«Yo vengo aquí cada día para ver literalmente cómo los están matando. Les da igual porque todos son minorías», lamenta la trabajadora de salud estadounidense en un vídeo.
Un paramédico lleva a un paciente de la ambulancia al Hospital Elmhurst, en el distrito de Queens en Nueva York, EE. UU., 6 de abril del 2020.Eduardo Munoz / AP
Una enfermera de Nevada que viajó a Nueva York para luchar contra la pandemia del covid-19, grabó un vídeo en el que denuncia «la negligencia repugnante y la mala gestión médica» que ella presenció al menos en dos hospitales de la ciudad, señalando encima que es una situación que «no le molesta a nadie».
El vídeo fue publicado en Youtube hace unos días y ya ha recibido casi 900.000 visitas. La mujer que aparece en la grabación ha sido identificada como Nicole Sirotek, trabajadora de salud de la ciudad de Elko en Nevada, que se trasladó a Nueva York para ayudar a sus colegas que se encuentran en una situación de emergencia sanitaria.
La mujer no mencionó en qué hospitales había estado trabajando, aunque parece ser que se trata de instalaciones en las que la mayoría de los atendidos son miembros de minorías étnicas. «Aquí no importan las vidas de los afroamericanos», confiesa Sirotek en el vídeo.
Según la enfermera cuando ella trató de interceder por el tratamiento de sus pacientes hispanos y afroamericanos, fue retirada rápidamente de sus casos.
Negligencia médica
Además, en sus declaraciones Nicole denuncia errores médicos básicos que causaron muertes entre los pacientes. Ella afirma que muchos de los infectados con coronavirus no están muriendo por el covid-19, sino que «son asesinados» por médicos negligentes.
«Nadie escucha, les da igual lo que le está pasando a esta gente. Yo vengo aquí cada día para ver literalmente cómo los están matando. Les da igual porque todos son minorías», lamentó.
La enfermera contó que un anestesiólogo intubó incorrectamente a un paciente y cuando se lo dijeron al médico encargado, este se negó a creérselo y esperó cinco horas antes de que el error fuera confirmado por una radiografía. Sirotek dijo que el paciente murió.
En otra ocasión una persona recibió de manera errónea compresiones torácicas, mientras que a otro paciente le dieron la insulina incorrecta. Ambos enfermos también fallecieron.
«Aquí no estamos tratando el covid-19. Desde que estoy aquí no he visto a nadie escuchar los ruidos pulmonares [en los pacientes]», confiesa la mujer y añade que ha intentado contactar con diferentes colectivos y organizaciones, pero por el momento no ha recibido ninguna respuesta. «Nadie hace nada», concluyó.
Según The New York Post, que cita a Quinton Martínez, uno de sus compañeros de enfermería de Nevada, quien también viajó a Nueva York para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus, cuando el vídeo apareció en la red, Nicole fue enviada a otro lugar.
«No me sorprendió lo que le estaba pasando», dijo Martínez. «Según lo que vi, pensé que tendrían un mayor respeto por las personas y mejores prácticas de control de infecciones para ayudar a prevenir que [los pacientes] empeoren», añadió el hombre refiriéndose al sistema sanitario de la ciudad.
Actualmente la ciudad de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos con 174.709 casos de infectados y más de 14.000 muertes confirmadas, según los datos recientes. Al mismo tiempo el número total de los infectados en el país se acerca a 1.300.000, mientras que más de 76.000 personas fallecieron.
EN POR LA HISTORIA DEL DÍAEN LATINOAMÉRICA, REFLEXIONES
Lori DeGolyer
La Haine
Entrevista con Grace Livingstone, la intelectual y periodista estadounidense especialista en militarizacion gringa
Los recientes esfuerzos llevados a cabo por Estados Unidos para incrementar todavía más sus capacidades en América Latina han provocado que muchos líderes en la región muestren su angustia y que incluso un grupo de países se oponga a Estados Unidos.
Teniendo en cuenta el efecto que las fuerzas de Estados Unidos tienen en América Latina, Prisma ha hablado en exclusiva con Grace Livingstone, periodista y escritora especializada en cuestiones latinoamericanas.
Cuando el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, decidió no renovar la licencia con Estados Unidos con relación al centro antidroga en la base de Manta, la administración de Obama puso en práctica un programa en Colombia con el que se ha incrementado de forma masiva el número de bases estadounidenses en la región. De hecho, Colombia y Estados Unidos firmaron el 30 de octubre de 2009 un Acuerdo complementario de diez años para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, permitiendo así el acceso estadounidense a siete bases militares colombianas.
Este acuerdo, junto con la reactivación de la Cuarta Flota en el Caribe y el Atlántico Sur, así como un acuerdo similar para establecer varias bases militares nuevas en Panamá y la todavía presencia militar estadounidense en Honduras, ha dejado a muchos líderes regionales profundamente preocupados, dado que, de este modo, Estados Unidos cuenta con un enorme potencial para actuar contra cualquier gobierno “anti-estadounidense” en América Latina. La reactivación de la Cuarta Flota después de que fuese retirada de servicio en 1950 constituye especialmente una preocupación para el presidente brasileño Lula da Silva, que teme que la flota entre en un área en la que acaban de descubrir petróleo.
La Base Aérea de Soto Cano (Palmerola) en Honduras, que en su momento sirvió como base operativa para la Contra, fuerzas paramilitares que la CIA entrenó, armó y financió con el fin de lanzar ataques contra los movimientos izquierdistas en América Central, sigue ocupada en la actualidad por el ejército estadounidense. Los ataques de la Contra se saldaron con muchos muertos, desaparecidos, torturados y heridos, así como dirigentes estadounidenses que supervisaron estas maniobras. La parte positiva es que muchos gobiernos se han estado oponiendo a Estados Unidos, negándole el acceso a las bases militares en sus países. En concreto, el presidente Manuel Zelaya alineó Honduras con los países del ALBA y ha dado un paso de vital importancia con el fin de reducir la presencia del ejército estadounidense en Honduras.
El sábado 4 de diciembre se llevó a cabo “América Latina 2010” en la Confederación de Sindicatos, una conferencia que juntó la perspicacia de varias figuras importantes preocupadas por las cuestiones de América Latina, debatiendo asuntos que iban desde la justicia climática para las naciones del ALBA, el apoderamiento de América Latina y las relaciones con Estados Unidos. Tras su discurso sobre la militarización estadounidense de América Latina,
Prisma habló en exclusiva con Grace Livingstone , autora de “America’s Backyard: the U.S. and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror.”
Los gobiernos han permitido que Estados Unidos establezca bases militares en sus países, a cambio de ayuda militar y económica. ¿Esto ha ayudado realmente a los países de América Latina?
En Colombia, el gobierno tenía afinidad ideológica con el gobierno de George Bush. Uribe quería tomar medidas energéticas en contra de las FARC, lo que coincidía con el gobierno de Bush. De este modo, en realidad, su gobierno permitía gratamente que Estados Unidos utilizase bases militares en Colombia mientras estuvo en el poder.
Desde el Plan Colombia, a Estados Unidos se le ha metido en la guerra contrainsurgente en Colombia, lo que ha permitido la entrada de ayuda estadounidense y ha contribuido a hacer que las FARC retrocedan al campo. Sin embargo, como se puede observar en la “Militarización de Colombia”, las violaciones de los derechos humanos han aumentado, con 12.000 asesinados: sindicalistas y activistas.
Un gobierno de derechas en Colombia concede una gran libertad de actuación a Estados Unidos, pueden establecer satélites sin el permiso del gobierno colombiano, no tienen que pagar peaje en las carreteras, ni impuestos de aterrizaje, están exentos. A los colombianos ni siquiera se les permite inspeccionar o buscar vehículos o aviones militares estadounidenses en Colombia. Así, algunas de estas cuestiones han originado protestas en América Latina.
¿Ha habido algún consenso o la posibilidad de consenso entre los gobiernos de los países de América Latina para hacer un frente común y decir NO a las bases estadounidenses?
La mayoría de los países en Sur América estaban en contra de las bases colombianas que tratan con Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador y Bolivia, todos en contra del acuerdo con Colombia especialmente porque dijeron que choca con su soberanía.
En Colombia también existe una oposición a estas bases. Allí hay un movimiento con el que se espera impedir que Estados Unidos las utilice. El tribunal constitucional ha dictaminado que viola la constitución. Si Estados Unidos quiere utilizar esas bases, los tribunales colombianos tienen que aprobarlo primero.
En Ecuador tuvo lugar un movimiento de base contra la base estadounidense en Manta, que finalmente acabó con éxito cuando se le pidió a las fuerzas estadounidenses que se marcharan. El gobierno colombiano lo está utilizando como modelo.
El reclamo general es que hay más ayuda militar que ayuda dirigida al bienestar social. De este modo, ¿si hubiese asistencia social no habría problema con la ayuda militar?
“Creo que hay un problema con toda la ayuda estadounidenses, tanto militar como social, porque en general se dice que la ayuda estadounidense se ha utilizado para promover el interés nacional estadounidense y, con frecuencia, para minar las organizaciones gubernamentales con las que Estados Unidos estaba en desacuerdo.
Así se puede ver en Bolivia, Ecuador y Venezuela. A través de Estados Unidos, se les ha estado dando dinero a quienes se oponen al gobierno. En Ecuador se dio dinero a quienes guiasen el golpe de Estado. En Venezuela ocurrió lo mismo. En Bolivia están empleando el dinero de Estados Unidos para lanzar propaganda contra Evo Morales y su gobierno. Así que creo que es problemático el modo en el que la ayuda estadounidense se esta utilizando en este momento.
Si los estados de América Latina se unen y trabajan juntos, desde ALBA, por ejemplo, ¿es posible parar la militarización?
“Pienso que es realmente importante que los estados latinoamericanos estén unidos y trabajen juntos y en el caso de la militarización de Colombia se han declarado casi por unanimidad en contra y considero que tendrá un efecto. El presidente Santos esta considerando la idea de enviar el proyecto de ley al Congreso. Es consciente de la gran oposición por parte de sus vecinos y se está pensando dos veces el seguir adelante con este acuerdo colombiano. Han sufrido un tremendo impacto y la realidad es que para Estados Unidos está siendo cada vez más difícil encontrar países que se ofrezcan para que puedan establecer sus bases.
Se están buscando países con gobiernos derechistas, por lo que en este momento avanzan hacia Panamá y Costa Rica. La unidad que los gobiernos progresistas han mostrado está teniendo un impacto progresivo. Estados Unidos ya no cuenta, como lo había hecho en el pasado, con la libertad de llevar a cabo maniobras. Está intentando recuperarse pero es una lucha con la solidaridad y la unidad que los gobiernos progresistas están mostrando.
¿Los países latinoamericanos necesitan ayuda de Estados Unidos?
Considero que todos los países darían la bienvenida a la ayuda si viniese sin condiciones. Pero, el problema con la ayuda estadounidense en este momento es que se está utilizando para promover intereses y desestabilizar a los gobiernos opositores. Esta es la razón por la que en la actualidad muchos gobiernos están buscando ayuda e inversión por parte de otros países.
En su último libro, “America’s Backyard: the U.S. and Latin America from the Monroe Doctrine to the War on Terror”, Grace Livingstone habla más del impacto perjudicial que Estados Unidos ha tenido sobre América Latina, así como de la tendencia izquierdista, cada vez mayor en los países de la región.
El presidente Donald Trump durante su discurso en FIU dirigido a la comunidad venezolana.
El presidente estadounidense Donald Trump dio un fuerte respaldo este lunes en Miami al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dijo que Nicolás Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana», en referencia a la injerencia del régimen de La Habana en Caracas.
Durante un discurso en la Universidad Internacional de la Florida, Trump señaló que Guaidó, junto al «patriotismo de los venezolanos» y la Asamblea Nacional de mayoría opositora, están decididos a restaurar la libertad en el país. “Estados Unidos está con ustedes”, afirmó.
El presidente dirigió unas palabras a la madre del opositor venezolano, Oscar Pérez, asesinado por fuerzas chavistas tras rebelarse contra el gobierno de Maduro, y dijo que “hoy tenemos grandes esperanzas” porque hay muchas personas como él en Venezuela.
La madre de Pérez, invitada al discurso, pidió justicia para su hijo y los otros miembros de su grupo. Dijo que continuará “con el legado de Oscar hasta ver a nuestra Venezuela libre”.
Trump recordó que en el momento de su proclamación como presidente encargado, Guaidó se refirió al mismo artículo de la constitución venezolana (Artículo 350) que enarboló Pérez desde un helicóptero.
«El socialismo por su naturaleza, no respeta fronteras ni los derechos soberanos de sus ciudadanos o sus vecinos, siempre está buscando expandirse o someter a otros a su voluntad. Los días del socialismo están contados en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba también», dijo el presidente de EEUU.
Trump se refirió a las miles y miles de toneladas con asistencia humanitaria, detenidas en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, porque Maduro y sus funcionarios, con el apoyo de los militares, no permiten su entrada.
«Estados Unidos sabe dónde los funcionarios militares y sus familias tienen dinero escondido en todo el mundo», dijo Trump. «Los funcionarios militares venezolanos tienen una opción clara: trabajar hacia la democracia para su futuro y el futuro de sus familias, o perderlo todo», añadió el presidente.
«Los militares y las fuerzas de seguridad deberían escuchar al presidente Guaidó y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela», dijo.
La democracia en Venezuela beneficiará también a los cubanos, subrayó Trump. “Por décadas, las dictaduras socialistas de Cuba y Venezuela se han ayudado mutuamente de forma corrupta”, pero esos días ya se han acabado, advirtió.
Todos saben, dijo el presidente, que “no hay nada menos democrático que el socialismo”. Trump dijo que su mensaje también expresa solidaridad con los pueblos de Cuba y Nicaragua. Reiteró que “Estados Unidos jamás será una nación socialista”.
Cuando estas naciones sean libres «este será el primer hemisferio libre» en la historia, concluyó Trump.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. EFE
Francia, Dinamarca y Polonia han anunciado que no permitirán que las compañías registradas en paraísos fiscales accedan a la ayuda financiera de los paquetes de rescate de coronavirus. El resto de países de la UE, incluida España, de momento, permanecen en silencio, si bien el discurso de Italia contra el «dumping fiscal holandés» da a entender que se sumará al veto a las empresas con sedes en paraísos fiscales.
El Gobierno español, de momento, no sigue el ejemplo de Francia, Dinamarca y Polonia, de acuerdo con fuentes de Economía.
En todo caso, desde Trabajo, la ministra Yolanda Díaz decía en La Vanguardia: «Se están estudiando medidas, nuevas garantías para que, ante los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no puedan acogerse empresas que tengan sede en algún paraíso fiscal o bien empresas que estén repartiendo dividendos. Es una reflexión que está en el seno de la UE. Lo hemos planteado al diálogo social y esperamos que salga adelante».
¿Pero hay empresas españolas con sedes en paraísos fiscales? Intermon Oxfam, en su informeReparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX 35, explica que tres empresas españolas concentran una gran parte del total de la presencia en paraísos fiscales: el Santander tiene 207, ACS cuenta con 109 y Repsol, con 81. Las tres han reducido sus filiales en estos territorios en los últimos años, pero siguen acaparando casi la mitad del Ibex 35: un 46{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. La ONG destaca que hay cuatro compañías del índice bursátil que no cuentan con presencia en paraísos fiscales: Aena, Bankia, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties.
Intermón recuerda que hay 30 grandes fondos que tienen presencia en casi todas las empresas del Ibex 35, de los que el 80{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} o bien tienen su matriz en un paraíso fiscal o mantienen su participación en las empresas a través de filiales en paraísos fiscales.
El 91{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las empresas del Ibex está participada por más de 10 de estos fondos. Dentro de este grupo hay grandes gestoras globales (Blackrock, Goldman Sachs), fondos de bancos extranjeros (Credit Agricole o Deutsche Bank) y fondos soberanos (Norges Bank, Qatar Investment Authority).
25.000 millones sin recaudar en la UE
Los estados miembros de la UE están perdiendo, según Tax Justice, más de 15.000 millones de euros en impuestos de sociedades al año de las empresas estadounidenses que se aprovechan de la ley para trasladar sus beneficios al Reino Unido, Suiza y Luxemburgo, donde las tasas de impuestos a empresas en la práctica oscilan entre el 10{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} y el 0,8{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
La pérdida anual de impuestos de empresas de estos 15.000 millones se suma a los 9.200 millones que calculó Tax Justice a principios de abril en relación con Holanda.
El Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos, el «eje de evasión fiscal», le están costando a la UE doce veces el presupuesto del Consejo Europeo de Investigación, un organismo paneuropeo de financiación de ciencia y tecnología que actualmente financia a más de 70.000 investigadores y que ha financiado a siete proyectos ganadores del Premio Nobel.
El 8 de abril, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que las grandes empresas que desean parte del fondo de rescate de 6.000 mil millones de su gobierno deben pagar impuestos comerciales nacionales. «Pongamos fin a los paraísos fiscales, que son la ruina de las economías modernas», afirmó.
Dinamarca ha hecho lo mismo. «Las empresas basadas en paraísos fiscales de acuerdo con las directrices de la UE no pueden recibir compensación», dijo un comunicado del Ministerio de Finanzas del país.
La nueva restricción se aplica a las empresas registradas en países en la lista de la Unión Europea de «jurisdicciones fiscales no cooperativas», según Rune Lund, portavoz de impuestos de la izquierda Alianza Rojo-Verde. «Cuando gastamos miles de millones de dinero de los contribuyentes para salvar empresas y empleos, necesitan ir a ese propósito y no ser enviados a un paraíso fiscal al otro lado del mundo», dijo Lund a Reuters.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo la semana pasada que las compañías registradas en paraísos fiscales o subsidiarias no eran elegibles para el paquete de rescate de 110.000 millones de euros de Francia.
Comme annoncé sur @franceinfo : si une grande entreprise a son siège fiscal ou une filiale sans activité économique réelle dans un paradis fiscal, il va de soi qu’elle ne bénéficiera pas du prêt garanti par l’État ou des reports de charges. #COVID19
Eso sí, en tanto que la definición de paraíso fiscal es limitada y evita países europeos con reglas laxas, la decisión del Gobierno francés no afecta a la ayuda de 5.000 millones de euros al grupo Renault, una de cuyas sedes está en Amsterdam.
De las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea)
En el negocio también están cinco de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los ‘Albertos’ (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Y la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir)
Dos grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia)
infoLibreofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
Publicada el 26/04/2020 a las 21:00Actualizada el 27/04/2020 a las 09:28
Militares de la UME entran a desinfectar en la residencia de Orpea en Sanchinarro, un barrio de Madrid. EP
Los cientos de millones de euros de dinero público que cada año salen de las Administraciones en dirección a empresas privadas, a cambio de que cuiden en residencias a nuestros mayores, ¿en qué bolsillos terminan realmente?
infoLibre ha analizado el número de geriátricos que tienen los 48 principales grupos que operan en España y la estructura de propiedad de los que gestionan 15 o más residencias (13 sociedades mercantiles, tres fundaciones y una cooperativa). Las principales conclusiones respecto al accionariado de las 13 empresas son las siguientes:
Las seis principales, que acumulan 395 residencias en total, tienen como principal accionista en dos casos (Vitalia Home y Colisée) a fondos de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco; en otro (DomusVi) a un fondo inglés, y en un cuarto (Orpea) a un fondo de pensiones de Canadá. Las dos compañías que no están en manos de fondos de inversión tienen como dueños principales a una entidad sin ánimo de lucro británica (Sanitas) y a Florentino Pérez, uno de los diez hombres más ricos de España, presidente de ACS y del Real Madrid (Clece).
Otras tres compañías, que suman 76 geriátricos, están en manos de capital francés o suizo: Amavir, propiedad de la familia Mulliez, quinta fortuna de Francia; Caser, cuyo accionista principal es ahora la cooperativa suiza Patria Genossenschaft, y Korian, cuyos accionistas de referencia son 39 bancos regionales franceses.
Dos sociedades, que explotan entre ambas 41 centros, están controladas por empresarios españoles estrechamente vinculados a escándalos de corrupción del PP, especialmente el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el aún presunto corrupto aunque ya doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia).
Las dos empresas restantes, que tienen entre ambas 63 geriátricos, tienen como principales accionistas a empresarios españoles. En un caso (Ballesol) a Modesto Álvarez Otero, Carlos Álvarez Navarro y José Luis Díaz López, dueños de la aseguradora Santa Lucía y los tres entre los cien españoles más ricos. Y en el otro (L’Onada) a Cinta Pascual Montañés, presidenta de la patronal catalana del sector y de una de las patronales españolas.
La realidad sobre los verdaderos dueños de las residencias en España obliga a matizar dos ideas bastante extendidas.
La primera es que el sector está controlado por capital francés. Es cierto que cinco de las 13 grandes compañías forman parte de un grupo francés (DomusVi, Colisée, Orpea, Amavir y Korian), pero las mercantiles francesas también tienen sus accionistas. Y tirando del hilo societario se concluye que en tres de esos casos el dueño principal es un fondo de inversión inglés, de Jersey o de Canadá.
Así que la afirmación más exacta sería que parte de los geriátricos españoles están en manos de empresas con sede en Francia, aunque de capital no necesariamente galo. Una apreciación que por cierto no sólo sirve para España, sino también para otros países europeos, si se tiene en cuenta que los cuatro principales grupos de la UE son, por este orden, Korian, Orpea, DomusVi y Colisée.
La segunda idea matizable es que los fondos son propietarios de empresas. Los fondos no ponen el dinero, son meros intermediarios que lo captan entre sus clientes, y ellos lo que aportan es la estructura societaria y la gestión de la inversión. Pero los propietarios de las compañías son, obviamente, quienes han puesto el dinero.
De forma que cuando se afirma que ICG es el principal accionista de DomusVi, o CVC el propietario de Vitalia Home o IK el dueño de Colisée, en realidad no se está hablando con precisión: ICG, CVC o IK constituyeron sociedades que compraron esas empresas. Pero alguien puso el dinero en esas sociedades constituidas por ICG, IK o CVC y, por tanto, esos inversores son los verdaderos dueños de las compañías.
¿Y quiénes ponen el dinero? Una parte lo que se denomina «inversores institucionales» –fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, sociedades de inversión–, pero también personas físicas que acumulan importantes patrimonios, en no pocas ocasiones en el extranjero y fuera del alcance de las respectivas Haciendas nacionales. Conocer su identidad es casi siempre una misión imposible porque esa es una de las grandes ventajas que les ofrecen los fondos de inversión: son estos los que crean estructuras societarias, a veces en paraísos fiscales o en territorios fiscalmente opacos, para que puedan permanecer en el anonimato. En ocasiones se busca además la «optimización fiscal» creando una trama de empresas por diferentes países, como desveló infoLibre en el caso de Vitalia Home.
Buena parte de los fondos que hacen negocio con las residencias, en España y en Europa, están especializados en lo que se conoce como private equity. Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.
El sector de las residencias en España
En abril de 2019, existían en España 5.417 centros residenciales, según datos de Envejecimiento en red, una plataforma ligada al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que es quien realiza los estudios estadísticos más sólidos sobre este tema. De ellos, 3.844 eran privados (71{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del total) y 1.573 eran públicos (29{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}). Hay que señalar que estas cifras incluyen todo tipo de alojamientos colectivos para personas mayores, y no sólo residencias, aunque estas predominen claramente. Pero también existen pisos tutelados o centros psicogeriátricos, por citar ejemplos de otro tipo de alojamientos. [Puedes consultar aquí el informe completo].
Hay que señalar que en el sector privado no sólo se incluyen las sociedades mercantiles con ánimo de lucro –aunque sean la gran mayoría–, sino también otras entidades como fundaciones, asociaciones y cooperativas.
La mayoría de esos 3.844 centros privados aún están gestionados por pymes u otras entidades, es decir, no pertenecen a grandes cadenas. Pero en la última década se ha producido un proceso acelerado de concentración, de forma que ya hay diez grupos que cuentan con más de 40 residencias. Ocho son empresas y dos son fundaciones.
Después hay una importante brecha en tamaño, puesto que el siguiente grupo tiene 22 geriátricos, muy lejos de las cifras de los grandes operadores. Podríamos hablar de grupos de tamaño medio, que gestionan entre 10 y 22 centros. En esa situación se encuentran 11 empresas (Savia, Caser, Aralia, l’Onada, Korian, Albertia, Emera, Gesmed, Mutuam, Los Nogales y Sergesa), una cooperativa (GSR) y tres fundaciones (Gerón, Rey Ardid y Vallparadís).
infoLibre analiza a continuación la estructura societaria de los 13 grupos empresariales que tienen 15 o más residencias, con el objetivo de responder a la pregunta inicial: ¿a qué bolsillos se transfiere el dinero público para el cuidado de los mayores? En un último apartado también se describe más someramente la actividad de las tres fundaciones y la cooperativa que disponen de más de 15 establecimientos.
Antes de entrar en ese análisis, es necesario precisar dos cuestiones metodológicas. La primera es que la clasificación se ha realizado por el número de residencias, pero el orden variaría si se tuvieran en cuenta el número de plazas gestionadas que declaran los propios grupos. Así, según datos del estudio más reciente de Alimarket, el orden sería el siguiente: DomusVi, Orpea, Vitalia Home, Ballesol, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. La segunda es que sólo se han tenido en cuenta residencias, no centros de día, pisos tutelados o cualquier otro tipo de instalación sociosanitaria.
1. DOMUSVI: 138 RESIDENCIAS
Accionista principal: Intermediate Capital Group (ICG), un fondo de inversión con sede en Londres.
Otros accionistas relevantes: Sagesse Retraite Santé (SRS), un “vehículo de inversión” del multimillonario francés Yves Journel.
DomusVi explota 138 geriátricos y es, con diferencia, el líder del sector en España. Alimarket le atribuye casi 19.500 camas. Es el único operador que está implantado en las 17 comunidades, aunque su presencia es especialmente significativa en Galicia, donde tiene su domicilio social, con 30 residencias; Madrid (17); Comunidad Valenciana (15); Andalucía (13); Cataluña (12); Castilla-La Mancha (11) y Euskadi (10).
DomusVi es en realidad una marca comercial. El grupo opera en España a través de decenas de sociedades mercantiles diferentes –por ejemplo, Quavitae Servicios Asistenciales SA o Geriatros SA–, que son las titulares de los centros y las que se presentan a las adjudicaciones públicas. Como desveló infoLibre, 82 Administraciones alimentan la expansión de DomusVi con dinero público, a través de la concertación de plazas o de la concesión de la gestión de residencias de titularidad pública (lo que se conoce como «gestión indirecta»). De sus 138 residencias, 90 se nutren de fondos públicos (el 65{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del total). Varios de sus centros acumulan un importante número de fallecimientos por el coronavirus, según informó este periódico.
La matriz de esas sociedades mercantiles en España es Geriavi SL, con sede en Vigo, y la cara visible del grupo es Josefina Fernández Miguélez, su consejera delegada.
Geriavi SL tiene como socio único a la mercantil francesa DomusVi SAS. Además de en España, la multinacional gala tiene geriátricos en Francia, Portugal, Chile, Colombia, Uruguay y China.
El 27 de julio de 2017, DomusVi SAS anunció que la mayoría de su capital pasaba a estar en manos del fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG) y de Sagesse Retraite Santé, propiedad del multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.
ICG adquirió la mayoría del accionariado a otro fondo de inversión –PAI Partners–. Lo hizo a través de dos vehículos de inversión: ICG Europe VI e ICG Enterprise Trust. Este último, en su página web, explica perfectamente en pocas palabras qué tipo de negocios busca: “Invertimos en rentables empresas no cotizadas generadoras de efectivo”.
2. CLECE: 61 RESIDENCIAS
Accionista principal: Florentino Pérez, dueño del 12,52{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del grupo ACS, propietario único de Clece.
Otros accionistas relevantes: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, quienes controlan el 5,07{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, y el fondo de inversión Blackrock, propietario del 5,05{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
Clece es la división del grupo ACS dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos su crecimiento en los últimos años ha sido muy importante, hasta situarse el segundo del sector en número de centros, con 61. Un dato que es poco conocido, en parte porque son diversas empresas del grupo las que gestionan las residencias, que no operan bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en geriátricos: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.
Clece es también la segunda empresa en cuanto a implantación autonómica, ya que gestiona geriátricos en 14 comunidades; todas menos Asturias, Galicia y Navarra. Alimarket calcula que tiene casi 4.900 plazas residenciales.
No han trascendido datos sobre fallecimientos en residencias de Clece a causa del coronavirus. El 30 de marzo, la empresa presumió públicamente de que “en 80 de sus 84” geriátricos no había ningún residente contagiado, según publicaron diversos medios [esa cifra de 84 incluye otros establecimientos además de las 61 residencias]. Ese día, según un listado interno de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso infoLibre, habían fallecido seis personas con síntomas compatibles con covid-19 de la residencia Pablo Neruda de Ciempozuelos, gestionada por Clece.
En cuanto a los propietarios del grupo ACS, su principal accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, quien a través de la sociedad Inversiones Vesán controla el 12,52{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del grupo que preside.
A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer, dueños entre ambos del 5,07{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital de ACS, según el informe integrado de 2019 del grupo. Conocidos como los ‘Albertos’, ambos son primos y empresarios. Su abuelo fue el primer alcalde franquista de Madrid (Alberto Alcocer y Ribacoba) y el padre de Cortina fue un ministro de la dictadura (Pedro Cortina Mauri).
Los tres principales accionistas de ACS figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.
En el accionariado de ACS también ocupa un lugar destacado BlackRock, dueño de un 5,05{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, uno de los principales fondos de inversión del mundo.
El grupo que preside Florentino Pérez tiene otros accionistas muy minoritarios –por debajo del 1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}– y más del 75{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones se negocian en Bolsa.
3. VITALIA HOME: 51 RESIDENCIAS
Accionista principal: Tres sociedades limitadas con sede en Jersey. Cada una controla cerca del 25{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital de Vitalia Home. Se denominan CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP.
Otros accionistas relevantes: Chema Cosculluela tiene el 10,02{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital y Portobello Fondo III el 9,98{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. El 5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante está en otras tres sociedades creadas por CVC en Jersey: CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP.
Vitalia Home tiene en la actualidad 51 residencias para mayores, según la información facilitada a este periódico por su portavoz. Tiene presencia en ocho comunidades, destacando Andalucía, con 21 centros; Aragón, donde tiene su domicilio social, con ocho, y Cataluña y Madrid, con cinco en cada territorio. Alimarket indica que gestiona casi 8.000 camas.
Uno de los casos más dramáticos ocurridos en España tiene como protagonista el centro de Vitalia Home en Leganés, donde entre el 1 de marzo y el 16 de abril se produjeron 96 muertes, según datos de los familiares de los residentes, que han denunciado a la empresa ante la Fiscalía. Tal y como publicó infoLibre, dicho geriátrico obtiene unos beneficios netos de un millón de euros al año. Los familiares llevan tiempo protestando por la falta de personal, que redunda en peores “cuidados de los mayores”.
Una segunda residencia del grupo con problemas es Vitalia Home Sants, en Barcelona, donde los familiares de los residentes aseguran que a fecha 15 de abril se habían producido ya 29 fallecimientos, una cifra que el centro reducía a 21.
Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero.
Tirando del hilo societario se llega desde la matriz española del grupo –Vitalia Plus SA– a la firma luxemburguesa Vitaly Holdings Sàrl, pasando antes por la española Vivaly Inversiones Globales SL y la holandesa Vivaly Investments BV. La compañía luxemburguesa está a su vez participada por seis sociedades constituidas en Jersey por el fondo de inversión y de nombre muy similar. CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP controlan cada una casi un 25{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Vitalia Home. Las otras tres sociedades –CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP– tienen una participación minoritaria, que en conjunto suma el 5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del grupo español.
Este periódico preguntó a Chema Cosculluela, presidente de Vitalia Home, por la identidad de los dueños de esas sociedades, pero se negó a facilitarla con el argumento de que desconocía “la organización interna de CVC”. En el fondo de inversión, cuyo socio director en España es Javier de Jaime, remitieron por su parte a Vitalia Home. En definitiva, ni uno ni otro aclaran la identidad de los propietarios.
El accionariado se completa con un 10,02{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} en manos de Chema Cosculluela, una parte directamente y el resto a través de una sociedad suya (Geralia Home SL), mientras que el 9,98{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante es propiedad del fondo de capital riesgo español Portobello Fondo III. Precisamente, este último fondo había comprado el 89,98{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Vitalia Plus SA dos años antes, el 18 de febrero de 2015. Posteriormente, le vendió el 80{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} a CVC y se quedó con el 9,98{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. El socio director de Portobello Fondo III es Iñigo Sánchez-Asiáin, en su día el máximo responsable de private equity en el Banco Santander.
4. COLISÉE: 50 RESIDENCIAS
Accionista principal: IK VIII Fund, con sede en las Islas Jersey, tiene la mayoría absoluta.
Otros accionistas relevantes: La familia del fundador, Patrick Teycheney, y ejecutivos del grupo mantienen el 14{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital.
El grupo Colisée es el tercero más importante de España gracias a dos adquisiciones realizadas en los últimos años, que le han permitido crear una red de 50 geriátricos y más de 5.900 camas. Los centros están repartidos por siete comunidades, aunque su negocio está muy concentrado en tres: Comunidad Valenciana, donde tiene 25 residencias; Castilla y León, donde cuenta con 11, y Cataluña, donde gestiona nueve.
Colisée inició su proceso de expansión en el mercado español con la compra, en julio de 2018, de la empresa STS Gestió de Serveis Sòciosanitaris SL, que explotaba cuatro residencias en Tarragona. Pero el gran impulso vino en febrero de 2019 con la adquisición del grupo belga Armonea, que era dueño en España de las residencias La Saleta Care.
Todos los geriátricos siguen operando bajo su marca original y, de hecho, 23 de los 50 lo hacen con la denominación La Saleta Care.
La matriz en España se denomina Colisée Homecare SL (antes se llamaba Freya Investments 2018 SL) y su accionista único es la mercantil francesa Colisée International SAS. ¿Y quiénes son los dueños de la compañía francesa? Pues lleva seis años en manos de diversos fondos y ahora está controlado por IK Investment desde las islas Jersey, en el Canal de la Mancha.
En julio de 2014, el fondo Eurazeo PME adquirió la compañía francesa. Con una cartera de inversiones de más de 18.000 millones de euros y sede en Francia, Eurazeo PME tiene como accionistas mayoritarios a la familia Decaux –Jean Claude creó una de las principales empresas del mundo de publicidad exterior– y al banquero Michel David-Weill. Como es habitual en las estrategias inversoras de los fondos, Eurazeo PME hizo caja en cuanto pudo: tres años después, le vendió Colisée al fondo IK Investments.
“En junio de 2017, Eurazeo PME vendió su participación en Colisée al fondo de inversión IK Investment Partners por 236 millones de euros, multiplicando por 2,5 su inversión inicial”. En estos términos explica en su web Eurazeo PME la operación.
¿Y quién es IK Investment Partners? Un fondo de private equity de capital originariamente sueco y ahora con sede en Londres, aunque buena parte de sus inversiones las realiza desde sociedades creadas en Jersey. Es lo que ocurrió con la compra de Colisée, vehiculada a través de IK VIII Fund. El fundador de Colisée, Patrick Teycheney, y el equipo directivo de la compañía mantienen en conjunto un 14{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones. Una vez más el rastro del dinero se pierde en un territorio fiscalmente opaco.
Además de en España, Colisée tiene residencias en Francia, Italia, Bélgica y China.
5. ORPEA: 49 RESIDENCIAS
Accionista principal: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que tiene el 14,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital.
Otros accionistas relevantes: La familia francesa Peugeot, a través de la firma de inversión FFP Invest, y la familia belga Boël, a través del holding Sofina SA.
Orpea gestiona 49 geriátricos en España. Un portavoz de la compañía indicó a infoLibre que, de ellos, en 38 disponen de plazas públicas concertadas con las respectivas Administraciones. En total, añadió, cuentan con «aproximadamente 8.200 camas».
La matriz en España es Orpea Ibérica SA, de la que dependen 17 filiales, que son las que explotan los geriátricos. Sus 49 centros se reparten por 11 comunidades, aunque su implantación es especialmente fuerte en Madrid (23 residencias) y Andalucía (10).
Varias residencias de este grupo también figuran en el tenebroso listado de las que más fallecimientos acumulan. Pese a la opacidad de la Comunidad de Madrid, que no informa del número de decesos por cada centro, infoLibre tuvo acceso a un listado oficial de muertes a fecha 30 de marzo. En aquel momento, de los 15 geriátricos con más fallecidos, tres eran de Orpea: Loreto (34 muertes), Sanchinarro (34) y Aravaca (24). El de Sanchinarro ha sido denunciado ante la Fiscalía por la asociación Defensor del Paciente. Además, el centro Santo Domingo, en Algete, fue intervenido por la Comunidad ante la crítica situación en la que se encontraba. Y en Alcobendas, familiares de residentes aseguraban el 10 de abril que ya se habían producido 17 fallecimientos.
Como presidente de Orpea Ibérica SA figura Yves Le Masne, director general de la multinacional francesa. El director de Operaciones de la filial española es Manuel Aznar Aznar.
El accionista único de la mercantil española Orpea Ibérica SA es la francesa Orpea SA. ¿Y cuál es la estructura accionarial de esta última? El 78,4{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} cotiza en Bolsa y el 21,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante está en manos de tres accionistas: Canada Pension Plan Investment Board, que tiene el 14,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital; FFP Invest, que dispone del 5,0{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, y Sofina SA, que cuenta con el 2,0{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
El fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) es una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. A finales de 2019, tenía activos valorados en 420.400 millones de dólares. Entró en el capital de Orpea SA en 2013 y lleva invertido en la compañía 410 millones de euros.
FFP Invest es una compañía de inversión cuyo socio único es el holding FFP. Controlado por la familia Peugeot, es el principal accionista de la empresa automovilística PSA Group (34{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}). Entró en el capital de Orpea SA en 2011.
Sofina SA es un holding internacional con sede en Bruselas cuyos principales accionistas son tres sociedades del Grupo Boël, que controlan conjuntamente el 54,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de la compañía. Los Boël son una de las familias de industriales más conocidas de Bélgica. Entró en el capital de Orpea SA en 2013.
Orpea es el segundo grupo de residencias de Europa, donde opera en 12 países. También tiene establecimientos en Brasil y China.
6. SANITAS MAYORES: 46 RESIDENCIAS
Accionista principal: La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital.
Sanitas Mayores es la división del grupo sanitario centrada en servicios para la tercera edad. Tiene 46 residencias repartidas por 11 autonomías, de las que 18 están en Madrid, 11 en Cataluña y cinco en el País Vasco. Dispone de más de 6.300 camas, según Alimarket.
El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, aseguraba en una reciente entrevista en El Mundo que “esta industria está siendo injustamente tratada”. Y añadía: “Las residencias de mayores son para cuidar, y no para curar. En la pandemia se nos ha cargado de una responsabilidad para la que no estamos preparados. Nosotros, al estar dentro de un grupo sanitario, hemos tenido más facilidad para medicalizarnos, pero muchas otras han tenido más dificultades”.
Pero la realidad es que diversas residencias de Sanitas están entre las que más muertes han sufrido. El mismo periódico ponía curiosamente como ejemplo de residencia que “frenó la expansión” del covid-19 el centro de Sanitas en Carabanchel, pese a que el 12 de abril ya acumulaba 31 fallecidos. Curiosa forma de «frenar» un virus. En Vitoria, el 30 de marzo iban 18 decesos en la residencia San Martín, que se convirtió en uno de los primeros grandes focos de transmisión en la capital alavesa.
La matriz en España es Sanitas Mayores SL, cuyas acciones pertenecen en un 72{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} a Grupo Bupa Sanitas SL y en un 28{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} a Sanitas Sociedad Limitada de Diversificación. Pero el propietario último del 100{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones de la compañía dedicada a las residencias –al igual que de la división sanitaria– es la entidad The British United Provident Asociation Ltd, la cabecera del grupo BUPA, que tiene su domicilio social y fiscal en Londres. Sanitas Mayores SL lo tiene en España.
BUPA es una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro, puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía. Pese a ello, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. Tiene filiales en Australia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, Irlanda, Nueva Zelanda, Polonia y Turquía.
7. BALLESOL: 44 RESIDENCIAS
Accionista principal: Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro, junto a sus respectivas familias, son dueños de algo más del 25{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital cada uno. José Luis Díaz López y familia disponen de algo más del 16,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
Ballesol gestiona 44 residencias distribuidas por 12 comunidades, con una implantación más relevante en Madrid (11 centros), Comunidad Valenciana (7), Andalucía (6) y Cataluña (5). Alimarket afirma que gestiona más de 7.300 camas. Fuera de España, tiene un geriátrico en México.
Con 60 mayores fallecidos, el centro de Ballesol en Alcalá de Henares (Madrid) era el segundo que más muertes había registrado en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales a fecha 30 de marzo a los que accedió infoLibre. En la residencia de Mirasierra, en Madrid capital, se habían producido nueve decesos en la misma fecha.
Los geriátricos están gestionados por la empresa Intercentros Ballesol SA, cuyo accionista mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA. A 31 de diciembre de 2018, era dueña del 75,29{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital social de Ballesol. Ningún otro accionista poseía más de un 10{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones.
En una carta de patrocinio (confort-letter) suscrita en 2016 y ratificada en 2017, en relación con un préstamo hipotecario por importe inicial de 69 millones que recibió del Banco Santander, Santa Lucía se compromete a no perder el control mayoritario en el accionariado de Intercentros Ballesol SA hasta que haya devuelto el dinero al banco. Y, en caso de perderlo, a dotar a la empresa de los medios financieros necesarios para hacer frente al préstamo.
¿Y quiénes son los propietarios de la aseguradora y, por tanto, los dueños últimos de las residencias Ballesol? Santa Lucía es propiedad de tres grupos familiares, herederos de quienes se hicieron con el control de la compañía en 1943. Son los siguientes:
– Modesto Álvarez Otero y familia. Fue consejero delegado de Santa Lucía hasta diciembre de 2017. En la última lista Forbes de los cien españoles más ricos, figura en el puesto 59, con un patrimonio de 450 millones de euros. Su hija Clotilde Álvarez Calvo es ahora miembro del consejo de administración de la aseguradora. Controla dos sociedades patrimoniales, Inmobiliaria Prico SL y Sierra Oriel SL, dueñas en conjunto del 33,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Santa Lucía.
– Carlos Javier Álvarez Navarro y familia. Es el actual presidente de Santa Lucía y está en el puesto 83 de la lista Forbes, con una riqueza aproximada de 325 millones. La familia Álvarez Navarro también controla el 33,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de la aseguradora a través de las patrimoniales Neregur SL y Salonta SL.
– José Luis Díaz López y familia. Es el actual consejero delegado de Santa Lucía. No aparece en Forbes, pero sí en la lista de los más ricos de El Mundo, en el puesto 73. Tiene junto a su familia el 22,2{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de la aseguradora, por vía de las sociedades Dehesa de las Cabrerizas SL e Inversfam Sistemas SL.
8. AMAVIR: 41 RESIDENCIAS
Accionista principal: La familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.
Amavir está presente en siete comunidades, con un total de 41 centros, pero más de la mitad están concentrados en Madrid, donde tiene 21. En Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra dispone de cinco en cada territorio. Gestiona 6.223 plazas, de ellas 3.083 concertadas y 3.140 privadas, según los datos facilitados por un portavoz de la compañía a infoLibre.
De esos 41 geriátricos, 13 se construyeron con financiación privada, 27 a través de modelos de colaboración público-privada en los que la construcción corre a cargo del adjudicatario que a cambio gestiona la residencia durante una serie de años (hasta 75) con un número de plazas concertadas, y sólo uno es de gestión indirecta (titularidad pública gestionado por una entidad privada). “Hace cinco años que la compañía no participa en concursos de gestión de centros públicos, al no compartir los criterios con los que se convocan en la gran mayoría de los casos, con una priorización casi absoluta del precio o mejor oferta económica por encima de otros requisitos”, destaca el portavoz de Amavir.
El geriátrico más afectado por el coronavirus del grupo, de los datos que han trascendido hasta ahora, es el de Vilanova del Camí (Barcelona). El 6 de abril iban 27 decesos y diez días después la cifra se había disparado hasta los 47. El Ayuntamiento anunció que denunciaría lo ocurrido en la Fiscalía. En la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los datos oficiales logrados por infoLibre, el 30 de marzo había siete centros de Amavir que habían sufrido al menos diez decesos: Colmenar Viejo (18), Ciudad Lineal (18), Valdebernardo (15), Torrejón de Ardoz (11), Arganzuela (10), Alcalá de Henares (10) y Usera (10).
Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille, que entró en el accionariado de Adavir en 2013 y adquirió Amma en 2016, por un importe de unos 220 millones de euros.
La sociedad principal de Amavir es Planiger SA, de la que dependen la mayoría de los centros, aunque además tiene cuatro filiales que gestionan otras tantas residencias. Planiger SA tiene dos accionistas: Maisons de Famille SAS, que controla el 85,46{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital, y Geroplan SL, que tiene el 14,54{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante.
Por su parte, Maisons de Famille SAS es una compañía constituida en Francia en 2003 y filial del fondo de private equityCreadev, perteneciente a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto. En el sector de las residencias, el grupo opera en Francia, España, Italia y Alemania.
La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la quinta más grande de Francia.
9. SAVIA: 22 RESIDENCIAS
Accionista principal: Enrique Ortiz, condenado en una de las piezas de Gürtel por financiar ilegalmente al PP, controla el 42,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. El mismo porcentaje tiene Rafael Fuertes Quintanilla, presidente del grupo de alimentación El Pozo.
Otros accionistas relevantes: El constructor Domingo Alcocer Aguilar tiene el 15{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante.
Savia gestiona 22 geriátricos, todos ellos en la Comunidad Valenciana.
El grupo creció al calor de las adjudicaciones del PP valenciano, cuando gobernaba la Generalitat, y en medio de un conflicto de intereses llamativo: entre los propietarios de Savia estaba la familia de Juan Cotino, quien benefició a la empresa desde la Conselleria de Bienestar Social que él mismo dirigía. Cotino falleció este mes de coronavirus. Estaba procesado por una de las piezas de la trama Gürtel.
El escándalo de las residencias Savia llevó incluso a crear una comisión de investigación en las Cortes valencianas. Tras 16 meses de trabajo y 89 comparecencias, todos los grupos –salvo el PP– aprobaron un dictamen en el que se certificaba que el Gobierno valenciano de Francisco Camps dio un “trato de favor” al grupo de residencias. Savia resultó adjudicataria del 40{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de los centros y Cotino adoptó medidas para “consolidar el negocio” de su familia.
La mercantil titular de los 22 geriátricos es Centros Residenciales Savia SL, que tiene como accionista único a la empresa Gerocentros del Mediterráneo SL. Esta última, que constituyeron diez constructoras en el año 2000 poco antes de la adjudicación de residencias por parte de la Generalitat, ha sido siempre la empresa clave de la trama. Sus dos socios de referencia eran la familia Cotino –a través de la compañía Sedesa, que dirigía Vicente, el sobrino del político– y el empresario alicantino Enrique Ortiz –por medio de Ortiz e Hijos–. Ambos están entre los nueve empresarios valencianos que confesaron, en uno de los juicios de la Gürtel, haber financiado ilegalmente al PP de Camps.
Los Cotino terminaron saliendo del accionariado de Gerocentros del Mediterráneo SL, que según las cuentas correspondientes a 2018 se repartía de la siguiente forma: el 42,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las participaciones estaba en manos de Cívica Servicios y Medio Ambiente SL, el nuevo nombre de la firma Ortiz e Hijos, cuyo consejero delegado es el propio Enrique Ortiz condenado en Gürtel; otro 42,5{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} pertenece a Grupo Corporativo Fuertes SL, que controla Rafael Fuertes Quintanilla, presidente de El Pozo Alimentación; y el 15{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante es de Doalco SA, sociedad que preside Domingo Alcocer Aguilar, un constructor de Orihuela que ya hace quince años era noticia por recibir adjudicaciones sospechosas.
10. CASER: 20 RESIDENCIAS
Accionista principal: la sociedad cooperativa suiza Patria Genossenschaft controla de forma indirecta un 23,8{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital de Caser, a través de su participación en la compañía de seguros Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG.
Otros accionistas relevantes: La Fundación Bancaria Ibercaja tiene el 8,7{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Caser.
Caser Residencial cuenta con 20 geriátricos, repartidos por nueve comunidades. País Vasco, con cinco, y Madrid, con tres, son los territorios donde tiene mayor presencia. Todas las residencias son propiedad de la empresa; es decir, no gestiona centros que sean titularidad de un tercero.
En dos de sus geriátricos se ha vivido con especial virulencia el coronavirus. En Caser Residencial Alto del Pardo, de Vitoria, habían fallecido una treintena de residentes y un trabajador, a fecha 23 de abril. En el centro Caser de Santo Ángel, en Murcia, las muertes eran más de “una decena” el 7 de abril y la Fiscalía abrió una investigación para determinar si se había producido una omisión de socorro. Familiares de los residentes denunciaron una situación de “abandono”.
En cuanto a la estructura societaria, la explotación de los geriátricos corre a cargo de Caser Residencial SA, cuyo socio único es Caser Residencial Gestión SL, propiedad a su vez de Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros SA (Caser SA). Esta última es la matriz de la compañía.
Caser SA está en medio de una importante reestructuración de su capital. En enero de este año, la aseguradora suiza Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG anunció la adquisición del 70{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones de Caser SA. Tres entidades financieras españolas se reparten el 30{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante a partes casi iguales: Ibercaja, Unicaja y Liberbank. La operación, que está pendiente de la aprobación por las autoridades de Competencia, supone la salida de Caser SA de algunos de sus socios históricos, entre ellos Caixabank, Bankia, Abanca y la francesa Covéa.
¿Y quiénes son los dueños de la suiza Helvetia? Según informa en su web, el 65,9{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de sus títulos se negocian en Bolsa y el 34,1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} está en manos de Patria Genossenschaft, una peculiar cooperativa, que reinvierte la mayor parte de los dividendos de Helvetia en la propia compañía. Patria Genossenschaft era una aseguradora de Basilea que se fusionó en 1996 con Helvetia. Su nombre desapareció del logo, pero pervivió en forma de cooperativa que tiene el 34,1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de sus acciones y garantiza así “su independencia”. “Una construcción genial”, según Doris Russi Shurter, la presidenta del consejo de administración de la aseguradora suiza.
En definitiva, los miembros de la cooperativa Patria Genossenschaft serán, en cuanto Competencia de luz verde a la compra de Caser por Helvetia, los dueños de un 23,8{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las residencias Caser.
En cuanto al resto de accionistas de Caser SA, las tres entidades financieras españolas que suman en conjunto el 30{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, su estructura de capital es la siguiente, de acuerdo con los últimos informes corporativos presentados:
– Ibercaja está en manos de fundaciones herederas de las antiguas cajas de ahorro. La principal, la Fundación Bancaria Ibercaja, que es dueña del 87,8{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de sus acciones.
– Unicaja tiene como accionista de control a la fundación bancaria del mismo nombre (49,68{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}). Rafael Domínguez de Gor, fundador de la empresa textil Mayoral, dispone del 7,1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} a través de su sociedad Indumenta Pueri SL. Domínguez de Gor está en el puesto 50 en la lista Forbes de los españoles más ricos, con un patrimonio atribuido de 500 millones de euros.
– Liberbank tiene como principal accionista a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias (23,29{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}), seguida por el fondo de inversión británico Oceanwood Capital Management LLP (17,69{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}).
Por tanto, de forma indirecta, la Fundación Bancaria Ibercaja controla el 8,7{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de Caser Residencial, la Fundación Bancaria Unicaja el 4,9{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias el 2,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} y el fondo de inversión Oceanwood Capital Management LLP el 1,76{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
11. ARALIA: 19 RESIDENCIAS
Accionista principal: El procesado en Gürtel José Luis Ulibarri Cormenzana y su familia controlan al menos un 63,15{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital, a través de las sociedades Enantar SA y Elodea SA. Una tercera empresa, Conseil Cabinet SA, que los investigadores judiciales también situaron en la trama societaria de Ulibarri, tiene el 35,85{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} restante.
Aralia gestiona 19 residencias, en cuatro comunidades: 8 en Castilla-La Mancha, 6 en Castilla y León, 4 en Madrid y una en Aragón. Según detalla la empresa en su web, de las 1.903 plazas que tienen sus geriátricos, 1.577 están concertadas con las Administraciones correspondientes, es decir, casi el 83{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. Más de la mitad de esas plazas financiadas con dinero público –778 en concreto– las paga la Comunidad de Madrid en las cuatro residencias que Aralia tiene en la región.
Otra Administración que confía en la empresa de José Luis Ulibarri –procesado en dos piezas de Gürtel por pagar dinero a cambio de adjudicaciones y detenido en la operación Enredadera– es Castilla-La Mancha. De las ocho residencias que gestiona allí Aralia Servicios, seis son propiedad de la Junta. En ellas hay 337 plazas concertadas.
La empresa de Ulibarri no parece tener especial sensibilidad a la hora de cuidar a las personas mayores. Al menos sus cuatro residencias en Madrid son un ejemplo de gestión catastrófica, antes y después del estallido de la epidemia.
Antes del coronavirus. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), anunció en enero que pensaba retirarle a Aralia la concesión de tres de sus residencias por incumplimientos graves. El geriátrico de Leganés acumulaba en noviembre del año pasado casi 500 reclamaciones de familiares de residentes por falta de personal, mala limpieza y alimentación de pésima calidad. La empresa llegó a alegar ante un tribunal que tener sucio un geriátrico no incumplía el contrato.
Después del coronavirus. Datos oficiales de fallecidos en las residencias de Madrid a 30 de marzo, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que en esa fecha habían fallecido 27 residentes en el centro de Isabel la Católica, 22 en Peñuelas, 16 en el Ensanche de Vallecas y 4 en el Parque de los Frailes. Los tres primeros están en Madrid ciudad y el último en Leganés. En total, 69 muertes en los cuatro geriátricos de Aralia en el mes de marzo. Los familiares de Peñuelas pidieron a la Fiscalía que investigue por «irregularidades y opacidad«. Una familiar de una fallecida en el centró Isabel la Católica ofreció un testimonio desgarrador: “Llevaba 16 días sin saber de mi madre cuando la residencia me llamó para decirme que había muerto”.
Aralia Servicios Sociosanitarios SA, la sociedad que explota los geriátricos, tenía tres accionistas a finales de 2018, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil. José Luis Ulibarri y su familia –su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana– controlan el 63,15{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital a través de dos sociedades rebautizadas tras el escándalo Gürtel: Enantar SA (antes Peñalba Servicios Inmobiliarios SA), que tiene el 32,66{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las participaciones, y Elodea SA (antes Begar SA), que dispone del 31,49{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}. Esta última está en proceso de liquidación.
El capital de Aralia Servicios Sociosanitarios SA se completa con la mercantil Conseil Cabinet SA, que tiene como administrador único a José Antonio Díez González. Los investigadores judiciales de Gürtel identificaron a esa empresa como una de las cinco que Ulibarri utilizó para comprarle un yate a Francisco Correa, el capo de la trama corrupta.
12. L’ONADA: 19 RESIDENCIAS
Accionista principal: Cinta Pascual Montañés, empresaria de Tarragona y presidenta de la patronal catalana del sector de residencias (ACRA).
L’Onada gestiona un total de 19 residencias: 17 en Cataluña, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Madrid, en esta última comunidad bajo la marca OnaCare. Aunque la empresa se inició en el sector hace 25 años –con un geriátrico en el municipio tarraconense de Sant Carles de la Rápita–, su expansión se aceleró a partir de 2010, con la apertura de 14 centros en una década.
De momento han trascendido muy pocas noticias sobre fallecimientos en sus geriátricos. La principal afecta al centro de La Sagrera en Barcelona, donde han muerto entre 13 y 17 mayores hasta el 7 de abril, según la Coordinadora de Residencias 5+1.
Las residencias dependen de la mercantil Residencia Tercera Edat l’Onada SL, con sede en Barcelona, y que actúa como matriz de un grupo empresarial con 13 filiales y muy diversificado. Abarca desde la cadena de panaderías Tradicionarius a sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria. Además de la matriz, sólo hay otra compañía que se dedica a la gestión y explotación de residencias y equipamientos para la tercera edad: L’Onada Golden Beach SL.
La administradora única de Residencia Tercera Edat l’Onada SL es Cinta Pascual Montañés. Una portavoz de la empresa, a preguntas de este periódico, confirmó que también era la principal accionista. Pascual es la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal del sector en Cataluña, y también del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), una de las patronales españolas.
13. KORIAN: 15 RESIDENCIAS
Accionista principal: los dueños de 39 bancos regionales franceses agrupados en la sociedad holding Rue la Boétie SAS.
Korian gestiona 15 residencias en España que operan a través de la marca Seniors. Tiene centros en sólo cuatro provincias españolas: 6 en Málaga, 1 en Cádiz, 6 en las Islas Baleares y 2 en Valencia. En total, suman más de 2.000 camas.
Esa reducida implantación se explica porque la compañía francesa Korian ha entrado hace poco más de un año en el mercado español a través de la adquisición de dos pequeñas compañías de residencias. En enero de 2019 anunció que había comprado la compañía Seniors, dueña de siete geriátricos en Andalucía. Seis meses más tarde comunicó que se había hecho con las residencias de Grupo 5 en Baleares.
Korian es la empresa líder del sector en Europa, con presencia en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Holanda.
En cuanto a su estructura societaria, la matriz en España se llama Korian Residencias Spain 2018 SL, que es la propietaria de las cinco sociedades limitadas que explotan sus residencias. La matriz española tiene como accionista único a la francesa Korian SA.
El 61,4{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de las acciones de Korian SA cotizan en Bolsa, según los últimos datos facilitados por la compañía. El resto está en manos de sus tres principales accionistas: Predica SA, que dispone del 24,2{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del capital; Malakoff Médéric Humanis, que tiene un 7,70{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, y PSP Investments, que cuenta con el 6,60{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
Predica SA es una compañía de Crédit Agricole Assurances (CAA Group), que forma parte del conglomerado de Crédit Agricole, uno de los principales bancos europeos. A su vez, el principal accionista de la entidad financiera es Rue la Boétie SAS, un holding de 39 bancos regionales franceses.
Malakoff Médéric Humanis es una entidad mutualista francesa, sin ánimo de lucro, que no tiene accionistas.
El fondo de pensiones Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) es uno de los principales de Canadá. Se trata de una entidad estatal (Crown corporation), con sede en Montreal y que maneja unos 168.000 millones de dólares en inversiones.
FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS
Más del 70{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de los geriátricos y de las plazas residenciales están en España en manos privadas. Se trata básicamente de entidades mercantiles, pero también hay fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa. Cuatro de ellas gestionan al menos 15 residencias y, por tanto, están entre los 17 principales grupos que operan en España. Destaca especialmente Mensajeros de la Paz, que con una red de 110 geriátricos ocupa el segundo puesto en el ranking, sólo por detrás de DomusVi.
MENSAJEROS DE LA PAZ: 110 RESIDENCIAS
Mensajeros de la Paz gestiona 110 residencias, que se reparten por 11 comunidades, según los datos facilitados por la asociación a infoLibre. Prácticamente todas ellas son titularidad de terceros. La organización tiene una estructura descentralizada, con asociaciones regionales que disponen de su propia personalidad jurídica, y eso se traslada también al mundo de las residencias: 17 se gestionan desde Madrid, 77 desde las diferentes delegaciones territoriales y 16 en UTE con otras entidades (8 con OHL-Ingesan, 7 con la asociación Madimex y 1 con Alomar).
Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García Rodríguez –conocido como el padre Ángel–, Mensajeros de la Paz declara que su objetivo es “ayudar a los más desfavorecidos, a paliar la pobreza infantil, al maltrato de la mujer, a ayudar a familias en riesgo de pobreza, a inmigrantes en situación difícil”. Su presencia no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países de cuatro continentes. El presidente de la asociación es el padre Ángel y el vicepresidente, Sergio Mella.
Desde que se inició la pandemia, el padre Ángel ha solicitado ayuda en varias ocasiones para sus residencias. También realizó algunas declaraciones que no generaron precisamente entusiasmo en la extrema derecha, como pedir el premio Príncipe de Asturias para el Gobierno. Lo cierto es que algunos geriátricos de Mensajeros de la Paz están entre los más golpeados de España por el virus, en especial el situado en La Bañeza (León), que llevaba 72 muertes el 21 de abril. En el centro Montserrat Caballé, de Madrid, eran 17 los fallecidos el 30 de marzo.
FUNDACIÓN SAN ROSENDO: 45 RESIDENCIAS
La Fundación San Rosendo gestiona 45 geriátricos, todos ellos en Galicia, y dispone de 2.832 camas, según información facilitada a infoLibre por la entidad. Esta presume del bajo número de plazas concertadas que tiene, “lo que garantiza la independencia de las instituciones públicas”. El último dato actualizado, correspondiente a este mes de abril de 2020, es que sólo 577 plazas en residencias de personas mayores (20,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} del total) contaban con financiación pública.
El mayor problema con el coronavirus lo ha tenido la fundación en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de A Farixa (Ourense). El 8 de abril, en ese geriátrico se registraban nueve muertes y 139 positivos de covid-19. El centro tiene 176 plazas. La Fiscalía Superior de Galicia decidió abrir una investigación, tras recibir una denuncia de la asociación REDE, para averiguar si se cometió algún delito en la gestión de la residencia.
Como en todas las fundaciones, el máximo órgano es el Patronato, que en el caso de San Rosendo está controlado por el Obispado de Ourense. El sistema es el siguiente: el Obispado propone dos patronos y Cáritas designa uno; y estos tres patronos nombran a su vez al resto, hasta un máximo de siete, entre “personas relevantes” de la sociedad ourensana “que compartan los valores y objetivos de la fundación”.
A preguntas de este periódico, una portavoz de la entidad indicó que “los patronos no representan a ninguna institución” y que el Obispado “no interviene en la gestión» de los geriátricos. “La Fundación cuenta con un equipo directivo que gestiona y toma decisiones sobre los centros, dirigido por José Luis Gavela. Este equipo ha renovado la confianza del Patronato desde hace 20 años”, añadió.
Fundada en 1992, el principal impulsor de la Fundación San Rosendo fue el cura Benigno Moure Cortés, que sigue siendo presidente honorario. Gran amigo de Manuel Fraga –exministro franquista que fue presidente de la Xunta entre 1990 y 2005–, recibió las más altas distinciones del Gobierno gallego por su “meritoria labor” asistencial en el cuidado de mayores. Moure fue condenado a cinco años de cárcel por estafar 600.000 euros a una anciana con Alzhéimer, pero evitó la prisión alegando incapacidad, pese a que caminaba tranquilamente por Ourense sin ni siquiera la necesidad de un bastón. El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lideró hace tres años una campaña de reconocimiento público de Moure, cuando ya había sido condenado como estafador.
FUNDACIÓN GERÓN: 21 RESIDENCIAS
De las 17 principales empresas o fundaciones de residencias de España, la Fundación Gerón es quizá la que tiene menor proyección mediática. Resulta difícil encontrar noticias sobre ella, ni sobre sus patronos, a pesar de que gestiona 21 geriátricos: 14 en Andalucía, 3 en Castilla-La Mancha, 2 en Canarias, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Ceuta.
Hasta el año pasado, la Fundación llevaba un centro más en Cádiz, titularidad del Obispado gaditano, que decidió retirarle la gestión. Aunque inicialmente la entidad se quejó de la “decisión unilateral” del Obispado, al final ambas partes llegaron a un acuerdo. La Diócesis cedió el centro a otra fundación.
El mayor foco de coronavirus en sus residencias se produjo de momento en La Caridad de Lebrija (Sevilla), donde el 21 de abril habían fallecido ocho mayores.
Fundada en Sevilla en 1994 como asociación con el mismo nombre, se transformó diez años después en fundación, y lo más llamativo quizá sea que sus patronos lo son con carácter “vitalicio”. Y, de momento, así ha sido: las mismas diez personas que firmaron las escrituras de la fundación en 2004 son las que componen el Patronato 16 años después. Alguno ha cambiado de función, pero la composición permanece intacta. Y el presidente siempre ha sido también el mismo: Antonio Jesús Aguilar Orgaz.
GSR: 19 RESIDENCIAS
Gestión de Servicios Residenciales (GSR) es la única cooperativa entre los principales grupos de residencias. Gestiona 19 geriátricos: 14 en Euskadi, 3 en Navarra, 1 en La Rioja y 1 en Cantabria. En total, cuenta con más de mil camas.
GSR forma parte de la Corporación Mondragón, con sede en dicha localidad guipuzcoana, que es uno de los principales grupos empresariales de España: en 2018 tuvo unos ingresos de más de 12.200 millones de euros y una plantilla de 81.837 trabajadores. GSR es una de las 266 empresas y cooperativas integradas en dicha corporación.
Fundada en 2003, GSR cuenta con unos 350 socios, lo que significa que la mitad de sus trabajadores son cooperativistas.
El mayor brote conocido en sus centros se ha producido en Aretxabaleta (Guipúzcoa), donde el 25 de abril habían fallecido al menos tres personas.
__________________
Si tienes información relevante sobre lo que está ocurriendo en las residencias, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEP)
(Seguridad Social) Asociaciones, «sin ánimo de lucro«, autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con responsabilidad mancomunada, constituidas por empresarios para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, entre otros, en los siguientes aspectos:
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Prevención y recuperación.
Colaboración en la gestión económica de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
En cuanto a los requisitos para su constitución: al menos 50 empresarios y 30.000 trabajadores con un determinado volumen de cotización, que limiten su actividad a los ámbitos de colaboración establecidos en la LGSS y que presten fianza, solicitarán autorización al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, acompañando para ello la documentación referida en el art. 13 RD 1993/1995, de 7 de diciembre. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previa comprobación de los Estatutos de la Mutua y del cumplimiento de los requisitos legales, procederá a la aprobación de la mutua y de sus estatutos.
Los recursos principales de las Mutuas son:
Las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que recauda para ellas la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y que son a cargo exclusivo de las empresas.
Un porcentaje de la cuota por contingencias comunes, que reciben como contra- prestación por la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes que realizan.
Los recursos, distintos de las cuotas de Seguridad Social, destinados a financiar su actividad como Servicios de Prevención Ajenos, que proceden de las cantidades que perciban directamente las mutuas como consecuencia de los conciertos que puedan suscribir con sus empresas asociadas.
En cuanto a los orígenes de las MATEP, la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, obligó por primera vez a las empresas a indemnizar a los trabajadores que se accidentasen como consecuencia del trabajo. Los empresarios, para asegurar el cumplimiento de esta obligación, se asociaron entre sí constituyendo las primeras Mutuas de Accidentes de Trabajo.
El seguro de accidentes de trabajo se convirtió en obligatorio con la Ley de Accidentes de Trabajo, de 4 de julio de 1932, la gestión del seguro se realizaba por las mutuas de accidentes en competencia con las compañías mercantiles de seguros privados.
La Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1963, estableció un sistema de protección social único incorporando en el régimen público la cobertura del seguro de accidentes de trabajo. Dicha Ley prohíbe la actuación de las compañías privadas de seguros y la gestión se hace pública (entidades gestoras), pero se permite la colaboración en la misma de las mutuas de accidentes, entidades de naturaleza privada pero «sin ánimo de lucro» y por tanto con fines compatibles a los perseguidos por el Sistema de Seguridad Social.
La guerra de la heroína en España: ¿la droga contra la política?
Tras los libros que desmontaban las teorías conspiranoicas de la introducción masiva de droga en Euskadi por parte del Estado Español, surgen nuevas voces defendiendo esa tesis
De todas las teorías ‘conspiranoicas’, una de las más persistentes en el tiempo y afortunada en cuanto al número de personas que la defienden es la de la entrada masiva de heroina en el País Vasco a principios de los ochenta para adormecer «a la juventud combativa». Una tesis que se ha sostenido sin grandes argumentos durante décadas y ha tenido un notable éxito entre los simpatizantes de la izquierda más escorada a los márgenes del sistema. Desde principios del siglo XXI, Juan Carlos Usó, con diversos artículos y varios libros (en especial ‘¿Nos matan con heroína?’, Libros Crudos, 2015), ha rebatido esta creencia. Pero, precisamente, la aparición de sus análisis ha hecho que surja un potente ‘contraataque’ que tomó cuerpo en forma de libro en 2016: ‘A los pies del caballo: narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria’ (Txalaparta, 2016), de Justo Arriola, una especie de biblia documental que resume todas y cada una de las patas en las que se sustenta esta extendida creencia.
Me sorprende que gente potente, como Usó o Escohotado, lo nieguen. Es muy gratuito que digan que todo es un cuento chinoArriola está ahora intentando aparcar en el concurrido (y complicado desde el punto de vista vial) barrio de Lavapiés. Cuando lo consigue, atiende a El Confidencial por teléfono para explicar el por qué de su publicación. El autor, operario en una fábrica de Elgoibar (Guipúzcoa), llevaba participando, con el seudónimo Txus, en diversos foros de Internet desde 2014 que discutían (en ocasiones de forma muy acalorada aunque fuera por escrito) sobre la realidad o mito de que el Estado introdujo las drogas duras en Euskadi para neutralizar a unos jóvenes demasiado rebeldes. La participación de Arriola, un discutidor apasionado, le llevó a ir recopilando datos que avalasen su convicción: «Lo que hemos vivido en Euskal Herria todos lo hemos visto con nuestros propios ojos«. Así, a base de ir preparando material de guerra dialéctico para rebatir a quienes no estaban de acuerdo con él (casi todos los demás participantes en el foro), fue acumulando documentación diversa. De hecho, la espoleta definitiva para escribir el libro fue la continua invitación a ello de los discrepantes.
El autor, nacido en 1966, lo tiene todo muy claro a estas alturas. Nada de ‘conspiranoia’, es todo puro sentido común. «Lo que me sorprende es que gente académicamente potente, como Juan Carlos Usó o Escohotado lo nieguen. Me parece muy gratuito que digan que todo es un cuento chino«, se lamenta el guipuzcoano, que considera que hay argumentos «y sólidos» para seguir manteniendo la tesis que el propio Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha verbalizado en alguna ocasión (con grandes críticas, e incluso chanzas, por cierto).
Indicios y pruebas
Pero vayamos a los argumentos sólidos: «Está el caso de la policía de Deba, por ejemplo», dice Arriola. Se refiere a una declaración del jefe de los agentes locales de esa población, que aseguró que guardias civiles ofrecían droga gratuita, heroína para ser más precisos. La policía local siguió a los camellos-guardias en varias ocasiones y su destino de regreso final fueron los cuarteles de Intxaurrondo o La Salve. También recurre al célebre «informe Navajas», un documento que denuncia varias tramas de narcotráfico relacionados con las fuerzas de seguridad. Y otro de los puntales es la declaración de un narco turco que aseguró que la Guardia Civil le escoltaba y facilitaba 15 kilos de heroína cada semana para introducirlos en el País Vasco. Hay más argumentos, pero esos son los más concretos.
‘A los pies del caballo’
El libro de Arriola, muy extenso, se detiene en muchos otros casos en los que las drogas se han usado como instrumento de control (o descontrol) de una población. Es decir, que no niega que eso haya sucedido en otras partes y en otros tiempos. «Yo suelo hacer un paralelismo con la tortura: claro que ha existido siempre y en todas partes, pero en algunos lugares el poder lo ha implementado de manera más intensa, aunque sea un fenómeno global», comenta el autor al respecto. La idea del libro es partir de lo más alejado y general a dedicar un capítulo a su propio pueblo, Elgoibar, que ciertamente muestra unas cifras de fallecidos por SIDA verdaderamente anómalas y difíciles de explicar desde la lógica.
En la lucha sucia contra ETA también hubo quien se lucró con los fondos reservados, aunque el motivo de fondo no fuera el interés económico
Sobre la objeción de Usó y otros poco crédulos de esta hipótesis que señalan a que la intervención de las fuerzas de seguridad en muchas partes del país se debió a que las mafias necesitan la connivencia de esta y la corrompen con facilidad, Arriola no lo niega, pero piensa que no es excluyente: «Por un lado entiendo que había interés por parte de los cuerpos de seguridad de participar en el reparto de una ganancia económica, pero también se combina con motivos políticos. Puede haber un interés de lucro, pero no solo. Coexisten ambos motivos». A ese respecto también recuerda que en la lucha sucia contra ETA también hubo quien se lucró con los fondos reservados, aunque el motivo de fondo no fuera el interés económico.
Otro punto débil de sus tesis, el hecho de que al mismo tiempo que profileraban los ‘yonquis’ en Euskadi también lo hacían en casi cualqueir otra zona desindustrializada de la península en aquellos años (Madrid y la cuenca minera asturiana, principalmente), tampoco desanima a Arriola, que en este caso sí aporta un argumento algo distintivo: la conspiración no fue solo contra Euskadi, aunque es en lo que él se centra por proximidad geográfica y sentimental. «Yo no niego que también haya pasado en otros sitios, por ejemplo, la permisividad en ciertos barrios obreros de Madrid, pero pudo ser por la misma causa, por desmovilizar a gente incómoda».
Perder interés por la bronca
Ahora bien, el autor tiene respuestas para casi cualquier situación en la que se señale un punto débil. Por ejemplo, si se le pregunta si consiguieron su objetivo, si realmente el estado se salió con la suya y si no fuera por esa trapacera maniobra hubiese habido una revolución, Arriola replica: «Pues en parte sí consiguieron su objetivo. Los que cayeron era gente que iba a las manifas, protestaban y luego perdieron interés por la bronca con el consumo de las drogas. Si eran 10.000 chavales podían haber sido muchos de ellos parte de la insurgencia. Y otros no, claro. Algunos entraron tan jóvenes, como el caso de un chaval de 13 años, que no se sabe…».
En cualquier caso, Arriola ha hecho un trabajo extenso que no cierra el asunto, pero puede dar más leña al fuego de una polémica que parece que aún sigue viva.
Ha tardado, pero la cifra de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid ha llegado. Por el momento, no existen datos pormenorizados sobre la situación en cada una de las residencias de la región, pero el terror que se está experimentando en estos centros de mayores ya cuenta con una dimensión tangible: 4.750 muertes, de las que 4.260 habrían muerto con coronavirus diagnosticado o síntomas del del virus.
La cifra de residentes de los centros de mayores que han fallecido con un diagnóstico definitivo, tras dar positivo en Covid-19, son únicamente 781. Sin embargo, y tal y como ha reconocido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, los 3.479 fallecidos restantes presentaban síntomas visibles y palpables de contagio.
Junto a las UCI, las residencias se han convertido en el principal foco de contagio de la región. Las cifras son abrumadoras: el jueves 26 de marzo, la Comunidad de Madrid cifró el número de muertes en 1.065. Después, y pese a la organización en torno al mando único ejercido desde la Consejería de Sanidad o la intervención de la UME, la cifra se ha multiplicado por cuatro aproximadamente en apenas dos semanas.
La virulencia de la situación ha llegado a provocar el malestar de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid. Mientras la oposición se queja de la opacidad de la información, Ciudadanos se siente molesto con su socio de Gobierno por la retirada de competencias que ordenó Isabel Díaz Ayuso. Los naranjas recuerdan que dieron la voz de alarma con anterioridad, reclamando la intervención estatal y del ejército cuando avistaron que se reproducía un patrón común en las residencias. Entonces, el PP desechó la idea.
“Las cifras son mucho más altas que un mes ordinario, porque cuando el virus entra en una residencia hace verdaderos estragos. “Por eso es tan importante que las personas mayores se protejan: son el estrato poblacional más vulnerable a esta pandemia, que lamentablemente es letal para ellos. En apenas 24 horas, una persona mayor puede pasar de estar bien a perder la vida. Son datos demoledores contra los que estamos luchando”, ha explicado Ignacio Aguado este miércoles.
Tras la petición pública del Gobierno de España y la evidencia de que la Comunidad de Madrid se mostraba incapaz de hacer un recuento oficial de fallecidos en las residencias, Aguado ha salido al paso confirmando que la administración autonómica proporcionará datos en las residencias dos veces a la semana.
Un día más, los datos de fallecidos en las residencias han quedado sin hacerse públicos. Simón ha reconocido que la fecha límite para que las autonomías entregaran los datos de las residencias venció la pasada semana «pero el análisis de las residencias es más complejo que el del resto porque hay muchos más factores que en el resto de grupos. Cuando podamos hacer ese análisis ofreceremos los datos».