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Categoría: NOTICIAS
También desde la cárcel se puede hacer lawfare
Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista canario Carlos Sosa
El juez Salvador Alba, actualmente en prisión, a su llegada a un juicio en su contra — Foto cedida por Canarias Ahora
Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora (cabecera asociada a eldiario.es desde las islas).
El encargado de abrir el juicio oral es un juzgado de Madrid por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa, motivo por el que el magistrado lleva dos años en prisión. La jueza, que asume parte de los postulados de la querella del exmagistrado, exige a Sosa una desproporcionada fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.
Este caso nos pone frente a una nueva modalidad de Lawfare, donde el delincuente lo ejerce desde la cárcel y hace creer a la opinión pública que la víctima de acoso es el victimario. Se trata de un ataque frontal a la libertad de información ya que al exigir una fianza tan elevada envía un peligroso aviso a navegantes para cualquier medio independiente que quiera (porque debe) denunciar la corrupción política y judicial
Por el momento, hasta cuatro asociaciones de prensa han mostrado su apoyo al periodista canario. Desde la Asociación de prensa de Las Palmas se decidió en junta directiva y por mayoría absoluta amparar a Carlos Sosa y mantiene que se le acusa de estos delitos por el mero hecho de ejercer la profesión periodística. “Entendemos que el compañero ha cubierto los principios deontológicos”, aseguran en un comunicado.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de investigación también respaldan públicamente a Sosa y ven “con profunda preocupación la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada en contra del criterio de Fiscalía”. La última organización en mostrar su apoyo ha sido Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en un comunicado rechaza el auto judicial de apertura de juicio oral contra Sosa y exige que se respete el derecho a la libertad de información y rechazan “que se intente asfixiar el periodismo libre”.
Madrid –
El presidente de la Audiencia de Madrid y un vocal del CGPJ participan en un acto de Mayor Oreja contra la amnistía
El juez Juan Pablo González, recusado en el procedimiento de la trama Gürtel por su afinidad con el PP, y el miembro del CGPJ José María Macías estarán este jueves en una charla de la asociación que dirige el exministro.
Jaime Mayor Oreja tiene buenos contactos en el mundo judicial. El exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar ha logrado que tres magistrados en activo, todos ellos con puestos significativos en el ámbito de la Justicia, se sumen a su campaña pública contra la ley de amnistía.
La cita tendrá lugar este jueves a última hora de la tarde. La plataforma Neos que dirige Mayor Oreja ha reservado una sala del Hotel Intercontinental de Madrid, situado en el número 49 del Paseo de la Castellana, para celebrar allí un encuentro bajo un lema elocuente: Asalto a la justicia.
En la mesa estarán varios rostros conocidos del ámbito judicial. Uno de los conferenciantes será Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008.
Este magistrado fue recusado en el juicio por la trama Gürtel debido a su afinidad con el PP. No en vano, González participó en conferencias de la Fundación FAES y contó con el apoyo de los populares en distintos momentos de su trayectoria profesional.
La conferencia organizada por la plataforma que dirige Mayor Oreja contará también con la participación de José María Macías, vocal del CGPJ y socio de Cuatrecasas, uno de los despachos de abogados más importantes del país.
Macías no oculta sus diferencias con el Gobierno en torno a la ley de amnistía. En distintas apariciones públicas y también a través de la red social X (antes Twitter), el jurista ha criticado al Ejecutivo por impulsar esa medida.
«Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho»
«¿Es que en algún momento ha habido alguna duda de que el objetivo era perseguir a los jueces? Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho», escribió el pasado 17 de noviembre en un mensaje publicado en X junto a una noticia sobre la iniciativa de Junts y PNV en el Congreso para que se investigase la denominada Operación Catalunya.
La magistrada Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) también figura en el elenco de ponentes que este jueves estarán en el Hotel Intercontinental.
Gómez Garrido también se ha mostrado contraria a otorgar una amnistía a independentistas catalanes, una medida que catalogó como «inconstitucional desde el origen», según consta en un mensaje que publicó en la red social X.
«A los jueces se les puede atizar impunemente sin coste real, ya que no pueden defenderse, ni juegan en el mismo campo ni con las mismas armas», afirmó el pasado 19 de enero en otro texto, en el que criticaba las declaraciones formuladas por la vicepresidenta Teresa Ribera en torno a la ley de amnistía.
«El ciudadano de a pie debe someterse a la acción de la justicia. El político amigo se sitúa por encima de la ley y la mera invocación de estar ‘haciendo política’ debería servir para suspender la aplicación del Estado de Derecho», subrayó entonces.
El evento organizado por la plataforma de Mayor Oreja contará también con la intervención de Teresa Freixes, catedrática en Derecho y miembro del Foro de Profesores, otra de las entidades de la órbita «constitucionalista» que se opone a una amnistía.
«Creciente descrédito»
El acto tendrá además como invitado al exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, quien a día de hoy figura como presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una organización conformada por juristas que rechaza la ley de amnistía.
De hecho, el acto de este jueves servirá para presentar el manifiesto lanzado por PCIJ en el que denuncia las «amenazas políticas que cuestionan la independencia del Poder Judicial» y advierte sobre la «intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia».
«Los ciudadanos españoles no pueden permitir que el poder político socave la independencia del Poder Judicial mediante la colocación de jueces afines, de los que se espera resuelvan en un sentido favorable a los intereses o ideología de quien los designa para consolidar su hegemonía ideológica», critica.
Alerta además sobre el «creciente descrédito de la función jurisdiccional de los jueces y tribunales a través de las opiniones vertidas por algunos ministros y diputados de diversas formaciones políticas conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa».
♟️ Feijóo indultando a Puigdemont | El Tablero
Hoy tenemos a Rafa Mayoral (Abogado y analista político), Irene Zugasti (Politóloga y periodista), Jediael Álvarez (PSOE) y Álvaro Lopez (Periodista El diario.es) -GUARDIAS CIVILES ASESINADOS EN BARBATE -PP SE MUEVE CON RESPECTO A LA AMNISTÍA -El ABC censura los contactos entre el PP y Junts – García Page arremete contra el PP por relaciones con Junts – Ferraz, VOX y sus representantes dentro de las movilizaciones -PP, PSOE, VOX y PNV apoyaron tratados de libre comercio en la UE -Doce países piden la expulsión de Israel en el mundial de fútbol y diversos artistas piden expulsión de Israel en Eurovision – Antonio Guterres (ONU): “el mundo está entrando en un caos”
FEIJÓO, acorralado tras salir a la luz su giro sobre el indulto a PUIGDEMONT y la AMNISTÍA
«El PP tardó menos de 24 horas en rechazar totalmente la amnistía», ha dicho este sábado Alberto Núñez Feijóo. Es decir, Feijóo tuvo la amnistía sobre la mesa durante 24 horas. Según fuentes populares, durante las conversaciones para la investidura del presidente del PP —contactos que se han ido conociendo por goteo tiempo después—, Junts per Catalunya les trasladó su exigencia de una ley de amnistía y el equipo jurídico del partido «estudió» sus posibilidades legales durante un día. Nuestro periodismo es posible gracias a nuestros suscriptores. Únete a la República de Público y defiende el periodismo valiente, feminista y de izquierdas: https://bit.ly/3REUOTN Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
La Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del 1-O
Los agentes podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía que se negocia en el Congreso.
La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez de dejar a un paso de juicio a 46 policías nacionales por las cargas del 1-O, al concluir que las imágenes apuntan a que pudieron incurrir no solo en delitos leves de lesiones sino también contra la integridad moral.
Así lo ha acordado la sección tercera de la Audiencia de Barcelona en un auto en el que desestima los recursos contra la resolución que dictó en enero del pasado año el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que dejaba a 46 agentes a un paso de juicio, en un caso que se podría acabar incluyendo en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso.
Patada de la escalera y porrazos en la cara
En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general». En este se colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.
«La actuación policial fue claramente desproporcionada en general»
Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada: «Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas».
El juez ha constatado que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que «en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos».
Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su «actuación especialmente grave»: golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.
Actuación «violenta» y fuerza «claramente innecesaria»
En las Escoles Pies de Sant Antoni, las imágenes muestran «una actuación especialmente violenta y desproporcionada de los agentes», que golpearon sin aviso previo ni ninguna negociación, cuenta el juez. «Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios», y el juez subraya que el equipo que intervino en este centro es el mismo que fue al IES Pau Claris y a la Escola Mediterrània.
«Los agentes golpearon a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio»
El juez procesa a varios policías por la actuación en el IES Víctor Català: un agente dio una bofetada a un votante, dos levantaron a una persona alzándola por una pierna y luego uno de ellos levantó a un anciano del suelo tirándole de las orejas.
El instructor añade una «especial mención» al policía que aparece en un vídeo dando un puñetazo en la cara a un hombre, y además de a ellos también procesa a un agente por tirar a una persona al suelo y luego golpearla, además de pisar intencionadamente la mano de una persona que está sentada en el suelo.
En el CEIP Prosperitat, 11 personas denunciaron lesiones, entre ellas un hombre que denunció «que fue arrojado por los agentes por unos escalos y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura», como muestra su informe médico. El hombre se ha querellado contra el policía y el juez ha decidido procesar al agente y al jefe del dispositivo en el colegio porque «como es de ver en las imágenes grabadas, se aprecian claros déficits en la actuación con respecto a la normativa y protocolos» policiales, y destaca que los policías no negociaron ni advirtieron de las cargas sino que usaron la fuerza a los pocos segundos de llegar.
«En algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos», agrega el juez sobre el uso de la fuerza policial.
Actuación «claramente lesiva»
En el CEIP Ramon Llull, donde se recabaron una veintena de denuncias, el juez procesa a un policía por coger a una persona del cuello y arrastrarla. Diez personas denunciaron actuaciones policiales en el CAP El Guinardó: el caso se archiva para el jefe del dispositivo porque no consta que diera ninguna una orden concreta para las cargas, pero el juez procesa a un policía por haber intervenido sin intentar antes una mediación o hacer una advertencia.
Actuaron de forma «claramente desproporcionada e innecesaria» y de forma «indiscriminada»
«En absoluto puede considerarse una advertencia previa suficiente el hecho de acercarse a la multitud con un altavoz y, sin solución de continuidad ni espera de ningún tipo, comenzar a lanzar a las personas de forma violenta fuera del lugar, de un modo claramente lesivo para algunas personas», argumenta el juez al procesarlo.
También está procesado el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts, por una actuación «claramente desproporcionada e innecesaria», y otros tres policías están procesados por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum. También hay policías procesados por la actuación en el CEIP Àgora, donde el juez constata que hubo cargas usando la porra «de forma indiscriminada».
En el CEIP Dolors Monserda, el juez procesa a un policía por presuntamente lesionar a cuatro personas y otros dos por presuntamente lesionar a una persona, además de al su superior jerárquico: «No nos encontramos ante casos aislados o puntuales, sino que la actuación de los agentes investigados no pudo pasar desapercibida a dicho responsable y aun así no consta que intentara evitarlo o que diera las órdenes oportunas para que los hechos no ocurrieran», justifica el juez. Respecto al CEIP Pau Romeva, un policía está procesado por una «actuación claramente dolosa, dirigida únicamente a causar lesiones al denunciante presuntamente como represalia por un insulto anterior».
UGT denuncia el recorte a las pensiones de los mayores de 52 en el Decreto-ley de Yolanda Díaz y exige retirarlo
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno — Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto
Pepe Álvarez trasladará en la mesa de negociación con la vicepresidenta su exigencia de suprimir el recorte del Real Decreto-ley para haya acuerdo, según informa El Mundo
Hoy arrancan las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, tras fracasar su convalidación en el Congreso con el voto en contra de los cinco diputados de Podemos, por la negativa de los morados a asumir el recorte a los desempleados mayores de 52 años.
Tal y como está redactado el Real Decreto-ley 7/2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz no cuenta con el consenso de los agentes sociales y, por ello, convocó a la Mesa del Diálogo Social para negociar un nuevo texto. Esta misma mañana, según informa El Mundo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acordado con su ejecutiva su postura de plantarse ante Díaz y exigir la supresión del recorte a las pensiones de los mayores de 52 años que cobran el subsidio por desempleo para que haya acuerdo.
De esta forma, UGT se suma a Podemos en la exigencia de retirar del Decreto-ley la medida incluida en el texto que dicta así: “Reducción en el porcentaje a aplicar a la base de cotización a todas las personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años: en 2024 descenderá al 120% e irá reduciéndose un 5% cada año hasta que en el año 2028 se quedará en el 100%”. Pepe Álvarez trasladará a Díaz que este recorte penalizaría a los desempleados que accedan a una jubilación anticipada por necesidad.
Desde el sindicato se muestran implacables en su postura y rechazan cualquier vía alternativa: el recorte debe ser suprimido del texto para que cuenten con su apoyo. También rechazan la defensa que hizo la vicepresidenta del recorte, amparándose en que el exceso de cotización del 125% en los parados ya no tenía sentido con el actual SMI y, por este motivo, había que reducirlo.
Yolanda Díaz se ve obligada ahora a sentarse a renegociar el Decreto-ley propuesto desde Trabajo para conseguir su aprobación, de la cual depende la confirmación de la Comisión Europea del cuarto pago de los fondos europeos. Con la retirada del recorte, tal y como exigió Podemos desde el primer momento, recabaría no solo el acuerdo con los agentes sociales sino, también, los votos de los diputados de la formación morada.
El Consejo de Transparencia evaluará a los partidos políticos después de que el PP ocultara el sobresueldo de Feijóo
El organismo valorará si PSOE, PP, Vox y Sumar cumplen con las obligaciones de transparencia que les impone la ley. La decisión se ha tomado después de las denuncias de ‘Público’ porque varias formaciones no publican los sueldos de sus dirigentes.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha anunciado este 31 de enero su plan de evaluación para 2024. En este documento detalla qué organizaciones y organismos va a valorar durante este año para comprobar si cumplen o no con la ley de transparencia. El plan incluye a los partidos políticos estatales con representación en el Congreso: PSOE, PP, Vox y Sumar.
Así, este año el Consejo valorará cuánto están cumpliendo con esta ley las principales formaciones políticas. La decisión de este organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, llega tras la polémica por el sobresueldo de Alberto Núñez Feijóo el año pasado.
El presidente del Partido Popular (PP) reconoció durante la precampaña electoral de las generales del 23 de julio que recibía un sobresueldo de su partido, un dinero que sumaba a su salario como senador. A pesar de admitirlo, el PP estuvo meses negándose a hacer pública la cuantía de ese extra. Feijóo llegó a desoír incluso la petición del presidente del Senado.
Debido a ese ocultamiento por parte del partido, Público interpuso una denuncia ante el Consejo de Transparencia. Este organismo comprobó que el PP no publicaba en su página web —sigue sin hacerlo a día de hoy— los sueldos de sus dirigentes y se dirigió a la formación de Feijóo. Génova no contestó a la comunicación que le había hecho llegar el Consejo.
El CTBG aseguró a Público en ese momento que no podía hacer más debido a su falta de competencias en materia de publicidad activa. La publicidad activa es la parte de la transparencia que comprende la información que organizaciones y organismos deben hacer pública por sí mismos debido a las obligaciones de la ley.
Tras esos problemas para llegar más allá el Consejo ha decidido este año incluir a los partidos políticos en su plan de evaluación. Así, comprobará si publican la distinta información a la que les obliga la ley, si la localizan y estructuran de forma correcta y si la calidad de la información es óptima.
El Consejo hace estas evaluaciones año tras año, donde valora a organismos como la Administración General del Estado, instituciones constitucionales, entidades locales u organizaciones privadas que reciben grandes cantidades de dinero de subvenciones públicas. La competencia para realizar estas evaluaciones es una función que la propia ley otorga al Consejo.
No se les evalúa desde 2018
La ley de transparencia también determina las obligaciones sobre publicidad activa que tienen las distintas organizaciones. A los partidos políticas les hace publicar, entre otras cosas, las «retribuciones percibidas anualmente» por sus «altos cargos y máximos responsables». De hecho, comprobar si las organizaciones publican los salarios de sus máximos responsables es uno de los puntos que el Consejo incluye en sus valoraciones.
Tras valorar distintos puntos de este tipo, el Consejo de Transparencia otorga una valoración numérica a cada organización sobre su cumplimiento respecto a lo que les exige la ley y les dirige unas recomendaciones —que también hace públicas— para que puedan mejorar.
Marlaska INCUMPLIÓ LA LEY al Deportar OCHO MENORES a Marruecos | NOTICIAS BÁSICAS
Hoy en Noticias Básicas contamos la sentencia del Supremo que considera que Marlaska incumplió la ley en 2021 cuando devolvió en caliente a Marruecos a ocho menores que llegaron solos a Ceuta. Por supuesto, informaremos también de la presentación de la candidatura de Irene Montero para las primarias de Podemos de cara a las europeas, de la ley de amnistía entra hoy entra en su fase final en el Congreso, de la patronal de la hostelería se queja de que no encuentra trabajadores que quiera dejarse explotar, de las prioridades de Yolanda Díaz para esta legislatura o de la última cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mientras Israel ha matado ya a más de 25.000 palestinos. A partir de las TRES Y MEDIA en Canal Red. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:
HUELGA para reclamar a AMAZON Mejores Salarios en su centro logístico de Sevilla | NOTICIAS BÁSICAS
Hoy en Noticias Básicas contaremos la huelga de 1.500 trabajadores de Amazon del centro logístico de Sevilla, también abordamos el acuerdo entre el BNG y Anova que suponen la reconciliación del nacionalismo gallego. Los barones territoriales del PP también han apoyado al presidente gallego y candidato a la reelección, el Gobierno se ha retirado en un coto de Toledo para pensar la estrategia y Pedro Sánchez ha dado varios titulares en una entrevista en RNE. Sumar ya le ha puesto fecha a su asamblea fundacional y en el ámbito internacional, Bernardo Arévalo ya es, por fin, presidente de Guatemala y en Palestina se cumplen 100 días de bombardeos israelíes. Todo esto y más a partir de las TRES Y MEDIA en Canal Red.