Los gobiernos del PP en Madrid mantienen escuelas públicas sin terminar desde hace una década

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncia que el «nuevo» plan educativo presentado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llega tarde y con acciones que estaban obligados a realizar, pero que han pospuesto.

CEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPACEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Familiares de alumnos de la escuela pública en la Comunidad de Madrid denuncian que el último y supuestamente ambicioso programa educativo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para la construcción de nuevas infraestructuras «no tiene nada de novedoso» y «no hace más que tergiversar actuaciones que ya estaban puestas en marcha». Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos critican que la licitación de «nuevas» obras, avanzada por el Gobierno regional, consiste en realidad en acabar edificaciones ya empezadas «en prácticamente en el 100% de los casos».

Durante todo este tiempo de demora, entre sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP), cientos de familias han tenido que soportar que sus hijos e hijas vayan a clase entre obras o sean desplazados, algunos desde hace casi una década.

Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado, en vísperas de la campaña electoral, una inversión de 130 millones de euros en la licitación de obras para el levantamiento de un nuevo colegio, cuatro institutos y cinco escuelas infantiles, además de la ampliación de otros 23 centros de la región que, supuestamente, empezarán a dar servicio el próximo curso 2023/24. Pero los padres y madres aseguran que se trata de un programa «completamente vacío».

Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, explica a Público que el anuncio «hizo muchísimo daño a las familias que están sufriendo estas obras eternas y que tienen a sus hijos, o bien desplazados a otros centros, o dando clase entre obras». Una situación que, a su juicio, se podría evitar, más allá de con un buen calendario de obras y contratos de calidad, con la eliminación de las «creaciones jurídicas», los conocidos como centros fantasma, una figura a través de la cual los colegios admiten matrículas de alumnos aun sin haberse empezado a construir.

Bajo esta forma de proceder, cuando llega la época de la escolarización, aunque esos centros todavía no existen, sale la entidad jurídica para recoger solicitudes de matrícula. De tal modo que si empieza el curso pero la obra no está terminada, se traslada a los alumnos a otros centros hasta que consiguen la cédula mínima de habitabilidad. Una organización que la FAPA critica, pues acaba por convertirse «en un caos tanto para los centros que acogen a los estudiantes y acaban saturados, como para los propios menores que sufren todos los cambios y los consiguientes procesos de adaptabilidad».

Es el caso del CEIP Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo, en obras desde 2014; el CEIP Charles Dickens de Loeches en Madrid, cuya segunda fase de construcción empezó hace más de ocho años; el IES María Goyri Goyri de Villaverde, reclamado desde 2017, con todo el alumnado desplazado; o el IES Ana Frank, también en Madrid, que pese a que el centro existe de forma jurídica, aún no se ha empezado a levantar.

IES María Goyri Goyri, en Villaverde, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPA
IES María Goyri Goyri, en Villaverde, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Alumnos que dan clase en barracones

La Consejería ha intentado edulcorar su plan con un supuesto paquete de nuevas ampliaciones en escuelas, como por ejemplo el CEIP María de Villota de Vallecas. Pero la FAPA ha desmentido que esta, como otras tantas, sean una nueva iniciativa, en un vídeo donde recoge imágenes que demuestran que el edificio ya contaba con retrasos en sus obras desde hace varios años.

Algo similar a lo que ocurre en el CEIP Mercedes Vera de Rivas-Vaciamadrid (que pasó a llamarse CEIP Hispanidad, en contra de la comunidad educativa). La FAPA explica que en septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó la partida presupuestaria para contratar las obras para su construcción, comprometiéndose a tenerlo finalizado para el curso 2022/2023. Sin embargo, de nuevo, se han incumplido los plazos: aunque en el 2022 se empezó a construir la primera fase con un plazo de ejecución de 12 meses, todavía no está finalizado. Mientras tanto, el alumnado está desplazado en otro centro educativo, donde dan clase en aulas prefabricadas.

CEIPSO La Luna, en Rivas, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPA
CEIPSO La Luna, en Rivas, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Por su parte, el CEIPSO La Luna abrió sus puertas en 2017, explica la FAPA, después de muchos años de reivindicaciones y tras cuatro años de espera en autorizar la construcción del mismo. La corporación local adelantó más de cinco millones de euros para la construcción de la primera fase, el equipamiento y el mobiliario, y la obra se realizó en plazo. Pero la segunda fase y el gimnasio a cargo de la Comunidad de Madrid sigue pendiente desde hace seis años.

Morillas detalla que «para salir del paso» en el patio se han instalado más de una docena de barracones que usan como aulas, donde se imparte clase a una parte del alumnado. «La situación en Rivas-Vaciamadrid es ya una cuestión de emergencia educativa, que hace imprescindible la creación de más centros educativos públicos con carácter de urgencia», advierte.

Otros ejemplos de escuelas sin acabar son IES Torcuato Fernández Miranda de Arroyomolinos y el CEIP Gabriela Morreale, de Leganés. Respecto al primero, el Ayuntamiento cedió el terreno en 2020 para su construcción. La Consejería recurrió de nuevo a la creación jurídica del centro, «generando falsas expectativas en las familias» y los alumnos están realojados en clases provisionales sin gimnasio, biblioteca, ni aula de informática. En cuanto al segundo, su alumnado, docentes y familias conviven desde 2018 con las obras. Desde sus ventanas son testigos en primera persona de los vaivenes de las grúas, material de obra y vallas anexas a sus pabellones.

El enfrentamiento del PSOE con Podemos acerca a Sánchez a sus barones más críticos

La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ provoca que la dureza de líderes como García Page o Lambán se centre más en los socios del Gobierno que en algunas decisiones de Moncloa. El presidente de Castilla-La Mancha ha cargado en las últimas semanas contra Ione Belarra e Irene Montero, incluso reclamando su dimisión. 

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en Toledo el pasado jueves.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en Toledo el pasado 15 de septiembre .  Eva Ecorlanese / PSOE

«Somos un partido político en el que la discrepancia no se persigue». Es uno de los mensajes que la dirección del PSOE trasladaba a finales del año pasado para rebajar la importancia de las críticas habituales hacia algunas decisiones tomadas por Pedro Sánchez. Especialmente procedían desde Castilla-La Mancha o Aragón, territorios de Emiliano García-Page y Javier Lambán. Meses después, el foco crítico ha cambiado. Lo provoca principalmente la tensión de los socialistas con sus socio de Unidas Podemos, ejemplificada a la máxima potencia por la reforma de la ley del solo sí es sí.

El «ruido» interno se ha minimizado. Porque, según argumentan en el entorno del presidente castellano manchego ahora mismo, la parte de Unidas Podemos, especialmente la de Podemos, les está poniendo muy fácil defender a la otra parte del Gobierno. Page siempre ha sido muy crítico con la presencia de la fuerza morada en la coalición. Su Gobierno autonómico junto a Podemos entre 2017 y 2019 fue muy tenso e inestable. Además, ideológicamente la distancia entre el mandatario socialista y la formación morada es amplia.

Esta situación no significa que el presidente de Castilla-La Mancha vaya a dejar de dar su opinión sobre asuntos como la reforma del delito de malversación si es necesario o sobre las alianzas con los partidos independentistas catalanes. La tensa votación de la proposición de ley el pasado martes en el Congreso evidenció además un distanciamiento de los socialistas también con EH Bildu y ERC, que votaron junto a UP. Algo que en este caso sería del agrado de Page, con una vocación de recoger más votos por el centro electoral, que son necesarios también para que el PSOE no pierda las próximas elecciones.

Con motivo del 8 de marzo, Page dejó un titular: «A río revuelto, ganancia de violadores». El presidente castellano manchego aludió directamente a Unidas Podemos al señalar que «si todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser más dura la sanción para los que maltratan y violan», la culpa «no la puede tener un 99% de la población». «La culpa la tiene quien se equivoca», dijo.

Hace unas semanas Page concedió una entrevista a El Confidencial. En ella, dejó unos cuantos mensajes dirigidos a los socios de Sánchez. «Si Montero y Belarra reconocen su error, tendrían que plantearse dimitir», destacó el titular. Del mismo modo afirmó que Podemos es «un caballo de Troya en el Gobierno».

A diferencia de otros territorios, el PSOE castellano-manchego no ve necesario contar con el espacio de Unidas Podemos para ganar las elecciones. De hecho, en 2019 obtuvo la mayoría absoluta y ni Podemos ni IU entraron en las Cortes Regionales. El próximo mes de mayo será la primera vez que ambas formaciones concurran juntas como UP. Page ha minusvalorado las opciones de la candidatura hacia su izquierda. Los socialistas aseguran que manejan encuestas con resultados similares a los de 2019. Y reiteran públicamente que solo hay dos opciones. Un Gobierno del PSOE o un Gobierno de PP junto a Vox, que sustituiría a Cs a nivel parlamentario.

La reforma de la ley del sólo sí es sí era una reclamación que venía haciéndose desde los territorios hace tiempo. La alarma social fue in crescendo desde finales de año y varios barones pedían actuar. Al abordar el tema Sánchez logró la felicitación pública de otro de sus habituales críticos. Lambán destacó a principios de febrero la decisión del presidente. «Aplaudo al presidente Sánchez por modificar esa ley. No he dudado nunca de las buenas intenciones de los propósitos iniciales de esa ley, pero desde luego, en cuanto a su fábrica, es una calamidad y a las pruebas me remito por los efectos de su aprobación», dijo.

El presidente de Aragón compartió un acto con Sánchez el pasado 18 de febrero en Zaragoza. En él volvió a agradecerle la reforma. Y aprovechó para cargar contra UP sin mencionarlos. «Te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feminismos cínicos y extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar, que es el PSOE», dijo.

Pocos días después Lambán concedió una entrevista a El Mundo, como ya hiciera Page en el mes de septiembre. Aquella cayó como una bomba en Ferraz y Moncloa. Y en ambos lugares no tuvieron problemas en airear su malestar con el presidente castellano manchego. No pasó lo mismo con la realizada por Lambán, que tuvo un protagonismo mucho menor, casi inexistente.

El tono del presidente aragonés fue comedido aunque remarcó su autonomía frente a Ferraz y Moncloa. Pero el titular principal fue nuevamente un dardo contra Unidas Podemos. «Estamos dando poder a los extremos hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de la nación», dijo Lambán. El mandatario autonómico pide en este sentido que haya entendimiento entre PSOE y PP.

Curiosamente la situación política electoral de Aragón es diferente a la de Castilla-La Mancha. Los socialistas gobiernan en coalición precisamente con Podemos, que cuenta con una Consejería, al igual que el Partido Aragonesista (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA). Por la aritmética electoral en este territorio, parece más complicado que los socialistas no necesiten apoyos de esos mismos partidos de cara a revalidar su Gobierno.

El PSOE comprobará su unidad interna de primera mano el próximo sábado 18 de marzo. Los socialistas han convocado un Comité Federal en el que deberían participar todos los líderes territoriales. Uno de los objetivos principales, más allá de los debates políticos que puedan darse, es aprobar las listas electorales. Pero la actualidad política y la situación electoral de cara al mes de mayo tendrá, seguro, otros puntos calientes en el debate interno.

Los ecologistas reclaman al PP que revele cuáles son las 650 fincas de Doñana con regadío ilegal que se quieren indultar

WWF solicita una reunión urgente del Consejo de Participación del parque ante el “ataque” de los populares “y de la Junta” motivada “únicamente por intereses electoralistas” en la comarca del Condado

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en un acto en Doñana la semana pasada.

La segunda ley que PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz por vía de urgencia para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, los cuales utilizan ahora de manera ilegal el agua de su acuífero, ha desencadenado una nueva tormenta que, en la práctica, supone regresar a la casilla de salida en la que se estaba en enero del año pasado. La proposición presentada por ambas formaciones es un calco a la de entonces, también en puertas de unas elecciones (entonces autonómicas, hoy municipales), aunque con algunos matices, y uno de ellos es que ahora se ha quitado del texto la referencia a las 1.400 hectáreas que podrían acogerse a esta amnistía. A cambio, introduce un nuevo dato: la aplicación de la legalidad vigente supondría la “desaparición” de 650 explotaciones agrícolas cuya producción supera los 100 millones de euros.

PP y Vox llevan al Parlamento andaluz una segunda ley para legalizar cultivos de regadío en Doñana a tres meses del 28MPP y Vox llevan al Parlamento andaluz una segunda ley para legalizar cultivos de regadío en Doñana a tres meses del 28M

Pues bien, WWF quiere ahora conocer precisamente cuáles son esas 650 explotaciones, y en este sentido ha presentado una solicitud formal en el registro de la Junta de Andalucía. La organización ecologista entiende que si en la exposición de motivos de la ley se habla con tanta precisión de estas 650 fincas es porque “deben ser conocidas por Vox y PP”, así que también insta a que se aporte el listado y cartografía de estas explotaciones.

De paso, ha solicitado al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria urgente del pleno de este organismo para que sea informado de los pormenores de a propuesta. En este foro se sientan administraciones –Junta y ayuntamientos de la comarca–, organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que es la encargada de dar los derechos de agua), sindicatos, entidades ecologistas y la Estación Biológica de Doñana, entidad científica dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Que se presenten los informes técnicos

Ya puestos, WWF solicita en su petición que se facilite copia no sólo de la proposición de ley, sino también de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales, como el de incidencia territorial o la evaluación de impacto ambiental.

La organización ecologista es consciente de que la mayoría de estos documentos no existen, de ahí que con esta petición lo que persigue es dejar en evidencia el escaso arrope técnico de una proposición de ley “perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca”. Por ello, insiste en que “es necesario que el Consejo de Participación se reúna cuanto antes y sea informado de todos los detalles” de esta iniciativa legal, aunque este foro tiene carácter consultivo y sus dictámenes no son vinculantes.

La proposición de ley ha vuelto a romper puentes con el Gobierno central (el Ministerio de Transición Ecológica amenaza con llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional) y que está por ver qué reacción produce en la Comisión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2021 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger el acuífero del expolio que sufre. A juicio de WWF, esta segunda intentona “está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes”.

Suelos agrícolas regables con aguas superficiales

Otra organización ecologista, SEO/Birdlife, incide por su parte en que la actual sobreexplotación de los recursos hídricos “mantiene los ecosistemas de Doñana al borde del colapso”, por lo que lamenta que el Gobierno andaluz del PP “vuelve a evitar el diálogo, el consenso y el debate obligado sobre cualquier decisión que se tome” en el parque nacional. De paso, critica que obtener el derecho a regar con aguas superficiales en una zona con tan escasos recursos no puede conseguirse con “la amnistía de infractores en un grave agravio comparativo entre agricultores”.

La proposición de ley pretende calificar los terrenos de las 650 fincas que se beneficiarían de la medida como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, una condición que no consiguieron con el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, popularmente conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 para zanjar la cuestión en teoría de una vez por todas. La Junta de Andalucía sostiene que esto no supone una amnistía, argumentando que siguen para adelante los expedientes sancionadores que estos agricultores tienen abiertos por piratear agua de un acuífero que se encuentra en muy mal estado. La iniciativa aporta una solución “sin tocar un solo litro del acuífero del que bebe Doñana”, insiste en este sentido el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.

Guerra total en Doñana: Moreno acelera el trámite de la ley para ampliar regadíos y el Gobierno le amenaza con los tribunales

Almeida deja Madrid en números rojos en 2022 al cerrar el año con un agujero de 357 millones

Es la primera vez en 12 años que el consistorio cierra sus cuentas en pérdidas. Un agujero fiscal nada desdeñable si nos atenemos a que heredó una situación más que saneada de Carmena, con un superávit de 1.057 millones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, a 28 de febrero de 2023, en Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, a 28 de febrero de 2023, en Madrid.  Gustavo Valiente / EUROPA PRESS

Por primera vez en más de una década, las cuentas municipales de la ciudad de Madrid cierran el ejercicio anual en números rojos. La gestión de José Luis Martínez Almeida ha cerrado sus cuentas con un déficit que supera los 350 millones de euros, algo que no se veía desde 2011.

Según un documento cursado por la Concejalía de Hacienda del consistorio capitalino al Ministerio de Hacienda –al que ha tenido acceso El País y ha confirmado Público– el agujero fiscal tras la legislatura de Almeida es de 357.448.737,29 euros.

Una cantidad nada desdeñable si nos atenemos a que el actual regidor heredó una situación más que saneada tras el paso de Manuela Carmena por la alcaldía, cuyas cuentas se saldaron con un superávit de 1.057 millones.

Se trata de una situación anómala que apenas tendrá consecuencias para el Ayuntamiento de Madrid. No en vano tanto la Unión Europea como el Ejecutivo han suavizado los rigores de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Almeida se ha escudado en que «la bajada de ingresos de las administraciones durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado», cifrados en 271 millones de euros. Fue el Ministerio de Hacienda, ha justificado, quien explicó que «los iba a entregar en tres años, 2022, 2023 y 2024» en cuantías de 70, 100 y 100 millones de euros aproximadamente.

Se rompe, en cualquier caso, la senda de reducción de deuda que puso en marcha Manuela Carmena. De hecho, en sus cuatro años al frente de la gestión del consistorio se redujo el pasivo en 3.174 millones de euros, lo que supuso una rebaja del 54%.

Los números rojos cosechados por Almeida contrastan con la tesis defendida por el alcalde, que aboga por una bajada de impuestos como una de las medidas imprescindibles en sus presupuestos para 2023, prorrogados tras no contar con suficientes apoyos.

«¿Dónde está el dinero?»

Más Madrid no ha dudado en acusar al alcalde de dejar la ciudad «en números rojos», una situación que se da «por primera vez en 12 años» por «no saber recaudar». «¿Dónde está el dinero?», se preguntan.

En rueda de prensa, los concejales Pilar Sánchez y Miguel Montejo han alertado de «unos números preocupantes, que suponen que por primera vez en 12 años el Ayuntamiento entra en pérdidas». Madrid es «una ciudad en números rojos, a pesar de que cuando Almeida llegó a la Alcaldía se encontró unas cuentas saneadas, con 1.057 millones de superávit, pero se lo ha fundido, lo ha derrochado y sin hacer ninguna obra de transformación», ha destacado la portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez.

Eso lleva al principal grupo de la oposición a preguntarse por el destino del dinero público. «¿Dónde está el dinero, Almeida?», ha lanzado la edil, tras cargar contra la «nefasta gestión» de los ‘populares’.

El BCE reconoce internamente que los grandes beneficiarios de la ola inflacionaria son las grandes empresas

Los consumidores y los trabajadores están soportando el elevado precio de las energías o de los alimentos. 

04/03/2023. Christine Lagarde durante una rueda de prensa tras una de las reunidos del BCE, en Fráncfort, a 2 de febrero de 2023.

Christine Lagarde durante una rueda de prensa tras una de las reunidos del BCE, en Fráncfort, a 2 de febrero de 2023.  Kai Pfaffenbach / REUTERS

Desde sus despachos, los responsables del Banco Central Europeo (BCE) han reconocido que las grandes empresas son las que más se están viendo beneficiadas por la escalada inflacionaria que experimenta actualmente la Eurozona. Los trabajadores y los consumidores, por el contrario, son los que están «pagando la factura», según informa Reuters.

En los últimos nueve meses, la explicación macroeconómica dada desde el BCE señalaba que los elevados precios (coste de energías, alimentos, chips informáticos…) estaban afectando a las empresas de los 20 países de la zona euro. Los beneficios empresariales, precisamente, son los que están alimentando la ola inflacionaria. Al contrario de lo que ocurre en EEUU, en Europa la demanda no está saturado la economía.

Madis Müller, jefe del banco central de Estonia, prevé que la subida de tipos de interés del BCE del 16 de marzo no vaya a ser la última. «También es muy posible que los tipos de interés deban mantenerse altos durante bastante tiempo, para que podamos estar seguros de que la inflación volverá y se mantendrá cerca del 2%«, ha aclarado Müller.

En febrero, la inflación general se redujo ligeramente al 8,5%, debido al descenso en el coste de la energía. No obstante, los precios de la mayoría de los demás artículos han vuelto a subir. El incremento de la inflación subyacente al 5,6% invita al BCE a endurecer sus medidas en política monetaria. Los mercados auguran otra subida de 50 puntos básicos para el 4 de mayo.

UP pide soluciones para paliar el precio de los alimentos

En España, Unidas Podemos ha pedido a sus socios de Gobierno que tomen medidas para intervenir el precio de los alimentos. En diciembre, el PSOE sacó adelante una medida para rebajar el IVA de algunos alimentos. No obstante, dicha iniciativa parece que no ha surtido gran efecto, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El ministro de Agricultura, Luis Planas aseguró que la escalada de inflación ya ha alcanzado su techo, por lo que debería empezar a notarse en el resto de la industria alimentaria. UP, sin embargo, ha puesto sobre la mesa tres medidas para ayudar al consumo de las familias.

Por un lado, limitar los precios para devolverlos a niveles de febrero de 2022, previo a la guerra en Ucrania. También fijar el precio de algunos productos básicos a través de la Ley de Comercio Minorista. Y, por otro lado, otorgar una bonificación del 14% de la cesta de la compra de las familias.

Eduardo Rubiño: «Si de algo ha podido presumir Almeida es de cuestiones heredadas de Carmena»

Entrevista al presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y portavoz de la campaña de Más Madrid, Eduardo Rubiño. «Si de algo ha podido presumir Almeida esta legislatura es de cuestiones heredadas de Carmena», ha afirmado durante la entrevista realizada por Sato Díaz.

La dura crítica del presidente de la Asociación de Médicos a Ayuso y el Zendal: «Es un almacén, se puede alquilar a Amazon»

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El Hospital Isabel Zendal fue la gran obra de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero sus resultados, como era de prever, no están siendo los prometidos. Lo cierto es que se ha convertido en una gran estructura que apenas sirve para lo que fue construido y casi no alberga pacientes.

El presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Daniel Bernabéu, intervino en Todo es Mentira para criticar los recursos que se han destinado para crear un hospital que no cumple su función y que obliga a cambiar la normativa de todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid porque no la cumple.

 

La última jugada de Ayuso relacionada con el Zendal es su plan de omitir la exigencia de luz natural en los hospitales para que el centro cumpla la normativa madrileña. Algo que ha molestado a Bernabéu.

Relacionada: «Primero sin quirófanos, después sin médicos, ahora sin ventanas»: reacciones al nuevo plan de Ayuso para rizar el rizo con el Zendal

El presidente de Amyts ha criticado que el Zendal fuese construido después de la peor parte de la pandemia y se le otorguen méritos que deberían ser atribuidos a las zonas habilitadas en Ifema para paliar la covid.

Además, ha criticado que es una infraestructura limitada que obliga a cambiar la normativa sobre hospitales para cumplir el «casi capricho» de su construcción, cuando había otros centros que podían ser mejorados o rehabilitados.

«Si se quiere aprovechar es un almacén de oficinas, para logística. Se puede alquilar a Amazon. Es un edificio interesante que responde a ese patrón», ha criticado Bernabéu.

 

 

 

 

 

 

El comentario del presidente de Amyts se ha llevado la ovación tuitera, que han visto sus dotes de agente inmobiliario y secundan su propuesta de darle un uso verdaderamente útil al Zendal, dadas las circunstancias.

¡Bombazo! se filtran ‘whatsapp’ que revelan la estrategia del PP contra Podemos y el independentismo

Eso es así Rubén lo que pasa es que la ignorancia siempre llega a través de estos medios que mienten y crean tramas con bulos , por eso hay que ser más inteligente que ellos y no hacer caso a medios días cuando hay días enteros ya sé les ha visto el plumero , espero que la gente se de cuenta de una vez por todas.