibles y pueden deteriorarse con poco aviso. Las manifestaciones, que a veces se ha tornado violentas, se producen regularmente en toda Ucrania, incluso en Kiev», escribió el organismo en un comunicado.
Actualmente el Gobierno estadounidense mantiene alerta de viaje máxima para Ucrania, de nivel 4, que insta a no visitar el país. Además de los motivos políticos y sociales, las autoridades citan el covid-19 como una de las causas de su aviso.
El Gobierno ruso insiste en que no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano, en ningún lugar, a la vez que denuncia la «histeria rusófoba» y reitera que las especulaciones sobre presuntos preparativos de Moscú para una agresión militar contra Ucrania no se corresponden con la realidad.
Mientras Occidente se muestra indignado por la presencia de unos 100.000 efectivos rusos cerca de la frontera, el Kremlin subraya que cualquier despliegue militar en su propio territorio es su derecho soberano, y lo justifica ante la creación de tensiones en la región por parte de la OTAN, denunciando que la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este y sus fronteras amenaza la seguridad nacional de Rusia.
La subida de los precios, sobre todo de la electricidad y los combustibles, impactan en la población más vulnerable, como constata la ONG Fundación Madrina.
Personas en riesgo de exclusión recogen alimentos de la Fundación Madrina, en Madrid, el 7 de enero de 2021. Foto: Alberto Ortega / Europa Press / Gettyimages.ru
En España, el alza de los precios en 2021, que en diciembre llevó la inflación hasta el 6,5 %, un récord de los últimos 29 años, ha dejado a la población con un menor poder adquisitivo. Con tres de cada cuatro productos o servicios más caros, preocupa la llegada del frío, sobre todo por el aumento del precio de la electricidad y los combustibles.
Además, poco más del 15 % de los trabajadores ha tenido un aumento salarial acorde a esa subida en la canasta alimentaria, lo que se traduce en que las colas del hambre vuelven a crecer semana tras semana.
Una de las ONG que ha dado la voz de alerta es la Fundación Madrina, adonde acuden cientos de personas para recibir ayuda en Madrid para hacer frente a la crisis económica, sanitaria y al frío del invierno.
La fundación trata de ofrecer a todas estas personas estufas para calentar la casa, mantas para abrigarse e incluso velas para que los niños puedan estudiar de noche, además de alimentos y pañales para bebés que les entregan una vez a la semana.
Algunos llevan tiempo acudiendo a esta cola, mientras que hay quienes llegan por primera vez ante la falta de ingresos. Yolanda Ramírez, beneficiaria de la Fundación Madrina, explica que le da «mucha vergüenza» pedir ayuda: «Se me saltan las lágrimas. Demasiada vergüenza», dice.
Sin ayudas ni subsidios
Muchas de las familias que acuden a esta organización no reciben ayudas ni del Gobierno estatal ni del autonómico. Las hay que comparten casa y no tienen un contrato a su nombre, y la falta de documentos da lugar a obstáculos burocráticos que imposibilitan el acceso a subsidios, como el ingreso mínimo vital.
Es el caso de Wendy Soto, que vive con su madre y sus dos hijas en una habitación alquilada. Sigue sin papeles más de cinco años después de su llegada a España. Han sido unos años duros. Encuentra algún trabajo por horas, pero no es suficiente para vivir y debe acudir a este tipo de instituciones para recibir ayuda.
«La verdad que veo todo ciegas, veo un túnel sin salida», dice Soto, aunque mantiene «la esperanza de que algún día va a ser el día de la luz».
Conrado Giménez es el presidente de Fundación Madrina. Todos los miércoles asiste a las familias ofreciéndoles alimentos mientras intenta buscarles trabajo o vivienda a aquellos que lo necesitan. Es testigo de cómo las colas están volviendo a crecer: «Había mucha menos hace varias semanas. De pronto está subiendo y estoy alarmado. Porque en estas colas ya hay gente de clase media«, relata.
Organizaciones no gubernamentales como esta son un pulmón financiero para miles de familias en España, ofreciendo servicios esenciales donde el Estado no llega.
Desde la Cancillería rusa subrayaron que la Embajada y el Consulado General de Rusia en Ucrania funcionan con normalidad pese a los «ataques a las misiones rusas en el extranjero».
La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ha desmentido este martes la publicación de The New York Times sobre una supuesta evacuación de la Embajada de Rusia en Ucrania y ha señalado que podría tratarse de otro intento de generar «sensacionalismo» en torno a la denominada «agresión rusa».
Este lunes, el diario estadounidense publicó un artículo en el que señalaba, citando fuentes ucranianas, que Rusia había empezado a desocupar su Embajada en Kiev.
No obstante, estas afirmaciones fueron desmentidas por la Cancillería rusa, que declaró que la misión diplomática funciona con normalidad, informa TASS. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ucraniano también comunicó que no había recibido ninguna información sobre la evacuación de la embajada rusa, según medios locales.
En su cuenta de Telegram, la portavoz rusa también recalcó que la Embajada y el Consulado General de Rusia en Ucrania funcionan normalmente y lo hacen pese a los «ataques a las misiones rusas en el extranjero por parte de radicales ucranianos y las provocaciones de las fuerzas de seguridad locales». Zajárova señaló que los empleados de las misiones rusas en Ucrania y sus familiares reciben amenazas personales, un hecho que Moscú con frecuencia denuncia ante las autoridades del país vecino en forma de notas de protesta.
«Bomba informativa»
«Pero los medios estadounidenses no han escrito ni escribirán nada sobre esto», agregó. De acuerdo con la vocera rusa, los redactores del New York Times no contactaron con Moscú para verificar los hechos mientras preparaban su «bomba informativa».
«Si el diario estadounidense nos hubiera contactado para comentarios, lo habría descubierto [que la embajada funciona normalmente]. Pero entonces, al parecer, habría perdido el deseo de publicar todo el material, y, en consecuencia, habría perdido la oportunidad de lanzar otro ‘sensacionalismo’ en torno a la ‘agresión rusa'», escribió Zajárova.
«En este caso, habría tenido que escribir sobre los nacionalistas ucranianos y aquellos que los están encubriendo. Y esto significa llamadas a la Casa Blanca, solicitudes de datos a Jen Psaki… en fin, un trabajo infernal», agregó la vocera.
Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo.
Por su parte, Rusia repetidamente tachó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania. A este respecto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que estos señalamientos buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza a la resolución del conflicto en la región ucraniana de Donbass y alertó de que podrían ser un «camuflaje» para potenciales planes agresivos de Kiev para solventar la situación por la fuerza.
Moscú a su vez denuncia que la OTAN intenta expandir zonas de influencia y solicita que la Alianza detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes tienen opiniones opuestas. En este sentido, el geopolitólogo y doctor en relaciones internacionales Alberto Hutschenreuter señala que, centrándose en incluir a Ucrania en la OTAN, se agotan las posibilidades para Occidente de salir del conflicto con Rusia.
Muchos países de la región ya pusieron su firma para crear el organismo, que promete brindar más independencia tecnológica y mejorar la observación de la Tierra. Pero, ¿para qué sirve esto?
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ALCE es una sigla que tiene obsesionada a la cancillería mexicana. Es que, el anhelo de crear la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, impulsada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está próximo a convertirse en una realidad, siendo un hito para la región. El lanzamiento de este centro fue propuesto bajo la presidencia temporal de México en la CELAC, y aspira a ser uno de los principales logros en la historia del organismo.
Actualmente, son varios los países de esta parte del continente que tienen recursos y experiencia en el rubro. Sin embargo, es «un sector en donde la región está reservada con respecto a otras», le dice a RT Martín Borrego Llorente, a cargo de la oficina para América del Sur y mano derecha de Ebrard. «Hay que apostar a lo grande», agrega. Y, ¿por qué no?
Fue así como a mediados de septiembre 18 naciones firmaron el Convenio Constitutivo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela. México, por su parte, pondrá la sede principal.
Firma del Convenio Constitutivo de la ALCE, en el marco de una cumbre de la CELAC, celebrada en MéxicoMexico Presidency
«Este proyecto no solo busca concentrar a los Estados con agencias espaciales propias, sino impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las naciones que aún no cuentan con una, de manera que los países de la región se puedan beneficiar», señala el funcionario. «Es la expresión máxima de cooperación a la que podemos aspirar», afirma.
¿Por qué es importante?
La unificación de saberes y equipamientos desde los distintos países puede servir para afrontar diferentes desafíos en la región, impactando directamente en la vida del ciudadano de a pie. Aunque parezca complejo, su lógica es sencilla: con mejores datos, los gobiernos pueden lanzar mejores políticas, y los habitantes tomar mejores decisiones.
«La ALCE potenciará la capacidad de los sistemas de observación de la Tierra», indica Borrego Llorente. Esto, «en mejora de la agricultura, la alerta temprana de desastres naturales (sequías, inundaciones, incendios o huracanes), seguridad y vigilancia«. También menciona «fines relacionados con la oceanografía, meteorología, exploración de recursos naturales, inteligencia urbana y cartografía«.
Desde Argentina, el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Raúl Kulichevsky, destaca que el proyecto ayudará a promover la educación espacial, pero también será un factor clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, dando «información a los sectores productivos».
Asimismo, la creación de la Agencia va en sintonía con las prioridades establecidas por el Gobierno argentino al asumir la dirección de la CELAC para el 2022, remarcando que el foco primordial estará en la respuesta al cambio climático en El Caribe.
¿Cuándo comenzará a funcionar y cuál será su primer objetivo?
«El Convenio Constitutivo estipula que, para la entrada en vigor del mismo, se requiere la ratificación de 11 Estados», detalla Borrego Llorente. Por ahora, los países firmantes, inclusive México, están avanzando en estos procesos internos, que no tienen fecha prevista para su culminación. «Se espera que las ratificaciones se realicen durante el presente año», acota Kulichevsky desde el Cono Sur. Y explica: «En el caso argentino, esa ratificación tiene que realizarla el Congreso».
Entre tanto, aunque todavía es muy pronto para revelar posibles metas, el diplomático le adelanta a este medio que la Agencia Espacial Mexicana, junto a otras oficinas de la región, «están elaborando un nanosatélite». Si bien es cierto que países como Argentina ya han lanzado al espacio varios de estos instrumentos, caracterizados por su tamaño pequeño, este «sería el primer entregable en el marco de la ALCE».
Con un poco más de hermetismo, el político avisa: «Tenemos en puerta otros proyectos importantes, de los que pronto daremos detalles».
¿Cómo se financiará y por qué la oficina central estará en México?
El futuro organismo obtendrá sus recursos económicos gracias a los aportes de los países miembros, pero también «dejará espacio para colaboraciones en proyectos especiales con actores externos», aclara Llorente. Cuando avancen las tratativas, la Asamblea de la entidad multilateral determinará su presupuesto y también cómo se distribuirán las contribuciones para el financiamiento.
De todos modos, ya se definió que las oficinas principales se localizarán en la Agencia Especial Mexicana, por ser «una de las más capaces de la región». En efecto, su director general, Salvador Landeros Ayala, propuso usar aquellas instalaciones y los Estados firmantes «gratamente apoyaron la iniciativa».
Además de su propia nación, el diplomático norteamericano destaca los avances de otros importantes actores, como Brasil, Chile y Colombia, que todavía no se incorporaron al proyecto naciente.
Entre los países que sí se plegaron a esta idea regional, Llorente valora los aportes de Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela, con agencias espaciales propias, sumado a los profesionales de Cuba. Kulichevsky complementa: «La Argentina viene desarrollando el sector espacial desde hace décadas y cuenta con instituciones públicas y privadas con amplia experiencia, a partir del desarrollo de este sector como una política de Estado».
De hecho, aunque todavía no se discutió, está abierta la posibilidad para que se abran más sedes en otras partes del continente. Ahora, mientras continúan los acuerdos para su puesta en marcha inicial, otros países latinos mostraron su interés en la ALCE, pero todavía están pendientes sus firmas.
¿Pueden surgir alianzas con otras entidades, como la NASA, la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Federal Rusa?
«Existe la posibilidad de trabajo conjunto», se entusiasma el titular de la CONAE. Sin embargo, desde México aclaran que no se podrán concretar alianzas hasta que la ALCE inicie sus operaciones, aunque «se han tenido acercamientos y varias agencias extra regionales han expresado su intención de colaborar«, adelanta el funcionario. Esto, «es central para potenciar los beneficios en la región», comenta.
Más allá de celebrar el acompañamiento de otras importantes instituciones con trayectoria y reconocimiento a nivel global, Borrego Llorente subraya que el objetivo principal es lograr mayor independencia. Es decir, usar los satélites latinoamericanos para los asuntos latinoamericanos: «No queremos depender de otros países», enfatiza. El objetivo final, se basa en «fijar las propias necesidades y prioridades», sabiendo que «la tecnología espacial no solo es el futuro, es parte fundamental de la sociedad presente».
El mandatario destacó que su campaña anticorrupción de la última década ha alcanzado «logros históricos e innovadores».
Xinhua / Legion-Media
Durante una reunión de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI, por sus siglas en inglés) del Partido Comunista de China celebrada este martes en Pekín, el presidente Xi Jinping exigió al organismo que adopte un enfoque de tolerancia cero frente a la corrupción y se asegure de seguir de cerca las decisiones políticas del gobierno, informa la agencia estatal de noticias Xinhua.
Xi destacó que su campaña anticorrupción de la última década ha alcanzado «logros históricos e innovadores«, pues «se han controlado ciertas tendencias nocivas que no se habían controlado durante mucho tiempo, se han solucionado muchos problemas» y se han «eliminado de raíz graves peligros potenciales para el partido, el país y las fuerzas armadas».
No obstante, el mandatario también advirtió que la guerra aún no estaba ganada y que los investigadores anticorrupción debían intensificar sus acciones, ya que la corrupción resulta cada vez más difícil de detectar.
«Aún queda un largo camino por recorrer para evitar que todo tipo de grupos de interés converjan y corrompan a nuestros funcionarios«, expresó Xi, quien también le pidió a la CCDI que fortalezca la «supervisión política» de los funcionarios locales para garantizar la implementación «completa, precisa e integral» de sus políticas sobre el desarrollo de la nación.
«No habrá concesiones, ni adornos, ni trucos basados en intereses locales o de corto plazo. [Debemos] asegurarnos que la implementación no tenga desviaciones, compromisos ni distorsiones«, concluyó el presidente.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció que el grupo delictivo actuaba en presunta «complicidad» con las autoridades colombianas.
Las tres personas detenidas en el operativo realizado en la frontera con Colombia Twitter / TareckPSUV
Los cuerpos de seguridad de Venezuela lograron desarticular uno de los grupos delictivos que se dedican a extraer gasolina hacia territorio colombiano, y que presuntamente contarían con la complicidad de autoridades de ese país para realizar el contrabando de extracción.
El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, detalló este martes que el procedimiento contra esta mafia fue ejecutado en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, tras la activación de un «Plan Antimafias» con el que se pretende «combatir la distorsión en la distribución del combustible destinado a las estaciones de servicio».
En el operativo, que contó con la coordinación de los organismos de seguridad del Táchira, el Ministerio Público y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos, uno de ellos identificado como Gerson Contreras Acuña, quien laboraba en la Empresa Nacional de Transporte como conductor de cisternas de gasolina.
Según El Aissami, Contreras aprovechaba su labor para desviar el combustible y lo llevaba a varias localidades fronterizas. «Luego, en complicidad con autoridades del Gobierno de Colombia, pasaban el combustible robado hacia ese país», denunció.
Las autoridades venezolanas lograron ubicar el depósito que presuntamente utilizaba este grupo delictivo para almacenar la gasolina robada, donde encontraron 100.000 litros del carburante depositado en «tanques improvisados», junto a equipos para el trasegado, mangueras y motobombas.
El golpe a este grupo delictivo se da dos días después que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le hiciera un llamado al ministro El Aissami para que atacara las mafias que han tomado el control de la distribución de gasolina y diesel (gasoil) en las estaciones del servicio del país.
Por su parte, el Ministerio Público venezolano también se ha sumado al «combate a las mafias de la gasolina» y ha dispuesto una línea telefónica para recibir información y denuncias sobre el tráfico del combustible, que también podrán realizarse personalmente en las distintas oficinas de la Fiscalía en el país.
