Margarita Robles: la ministra que se deja querer por la derecha

Sus buenas relaciones con los mismos medios que atacan al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, molestan mucho en el seno del Consejo de Ministros

Hacer un repaso por la hemeroteca es confirmar que a la ministra de Defensa la quieren bien en los medios de comunicación de la derecha que, día sí y día también, dedican toda su artillería pesada contra el Gobierno de coalición y sus dos máximos estandartes: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Margarita Robles (León, 1956), hija de una familia adinerada durante el franquismo, siguió la estela de su padre, abogado, y estudió Derecho. Si bien, consiguió dar un salto más y se hizo magistrada con solamente 25 años, siendo una de las primeras juezas de España.

Más felipista que el propio Felipe González, no en vano fue el felipisimo quien la sacó de la judicatura en 1993 para nombrarla subsecretaria de Estado de Justicia, que supondría el primer paso de una carrera apoteósica dentro de la estructura del Estado. Robles ha sido secretaria de Estado de Interior; vocal del Consejo General del Poder Judicial –a propuesta del PSOE-; ministra de Asuntos Exteriores; portavoz socialista en el Congreso, y, desde junio de 2018, ministra de Defensa.

Considerada una mujer de orden, sus buenas relaciones con los mismos medios que atacan al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, molestan mucho en el seno del Consejo de Ministros. De todos los ministros, es la única que se muestra inflexible a reestructurar gastos de su departamento para dedicarlos a la urgencia social y sanitaria derivada del Covid19.

Mientras que la brunete mediática usa un lenguaje de odio y fake news contra el Gobierno de España, a la ministra Robles le dedican loas de difícil digestión. “La discreta y leal señora Robles” o “la bombera de Sánchez que apaga los incendios de Iglesias y del ministro de Justicia” son sólo algunos de los titulares que le han dedicado a Robles, mientras que a Grande Marlaska lo acusaban de golpista.

Hasta la mismísima Cayetana Álvarez de Toledo, cuyo extremismo y exabruptos verbales molestan incluso a miembros del PP, ha salido en defensa y aplaudido los comentarios de la ministra de Defensa: “Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles”, dijo la diputada del PP durante la crisis que sufrió Marlaska con la cúpula de la Guardia Civil, por el informe falso salido de la Comandancia de Madrid y que supuso el cese de Pérez de los Cobos por falta de confianza. En lugar de salir en defensa de Marlaska, Robles negó comportamientos antidemocráticos en el seno de la Benemérita, cuerpo al que le niega derechos civiles como la sindicación o asociación, como reclaman guardias civiles vinculados al sector renovador y progresista, para lo que sería preciso desmilitarizar la Guardia Civil y asemejarla al estatus de la Policía.

Felipista hasta la médula

A la reacción del secretario provincial del PSE en Guipúzcoa, Eneko Andueza, que a unas declaraciones de Felipe González, en contra del Gobierno de coalición, pidió la expulsión del PSOE del expresidente por estar “muy lejos del partido conceptualmente y como militante”, la ministra Robles se revolvió como gato panza arriba y salió a ensalzar su figura, lo que, por supuesto, le valió también los aplausos y titulares merengados de los medios de comunicación, entre ellos la Cadena Ser, donde la defensa de Felipe González es dogma de fe.

Durante el acoso que ha sufrido el Gobierno de España por parte de la derecha, debido a la manifestación del 8M, que finalmente ha quedado archivada judicialmente pero que como relato ha funcionado para culpar al feminismo de la expansión del contagio del coronavirus, Robles no es que no saliera a defender al movimiento feminista, sino que afirmó, en una entrevista publicada por ‘El País’, que “no he ido nunca a manifestaciones del 8M”.

El pasado conservador de Robles viene de tiempo atrás. Ya en 2010, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial, fue recusada por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por ser una de los tres vocales que más animadversión mostraron contra el exjuez que investigó el caso Gürtel, finalmente apartado de la carrera judicial a instancias de los cabecillas de la trama corrupta vinculada al Partido Popular. La enemistad de ambos se remonta a la instrucción del ‘Caso Gal’, realizada por Baltasar Garzón, que terminó destapando la existencia de un cuerpo parapolicial en el seno del Gobierno de Felipe  González.

En una entrevista de 2017, emitiada en el programa ‘Salvados’ de La Sexta, el comisario Villarejo, actualmente en prisión, afirmó que la ministra Margarita Robles le encargó un informe contra el juez Baltasar Garzón con la intención de “destruirlo”. El propio Baltasar Garzón confirmó la versión de Villarejo y aseguró que él mismo pidió explicaciones a Robles por el informe Véritas, aunque ésta nunca se las dio.

Actualmente, la ministra Robles permanece como verso suelto dentro del Gobierno de coalición, después de su destitución como ministra-portavoz, cargo que ejerció en la breve legislatura tras la moción de censura, por falta de sintonía con Pedro Sánchez y su “escaso rendimiento”, según fuentes de Moncloa.

 

Pablo Iglesias: “Esto no va de pedir el voto, esto va de que los barrios trabajadores vayan a votar”

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha reunido este sábado en Parla con organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación y la sanidad públicas

El El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, en Parla – UNIDAD PODEMOS

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha condicionado el cambio de gobierno a que voten los barios trabajadores. “Esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar. Si eso ocurre, claro que pueden cambiar las cosas”, ha señalado. Iglesias se ha reunido este sábado en Parla con organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación y la sanidad públicas.

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Iglesias se ha reunido en Parla con organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación y la sanidad públicas. 

La visita a este municipio del sur de la Comunidad de Madrid ha comenzado por la explanada donde está previsto, desde la anterior legislatura por los gobiernos del PP, la construcción de un instituto público. Esta es una de las reclamaciones históricas de Parla, junto a la construcción también de un colegio público y una mayor inversión en profesorado que permita disminuir las elevadas ratios de las aulas.

Las asociaciones por la defensa de la sanidad pública han denunciado el abandono de la Comunidad de Madrid a los territorios del sur, donde los ambulatorios siguen cerrados por la pandemia y donde la falta de inversión ponen en peligro la atención a enfermedades no covid.

«Estos problemas de transporte, de sinhogarismo, de falta de inversión en infraestructuras educativas y sanitarias, no se pueden entender en una región como la Comunidad de Madrid. Esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar. Si eso ocurre, claro que pueden cambiar las cosas», ha señalado Iglesias al término de la reunión.

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Al encuentro le han acompañado los y las candidatos a la Comunidad de Madrid Isa Serra, Alejandra Jacinto, Jesús Santos y la portavoz de Podemos Parla, Leticia Sánchez.

Las asociaciones que han asistido han sido Unión de AMPAS, Plataforma por la Escuela Pública, Inclusión real Ya, Plataforma pensionistas de Parla, Plataforma con Parla no se juega, Parla Obrera y Popular, Parla Cuida.

ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA «vivienda digna y adecuada.»

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Los forenses estudian si restos humanos aflorados por las lluvias en Madrid son de fusilados por el franquismo

 

Así estaba el osario, aflorado por un movimiento de tierra, en 2018, durante la visita de los forenses de Aranzadi

 

Alrededor de 3.000 represaliados por el franquismo fueron asesinados en el madrileño cementerio de La Almudena y no tuvieron una sepultura acreditada. Ni siquiera sus nombres aparecen en ningún lugar del camposanto porque el Ayuntamiento decidió arrancarlos del memorial que dignificaba su vida y su muerte. ¿Dónde están los restos mortales de esas personas? Durante años, sus familiares pensaron que habían sido incinerados a partir de 1981 en el Crematorio de Carabanchel. No era una suposición, la empresa de servicios funerarios se lo indicaba así. La aparición reciente de restos humanos en osarios que se creían desenterrados hace creer, ahora, que lo que les dijeron podría no ser del todo cierto.

Ya habían aparecido huesos humanos anteriormente. Con las lluvias de la primavera de 2017, surgieron en una zona en cuesta, dentro de un recinto restringido utilizado para los trabajos de jardinería. El anterior Gobierno de la capital de Manuela Carmena, mediante el interés que puso en ello la desaparecida Oficina de Derechos Humanos y Memoria, inició la licitación de un estudio, que habría realizado la Sociedad de Ciencias Aranzadi, pero cuya adjudicación se pilló los dedos con el fin de la legislatura y el Gobierno del Partido Popular no lo continuó. El pasado 23 de febrero, de nuevo con las lluvias, ha vuelto a resurgir el pasado incierto y anónimo, de entre los muertos, en el mundo de los vivos.

Un mes después, el gerente de la empresa de Servicios Funerarios, Fernando Sánchez, compareció en la Comisión municipal de Seguridad y Emergencias para dar respuesta a una pregunta del portavoz del grupo socialista, Ramón Silva, e informó que dentro del convenio que ya existe con la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid —y que finaliza en noviembre de este año— se había solicitado, al fin, un estudio sobre los restos óseos, tanto los que afloraron en 2017, que fueron tapados de nuevo con tierra, como los más recientes. Los resultados estarán disponibles para comienzos de mayo. Mientras tanto, los familiares de los asesinados no salen de su asombro.

«Durante 60 años nos dijeron que los restos humanos de los osarios habían sido incinerados», explica Tomás Montero, del colectivo Memoria y Libertad. Y así sigue siendo, a pesar de la aparición de osarios que se creían vaciados. Este diario ha accedido a una comunicación de la Secretaría de Cementerios con el familiar de una víctima desaparecida, de este mismo año, en la que se le indica que los restos no reclamados por los familiares fueron «incinerados» y «las cenizas se depositaron en el cinerario común del cementerio Sur (…) a finales de los años 80». No hay ni siquiera una fecha concreta de cuándo se hizo ese traslado. «Eso debería haber quedado registrado en algún lado», se pregunta Montero, cuyo abuelo, Tomás Montero Labrandero fue fusilado el 14 de junio de 1939 contra la tapia del cementerio. A él también le habían dicho que los restos de su abuelo habían sido cremados.

En el libro de referencia Los fusilamientos de La Almudena, el documentalista Manuel García Muñoz explicó qué ocurría con los cuerpos tras los fusilamientos: se les enterraba en tumbas de caridad, situados en un orden determinado y se tomaba nota para poder identificarlos. Los familiares que reclamaban los cuerpos para llevarlos a nichos o tumbas de su propiedad, se les daba permiso siempre que lo hicieran «sin ninguna publicidad». Las fosas comunes podían incluir hasta 15 cuerpos. «Pasados diez años, las familias eran avisadas para que se hicieran cargo de los restos. Si no lo hacían eran trasladados al osario». La inmensa mayoría no recibieron esta comunicación porque habían cambiado de domicilio tras la guerra y, en otros casos, preferían no significarse. «Años después, los restos depositados en el osario fueron trasladados al cementerio de Carabanchel y allí, en un horno crematorio, reducidos a cenizas», escribe García Muñoz.

A los Servicios Funerarios de Madrid les consta la existencia de cuatro osarios históricos. La primera de ellas (zona 1), de unos 2.000 metros cuadrados, tiene una capa de cemento encima, se utiliza como depósito temporal y su acceso está restringido; está situada junto al antiguo crematorio. La segunda (zona 2) es otra área cerrada al paso a los visitantes, muy próxima a la anterior, en este caso vallada, que la contrata de jardinería utiliza como almacén, de unos 1.500 metros cuadrados. Esta no tiene cemento encima sino tierra, por lo que las escorrentías han hecho aflorar los huesos. Ninguno de estos dos osarios han sido vaciados.

Estos mismos servicios sí tienen confirmación del vaciado de los otros dos osarios históricos. Uno (zona 3) estaba situado, antiguamente, extramuros. Hoy, la zona la ocupa una galería de columbarios frente al cementerio. Se afirma que los restos fueron trasladados «en los años 80». Y el último (zona 4) corresponde al osario del Cementerio Civil, que quedó inundado por una avería de cañerías en el año 2000 y por ello fue vaciado e incinerado.

Paloma Contreras, es una experta en cultura funeraria y, en especial, en la historia del Cementerio Civil. «Muchas de las personas cuyas sepulturas vencieron durante los años cuarenta [del siglo XX] fueron depositados en el osario del civil», explica. «Depositados y olvidados, convirtiendo el osario en una especie de vertedero desde entonces. El muro se cayó y la gente encontró un sitio cómodo donde tirar sus desperdicios», añade. «El problema está en que eso no se documentó, ya que no era obligatorio por parte del cementerio aunque por dignidad sí lo deberían haber hecho, y el recuerdo de esas personas se perdió en el tiempo», dice Contreras.

Ese osario contenía los restos de muchísimos republicanos, «familiares de alguien, que nunca van a tener la oportunidad de recuperarlos» y también personajes más conocidos de la época, como [el anarquista] Mateo Morral, [la abogada e intelectual] Hildegart Rodríguez o Juana Posse, la madre de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. «Este último caso me da especialmente rabia, y demuestra que se hizo a traición y sin conocimiento ni ganas de perpetuar la memoria histórica porque el mausoleo de Iglesias está a escasos metros de ese osario. Lo lógico es que se hubiesen sacado los cadáveres, reconocido y documentado su traslado», añade Contreras.

Posibles fusilados

Como responsable de memoria de la mencionada Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Txema Urkijo fue quien impulsó el estudio sobre la situación del osario que finalmente no se realizó. «Frente a las informaciones que se habían ofrecido durante muchos años por parte de los responsables del cementerio y del Ayuntamiento de Madrid, que decían que se habían vaciado e incinerado los osarios, parecía que no era así y que había indicios que apuntaban en la dirección de que ese osario estaba en uso en los años que correspondían a los fallecidos e inhumados en la década de los años 30 y 40, es decir, que entre otros miles de madrileños, también podían encontrarse ahí los restos de las personas fusiladas entre abril de 1939 y febrero de 1942 en las tapias del cementerio y que no habían sido reclamados», recuerda Urkijo.

Urkijo realizó una primera visita con el que probablemente es el forense más relevante en España, Francisco Etxebarria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, para tener una primera aproximación con la que orientar al Ayuntamiento sobre qué tipo de estudio debía acometerse. «Vinieron tres especialistas de Aranzadi y estuvieron viendo el terreno. Vieron que había mucha mezcla de escombros y cal, y que iba a ser prácticamente imposible proceder a casi ningún tipo de identificaciones, en una primera valoración muy a priori». El estudio iba a ser «riguroso y complejo», con un fuerte trabajo de arqueología forense y documentación para el que se abrió una licitación pública ya que el coste, 62.000 euros, iba a ser elevado. Tenía como objeto analizar si había «signos de violencia como causa del fallecimiento de algunos» de los restos depositados en la mencionada zona 2. No se pudo realizar la adjudicación porque Aranzadi, única empresa que se presentó, no se había inscrito en el Registro Oficial de Licitadores.

Jesús Martín, antropólogo de la asociación científica Arqueoantro, ha visitado recientemente los dos osarios para incluirlos en el mapa de fosas de la Comunidad de Madrid que está realizando, con una subvención del Ministerio de Justicia, para actualizar el actual. «Nos quedamos bastante impactados» dice, ya que no esperaban encontrarse con una fosa común «de tanta importancia». Para Martín, no cree que la mayor dificultad para estudiar los restos sea «la cal o la tierra» sino «la cantidad», debido a que «están muy mezclados y por tanto no tienen conexión anatómica». No obstante, esta dificultad se puede intentar acometer «con tiempo y dinero»: «es un esfuerzo que en Madrid se tendría que poder hacer y, aunque no se pueda identificar a las personas, sí podría demostrarse que se trata de fusilados», añade.

Txema Urkijo recuerda que esta no es solo una cuestión que afecte a las personas fusiladas y sus familias, sino que es un asunto más amplio, de interés público. «No sé si a los ciudadanos madrileños les apetece mucho tener un osario en su cementerio donde los restos afloran cada vez que hay unas lluvias demasiado fuertes —dice—, no parece que sea lo más adecuado». La intención de la anterior corporación de Ahora Madrid era, una vez realizado el estudio, no vaciar el osario sino «dignificar la zona» y acompañarla del memorial junto a la puerta de O’Donnell, el cual ya no homenajea únicamente a los fusilados por la represión franquista y no ha tenido una inauguración oficial por parte del Ayuntamiento.

Pepe Molina: ‘Aunque suena grandilocuente, la frase solo el pueblo salva al pueblo es real’

El ¿tópico? dice que la memoria de los barrios de Vallecas –como los de Orcasitas, Villaverde, y otros sitios en las periferias madrileñas– está construida de barro. Todos los viejos vecinos evocan sus recuerdos de pies hundidos hasta el tobillo, los días de lluvia, por aquellas calles sin urbanizar de la segunda mitad del siglo XX. Y el tópico es bien real, pero con esos barros se moldean unas genealogías de lucha por el derecho a la ciudad y la construcción desde debajo de la misma que han de ser contadas con toda su complejidad y detalle. Esto es lo que hace el histórico líder vecinal Pepe Molina en Vallecas en lucha. 30 años de reivindicaciones y conquistas populares, que ha visto recientemente la luz.

El libro ha salido en Agita Vallekas, un sello con casa en la librería La Equina del Zorro que tiene el suficiente marchamo combativo como para que la vallecanidad salte a la vista. Y su autor, Molina, también es quien para narrar las tres décadas de luchas vecinales que jalonan la obra: presidente de la Asociación Vecinal de Palomeras Sureste. Los de Palomeras fueron los primeros y aportaron mucho en la agrupación de fuerzas que supuso aquel potente movimiento vecinal, en el que vecinos, técnicos, políticos o curas rojos dieron lo mejor de sí mismos para hacer realidad la llegada de la urbanización, las casas dignas de ese nombre o la ampliación del metro. Y, ojo, que para conseguirlo no dudaron en perseguir a Ruiz Gallardón con un gallo gigante o secuestrar un autobús.

Hará 12 o 13 años, Molina escuchó hablar a un par de chicos en Palomeras Alta sobre el vecino que daba nombre a una calle ¿Era un futbolista o un político?, dilucidaban. Aquel olvido sobre la figura de Rafael Fernández Hijicos (primer presidente de la Asociación de Vecinos de Palomeras Altas) le hizo reflexionar sobre la importancia de dejar por escrito la memoria de los vecinos y las luchas que habían construido el barrio, “de la gente que se ha dejado el pellejo”. Así que se puso a escribir y no ha parado: Historia de las calles y lugares públicos de Vallecas, Amancio Cabrero: vivir, luchar, soñar…hasta llegar a este Vallecas en lucha.

La identidad vallecana –más allá de que allí uno es de El Pozo, de Fontarrón o, pongamos, de Palomeras– tiene que ver con una historia compartida, vivida a la contra. “Vallecas siempre estuvo estigmatizada para la sociedad biempensante, en la prensa, en la literatura…La gente que fue llegando aquí a partir de 1900 para trabajar en Madrid va conformando una población de trabajadores progresistas, de tradición radical y que da mucha importancia a la cultura. Siempre ha habido muchos grupos de teatro, coros o cines, y cuando Amós Acero (alcalde socialista) gana las primeras elecciones democráticas en 1931, lo primero que hace es fundar colegios”.

Esta semilla germinó en suelo vallecano, y la idiosincrasia que describe Molina desde los inicios de Vallecas –la vieja Villa y Puente– se ha mantenido a lo largo del tiempo, conformando una identidad reconocible en toda España. “Luego, hemos tenido grupos de teatro importantes, como El Gayo Vallecano, el festival de teatro, Tele K, periódicos, Radio Vallekas…y un tejido vecinal que lo demanda”. Una identidad forjada sobre la cultura, las luchas y la comunidad, que se ha construido desde abajo. “Un ejemplo fue lo de la k y el símbolo de Vallekas, que fue cosa de dos chavales sobre el 75 o el 76 y ha llegado a ser parte de nuestra identidad”.

Molina también está muy involucrado en el mantenimiento de la memoria pública vallecana a través de la Asociación Vallecas Todo Cultura que, entre otras cosas, mantiene un archivo fotográfico sobre la historia del barrio que ahora tratan de poner en red.

El activista vecinal piensa que el espíritu de lucha y apoyo mutuo vallecano, que aparece retratado en el libro, persiste hoy. La solidaridad aflora especialmente en los momentos complicados, como ha sucedido durante la pandemia:

“Antes había vecindad y esto se ha difuminado un poco en general, pero en Vallecas aún persiste. Aguantó el paso de las casas bajas a los pisos y trasciende en muchos barrios, la gente se reconoce en las luchas conjuntas. Ahora tenemos el ejemplo de Somos Tribu VK, la red vecinal que en estos momentos de crisis está procurando a los vecinos que lo necesitan comida, libros, ayuda psicológica…Aunque suena grandilocuente, la frase solo el pueblo salva al pueblo es real”.

Ante la pregunta de si hoy sería posible una transformación tan profunda como la operada en muchos barrios a caballo de los años setenta y ochenta, con el impulso y la participación directa de los vecinos, Molina responde con seguridad: “sí, dinero no falta, lo que se necesita es voluntad política para llevarlo adelante”. El listón está alto, en Vallecas en lucha se detallan los pormenores del plan que permitió realojar en pisos a 12.000 familias de Vallecas. Pero el tiempo no para y en del reloj de arena de la ciudad, los problemas nunca dejan de caer, grano a grano. Siempre hay luchas pendientes.

Un ejemplo de ello lo tenemos hoy con la difícil situación que vive la Cañada Real, apunta Molina. “Creo que llegará una solución cuando quienes pueden cambiarlo tengan la sensación de que se trata de un suelo valioso; es lo que sucedió con Vallecas, que estaba muy cerca de Madrid. Hubo entonces quienes dijeron –literalmente– que había un problema con el vecindario, que era “extraño y difícil de erradicar”. Pero no pudieron expulsarnos. En la Cañada tendría que suceder algo parecido a lo de entonces, que ellos mismo articularan una lucha importante, porque hay grupos haciéndolo pero no de forma general”.

Efectivamente, el movimiento vecinal consiguió entonces que se quebrara la línea histórica de expulsión del vecindario original de las barriadas, encarnada en el Plan Parcial franquista, que hubiera supuesto la expropiación de los vecinos sin alternativa habitacional en el propio barrio.

Al hablar sobre el final de los buenos tiempos, Molina niega la mayor sobre el tópico de la cooptación de líderes vecinales por parte de los partidos políticos. “En el caso de Vallecas irían en listas cuatro o cinco personas, yo mismo me presenté con la ORT (y no salimos). En el resto de Madrid, parecido. Los partidos son lo que son, no tienen arraigo en la calle y tienen que echar mano de gente con ascendencia en los barrios. Yo creo que donde sí hubo un problema fue en que el PCE y el PSOE pensaran que tener cargos electos era suficiente y dejaran de dar apoyo a las asociaciones. Se nos dio de lado, no hay ninguna mención en la Constitución al Movimiento Vecinal mientras que sí la hay, por ejemplo, al de Consumo, que por aquel entonces no tenía mayor importancia”.

Hoy, el movimiento vecinal sigue teniendo mucho que decir en los barrios, en opinión de nuestro entrevistado. Cita los problemas de la incineradora de Valdemingómez, el desempleo juvenil crónico o la Cañada, y se lamenta del problema que las asociaciones tienen con el actual Ayuntamiento de Madrid.

“Está presionando mucho a la FRAVM, quitando cesiones de locales y subvenciones; no dando ningún apoyo a las asociaciones. Las normas de participación que se impulsaron en la legislatura pasada están paralizadas y se están intentando eliminar. Por otro lado…cierta tensión es buena para generar contestación”.

Marcador a cero en la guerra madrileña del taxi

La disputa entre los taxistas y el gobierno regional de Madrid vuelve a la casilla de salida dos años después del último gran enfrentamiento, la huelga de enero de 2019. El gremio claudicó entonces tras dos semanas de paro para reclamar una regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), el formato con el que operan los servicios a demanda de Uber o Cabify. No lo consiguieron, y además se encontraron al poco con una reforma del reglamento del taxi que daba vía libre a la entrada de empresas -en un sector dominado por los autónomos-, la acumulación de licencias por parte de una sola sociedad o la amortización de los permisos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la acaba de anular y, en un contexto electoral, los taxistas están muy atentos a lo que planteen los partidos. «Todo se puede hablar», avanza ahora la Comunidad de Madrid. Tanto Uber como Cabify han declinado comentar la decisión judicial.

El decreto del Taxi en Madrid incluirá un precio fijo del servicio y planes de amortización de licencias

El decreto del Taxi en Madrid incluirá un precio fijo del servicio y planes de amortización de licencias

La sentencia del Tribunal Superior llega a instancias de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), mayoritaria en el sector, que había recurrido el cambio normativo. La resolución no entra en el fondo de las reclamaciones y anula el decreto por un defecto de forma: entre el articulado que se sometió a información pública y el que finalmente se aprobó hubo cambios «esenciales», de los que se debería haber dado cuenta y no introducir de tapadillo a última hora: permitir que las personas jurídicas sean titulares de licencias, acumular múltiples permisos o autorizar que los ayuntamientos amorticen su número total.

«Esto fue como el timo del tocomocho o el juego del trilero», describe ahora Julio Sanz, presidente de la FPTM, que entiende que la norma de 2019 «ha causado mucho perjuicio», que es necesario «volver al punto de punto origen» y que hay que «enmendar, corregir y mejorar» de nuevo el reglamento original, de 2005, «pero no con estas malas artes del Partido Popular».

La referencia al PP tiene sus matices, porque quien era presidente de la Comunidad a la aprobación del decreto era Ángel Garrido, al término de un mandato breve marcado por la dimisión a regañadientes de Cristina Cifuentes. Garrido se pasó en seguida a Ciudadanos, que lo hizo consejero de Transportes en el gobierno de coalición que acaba de saltar por los aires, cuando precisamente venía anunciando una norma para regular por fin las VTC y «profesionalizar» a los conductores, a los que se iba a exigir un examen teórico. Ahora todo queda en suspenso. El departamento de Transportes, tras la expulsión de los consejeros de Ciudadanos y hasta las elecciones del 4 de mayo, ha pasado a depender de la Consejería de Vivienda, que ocupa David Pérez.

Un portavoz de la Consejería evitaba esta semana comentar los pormenores de la sentencia, de la que decía no tener aún constancia oficial, pero anunciaba voluntad pacificadora: «Tenemos disposición de diálogo, y [la sentencia] implica tener una oportunidad para volver a tratar de consensuar el reglamento, introducir mejoras y que haya una correcta convivencia entre taxi y VTC. La comunidad no tiene intención de mantener un litigio», aseguró. Sanz también tiene en cuenta la campaña: «Hay que valorar las intenciones de los que se postulan como nuevo equipo de gobierno, no sabemos qué puede pasar. Es el momento de que los grupos políticos deben dejar claro qué van a hacer con el taxi y las VTC, quiénes defienden a los ciudadanos y al sector, que nos defendemos de los caprichos de los políticos, que van dejando los puestos y nos dejan en una situación muy precaria», emplaza.

El conflicto entre taxis y VTC es una guerra de posiciones que dura más de un lustro y en el que las victorias siempre son parciales. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy limitó la concesión de licencias VTC a una por cada 30 de taxi, pasando por las huelgas de 2018 ante la evidencia de que la proporción distaba mucho de cumplirse, o el decreto-ley de otoño de ese año, ya con los socialistas en el Gobierno, en el que se descargaba en las comunidades autónomas la regulación específica y se establecía que las autorizaciones estatales solo podrían emplearse para desplazamientos interurbanos, dando un plazo de carencia de cuatro años a modo de indemnización.

Las grandes ciudades también han intentado terciar. En Madrid, el gobierno de Manuela Carmena dejó lista una ordenanza para controlar los horarios, los lugares de estacionamiento y la circulación de los VTC sin pasajeros, pero el cambio en la alcaldía dejó la norma en suspenso. Ahora, el equipo de José Luis Martínez-Almeida ultima otro texto, que opta por «uberizar» la normativa de los taxis, autorizando los precios cerrados e imponiendo códigos de vestimenta. El futuro de la norma autonómica dependerá de las elecciones. Para entonces, faltará solo año y medio para que se cumplan los cuatro años de gracia que dio el Ministerio de Fomento; después serán las comunidades las que podrán establecer los límites en sus territorios.

En Madrid ciudad había a fecha de 1 de marzo 15.714 licencias de taxi. Las de VTC eran 8.023, casi la mitad del total estatal, según datos del Ministerio de Transportes. El presidente de la federación de taxistas madrileños avisa: «Utilizaremos todos los recursos para que se beneficie al colectivo y los usuarios. Que se cumpla la ley para todos: no se trata de desvirtuar al taxi para dar más cabida a las VTC, sino que [estas] también tienen que tener unas restricciones».

Un policía muere y otro resulta herido tras ser embestidos por un vehículo cerca del Capitolio de EE.UU.

El supuesto responsable del incidente, contra el que abrió fuego la Policía, ha fallecido tras ser trasladado a un hospital.

Un agente de la Policía del Capitolio de EE.UU. ha muerto y otro ha resultado herido este viernes tras ser embestidos por un vehículo.

La Policía informó en un primer momento que el sospechoso que conducía el auto implicado fue detenido y trasladado a un hospital, al igual que los dos oficiales heridos. Poco después, se informó que el supuesto responsable del incidente, contra el que abrió fuego la Policía, ha fallecido, al igual que uno de los agentes heridos.

Posteriormente, el atacante fue identificado como Noah Green, residente del estado Indiana de 25 años. Según reportes, sus redes sociales indican que es miembro de la Nación del Islam, una organización religiosa y sociopolítica en EE.UU.

Imágenes obtenidas en el lugar de los hechos muestran un automóvil de color oscuro que se ha estrellado contra una barrera y que está siendo inspeccionado por un agente con un perro policía.

También se ve cómo dos personas están siendo llevadas en camilla a las ambulancias.

El complejo del Capitolio fue cerrado después del incidente, de forma que el personal no podía entrar ni salir de los edificios.

 

Así privatizaron González y Aznar las empresas más rentables del Estado

“España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en 2016. Esto nos convirtió en el país de la UE con menos empresa pública”, denuncia una extrabajadora de una de las compañías privatizadas.

Así privatizaron González y Aznar las empresas más rentables del Estado

Felipe González y José María Aznar

Endesa, Repsol, Renfe, Ferrovial, Telefónica, Aceralia, Iberia, Pegaso, Seat, Tabacalera, Coosur, Construcciones Aeronáuticas, Argentaria… Todas ellas fueron empresas públicas propiedad del Estado español durante más de 60 años y “ni brotaron soviets ni nada”, a pesar de que algunos huyan gritando “¡gulag! ¡Stalin! ¡Holodomor!” cuando escuchan hablar “de nacionalizar algo”. Y todas ellas fueron privatizadas; de privatizar, que no es sino “delegar la gestión de lo público a lo privado”.

Así lo ha destacado la tuitera Paula Llaves en un hilo publicado este viernes, en el que ha destacado que eso, una larga lista de empresas públicas, es lo que había en España hasta que en la etapa de gobierno de Felipe González (1982/1996) comenzaron las “privatizaciones de bienes” y en la etapa de gobierno de José María Aznar (1996/2004) este “se vino arriba” y “se dedicó a venderlas a precio de saldo” –incluidas las empresas que prestaban “servicios públicos imprescindibles”– “para que pareciera que ‘España iba bien’”. “España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en 2016. Esto nos convirtió en el país de la UE con menos empresa pública”, ha resumido.

Llaves –que trabajó en una de esas empresas privatizadas– ha recordado que “entre las excusas que se ponían para privatizar” esas empresas, “las más manidas” fueron “la necesidad de ello” y “que generaban pérdidas”, algo que, atendiendo a cualquier ranking de las empresas más rentables en la actualidad, se ha demostrado falso. En este sentido, la tuitera ha destacado que “esos milloncitos de beneficio al capital privado antes iban a las arcas públicas” y ha preguntado: “¿Se entiende así por qué desde que se gastaron las tres onzas de chocolate por las que se vendieron en la Era Aznar no se levanta cabeza?”. “¿Entendemos así la mochilita austriaca de los c…, el estancamiento salarial, la subida desproporcionada de los precios relativos a consumos y vivienda y la bromita de tener oligopolios compinchados en la generación de servicios básicos?”, ha insistido.

PSOE, la historia de una traición permanente

El gobierno de José María Aznar, líder del Partido Popular, consumía sus últimos días, tras ocho años en el poder. En la lista de éxitos de aquel mandato, la gestión económica ocupaba un lugar destacado, y el ministro del ramo, Rodrigo Rato, no dudaba en hacer gala de sus logros.

El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una intervención pública.

El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una intervención pública. EFE

Rusia exige que se respeten las normas de navegación en torno al gasoducto Nord Stream 2

El Ministerio de Exteriores de Rusia exige que se respeten las normas de navegación en la zona donde se están colocando tuberías del gasoducto Nord Stream 2, ya que . Moscú estima que ese proyecto servirá para fortalecer la seguridad energética de Europa. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Polonia rechazan haber entorpecido la construcción de esa infraestructura en aguas del mar Báltico.

Heroínas ocultas: el rol de las mujeres en la guerra de las Malvinas

Argentina conmemora este viernes el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de las Malvinas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enviará tres proyectos de ley en favor de los participantes y afectados por el conflicto. Uno de los colectivos que podría beneficiarse es el conformado por numerosas mujeres enfermeras, que exigen el reconocimiento de sus méritos. Nuestro compañero Ignacio Jubilla nos ha preparado un informe sobre estas heroínas.